Sentencia Constitucional Nº 57/2018, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 5534/2017 de 24 de Mayo de 2018

Cuestión de inconstitucionalidad 5534-2017. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Ponferrada, en relación con el apartado trigésimo, del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.Principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e igualdad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad en cuyo auto de planteamiento no se identifican las dudas de constitucionalidad del precepto legal que alberga el órgano judicial promotor.Se cuestiona la constitucionalidad del apartado trigésimo, del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional novena del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Esta disposición −que hacía al conductor del vehículo responsable de los daños a personas o bienes en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas−, al igual que el resto del texto articulado que la incluía, fue derogada por la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.Se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad. La sentencia afirma que el órgano judicial que promueve la cuestión no efectúa examen alguno de la denuncia de inconstitucionalidad de la parte, limitándose a reproducirla en el auto de planteamiento sin añadir ninguna aportación argumental. Por ello, incumple la carga de colaborar con la justicia constitucional que se exige cuando se insta la depuración del ordenamiento jurídico e imposibilita que el Tribunal Constitucional pueda dar respuesta a las razones –dada su inexistencia− en las que el órgano judicial sustenta su duda.