Sentencia Constitucional Nº 162/2009, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 5568-2007 de 29 de Junio de 2009

La cuestión de inconstitucionalidad se plantea debido a la existencia de dos normas aparentemente contrarias entre sí. Una, a nivel autonómico (art. 184.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón), establece que el ?arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales se regirán por la normativa reguladora de la contratación?. Si la duración de la cesión es superior a cinco años o el precio excede del 5 por 100 de los recursos ordinarios de presupuesto, será necesaria la subasta. El modo excepcional, que deberá motivarse, será por concurso. La otra normativa, a nivel nacional (disposición final segunda de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones públicas) establece como régimen general la adjudicación por concurso de ?los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales?. Excepcionalmente, y siendo necesaria justificación, procederá la adjudicación directa. Hay que determinar si, una vez que el legislador estatal ha procedido a aprobar la normativa básica en materia de procedimiento de adjudicación de contratos para la explotación de bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones públicas, puede entenderse que lo establecido a nivel autonómico se ajusta a la sobrevenida normativa básica estatal o no.El precepto autonómico resulta ser inconstitucional. La Comunidad Autónoma de Aragón actuó en 1999 dentro del margen de sus competencias, pero tras la normativa estatal de 2003 (que tiene formal y materialmente carácter básico) la contradicción existente entre ambas resulta insalvable. Dado que la disconformidad constitucional del precepto autonómico tuvo lugar no originariamente sino con posterioridad, los efectos de la inconstitucionalidad y nulidad serán sólo a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley estatal.