Sentencia Constitucional Nº 108/2021, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 4062/2019 de 13 de Mayo de 2021

Interpuesto por más de cincuenta diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en el Congreso respecto de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.Principio de reserva de jurisdicción; derecho a la tutela judicial efectiva e intangibilidad de las sentencias, derechos al honor, intimidad y propia imagen, a la protección de datos y a la presunción de inocencia; garantías del proceso penal: interpretación conforme con la Constitución de los preceptos legales que establecen el deber de colaboración de los poderes públicos navarros en la realización del “derecho a la verdad” y definen las funciones que puede desempeñar la Comisión de Reconocimiento y Reparación en la averiguación, documentación y acreditación de hechos (STC 83/2020). Voto particular.Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Esta ley derogó íntegramente la anterior Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, parcialmente declarada inconstitucional y nula en la STC 85/2018, de 19 de julio.En aplicación de la doctrina sentada, entre otras, por las SSTC 85/2018, de 19 de julio, y 83/2020, de 15 de julio, la sentencia establece la interpretación conforme con la Constitución de diversos preceptos y desestima el recurso en lo restante. Así, el mandato de colaboración dirigido a los poderes públicos navarros en aras de contribuir al conocimiento de la verdad, bajo la rúbrica de un “derecho a la verdad”, no puede entenderse como equivalente o alternativa a la función de los tribunales de fijar la verdad jurídica en el seno de un proceso con todas las garantías. Antes bien, las funciones de la comisión de reconocimiento y reparación instituida por la ley tienen vedada la eventual investigación, averiguación y fijación extrajudicial de hechos que pudieran ser delictivos, limitándose su labor a la valoración de los hechos esgrimidos por los solicitantes para dictaminar si guardan relación con los daños invocados por estos. Por tanto, la alusión a las “actuaciones y gestiones que pueda realizar la comisión para la documentación y acreditación” de los hechos no puede implicar una genuina actividad indagatoria propia, sino que es plasmación del principio de colaboración interinstitucional con los poderes públicos de la comunidad foral. De igual modo, las referencias al “estudio y comprobación de los hechos, circunstancias y consecuencias aducidos” por los solicitantes debe entenderse circunscrita a la valoración de la documentación aportada bien por el solicitante, bien por aquellos que colaboren con la comisión. Por último, el “resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de los derechos humanos de la víctima”, objeto del informe-propuesta motivado con que finaliza la actuación de la comisión, debe interpretarse como circunscrito a la apreciación del vínculo entre tales hechos y el resultado dañoso alegado por el solicitante.La sentencia cuenta con un voto particular.