Sentencia Civil 66/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2609/2025 de 26 de enero del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.La sentencia de segunda instancia rechazó el recurso de apelación interpuesto por D. Alfredo y D.ª María Inmaculada y confirmó la dictada en primera instancia, que había estimado la demanda de reclamación de filiación paterna no matrimonial, sin posesión de estado, e impugnación de la legalmente determinada, interpuesta por D. Bernardino el 11 de mayo de 2025, en relación con la menor Reyes.

La Audiencia Provincial, tras señalar que existía conformidad entre las partes sobre el día de nacimiento de la menor, la acción ejercitada y el resultado de la prueba biológica de paternidad practicada en el curso del procedimiento -de modo que la única cuestión controvertida era la caducidad de la acción-, consideró que el día inicial del cómputo del plazo de un año del art. 133.2 CC debía situarse en la fecha del resultado de la prueba biológica y no en la del nacimiento de la menor. Su razonamiento fue:

«La apelante sostiene que el Sr. Bernardino tuvo conocimiento o pudo haberlo tenido, de ser el padre de la menor, desde que nació la niña ( NUM000 de 2021), y por tanto la demanda se presento (sic) fuera de plazo (11 de mayo de 2022). Además, se intentó confundir a la demandada señalando en la demanda como fecha de la demanda el día 4 de marzo de 2022.

»Por el contrario, el apelado sostiene que no tuvo conocimiento certero de la filiación paterna de la menor hasta que se obtuvo el resultado de la prueba de ADN, es decir durante el proceso judicial. Mientras tanto, existió la duda sobre si el padre biológico de la menor era el Sr. Bernardino o bien el Sr. Alfredo (sic), dado que la Sra. María Inmaculada había mantenido relaciones con ambos en las fechas próximas a la concepción.

»El Sr. Bernardino y la Sra. María Inmaculada mantuvieron una relación de pareja desde 2018, poniendo termino a la misma durante la declaración del estado de alarma por la pandemia del Covid, en que dejaron de vivir juntos . No obstante en los meses siguientes, que se corresponde con el momento de la concepción (junio de 2020), la Sra. María Inmaculada mantuvo relación con ambos, es por ello que la Sra. María Inmaculada manifiesta en los mensajes de whatsap con el Sr. Bernardino, sus dudas sobre quien es el padre de la menor. Se barajan fechas, ella le dice que no está de 12 semanas sino de 9 semanas. Tampoco quiere hacerse una prueba de paternidad durante el embarazo. A los dos meses de nacer Reyes, el Sr. Bernardino remite una carta a la Sra. María Inmaculada por lo que solicita que se practique la prueba de maternidad (11 de mayo de 2021). Posteriormente se remiten otras dos cartas. Dichas cartas no se retiran por la Sra. María Inmaculada del servicio de correos. Finalmente, el Sr. Bernardino presente la demanda y se practica la prueba biológica del ADN con un resultado favorable a la paternidad del Sr. Bernardino. El día del Juicio la Sra. María Inmaculada, manifestó que pensó que la niña no era del Sr. Bernardino, porque tras mantener relaciones sexuales con el mismo se tomó la píldora del día después. En suma, hay una incertidumbre sobre la filiación paterna de la menor, y una persistencia pro parte del padre biológico en solicitar una prueba biológica, tanto durante (vid. correos) como con posterioridad al embarazo (vid. cartas remitidas y no retiradas), a la que no tiene acceso sin ayuda de la parte contraria. A mayor abundamiento, existe un reconocimiento de la madre sobre dicha incertidumbre cuando manifiesta en juicio que creía que el Sr. Bernardino no era el padre, dado que se había tomado una píldora del día después. Luego, ante la incertidumbre sobre la filiación paterna, y la imposibilidad por parte del Sr. Bernardino, pese a su persistencia de obtener la prueba biológica a la que no tendría acceso sin el auxilio judicial, se confirma el razonamiento de la sentencia de primera instancia, y se considera que el día que el Sr. Bernardino tuvo conocimiento cierto del hecho, fue cuando consiguió que se practicara a la menor un análisis de ADN. Dicha prueba no dependía solo de su voluntad, sino que precisaba que coadyuvara la madre.

»Es por ello, que se considera acertada la valoración de la prueba realizada por la Juez a quo, sobre el día inicial del cómputo de la caducidad de la acción de reclamación de la paternidad a la fecha del resultado de la prueba biológica y no a la fecha de nacimiento de la menor, por constar acreditada la persistencia y constancia del Sr. Bernardino en obtener una prueba de paternidad pero al mismo tiempo precisar de la colaboración de la apelante para su obtención.

»Se desestima el recurso de apelación».

2.Los demandados-apelantes han interpuesto un recurso de casación que ha sido admitido.

SEGUNDO. Planteamiento del recurso. Alegaciones del recurrido y del fiscal. Decisión de la Sala.

1. Planteamiento.El recurso, por razón de interés casacional, se funda en dos motivos:

1.1. En el motivo primero se denuncia la infracción del art. 133 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial (se citan las SSTS 522/2019, de 8 de octubre, y 457/2018 de 18 de julio).

Los recurrentes alegan, en síntesis, que la sentencia, al establecer que el día inicial del cómputo del plazo de caducidad de la acción es el del resultado de la prueba biológica, «se opone a la doctrina jurisprudencial que establece que la referida acción caduca por el transcurso del plazo de un año desde que el demandante conoció o pudo conocer el nacimiento de la niña».

1.2. En el motivo segundo -que reproduce el planteado en apelación, subsidiariamente al que invocaba caducidad de la acción- se denuncia la infracción del art. 163 CC, así como la vulneración de la doctrina jurisprudencial (se citan las SSTS 21/2003, de 17 de enero, 212/2003, de 4 de marzo, y 441/2016, de 30 de junio).

Los recurrentes alegan, en síntesis, que «[e]n el presente caso se ejercita la acción de filiación no matrimonial respecto de la menor Reyes, por parte del demandante en su propio nombre contra los demandados en su propio nombre, sin que durante la tramitación del procedimiento se haya nombrado un defensor judicial de la referida menor, estando por ello mal planteada la relación jurídico procesal».

2. Alegaciones del recurrido y del fiscal

2.1. El recurrido se opone al motivo primero alegando que, como señalan las sentencias de instancia, «no tuvo certeza de su paternidad hasta que no recibió el Informe de ADN ya iniciado el proceso judicial, momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo de un año». Al motivo segundo se opone por extemporaneidad y porque «El interés de la menor ha estado plenamente salvaguardado con la intervención del Ministerio Fiscal tanto en primera como en segunda instancia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el art 749.1º de la LEC».

2.2. El fiscal, por su parte, apoya el primer motivo y solicita la desestimación del segundo. Sostiene que, conocido el nacimiento de la menor -hecho en el que se sustenta la reclamación- y estando acreditado que la demanda se interpuso una vez transcurrido un año desde la noticia del parto, debe apreciarse la caducidad de la acción. En relación con el motivo segundo, alega que, al haber intervenido en el proceso el padre biológico, la madre y el fiscal, actuando este último como garante del interés superior del menor, y debiendo interpretarse la necesidad de intervención del menor en el proceso desde la perspectiva de una tutela judicial efectiva real y no meramente abstracta o formal, al no concurrir indefensión material resulta improcedente declarar la nulidad de actuaciones.

3. Decisión de la Sala

3.1. Lo expuesto en la sentencia 1151/2025, de 16 de julio, determina la desestimación del motivo segundo:

«Es cierto que en el presente caso el menor debía haber sido demandado con arreglo a lo dispuesto en el art. 766 de la LEC y no lo ha sido. Sin embargo, ello no puede conllevar la nulidad de actuaciones.

»En la sentencia 1526/2024, de 13 de noviembre, declaramos:

»"La necesidad de traer al hijo al procedimiento ( art. 766 LEC) debe ponerse en conexión con la exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que trata de evitar una indefensión material y no puramente abstracta. En palabras de la STC 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5, "no podemos partir de una consideración abstracta del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, sino que, por la naturaleza instrumental de éste [ STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11 c)], es preciso tener en cuenta los derechos o intereses en juego que determinan los bienes constitucionales protegidos".

»Añadimos también que:

»"[l]a preceptiva intervención en estos procesos del Ministerio Fiscal, que debe velar por el interés superior del menor ( art. 749 LEC) , hace que no sea procedente que la defensa de los intereses de la niña se encomiende a un defensor judicial".

»Y en la sentencia 208/2012, de 11 de abril, dijimos:

»"[p]ara decidir el caso concreto, debe procederse a la interpretación de la norma, en este caso, el art. 766 LEC, de acuerdo con su espíritu y finalidad, según dispone el art. 3.1 CC», latiendo en dicha resolución la idea de que las razones que están en la base del art. 766 LEC van más allá de un puro formalismo, por lo que debe rechazarse, si no se ha producido una real y efectiva indefensión, que «[s]e haya producido una falta de litisconsorcio pasivo necesario, que deba llevar a la anulación de todo el procedimiento. Una solución de este tipo implicaría volver al inicio, demandar a la madre [en nuestro caso al hijo] y dilatar la solución que muy probablemente sea la misma que se ha producido en las sentencias recaídas hasta ahora".

»En el proceso han intervenido tanto quien se considera padre biológico del menor -cuya paternidad no está legalmente reconocida- como la madre, defendiendo posiciones procesales contradictorias. Igualmente ha intervenido el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el art. 749 LEC, actuando como garante del interés superior del menor, que constituye el eje rector de este tipo de procedimientos. En este contexto, no se ha generado una situación de indefensión real para el menor, ni puede entenderse comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE).

»Tal como se infiere de la doctrina jurisprudencial mencionada, la necesidad de intervención del menor en el proceso debe interpretarse desde la perspectiva de una tutela judicial efectiva real y no meramente formal. En el presente caso, no consta que la ausencia de dicha intervención haya producido una situación de indefensión material, ni que resultara necesaria la designación de un defensor judicial, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal como garante del interés superior del menor. Tampoco se aprecia que, por el solo hecho de retrotraer las actuaciones para demandar al menor, pudiese evitarse la aplicación de la caducidad de la acción, correctamente apreciada por la sentencia impugnada, que confirmó la de primera instancia, como se expondrá a continuación».

3.2. En cambio, el motivo primero debe estimarse por lo que se expone a continuación.

El art. 133.2 CC establece que la acción de reclamación de filiación no matrimonial sin posesión de estado podrá ejercitarse por «los progenitores en el plazo de un año contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación». La jurisprudencia de esta Sala ha precisado que la determinación del dies a quode dicho plazo no puede identificarse con «el de la constancia cierta de la paternidad, pues tal pauta determinaría que la acción pudiera ejercitarse sine die, toda vez que solo podría obtenerse ésta mediante la práctica de pruebas biológicas» ( sentencia 631/2025, de 28 de abril).

Conforme a dicha doctrina, el cómputo del plazo de caducidad se inicia cuando el progenitor dispone de «elementos suficientes para concluir que la paternidad reclamada es razonable, probable o verosímil y no una mera sospecha o intuición». Basta, por tanto, con el conocimiento de circunstancias objetivas que hagan plausible la paternidad, sin que sea exigible una convicción plena ni la constatación científica de la filiación. Esta interpretación responde, además, a la finalidad legítima del precepto, consistente en preservar un equilibrio proporcional entre la protección del interés del hijo y la seguridad jurídica en el estado civil de las personas, de un lado, y el derecho de acceso a la jurisdicción del progenitor no matrimonial, de otro.

En el presente caso, consta que el demandante mantuvo una relación de pareja con la demandada; que, durante el periodo de la concepción, mantenía con ella relaciones sexuales; que conoció el embarazo y el nacimiento de la menor; y que era consciente de la posibilidad real de su paternidad, hasta el punto de solicitar reiteradamente la práctica de una prueba biológica. Tales circunstancias revelan que el demandante conocía, desde el nacimiento de la menor, hechos suficientes para fundamentar su reclamación de filiación, en cuanto la posibilidad de su paternidad era real y efectiva, y no una hipótesis remota.

La interpretación efectuada por la sentencia recurrida, que sitúa el inicio del cómputo del plazo en la fecha del resultado de la prueba biológica practicada en el proceso, no se ajusta a la doctrina jurisprudencial expuesta, al identificar indebidamente el «conocimiento de los hechos en que haya de basar su reclamación» con la convicción derivada del resultado de dicha prueba. Tal criterio priva de eficacia al plazo de caducidad previsto en el art. 133.2 CC y resulta contrario a la finalidad legítima perseguida por el legislador.

Tampoco puede acogerse la argumentación de la sentencia recurrida en cuanto vincula el inicio del cómputo del plazo a la necesidad de colaboración de la demandada para la práctica de la prueba biológica de paternidad. La falta de dicha colaboración no constituye un obstáculo jurídico para el ejercicio de la acción ni puede justificar su interposición una vez transcurrido el plazo legal de caducidad. En efecto, el art. 133.2 CC no supedita el conocimiento de los hechos en que se basa la reclamación a la previa obtención de la prueba biológica, que no integra el presupuesto fáctico de la acción, sino que constituye un medio de prueba susceptible de ser practicado en el proceso judicial.

Ello se evidencia, además, en el propio desarrollo del procedimiento, pues la demanda fue interpuesta sin disponer del resultado de la prueba biológica de paternidad, que se practicó con posterioridad en el curso del proceso. De este modo, el resultado de dicha prueba no formó parte de los hechos conocidos en que el demandante basó su reclamación, sino que vino a confirmar, a efectos probatorios, una paternidad cuya plausibilidad ya conocía con anterioridad.

En consecuencia, al haberse interpuesto la demanda una vez transcurrido el plazo de un año desde que el demandante tuvo conocimiento de los hechos en que basar su reclamación, procede: (i) estimar el motivo de casación por infracción del art. 133.2 CC y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta; (ii) casar la sentencia recurrida; (iii) estimar el recurso de apelación; y (iv) desestimar la demanda de reclamación de filiación por caducidad de la acción.

TERCERO. Costas

1.Al estimarse tanto el recurso de casación como el de apelación no se condena en las costas de dichos recursos a ninguno de los litigantes, con devolución del depósito para recurrir ( art. 398.2 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 8 LOPJ, respectivamente).

2.Al desestimarse la demanda, las costas de la primera instancia se imponen al demandante ( art. 394.1 LEC) .