Sentencia Civil Nº 76/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 290/2010 de 15 de Marzo de 2011

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    PRIMERO.- Los hechos declarados probados se infieren de la documental aportada junto con el escrito de demanda. En este sentido se aporta copia de las resoluciones de la jurisdicción social y del Fondo de Garantía Salarial (documentos nº 2 a 12 de la demanda), inscripción registral (documento nº 13), acta (documento nº 14), certificación registeal (documento nº 15), notas simples del Registro de la Propiedad (documentos nº 16 y 17), cuentas presentadas (documentos nº 18 a 21), y recla...

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    PRIMERO.- Los hechos declarados probados se infieren de la documental aportada junto con el escrito de demanda. En este sentido se aporta copia de la escritura de absorción por la entidad actora (documento nº 1), demanda y resoluciones dictadas en procedimiento monitorio (documentos nº 2 a 4, y 6), informe on line sobre la entidad administrada por el demandado (documento nº 5), y documentación del Registro Mercantil (documentos nº 7 y 8). En consecuencia, de todo ello, y de la falta de al...

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  • Núm. Sentencia: 76/2011
  • Núm. Recurso: 290/2010
  • Núm. Cendoj: 28079370282011100050

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00076/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 28

MADRID

C/GRAL. MARTINEZ CAMPOS 27

Tfno: 914931988/9 Fax: 914931996

Rollo: RECURSO DE APELACION 290/2010

Proc. Origen: 848/2008

Órgano Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Recurrente: D. Carlos Ramón

Procurador: D. Jaime Pérez de Sevilla Guitard

Abogado: D. José Miguel Fajardo Reinador

Recurrida: Dª. Eloisa

Procurador: Dª. Mª Dolores de la Rubia Ruiz

Abogado: D. Salvador Díaz Aranda

S E N T E N C I A Nº 76/2011

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 15 de marzo de 2011.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo interpuesto contra la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009 dictado en el proceso número 848/2008 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, el demandado D. Carlos Ramón , siendo apelada la parte demandada Dª. Eloisa , ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 28 de noviembre de 2008 por la representación de Dª. Eloisa , contra D. Carlos Ramón en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que " ..en reclamación de la cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (20.877,55.-) más los intereses legales y costas judiciales que se produzcan por la presente demanda, contra D. Carlos Ramón , Administrador Unico con cargo vigente de la mercantil "ASESORÍA EN ESPIRAL, SL", con domicilio en 28231 Las Rozas de Madrid, CALLE000 núm. NUM000 , portal NUM001 , NUM002 NUM003 , para que, en su día y previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia por la que, estimando la presente, se declare la responsabilidad solidaria y personal del Administrador único, respecto a las deudas de la sociedad incursa en causa de disolución y no satisfechas por la sociedad citada, por el importe antes señalado, más los intereses legales y costas judiciales, que expresamente solicito".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó sentencia con fecha cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Que estimando la demanda seguida a instancia de DOÑA Eloisa , representada por la Procuradora Sra. De la Rubia Ruiz y asistida del Letrado D. Salvador Díaz Aranda; contra D. Carlos Ramón , representado por el Procurador Sr. Pérez de Sevilla Quitard y asistido del Letrado D. José Miguel Fajardo Reinador; debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de veinte mil ochocientos setenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos (20.877,55.-); debiendo incrementarse dicha cantidad en el interés legal desde la interpelación judicial; con imposición de las costas a la parte demandada".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación del demandado se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia condenó al demandado Don Carlos Ramón , por su condición de administrador de la mercantil ASESORÍA EN ESPIRAL S.L, a abonar a la demandante Doña Eloisa la suma de 20.877,55 E al apreciar en aquél el tipo de responsabilidad definido en el Art. 105-5 de la anterior Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con la causa de disolución prevista en el Art. 104-1 , e), todo ello sobre la base de que dicha sociedad incurrió en la situación de pérdidas cualificadas que el precepto define, cuando menos, desde el cierre del ejercicio 2004 sin haber adoptado el demandado iniciativa alguna tendente a propiciar su disolución.

El demandado Don Carlos Ramón , que no cuestiona en esta segunda instancia ni la realidad de la deuda mantenida con la actora ni la concurrencia de la causa de disolución a la que hemos hecho referencia, interpone recurso de apelación contra la expresada sentencia con base en dos únicos motivos que pasamos a analizar en los ordinales que subsiguen.

SEGUNDO.- Entiende el apelante que el régimen de responsabilidad contemplado por el Art. 105-5 L.S.R.L . no está concebido para hipótesis como la presente donde la demandante Doña Eloisa , que era trabajadora de la sociedad administrada por aquél, se encuentra involucrada en la marcha de la empresa y es conocedora, además, de su crítica situación económica. En realidad el motivo de apelación que comentamos comprende dos aspectos diferentes:

1.- En primer lugar, debe indicarse que cuando, bajo determinados presupuestos, el Art. 105-5 L.S.R.L . hace al administrador societario responsable de las deudas sociales no incluye temperamento alguno del que pueda inferirse que dicha regla no deba aplicarse cuando el titular del crédito es alguien vinculado de algún modo con la sociedad, y mucho menos que deba excluirse de su ámbito responsabilístico las deudas contraídas con trabajadores de la misma, bien en su condición de tales (deuda salarial) o bien en cualquier otra condición (en nuestro caso, a la condición de trabajadora de la demandante se une -en la mayor parte de su reclamación- la condición de prestamista de la sociedad).

2.- En segundo lugar, cuando el apelante afirma que por su condición de trabajadora de la sociedad -al parecer, desempeñaba la función de comercial- la actora se encontraba al corriente de su situación económica, lo que hace es dar por acreditado aquello que precisamente debiera demostrar. Y llama a este respecto la atención que el único elemento probatorio en el que el Sr. Carlos Ramón pretende sustentar ese teórico conocimiento es un escrito dirigido al Juzgado de lo Social (Documento 7 de la demanda, folio 49) que aparece suscrito por él mismo y en modo alguno por la Sra. Eloisa . Pero es que, además, sucede que es ese escrito el que, si algo pudiera probar, sería precisamente la ausencia y no la presencia en la actora del estado de conciencia que el apelante invoca. En efecto, en el último párrafo del documento en cuestión afirma el Sr. Carlos Ramón que Doña Eloisa conocía los malos resultados de la empresa y su incapacidad de hacer frente a los pagos solamente 3 meses antes del despido. Pues bien, si tenemos en cuenta que dicho despido se produce el día 31 de enero de 2007, el aludido conocimiento dataría del 31 de octubre de 2006, por lo que, si tenemos en cuenta que el préstamo efectuado por la demandante a la sociedad tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2006, serían las propias afirmaciones del apelante las que, incluso si las considerásemos dignas de credibilidad plena, pondrían en evidencia que en ese momento la actora aún no era conocedora de la situación de la sociedad a la que aportaba dichos fondos.

Es patente, pues, la improsperabilidad del motivo analizado.

TERCERO.- El segundo motivo de apelación descansa en la afirmación de que, siendo la deuda reclamada anterior al acaecimiento de la causa de disolución, no debiera entrar en juego el tipo de responsabilidad que se exige al apelante, con lo que, sin mencionarlo de manera expresa, parece estar invocando en su apoyo la nueva redacción dada al Art. 105-5 L.S.R.L . por la Disposición Final Segunda de la Ley 19/2005 de 14 noviembre , sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, en cuya virtud la responsabilidad solidaria de los administradores sociales que dicho precepto define solamente resulta exigible respecto "..de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución..". Se trata de un planteamiento novedoso que no se hizo valer en la instancia anterior, circunstancia que nos dispensaría de examinarlo en aplicación del Art. 456-1 L.E.C . No está de más, en cualquier caso, dejar patente su manifiesta improsperabilidad por dos razones correlativas:

1.- En primer lugar, porque no es cierto que la deuda reclamada sea anterior a la concurrencia de la causa de disolución. Esta data, cuando menos, del 31 de diciembre de 2004 en que se cierra dicho ejercicio con unos fondos propios negativos de nada menos que -42.483,36 Ñ, mientras que el crédito reclamado por la demandante nace, en lo referente al préstamo, nace dos años después, concretamente el día 6 de septiembre de 2006 en que se formaliza dicha operación (operación cuyo vencimiento se produciría el 21 de julio de 2008). Y por lo que se refiere al crédito proveniente del despido improcedente, su carácter posterior es aún más obvio: se trata de una indemnización que trae causa del propio despido que tuvo lugar el 31 de enero de 2007 y de unos salarios de tramitación lógicamente devengados con posterioridad a esa fecha.

2.- En segundo lugar, porque, aunque fuera cierto que las deudas son anteriores a esa causa de disolución localizada temporalmente al final del ejercicio 2004, la reforma operada por la mencionada Ley 19/2005 de 14 noviembre no sería susceptible de aplicación retroactiva de conformidad con el Art. 2.3 del Código Civil y la jurisprudencia ya consolidada en torno a esta cuestión contenida en las recientes sentencias de la Sala 1ª del TS de 30 de junio de 2010 y de 27 de septiembre de 2010 .

No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto.

CUARTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Carlos Ramón contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

Responsabilidad
Sociedad de responsabilidad limitada
Responsabilidad de las deudas sociales
Prestamista
Incapacidad
Administrador social
Responsabilidad solidaria
Sociedad Anónima europea
Fondos propios negativos