Sentencia Constitucional Nº 170/2021, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de amparo 1463/2019 de 07 de Octubre de 2021

Promovido por don Artur Mas i Gavarró frente a las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenaron por un delito de desobediencia.Supuesta vulneración de los derechos a la libertad ideológica y de expresión, de reunión y participación política, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: negativa a dar debido cumplimiento a la providencia de este Tribunal acordando la suspensión de las actuaciones controvertidas en la impugnación de disposiciones autonómicas tramitada con el número 6540-2014.El recurrente en amparo, expresidente de la Generalitat de Cataluña, fue condenado por un delito de desobediencia como consecuencia del incumplimiento de la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014 que acordaba la suspensión de las actuaciones relacionadas con la convocatoria del proceso de participación ciudadana del día 9 de noviembre de ese mismo año. La condena fue confirmada en casación por el Tribunal Supremo.Se desestima el recurso de amparo. Respecto a la supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal, la sentencia niega que se haya efectuado una interpretación extensiva del artículo que tipifica el delito de desobediencia de la que se derive la falta de ejecutividad de la providencia de este Tribunal. La providencia tenía carácter ejecutivo tal y como se desprende de lo establecido tanto en la Constitución, como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pues contenía un mandato puro de suspensión de actividades. En cuanto a la falta de requerimiento personal como fundamento de la errónea subsunción de los hechos tipificados en el delito, lo decisivo en este caso es que la autoridad o funcionario al que se dirige el mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de acatamiento que le incumbe, no siendo el requerimiento previo un requisito típico del delito de desobediencia sino un medio de acreditar el dolo. Tampoco se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia pues las sentencias impugnadas partieron de datos debidamente acreditados de los que podía inferirse que el demandante tenía cabal conocimiento del mandato judicial y de su deber de cumplirlo. Por último, no existe vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos al no resultar reconocible ni en su contenido, ni en su forma en el mencionado proceso de participación ciudadana.