Sentencia Constitucional Nº 72/2021, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 6835/2019 de 18 de Marzo de 2021

Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.Competencias sobre legislación civil, mercantil y procesal, ordenación del crédito y de la economía: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos al documento justificativo de la contratación y clausulado de los contratos y de contratos de tracto continuado; nulidad del precepto legal sobre titulización de créditos y, por conexión o consecuencia, de la tipificación como infracción administrativa de la no comunicación de cesión de créditos a fondos de titulización.Se enjuicia la constitucionalidad de los preceptos de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura relativos al documento justificativo de la contratación, la consideración de abusivas de determinadas cláusulas contractuales y la notificación de tal condición a los consumidores o el régimen de cesión de créditos hipotecarios.Se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad. Por un lado, en aplicación de la doctrina de la STC 54/2018, de 24 de mayo, la sentencia declara inconstitucionales y nulos, por alterar o introducir nuevos derechos y obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas, las siguientes previsiones legales: a) aquella que convierte en potestativa la obligación, establecida por la normativa básica estatal, de que el documento justificativo de la contratación esté en papel; b) la atribución de la condición de abusiva a la cláusula de renuncia al derecho de comunicación de cesión de créditos; y c) la obligación de las entidades financieras que pretendan ceder un préstamo hipotecario a un fondo de titulización de informar de esta circunstancia al deudor de dicho préstamo. En relación con este último precepto, se declara nulo, por conexión o consecuencia, el precepto que tipifica como infracción grave la no notificación en plazo por las entidades.Por otro lado, también se declara inconstitucional y nulo el precepto que pretende hacer extensivos los efectos de la declaración del carácter abusivo de una determinada cláusula en un contrato a todos aquellos en vigor que contengan esa misma cláusula, porque altera las reglas procesales sin justificación suficiente. Sin embargo, la sentencia declara constitucional la obligación de informar, en los contratos de tracto continuado, de la existencia de una cláusula declarada abusiva a los clientes con contratos vigentes que la incluyan.