Sentencia Constitucional Nº 43/2010, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 1503-2008 de 26 de Julio de 2010

Una pareja inglesa adquiere una vivienda en España y la inscribe a su nombre en el Registro de Propiedad. Dicho inmueble fue subastado sin que sus propietarios conocieran la existencia del procedimiento ni fueran parte del mismo, a pesar de que el deudor ejecutado le comunicara al órgano judicial la existencia de adquirentes a título oneroso de la vivienda objeto de ejecución. Cuando los propietarios regresaron a España y tuvieron conocimiento de que la vivienda se había subastado y adjudicado a un tercero interpusieron incidente de nulidad de actuaciones ante el Juzgado, el órgano judicial decidió no haber lugar a la nulidad solicitada por razones de economía procesal.El Tribunal estima el amparo por dos motivos.En primer término afirma la existencia de indefensión, pues el órgano judicial no actuó con la diligencia debida en orden a procurar que los propietarios tuvieran conocimiento del proceso y pudieran ejercer su derecho a comparecer en el mismo, al resultar afectados sus intereses. La cuestión planteada es similar a la que resulta en la STC 29/2003.En segundo lugar, el Tribunal afirma que es inconstitucionalmente inaceptable la argumentación utilizada por el órgano judicial para inadmitir el incidente de nulidad. Es la primera vez que el Tribunal se pronuncia sobre la relevancia del incidente de nulidad de actuaciones tras la reforma operada en el mismo en la LO 6/2007 de 24 de mayo y lo hace además en conexión con la reforma del recurso de amparo operada por la misma ley y con la STC 155/2009, de 25 de junio. A ello dedica el Tribunal todo un fundamento jurídico (FJ 5), en el que reclama de los jueces el protagonismo que la LO 6/2007 les atribuye en la protección de los derechos y libertades fundamentales y les recuerda que, cuando resuelven un incidente de nulidad de actuaciones en ningún caso pueden olvidar que, de no tener el caso trascendencia constitucional, el incidente de nulidad es la última vía que tiene el justiciable para reparar la vulneración denunciada, lo que debe tener su eco en la motivación de la resolución judicial.