Sentencia Constitucional Nº 140/2009, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 3520-2005 de 15 de Junio de 2009

Una persona extranjera fue sometida a un procedimiento administrativo sancionador por carecer de documentación que acreditara su estancia legal en España. En el curso del procedimiento pidió que le fuera impuesta la sanción de multa y no de expulsión, alegando estar inscrito en el Registro municipal de parejas estables no casadas con una persona poseedora de su segunda tarjeta de residencia con la que tiene cuatro hijos menores escolarizados. Sin embargo, la Administración impuso al recurrente la sanción de expulsión, señalando la imposibilidad de entrar a valorar sus circunstancias personales y sin hacer ninguna referencia a la opción por dicha sanción en vez de la multa. Recurrida la expulsión, el Juzgado declaró su nulidad sustituyéndola por la sanción de multa. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la expulsión, con el argumento de que existía una motivación por remisión al contenido del expediente y que estaba ínsita en la gravedad de los hechos, añadiendo que la situación de arraigo es una cuestión que no afecta al expediente de expulsión.La Sentencia otorga amparo al considerar que la resolución sancionadora impugnada, que se limita a constatar la mera existencia de la conducta infractora, no contiene fundamentación alguna a partir de la cual puedan conocerse las razones por las que resulte procedente la expulsión en lugar de la pena de multa.Se tiene presente, ex artículo 10.2 CE, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en virtud de la cual el arraigo familiar puede actuar como límite a la potestad de expulsar, porque la ejecución de la medida podría no resultar proporcionada al fin legítimo perseguido, esto es la garantía del orden público, vulnerando el derecho a la vida privada y familiar. En el mismo sentido, se cita el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 de derechos del niño, que establece que en todas las medidas que tomen las autoridades administrativas en que puedan resultar concernidas los niños debe ser de consideración primordial atender a los intereses superiores de éstos.