Sentencia Civil Nº 82/2012, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 6, Rec 891/2010 de 15 de Febrero de 2012

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. SECCIÓN SEXTA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº DOS DE FUENGIROLA.

JUICIO CAMBIARIO Nº 1799 DE 2009.

ROLLO DE APELACIÓN CIVIL Nº 891 DE 2010.

S E N T E N C I A Nº 8 2 / 1 2.

Ilmos. Sres.

Presidente

D. Antonio Alcalá Navarro.

Magistradas

Dª Inmaculada Suárez Bárcena Florencio

Dª Soledad Jurado Rodríguez.

En la ciudad de Málaga, a quince de febrero de dos mil doce.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio cambiario nº 1799 de 2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Fuengirola, sobre pagaré, seguidos a instancias de Mijastex, S.L., representada en el recurso por la Procuradora Doña Angélica Martos Alfaro y defendida por el Letrado Don Alberto González Blanco, contra D'Iure Intergestión, S.L., representada en el recurso por el Procurador Don Vicente Vellibre Chicano y defendida por el Letrado Don Alonso Heraclio Gómez Rosado, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia dictada en el citado juicio.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Fuengirola dictó sentencia de fecha cinco de abril de dos mil diez en el juicio cambiario nº 1799 de 2009 del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO.- Que debo desestimar y desestimo la demanda de oposición ejercitada por la representación procesal de la entidad D'Iure Intergestión, S.L. frente a la entidad Mijastex, S.L. ordenando la continuación del juicio cambiario por importe de 17.018'20 Euros de principal más 5.105'46 Euros presupuestados para intereses, gastos y costas. Todo ello con imposición de costas al demandante en oposición" (sic).

SEGUNDO .- Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la deudora cambiaria el cual fue admitido a trámite y su fundamentación impugnada de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día siete de febrero de 2012, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.

Fundamentos

PRIMERO .- Solicita la parte recurrente la revocación de la sentencia apelada y el dictado de otra que la absuelva de la reclamación en su contra realizada, y alega en apoyo de su petición que no ha tenido relaciones comerciales con la actora, porque actuaba en calidad de promotor siendo exigido por la constructora que emitiese el giro para pagar a la subcontrata, habiendo incurrido el Juzgado en error en la valoración de la prueba, pues a pesar del formalismo de la letra de cambio (sic), corresponde en este caso al acreedor cambiario acreditar la existencia del crédito conforme al artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que debe prosperar la excepción de pago, y en cuanto a que la devolución del efecto le supuso unos gastos que reclama, entiende la apelante que no deben incluirse por tratarse de su relación entre el Banco y la entidad descontante a la que es ajena la emisora del pagaré.

SEGUNDO .- La doctrina del título-valor encuentra su fundamento en el negocio abstracto, de tal modo que la obligación cambiaria, ya nazca de un contrato o de un acto unilateral, una vez surgida y constituida en el título sufre un desplazamiento en su fundamentación, que ya no se halla en la voluntad de ninguna de las partes, sino en el título en sí mismo, de tal modo que el firmante no ha quedado obligado con su acreedor, sino únicamente con el propietario del título y, dicho de otra manera, el tomador es únicamente acreedor en cuanto es propietario del título y las condiciones de adquisición o de extinción del crédito, considerado como derecho a exigir el pago al vencimiento, se regulará por las condiciones de adquisición, extinción de la titularidad del efecto cambiario. Este es el requisito indispensable para que el título pueda circular, de manera que el acreedor y el deudor puedan decidir si incorporan o no su crédito a un título cambiario, pero si lo hacen vienen sujetos a responder a la formalidad del mismo, haciéndolo efectivo a quien aparezca legitimado por su posesión y por las indicaciones del propio título. En el sistema de la Ley Uniforme de Ginebra, el librador no tiene más obligación que la de garantizar la aceptación y el pago, toda vez que la obligación de hacer provisión de fondos al librado aceptante es una obligación extracambiaria que no se contempla en la Ley Cambiaria, y en ese sentido no hay razón para continuar hablando de que la simple negativa del aceptante traslada la carga de la prueba al actor-librador, que se ve obligado a probar la existencia de la provisión, todo eso es extracambiario. Por todo ello, la carga de la prueba de la excepción causal se rige por los estrictos principios procesales sin ninguna interferencia cambiaria, se trata del viejo aforismo romano "ei incumbit probatio qui dicit non qui negat" , de tal manera que al actor tenedor legítimo del título le basta con la presentación del mismo, ya que con él se acredita la obligación legal del pago del que lo emitió, por lo que la presentación del documento es prueba suficiente, y al demandado que contra la literalidad del título que le obliga al pago, opone una excepción causal derivada de relaciones subyacentes con el acreedor es quien asume la carga de la prueba; lo que se ve reforzado por la presunción de que en el contrato subyacente existe causa legítima de la obligación cambiaria del acreedor, en méritos del artículo 1277 del Código Civil , y no basta para la prueba en contrario el acreditar otros pagos en una relación intensa de negocios entre promotora, contratista y subcontratista, si no acredita la principal circunstancia de por qué realiza pagos al margen de la propia circulación del título emitido, realizando pagos por transferencia en lugar de esperar al cargo a su vencimiento en la propia cuenta de quien emitió el pagaré. Poco más que añadir a lo dicho respecto al incremento en los gastos de devolución y otros derivados del impago del efecto a su vencimiento, pues este concepto tiene perfecta cabida en el artículo 58 de la Ley Cambiaria y del Cheque pues el contrato de descuento no es ajeno al deudor del mismo, y se encuentra incorporado al dorso del propio título de ejecución cambiaria, y no se habría producido gasto alguno si el emisor del propio pagaré lo hubiera hecho efectivo, por lo que es consecuencia del giro ordinario del título-valor y del hecho del impago imputable exclusivamente al deudor.

TERCERO .- Dispone el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, las costas del mismo se impondrán a la parte que las haya visto totalmente rechazadas.

VISTOS los preceptos citados y los demás de legal y oportuna aplicación.

Fallo

que, desestimando el recurso de apelación que ante la Sala ha mantenido el Procurador Don Vicente Vellibre Chicano, en nombre y representación de D'Iure Intergestión, S.L.,, debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada el día cinco de abril de dos mil diez por el Juzgado de Primera Instancia nº Dos de Fuengirola en el Juicio Cambiario nº 1799 de 2009 e imponemos a la apelante las costas del recurso.

Devuélvanse los autos originales con certificación de esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, al Juzgado del que dimanan para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.