Sentencia Civil Nº 714/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 6, Rec 573/2011 de 05 de Diciembre de 2011

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  • Orden: Civil
  • Fecha: 05 de Diciembre de 2011
  • Tribunal: AP - Valencia
  • Ponente: Mestre Ramos, Maria
  • Núm. Sentencia: 714/2011
  • Núm. Recurso: 573/2011
  • Núm. Cendoj: 46250370062011100713

Encabezamiento

ROLLO DE APELACION 2011-0573

SENTENCIA Nº 714

ILUSTRISIMOS SEÑORES

PRESIDENTE

Don Vicente Ortega LLorca

MAGISTRADOS

Doña María Mestre Ramos

Don José Francisco Lara Romero

En la ciudad de Valencia a cinco de diciembre del año dos mil once.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen, siendo ponente María Mestre Ramos, ha visto el presente recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 10 de marzo de 2011 dictada en AUTOS DE JUICIO ORDINARIO 413-2010 tramitados por el Juzgado de Primera Instancia Seis de los de Paterna .

Han sido parte en el recurso, como APELANTE-DEMANDADA DON Carlos Ramón representada el Procurador de los Tribunales D. Emilio Sanz Osset y asistido de Letrado D. Francisco Muñoz García; y como APELADA-DEMANDANTE-IMPUGNANTE DOÑA Josefina Y DOÑA Paloma representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. Elisa Pascual Casanova y asistida por la Letrada Dña. Rosario Blasco España.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia de fecha contiene el siguiente Fallo:

"Estimando parcialmente la demanda formulada por Dña. Josefina y Dña. Paloma representadas por la Procuradora Sra. PASCUAL CASANOVA, CONDENO a D. Carlos Ramón , a que firme que sea esta sentencia haga pago a las actoras de la cantidad de 12.043,06 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial y declaro la entrega del vehiculo marca Chevrolet modelo Kalos matricula ....GFF a la propietaria Dña. Josefina .

Cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ".

SEGUNDO.- La Sentencia dictada estableció la acción ejercitada por la parte actora, tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 1543 y siguientes del Código Civil .

Por las actoras se pretende que se declare resuelto el contrato de arrendamiento del vehiculo marca Chevrolet modelo Kalos matricula ....GFF entre la demandante Sra. Josefina y el demandado.

Alegan conocieron al demandado en agosto de 2006 al ser vecinos. Relatan que en esa época ambas trabajaban, la Sra. Josefina en una empresa de limpieza y la Sra. Paloma como conductora hasta que cursa baja por depresión en noviembre de ese año.

Aseguran que al poco tiempo de comenzar la relación de amistad el demandado comenzó a pedirles favores económicos tales como: un préstamo por cuatro mil euros, a pagar en un año, préstamo que suscriben en el 27 de noviembre de 2006 con la entidad Banesto por importe de 4.139 € y que se ingresa en la cuenta de las actoras; en esa misma fecha le entregan los 4000 € más 500€ al demandado habiendo pagado las actoras hasta el 28 de diciembre de 2006 la cifra de 147,34 €, más gastos de cancelación y liquidación. En fecha 22 de diciembre de 2006 se estipula un préstamo con Banesto por importe de 6000 euros mas gastos de apertura 171 €, y ese mismo día ponen a disposición del demandado la cantidad de 1500 €, este segundo préstamo ha sido abonado por las actoras, por lo que en total éstas han abonado la cantidad de 7356,07 €.

Asegura la parte actora que no tenía ninguna necesidad de pedir un préstamo, pues vive de acuerdo con sus ingresos.

Relata que en el mes de diciembre de 2006 el demandado les pide que contraten a su nombre una línea de teléfono móvil e Internet ADSL y ellas contrataron la expresada línea con cargo a su cuenta y el demandado no realizó los pagos correspondientes.

Del mismo modo se procedió a la compra del vehiculo marca Chevrolet modelo Kalos matricula ....GFF para que el demandado lo usara pactando que éste pagaría por el uso un importe equivalente a las cuotas del préstamo y demás gastos del mismo, es decir que se arrendaba por un canon equivalente al importe expresado. Asegura la actora que el demandado ha estado usando el vehiculo pero incumpliendo su obligación de pago, y con motivo del uso del coche por el demandado, al no figurar a su nombre las multas e impuestos de circulación están siendo abonadas por las actoras.

En fecha 25 de enero de 2008 las actora requirieron de pago y devolución del vehiculo al demandado por conducto notarial.

Se desestimó la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario.

En cuanto al fondo del asunto el demandado se opone a la pretensión ejercitada de contrario al entender que la conducta de las demandantes esta marcada por una androfobia detestable, que mienten de forma descarada y que sus actuaciones están viciadas desde el inicio al haber interpuesto la Sra. Josefina querella contra el demandado que dio lugar a las diligencias previas 2525/2008 del juzgado de instrucción nº 17 de Valencia, que resultaron archivadas por atipicidad.

Niega el demandado que él o su pareja pidiera favor económico alguno a las demandantes.

Afirma que desde el primer momento él y su pareja se ofrecieron a ayudar a la Sra. Paloma y llevarla al psiquiatra Dr. Felicisimo , especialista en adicciones, haciéndose responsable del control de la medicación y de la conducta de la Sra, Paloma .

Asimismo ayudaron a la Sra. Paloma a retomar sus estudios dándole a diario clases de repaso, llevándola o recogiéndola de clase.

Asegura el demandado que el préstamo lo pidieron las actoras para si mismas que necesitaban dinero para cubrir sus gastos.

Respecto a la reclamación por la contratación de teléfono móvil e Internet ADSL, asegura el demandado que lo que se pide es una línea de teléfono móvil y una línea de Internet móvil y que se pusieron a nombre de la Sra. Josefina y que el uso era para él y para su compañera pero que las facturas de esas líneas se fueron pagando en mano o por ingresos al banco. Responde el demandado que no se adeuda cantidad alguna y que todo caso las actora le deben a él la cantidad 80 € que pagó a Vodafone por penalización por pasar la línea a tarjeta sin respetar el tiempo de permanencia.

Asimismo respecto del contrato de arrendamiento de uso del vehiculo litigioso cuyo cumplimiento exigen las actoras, el demandado niega su existencia, asegura que el vehiculo es de su propiedad y por eso lo usa él exclusivamente y mantiene que ha pagado las cuotas mediante pagos en especie y en efectivo entregado a las actoras por parte de Dña. Paloma.

En primer lugar se ha de determinar si el préstamo lo solicitaron las actoras para sí mismas, como el demandado sostiene o para éste tal y como aseguran las actoras. Del examen de la documental aportada consistente en la libreta de ahorro de las actoras se desprende que nunca habían solicitado un préstamo con excepción de la hipoteca de la vivienda familiar. En el mismo sentido se encuentran la declaración de la testigo Dña. Inés .

De lo declarado en los interrogatorios se desprende que la situación económica de las actoras en el año 2006, fecha de solicitud del préstamo, no era deficitaria arrojando sus cuentas un resultado positivo.

La existencia del préstamo de 4000 euros de capital ha quedado acreditada con la presentación de la póliza de fecha 27 de noviembre de 2006, documento nº 2 de la demanda, de la existencia de la póliza de préstamo por importe de 6000 euros de fecha 22 de diciembre de 2006, documento nº 4 de la demanda.

Es necesario hacer referencia a la existencia del procedimiento penal anterior al presente juicio ordinario. En el juzgado de instrucción nº 17 de Valencia se siguieron las diligencias previas nº 2525/2008 a instancias de la querella interpuesta por la Sra. Josefina contra el Sr. Carlos Ramón . Las diligencias se sobreseyeron en virtud de auto de fecha 13 de enero de 2009 al entenderse que los hechos denunciados no eran constitutivos de un delito de estafa.

Pues bien en la mencionada resolución se hacia constar que efectivamente existió un préstamo solicitado por la Sra. Josefina a favor del Sr. Carlos Ramón y que de este préstamo sólo ha pagado parte el Sr. Carlos Ramón . De lo practicado en sede penal se infiere que el hoy demandado reconoce la existencia del préstamo de 4000 euros.

En relación al segundo préstamo ha quedado probado de la documental aportada por la actora junto con la demanda, documento nº 3, apuntes contables, que la actora sacó en fecha 27 de noviembre de 2006 los 4000 euros mas otros 500 euros que tenía en la cuenta ahorrados y en fecha 22 de diciembre de 2006 dispuso de otros 1500 euros.

Ha quedado acreditado que las actoras han abonado todo el préstamo al banco, documentos nº 5 a 40 de la demanda.

En conclusión las actoras solicitaron un préstamo por cuatro mil euros, a pagar en un año, préstamo que suscriben el 27 de noviembre de 2006 con la entidad Banesto por importe de 4.139 € y que se ingresa en la cuenta de las actoras; en esa misma fecha le entregan los 4000 € mas 500€ al demandado habiendo pagado las actoras hasta el 28 de diciembre de 2006 la cifra de 147,34 €, mas gastos de cancelación y liquidación. En fecha 22 de diciembre de 2006 se estipula un préstamo con Banesto por importe de 6000 euros mas gastos de apertura 171 €, y ese mismo día ponen a disposición del demandado la cantidad de 1500 €, este segundo préstamo ha sido abonado por las actoras, por lo que en total éstas han abonado la cantidad de 7356,07 €.

Todo ello ha quedado acreditado documentalmente a través de los apuntes contables presentados junto con la demanda.

La realidad de que el préstamo lo solicitaron las actoras no para sí mismas sino para el demandado ha quedado acreditado a través del documento aportado junto a la contestación de la demanda consistente en fotocopia de la transferencia realizada por el Sr. Carlos Ramón desde su cuenta de Banesto a la de la Sra. Josefina donde aparece el concepto "PRESTAMO Carlos Ramón " por importe de 195,52 euros en fecha 8 de enero de 2008.

Sin embargo respecto a la línea de teléfono móvil y una línea de Internet móvil contratada por las actoras en el mes de diciembre de 2006 a su nombre con cargo a su cuenta, el demandado asegura que ha abonado el importe de las facturas mediante entregas de dinero y en especie.

En relación a la reclamación por este concepto, no ha quedado acreditado que el uso que generaron las facturas cuyo pago reclaman las actoras fuera generado en su totalidad por el demandado y su compañera, pues de la prueba practicada, especialmente de las declaraciones prestadas en el acto del juicio ordinario y en la vista de las medidas cautelares se desprende que existía una relación entre las partes hoy litigantes que más bien era de familiaridad que de vecindad por lo que no ha quedado probado que existiera un pacto según el cual el demandado tenía que pagar por usar las líneas de las actoras.

En relación al coche que la actora adquirió marca Chevrolet modelo Kalos matricula ....GFF , sostienen las demandantes que pactaron con el demandado que a cambio del uso del vehiculo abonaría a las actora para que el demandado lo usara pactando que éste pagaría por el uso un importe equivalente a las cuotas del préstamo y demás gastos del mismo, es decir que se arrendaba por un canon equivalente al importe expresado. Asegura la actora que el demandado ha estado usando el vehiculo pero incumpliendo su obligación de pago, y con motivo del uso del coche por el demandado, al no figurar a su nombre las multas e impuestos de circulación están siendo abonadas por las actoras.

La realidad de la compra del expresado vehiculo ha quedado acreditada documental documentos nº 55 a 70 de la demanda. No es un hecho controvertido que el vehiculo fue adquirido por las actoras y que lo usaba el demandado. Lo que es un hecho controvertido es el pago de las cuotas, pues ha quedado acreditado que eran las actora quienes se encargaron de abonar la casi totalidad de las cuotas, así se desprende de los documentos nº 60 a 96 bis de la demanda. Sin embargo el demandado niega que deba cantidad alguna pues ante la inexistencia de contrato de arrendamiento alguno asegura que las cuotas se abonaron en metálico o en especie.

La existencia del contrato de arrendamiento también es un hecho controvertido pues no existe contrato escrito. Sin embargo de las declaraciones prestadas en el acto de juicio y en la vista de las medidas se desprende que existió un acuerdo entre las partes en virtud del cual el uso del vehiculo era exclusivo del demandado y en contraprestación éste abonaba las cuotas del préstamo. El testigo Sr. Terra Negras, quien efectuó los tramites de la venta del vehiculo, así lo manifiesta.

El propio demandado llegó a realizar algún pago, que conste documentado, así ingresa en la cuenta de las actoras el importe de una cuota en fecha 8 de enero de 2008 en concepto "COCHE Carlos Ramón ".

Igualmente las actoras reclaman el pago de las multas e impuestos de circulación del vehiculo por importe de 393,23 € cantidad que debe ser abonada por el demandado a las actoras pues ha quedado acreditado que el vehiculo durante los años 2007 a 2009 fue utilizado exclusivamente por el Sr. Carlos Ramón

No obstante ante el petitum efectuado en la demanda consistente en que se resuelva el contrato de arrendamiento, ante la falta de prueba sobre su existencia, procede condenar al demandado a que devuelva el vehiculo a la Sra. Josefina , verdadera titular del mismo, y a que abone las cuotas pendientes de pago que se han ido devengando desde la presentación de la demanda marzo de 2010 hasta que se acordó la medida cautelar de deposito judicial, esto es en septiembre de 2010 por lo que se concreta en la cantidad de 946,44 euros.

Acreditada la existencia del préstamo y la entrega del dinero al demandado, pues existe un reintegro a la actora bajo la mención "PRESTAMO Carlos Ramón " por importe de 195,52 euros en fecha 8 de enero de 2008, y acreditada la compra del vehiculo por parte de las actoras para el uso del demandado, la correcta calificación de un contrato ha de hacerse no en razón del resultado que, por unas u otras circunstancias, haya llegado a producirse, sino en función del verdadero fin jurídico (actual o potencial) que los contratantes pretendían alcanzar con el mismo o, lo que es igual, de la verdadera intención que los contratantes tuvieron al celebrarlo ( SSTS, Sala 1ª, de 21 May. 1.997 [RJA 1997, 3871 ] y de 4 Jul. 1.998 [RJA 1998, 5413 ]).

Por ello, para una correcta resolución deberá procederse, en primer lugar, a fijar los hechos a través de la actividad de la valoración de las pruebas practicadas y luego, operando sobre los hechos así fijados, deberemos aplicar las normas sobre hermeneútica contractual que, para el caso de contratos verbales, necesariamente vendrán referidas a manifestaciones y actos coetáneos y posteriores de las partes contratantes, y al resultado del contrato deducido del resto de las pruebas practicadas, también de las presunciones ( art. 386 LEC ).

Así las cosas, consta documentalmente probado y es reconocido por la demandada, la entrega del dinero y la adquisición del vehiculo por la actora, de uso exclusivo del demandado , por que en principio, la parte actora ha cumplido con su carga de probar el hecho constitutivo de la pretensión que ejercita, es decir, ha probado la entrega del dinero cuya devolución exige.

Se opuso por el demandado, como hecho obstativo a la pretensión de devolución del dinero, que esas cantidades han sido devueltas mediante entregas en efectivo y en especie.

Pero este hecho obstativo, cuya prueba correspondía llevar a cabo a la parte demandada que lo sostuvo ( art. 217.3 LEC ), resulta huérfano de toda prueba.

En definitiva, aún con las dificultades probatorias que conlleva un contrato verbal, el hecho indubitado de la entrega del dinero procedente del préstamo solicitado por las actoras para el demandado y la adquisición del vehiculo por las actoras para uso del demandado con el resto de pruebas directas y presunciones avalan su entrega con la obligación de devolverlo, y la ausencia de demostración por parte del demandado que la entrega de objetos tales como libros, mobiliario, etc , lo fueran como pago de las cantidades que debía a las demandadas

La oposición formulada por el demandado en cada una de las partidas reclamadas se fundamenta en los pagos en especie que ha realizado a favor de las actoras. Las actoras entienden que el listado de artículos que el demandado presenta en la contestación y que cifra en 13.572,92 euros fueron regalos o donaciones y no parte del pago de las deudas.

En el art. 618 C.Civil se preceptúa que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de la otra que la acepta; por lo que la donación supone el "animus donandi" o intención específica de gratificar, tratándose de bienes muebles el art. 632 C.Civil especifica que la donación de cosa mueble podía hacerse verbalmente o por escrito: la verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la aceptación; acreditar el "animus donandi" le incumbe al demandado, y si bien la mejor doctrina viene señalando que en nuestro derecho la donación es un contrato eminentemente solemne y que se configura como una de las pocas excepciones al principio de libertad de forma, el art. 632 C.Civil admite la donación manual, la entrega ha de ser simultánea ( STS 6 abril 1979 ), y se considera la simultaneidad como la expresión de la voluntad y el acto dispositivo de transferencia y tránsito de un patrimonio a otro de la cosa donada; respecto al carácter gratuito de la atribución y al "animus donandi" la jurisprudencia repite insistentemente que debe de existir ( SSTS 6 julio 1959 , 28 febrero 1974 , 28 abril 1975 , 7 julio 1978 , 30 noviembre 1987 y otras muchas), en cualquier caso la carga de la prueba recae sobre el demandado, al sostener la existencia de la donación ( SSTS 19 noviembre 1987 , 23 septiembre 1989 , 22 enero 1991 , 27 marzo y 20 octubre 1992 , entre otras),

En consecuencia las relaciones entre los litigantes se concreta en la suscripción de un contrato de préstamo, que se regula en el art. 1.740 C.Civil , habiendo recibido el dinero reclamado el demandado, tiene la obligación de devolver el resto, habida cuenta de las cantidades que ya reintegró.

Por todo ello procede estimar parcialmente la demanda y por ende condenar al demandado a que pague a las actoras las siguientes cantidades ; 7356,07 € por la cantidad entregada en concepto de préstamo solicitado por las actoras incluidos los gastos de concesión y cancelación; 5100,24 € por las cuotas del préstamo del coche abonadas por las actoras hasta la presentación de la demanda; la cantidad de 393,23 € por las multas e impuestos de circulación; a esta cantidad 12.849,54 € hay que deducir el total de los ingresos realizados por el demandado y que asciende a la cantidad de 1752,92 € . En consecuencia la cantidad que debe abonar el Sr. Carlos Ramón a las actoras es la de 11.096,62 euros.

A esta cantidad hay que añadir 946,44 euros que se corresponde con las cuotas que se han ido devengando desde la presentación de la demanda marzo de 2010 hasta que se acordó la medida cautelar de deposito judicial, esto es en septiembre de 2010. Al estimarse parcialmente la demanda cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

TERCERO.- Notificada la Sentencia, DON Carlos Ramón previa preparación interpuso recurso de apelación alegando, en síntesis, como cuestión previa procesal la estimación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario ya que Dª Encarnacion debió ser demandada pues era la administradora de los bienes de la sociedad que tenia el demandado y que había recibido personalmente el dinero del préstamo. Además el dinero era para ambos. Conllevando de conformidad con el art.420 y siguientes la reposición de los autos al momento en que debió ser demandada.

Se alegaron los antecedentes de hecho.

Alegándose error en la apreciación de la prueba en cuanto que no existe contrato de arrendamiento del vehículo. El vehiculo se adquirió por a nombre de la Sra. Josefina para uso del Sr. Carlos Ramón .

En cuanto que no se entiende que solicitaran un préstamo cuando podían vivir de sus ingresos. Ellas recibieron el dinero y la Sra. Encarnacion devolvió a las actoras con entrega de dinero y de diversos aparatos y otros enseres.

En cuanto que no se tiene en cuenta los pagos hechos a mano por Dª Encarnacion durante 2007 y todos los pagos en especie. Solo cuentan las actoras los pagos hechos por el Banco. En DP 2525/2008 Instrucción 17 Valencia se reconocen 3.000 euros percibidos.

En cuanto al pago de multas e impuesto de circulación respecto de este se pago el del 2007 cuando se manifestó, respecto de las multas nada se notifico.

El requerimiento de pago previo solo se realiza por una de las actoras.

El demandado no puede negar cuando no se le ha permitido declarar.

Que exista un préstamo es evidente pero en ningún momento se demuestra por las actoras que los 6.000 euros que pidieron de préstamo fuera para el Sr. Carlos Ramón . Además en ningún momento se ha hablado de donación.

No es cierto el contenido de la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción 17 Valencia en la que nunca se habla de pedir un préstamo sino entrega de cantidades.

El documento aportado con la contestación (ingreso por importe de 195,52 euros) en fecha de 8-1-2008 no plasma una transferencia sino un ingreso y se hizo en tal concepto por indicación de Dª Josefina a Dª Encarnacion .

No se hace referencia a los bienes entregados por el Sr. Carlos Ramón y la Sra. Encarnacion a las demandantes por mas de 5.000 euros.

Solicitando que se anule todo lo tramitado desde la Audiencia Previa por cuanto debió ser demandada la Sra. Encarnacion ; subsidiariamente se revoque dictando otra mas ajustada a la posición del apelante y en consecuencia se devuelva al apelante el vehículo, marcha Chevrolet, modelo Kalos, matrícula ....GFF con la obligación de abonar las mensualidades restantes, se le indemnice a razón de 60 euros diarios por la privación de dicho medio de transporte y que la parte actora abone la cantidad de 2.358,87 euros

CUARTO.- El Juzgado dio traslado a la parte contraria que presentó escrito de oposición y de impugnación de la sentencia alegando en síntesis que procede estimar la reclamación de 1364,51 euros en concepto de gastos de línea telefónica dado que el demandados si reconoció en el hecho tercero de la contestación "que el uso y abono de dicho teléfono era de su competencia".

Solicitando se desestime la impugnación y este la impugnación dictando sentencia estimatoria de la demanda y se acoja todos los pronunciamientos del suplico de la sentencia, añadiendo la cantidad de 946,44 euros por las devengadas hasta la entrega del vehículo.

QUINTO.- Las pruebas que se han practicado en primera instancia y que son objeto de nueva valoración por el Tribunal han sido:

1.-Documental.

2.-Interrogatorio

3.-Testifical

SEXTO.- Recibidos los autos por este Tribunal, se señaló el día 9 de noviembre de 2.011 para deliberación y votación, que se verificó quedando seguidamente para dictar resolución.

SEPTIMO.- Se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan parcialmente los fundamentos de derecho de la resolución apelada en lo que no se opongan a los contenidos en ésta

PRIMERO.- La cuestión planteada por la parte apelante, DON Carlos Ramón virtud del recurso de apelación es si procede anule todo lo tramitado desde la Audiencia Previa por cuanto debió ser demandada la SRa. Encarnacion .

Subsidiariamente se revoque dictando otra mas ajustada a la posición del apelante y en consecuencia se devuelva al apelante el vehículo, marcha Chevrolet, modelo Kalos, matrícula ....GFF con la obligación de abonar las mensualidades restantes, se le indemnice a razón de 60 euros diarios por la privación de dicho medio de transporte y que la parte actora abone la cantidad de 2.358,87 euros.

La cuestión planteada por la parte apelada-impugnante, DOÑA Josefina Y DOÑA Paloma postula que se dicte sentencia estimatoria de la demanda y se acoja todos los pronunciamientos del suplico de la sentencia, añadiendo la cantidad de 946,44 euros por las devengadas hasta la entrega del vehículo.

SEGUNDO.- Entrando a conocer del recurso planteada por la parte demandada, DON Carlos Ramón el primer motivo del mismo postula la estimación de la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por considerar que debe ser parte demandada en el presente pleito Doña Encarnacion por cuanto la misma "era la administradora de los bienes de la sociedad que tenia el demandado y que había recibido personalmente el dinero del préstamo. Además el dinero era para ambos".

Si partimos de considerar la excepción aludida, entre otras, según fija la Sentencia de la AP Salamanca, sec. 1ª, de fecha 27-5- 2011, nº 231/2011, rec. 248/2011 . Pte: García del Pozo, Ildefonso que estableció:

"Segundo.- Se ha de analizar, en primer lugar, si concurre o no la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario ya alegada por la entidad demandada IBERDROLA S. A. en la primera instancia, y en cuya concurrencia, ante la desestimación realizada en la sentencia impugnada, se insiste en esta alzada, la que fundamenta en no haber sido demandado también D. Oscar en cuanto titular del suministro de energía eléctrica conectado a la línea cedida por la entidad demandante.

Efectivamente la figura procesal del litis consorcio pasivo necesario, creación esencialmente jurisprudencial, se produce como consecuencia del fenómeno de pluralidad de partes en el proceso y cuya presencia en el mismo es exigida, tanto por razones de método y economía procesal, como cuando, dada una determinada relación jurídica material, se hace necesaria la intervención en el mismo como demandados de todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que puedan resultar afectadas por la resolución que ponga fin al litigio, así como mantener los principios procesales de que nadie puede ser condenado sin ser oído y el de la santidad de la cosa juzgada. El fundamento legal actual de esta figura del litis consorcio pasivo necesario, que apareció regulado por primera vez en la STS. de 27 de junio de 1.944 , está en el artículo 24. 2, de la Constitución , que proclama el principio de la tutela judicial efectiva sin indefensión ( STS. de 22 de mayo de 1.998 ).

Como dice la STS. de 9 de noviembre de 1.999 , la doctrina jurisprudencial, creadora de la de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, tiene abundante y reiteradamente definida la misma, y justifica su esencia teleológica e institucional en la necesidad de evitar que puedan ser afectados por la resolución judicial quienes no fueron oídos ni vencidos en juicio, así como la de impedir que se produzcan sentencias contradictorias sin posible ejecución; situaciones que sólo se dan respecto a los terceros directamente intervinientes en la relación jurídico-material debatida, pero no aquellos otros a los que sólo les afecta de una forma indirecta, refleja, mediata o prejudicial por simple conexión ( SSTS:, entre otras, de 8 de marzo de 1.989 , 9 de junio de 1.992 , y 7 de junio de 1.996 ). La STS. de 10 de octubre de 2.000 señala que la doctrina jurisprudencial recoge al respecto que "no basta con que los efectos que se produzcan hacia un tercero sean de carácter meramente reflejo para que cause la excepción de litisconsorcio pasivo necesario" ( STS. de 23 de octubre de 1.990 ). Sólo puede entrar en juego dicha excepción respecto a aquellas personas que verdaderamente hubiesen intervenido en la relación contractual o jurídica objeto del litigio ( STS. de 6 de marzo de 1.990 ). Se exige unidad de la relación material que vincula a los interesados, de manera que fuesen titulares de un derecho susceptible de padecer lesión a consecuencia de la sentencia por hallarse directa e inseparablemente ligado "in actu" tal derecho a la relación jurídica nacida del contrato ( STS. de 17 de marzo de 1.990 , porque los que no fueron parte carecen de legítimo interés sobre la obligación que constituye su objeto y no hay razón alguna para llamarlos obligatoriamente al proceso ( STS. de 24 de abril de 1.990 ). No basta la existencia de un mero interés en el resultado del litigio para demandar a todos los que acrediten el mismo, pues es un resultado reflejo que no ampara la doctrina del litisconsorcio pasivo necesario ( SSTS. de 4 de octubre de 1.989 , 26 de marzo de 1.991 , 25 de febrero de 1.992 y 1 de diciembre de 2.001 ).

En consecuencia, y como señaló la SAP. de Cuenca de 23 de enero de 2.003 , las situaciones de afectación por la resolución judicial a quienes no fueron oídos y de impedir resoluciones contradictorias sólo se dan respecto a los terceros intervinientes directamente en la relación jurídico-material debatida, pero no respecto a aquellos otros a los que sólo les afecta de una forma indirecta, refleja, mediata o prejudicial por simple conexión ( STS. de 25 de abril de 2.000 ), pues no son litisconsortes necesarios todos aquellos que puedan venir relacionados con la sentencia que se pronuncia de modo reflejo ( STS. de 7 de noviembre de 2.000 ), dado que dicha excepción se produce cuando en virtud de un vínculo que une a una persona con la relación jurídico material objeto del pleito se produce la consecuencia de que necesariamente le ha de afectar, derivando la misma de vinculaciones subjetivas resultantes de los derechos deducidos en juicio, precisando por ello demandar a todos los sujetos cuyos derechos se integran en la relación jurídica de derecho material que se debate ( STS. de 22 de febrero de 2.000 )."

En el presente caso se considera que no concurre en la persona de Doña Encarnacion la legitimación pasiva necesaria para ser parte demandada en el presente pleito dado que si partimos de la fundamentación que la parte apelante-demandada dio en el escrito de contestación y que fue:

"...ya que ha sido ella la administradora de los bienes de la sociedad del demandado....,y la que manejaba el dinero y pagaba las cuentas,...hasta el punto de que los ingresos bancarios y pagos en mano ,los hacia dicha persona, siendo su intervención mucho mayor que los de una simple testigo..."

De la misma no se desprende que se pretenda fundamentar, como se amplia en esta alzada, como hubiera sido lo procedente para sustentar una legitimación atendida la pretensión ejercitada por la parte actora-reclamación de adeudo por préstamo y arrendamiento de vehículo, es decir como prestataria y como arrendataria ,que la Sra. Encarnacion era deudora en el contrato de préstamo o como arrendataria en el contrato de arrendamiento del vehículo en cuestión, sino que se limito a fundar la legitimación en ser "una contable del demandado". Dicha posición de gestora de las actividades del demandado en modo alguno la colocan en posición de deudora frente a la parte actora.

En cuanto a lo alegado en esta alzada de que "Además el dinero era para ambos" es una alegación nueva en la que el Tribunal no puede entrar por cuanto es sabido que según la jurisprudencia declara que han de ser desestimadas las cuestiones nuevas alegadas por vía de recurso y omitidas en la instancia, ya que la parte contraria no puede entonces defenderse de las mismas.

Así lo indica, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1.999 (RJ 19997274) (ponente, Sr. Villagómez Rodil), que declara:

"Las cuestiones nuevas son generadoras de indefensión para la otra parte, violentando de manera directa y decidida el principio procesal de contradicción y han de ser rechazadas ( Sentencias de 14-10-1991 [RJ 19916920 ], 24-1 [RJ 1992205], 3- 4 [RJ 19922934], 7 [RJ 19927534] y 28-10 [RJ 19928587] y 3-12-1992 [RJ 19929995] y 7-6-1996 [RJ 19964825], entre otras muy numerosas)."

En consecuencia procede desestimar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario en la persona de Dª Encarnacion y en consecuencia desestimar la pretendida nulidad de actuaciones desde la Audiencia Previa.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso de apelación se concreta en alegar que la sentencia ha incurrido en un error en la apreciación de la prueba para en base a ello solicitar que se dicte sentencia mas ajustada a la posicion del apelante, y en consecuencia se devuelva al apelante el vehículo, marcha Chevrolet, modelo Kalos, matrícula ....GFF con la obligación de abonar las mensualidades restantes y que no hayan sido abonadas, tras las cuentas que constan en autos; además se le indemnice a razón de 60 euros diarios por la privación de dicho medio de transporte desde el día del depósito del vehículo, hasta la entrega efectiva del mismo. y que la parte actora abone la cantidad de 2.358,87 euros, suma que ya se manifestó en la pagina numero 20 de su contestación a la demanda.

Para solicitar en el suplico la revocación de la dictada en el procedimiento y con desestimación de la petición de las actoras y con todo lo demás que sea procedente.

Así en primer término y en relación con la pretensión ejercitada por la parte actora en relación con el vehículo, marcha Chevrolet, modelo Kalos, matrícula ....GFF , alega la parte apelante que frente a lo dicho en la sentencia no existe contrato de arrendamiento del vehículo dado que el vehículo se adquirió por la Sra. Josefina para uso del Sr. Carlos Ramón .

Frente a dicha alegación de la parte demandada-apelante debemos decir que del contenido de la sentencia en relación con la pretensión de la parte actora de que se declarara resuelto el contrato de arrendamiento respecto de dicho vehículo, que se condenara al demandado a la entrega así como al pago de 157,74 euros al mes por las mensualidades que se vayan devengando hasta la entrega del vehículo, la juzgadora de instancia

resolvió que:

"No obstante ante el petitum efectuado en la demanda consistente en que se resuelva el contrato de arrendamiento, ante la falta de prueba sobre su existencia, procede condenar al demandado a que devuelva el vehiculo a la Sra. Josefina , verdadera titular del mismo, y a que abone las cuotas pendientes de pago que se han ido devengando desde la presentación de la demanda marzo de 2010 hasta que se acordó la medida cautelar de deposito judicial, esto es en septiembre de 2010 por lo que se concreta en la cantidad de 946,44 euros".

Y por tanto se considera que se ha incurrido en un error en la apreciación de la prueba cuando no consta en la sentencia la declaración jurídica de la "existencia de un contrato de arrendamiento del vehículo".

Ahora bien respecto a la petición concreta de que "se devuelva al apelante el vehículo, marcha Chevrolet, modelo Kalos, matrícula ....GFF con la obligación de abonar las mensualidades restantes y que no hayan sido abonadas, tras las cuentas que constan en autos; además se le indemnice a razón de 60 euros diarios por la privación de dicho medio de transporte desde el día del depósito del vehículo, hasta la entrega efectiva del mismo" debe mantenerse la decisión de adoptada por la juzgadora de instancia por cuanto dicha pretensión no fue ejercitada por la parte apelante-demandada que en el suplico del escrito de contestación se limito a pedir:

"...se dicte sentencia por la que se desestimen las peticiones deducidas expresadas en la demanda, absolviendo a esta parte demandada de los pedimentos de la misma....."

Y por tanto se le debe aplicar la doctrina jurisprudencial constante del Tribunal Supremo cuando declara que han de ser desestimadas las cuestiones nuevas alegadas por vía de recurso y omitidas en la instancia, ya que la parte contraria no puede entonces defenderse de las mismas. Así lo indica, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1.999 (RJ 19997274) (ponente, Sr. Villagómez Rodil), que declara:

" Las cuestiones nuevas son generadoras de indefensión para la otra parte, violentando de manera directa y decidida el principio procesal de contradicción y han de ser rechazadas ( Sentencias de 14-10-1991 [RJ 19916920 ], 24-1 [RJ 1992205], 3- 4 [RJ 19922934], 7 [RJ 19927534] y 28-10 [RJ 19928587] y 3-12-1992 [RJ 19929995] y 7-6-1996 [RJ 19964825], entre otras muy numerosas)."

CUARTO.- En segundo término así mismo sustenta un error en la apreciación de la prueba en relación con la existencia entre las partes de un préstamo y las cantidades aportadas para en base a dicha estimación se condene a la parte actora a abonar la cantidad de 2.358,87 euros a la demandada, suma que ya se manifestó en la pagina numero 20 de su contestación a la demanda.

Siguiendo la Sentencia Audiencia Provincial de La Rioja, sec. 1ª, de fecha 6-6-2011, nº 187/2011, rec. 141/2010 . Pte: Araujo García, Mª del Carmen sobre las facultades del Tribunal de apelación en la que se ha dicho:

"........Pues bien, a la vista de las alegaciones formuladas por las recurrentes, hemos de señalar que, como en innumerables ocasiones se ha reseñado por este tribunal, si bien es cierto que el recurso ordinario de apelación se concibe como una simple revisión del procedimiento anterior seguido en la primera instancia, permitiendo al órgano "ad quem" conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito, se presenta como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por los Jueces de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta de que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses ( SSTS de 24 de julio de 2001 , 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003 ) debiendo, por tanto, ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica, de ahí que sea posible que dentro de las facultades que se conceden a jueces y tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos; todo ello, sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio de la prueba pericial y de los diferentes testimonios prestados por los testigos que depongan a instancia de parte, debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla máxima de la sana crítica recogida en los artículos 374 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , apuntando insistentemente la doctrina jurisprudencial que la apreciación de los referidos medios probatorios es puramente discrecional del órgano judicial, dado que las normas citadas no contienen reglas de valoración tasada que se puedan violar, al ser dichos preceptos administrativos, siendo tan sólo digna de tener en cuenta la impugnación cuando se constate que la apreciación de los testimonios y/o informe pericial ofrecidos es ilógica o disparatada, según recogen entre otras las SSTS de 12 de noviembre de 1996 y 17 de abril de 1997 , de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse, al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo, bien de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada."

Partiendo de la revisión de la valoración de la prueba realizada por el juzgador de instancia debemos de considerar que no ha incurrido la juzgadora de instancia en error en la apreciación de la prueba en cuanto a la determinación de la existencia de un contrato de préstamo entre las partes dado que como establece en la sentencia resulta esclarecedor el documento aportado por la propia parte demandada-documento 1 de la contestación- en el que consta:

INGRESO EN EFECTIVO DE.....195,52 euros

IMPOSITOR...: Josefina

EN CONCEPTO DE: PRESTAMO Carlos Ramón ,,,

CUENTA......."

Pues consta el concepto claro de préstamo realizado por la Sra. Encarnacion en nombre del demandado y como importe cantidad similar al préstamo.

Ello unido en relación con la documental aportada por la parte actora -documentos 5 y siguientes- que plasman las cuotas del préstamo obtenido por las actoras de la entidad Banesto en que el importe de la cuota es de 195,81 euros y realizada en la misma cuenta del préstamo.

Así como la alegación contenida en el escrito de contestación haciendo un resumen de pagos, cobros parece establecer "una compensación" y para ello reconoce el importe adeudado de 11.214,05 euros llevan al Tribunal a mantener que efectivamente entre las partes si existió una relación contractual de préstamo.

Es comprensible que si querían "hacerle favor al demandado" prestándole dinero por cuanto este no podía solicitar -véase que tenía problemas para tener a su nombre el vehículo- solicitaran un préstamo pues ha quedado probado pues nada se ha desvirtuado en cuanto a que las demandantes podían vivían con sus ahorros (testifical hermana de una de las actoras e interrogatorio).

Alegados los pagos a mano por Dª Encarnacion durante 2007 solo consta acreditada por la testifical de la misma-compañera del demandado y que valorando la misma según Sentencia dictada en el rollo de apelación 05-0599 en fecha de 15 de noviembre de 2005 hemos dicho sobre la credibilidad de los testigos:

" CUARTO.- Conforme dispone la LEC en su Artículo 376 "Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado". Por ello, al apreciar la credibilidad de los testigos, debe tenerse en cuenta:

Su independencia, que se acredita no sólo por no hallarse afectados por las generales de la ley, sino también por no tener escrúpulo alguno en ignorar o negar preguntas que, aún siendo favorables a la parte que le hubiera propuesto, no respondieran a la verdad o fueran desconocidas por el testigo.

Su razón de ciencia. Aunque no ha de confundirse la razón de ciencia -que es el porqué se conoce lo que se afirma (haber presenciado el hecho, haber oído contarlo, haber visto documentos relativos a él, etcétera)- con la ubicación desde la que el testigo presencial adquiere el conocimiento de ese hecho.

La coherencia, claridad y rotundidad de sus respuestas.

Que el mero hecho de que se trate de familiares, amigos, compañeros o conocidos de las partes no elimina, sin más, su capacidad probatoria; cierto que deben extremarse las cautelas al valorar este tipo de testigos, pero cuando son los únicos de que dispone la parte, cuando no son tachados por la contraria, cuando ésta trata de matizar su declaración mediante su interrogatorio, y cuando la prueba se practica con el más escrupuloso respeto al principio de contradicción, no resulta razonable negar por principio credibilidad a esas declaraciones testificales, porque ello sería tanto como condenar de antemano a la parte, en cuanto que se le privaría de la única prueba posible para adverar su versión de los hechos.

El resultado del resto de las pruebas.

Las reglas de la sana crítica, que deben ser entendidas como las más elementales directrices de la lógica humana.

No está sujeta a reglas legales de valoración.

El testimonio de un solo testigo o el testimonio de un testigo susceptible de ser tachado pueden inducir válidamente a formar el convencimiento del Juez sobre la veracidad de sus datos, objeto de prueba."

No ofreciendo credibilidad suficiente para acreditar la totalidad de los pagos en mano que se pretenden; aún cuando sin embargo resulta una prueba especial a tener en cuenta respecto a los llamados "pagos en mano" y es lo que se desprende de las DP 2525/2008 Instrucción 17 Valencia-en especial el auto dictado en fecha de 13-enero-2009 en el que se hace constar la acreditación por reconocimiento de las propias demandantes de que "el querellado ha devuelto 3.000 euros" cantidad ya tenida en cuenta por la parte actora en las cantidades fijadas en la demanda como cantidades entregadas.

En cuanto al pago de multas e impuesto de circulación respecto de este se pago el del 2007 cuando se manifestó, respecto de las multas nada se notifico sin embargo debemos de considerar que notificado o no la parte demandada en calidad del uso del vehículo debe abonar dichas cantidades.

Que el requerimiento de pago previo solo se realiza por una de las actoras sin embargo ello en nada afecta a la cuestión debatida concretada en si se la parte demandada adeuda a la parte actora la cantidad reclamada.

Alega si mismo que el demandado no puede negar cuando no se le ha permitido declarar sin embargo debemos considerar que el demandado no declaro por cuanto la prueba de interrogatorio no se efectuó pero no puede olvidar que el contenido del escrito de contestación y demás escritos presentados realizando alegaciones son sus manifestaciones y por tanto dicha afirmación es fijada por la juzgadora de instancia de dichos escritos.

Se dice que en ningún momento se ha hablado de donación, sin embargo no es menos cierto que han sido las propias actoras las que manifestaron que " dichos bienes entregados" por la parte demandada apelante lo fueron en concepto de regalo y por tanto por mera liberalidad, característica perfectamente encajable en el ámbito de una donación.

Además se impugna la sentencia en cuanto que no es cierto lo manifestado en ella dado que en la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción 17 Valencia nunca se habla un préstamo sino entrega de cantidades sin embargo no responde dicha impugnación a la realidad del contenido de las resoluciones. La juzgadora de primera instancia acertadamente si fijo el contenido de la resolución dictada por la juzgadora de instrucción pues en la resolución aludida si se habla de "préstamo" cuando habla de que "se prestó".

Se alega por otra parte que documento aportado con la contestación(ingreso por importe de 195,52 euros) en fecha de 8-1-2008 no plasma una transferencia sino un ingreso y se hizo en tal concepto por indicación de Dª Josefina a Dª Encarnacion ; sin embargo ningún efecto jurídico puede tener dicha matización por cuanto por una parte al fin se trata de un importe de dinero que percibe la actora, bien sea mediante ingreso o bien mediante transferencia y el hecho de que lo fuera a indicación de Dª Josefina en nada afecta a la cuestión litigiosa por cuanto dichas indicaciones, con lo que ello comportaba fue aceptada por Dª Encarnacion que nada objeto y por tanto motiva un reconocimiento de la misma y un conocimiento de la misma en calidad de gestora del demandado (como ha alegado este) de la relación contractual entre las partes.

Así mismo yerra la parte apelante en cuanto a que manifiesta que la sentencia no hace referencia a los bienes entregados por el Sr. Carlos Ramón y la Sra. Encarnacion a las demandantes por mas de 5.000 euros por cuanto la propia sentencia establece:

" En definitiva, aún con las dificultades probatorias que conlleva un contrato verbal, el hecho indubitado de la entrega del dinero procedente del préstamo solicitado por las actoras para el demandado y la adquisición del vehiculo por las actoras para uso del demandado con el resto de pruebas directas y presunciones avalan su entrega con la obligación de devolverlo, y la ausencia de demostración por parte del demandado que la entrega de objetos tales como libros, mobiliario, etc, lo fueran como pago de las cantidades que debía a las demandadas."

No ha quedado probado efectivamente que dichos bienes se entregaran en concepto de pago en especie a cuenta de la deuda por cuanto no ofrece veracidad la testifical practicada y por cuanto no existe otro medio de prueba y por otra parte ninguna virtualidad y eficacia ofrece la designación por el demandado de unos importes-valores no justificados y a los que se opuso la parte actora.

CUARTO.- Entrando a conocer de la pretensión revocatoria parcial instada vía impugnación de la sentencia por la parte apelada-impugnante, DOÑA Josefina Y DOÑA Paloma que postula que debe acogerse la cantidad de 1364,51 euros reclamados de la línea de teléfono y los sustenta por el propio reconocimiento del demandado en el escrito de la demanda y en el burofax remitido por el demandado a las actoras.

El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulador del principio general de la carga de la prueba nos dice:

" 2.Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda ,según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención; 3.Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior ",

lo que implica que en los procesos como el que nos ocupa que están estructurados en base al principio de alegación de parte ,son éstas quienes realizan la actividad probatoria necesaria para conseguir la certeza de los hechos por ella alegados; implica pues que los hechos constitutivos son de cargo del actor y los demás lo son del demandado y ello nace del propio derecho material que se compone de una serie de normas y contranormas que recíprocamente constituyen la base de las alegaciones de las partes, nace de la misma existencia de las normas y contranormas que conlleva que el actor tiene la carga de probar todos los elementos que componen el supuesto de hecho de la norma en que basa su pretensión por lo que debe acreditar no solo el nacimiento del derecho sino la persistencia del mismo o de la relación jurídica en el tiempo porque no ha habido pago o porque o ha habido condonación o cualquier otra causa que conforme al CC extingue la obligación frente a lo que el demandado debe acreditar la extinción del derecho a lo largo del tiempo, que cargue por un principio de justicia distributiva, con la prueba de aquellos elementos del supuesto de hecho de la norma alegada por el actor que pueden significar, en cuanto existentes, la extinción del derecho pretendido por el actor.

En el presente caso efectivamente se desprende de ambos documentos, escrito de contestación y burofax que el teléfono NUM000 fue para uso y abono del demandado y que ante dicha reclamación la parte demandada alego " que las facturas de esas líneas telefónicas se fueron pagando en mano o por ingresos de banco" sin embargo nada de ello se ha acreditado ni el abono en mano ni por ingresos bancarios en consecuencia procede estimar dicho motivo de impugnación cuando de los documentos numero 42 a 54 de la demanda han quedado acreditadas la cuantía de 1364,51 euros.

En cuanto a que se incluya la cuantía de 946,44 euros en el contenido del suplico del escrito de impugnación de la sentencia debemos decir que la sentencia apelada en su Fundamento de Derecho Tercero establece:

"...a esta cantidad hay que añadir 946,44 euros...."

En consecuencia procede estimando parcialmente la impugnación formulada por Doña Josefina y Dª Paloma por la que se les debe abonar la cantidad de 1364,51 euros correspondiente a línea de móvil y ADSL debemos fijar que Don Carlos Ramón les adeuda las siguientes cantidades:

1)7356,07 euros, préstamo solicitado por las actoras incluídos los gastos de concesión y cancelación.

2)1364,51 euros por línea de móvil y ADSL.

3)5.100,24 euros por cuotas préstamo coche.

4)393,23 por multas e impuestos de circulación. Resultando un total de 14.214,05 euros.

A dicha cantidad debemos deducir el importe de 3.141,85 euros por cantidades entregadas por la parte demandada (transferencia o en mano); resultando la cantidad de 11.072,21 euros; cantidad a la que hay que añadir la de 946,44 euros- mensualidades coche-, por lo que la cantidad de la condena asciende a 12.018,65 euros.

QUINTO.- En materia de costas procesales, y en virtud del art. 394 en relación con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede su imposición a la parte apelante Don Carlos Ramón .

No procede hacer imposición a la parte impugnante debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En primera instancia se imponen a la parte demandada de conformidad con el artículo 394 LEc .

SEXTO.- La Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ establece que la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito.

Si se estimare total o parcialmente, o la revisión o rescisión de la sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta disposición.

Vistos los preceptos legales aludidos, demás de general y concordante aplicación al caso de autos y,

en atención a lo expuesto, en nombre de S.M.EL Rey y por la autoridad conferida por la Constitución aprobada por el pueblo español

Fallo

1º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por DON Carlos Ramón .

2º) Estimar parcialmente la impugnación formulada por DOÑA Josefina Y DOÑA Paloma .

3º) Revocar parcialmente la Sentencia de fecha 10 de marzo de 2011 y en consecuencia ESTIMANDO INTEGRAMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR DOÑA Josefina Y DOÑA Paloma SE CONDENA A DON Carlos Ramón A ABONAR A LA PARTE ACTORA LA CANTIDAD DE DOCE MIL DIECIOCHO EUROS CON SESENTA CINCO CENTIMOS DE EURO (12.018,65 euros) MAS LOS INTERESES LEGALES DESDE LA INTERPELACION JUDICIAL Y DECLARO LA ENTREGA DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO KALOS MATRICULA ....GFF A LA PROPIETARIA DOÑA Josefina .

4º) En esta alzada se imponen las costas a la parte apelante; no se hace imposición de costas a la parte impugnante.

En primera instancia se imponen a la parte demandada.

5º) Con pérdida del deposito a la parte apelante.

Esta sentencia es firme.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Contrato de arrendamiento
Relación jurídica
Litisconsorcio pasivo necesario
Error en la valoración de la prueba
Indefensión
Audiencia previa
Falta de litisconsorcio pasivo necesario
Arrendatario
Relación contractual
Contrato de préstamo
Medios de prueba
Pluralidad de partes
Economía procesal
Derecho a la tutela judicial efectiva
Valoración de la prueba
Legitimación pasiva
Prestatario
Fuerza probatoria
Arrendamiento de vehículos
Nulidad de actuaciones
Medida cautelar de depósito
Documentos aportados
Depósito judicial
Error de hecho
Prueba pericial
Donación
Informes periciales
Práctica de la prueba
Testigo presencial
Burofax
Impugnación de la sentencia
Principio de contradicción
Requerimiento para el pago
Pago en especie
Contrato verbal
Carga de la prueba
Reconvención
Condonación