Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 12/2024 de 10 de julio del 2025

PRIMERO.-La sentencia impugnada desestima el recurso contra la resolución de 7 de julio de 2020 de ADIF, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial derivados de caída ocurrida el 21 de octubre de 2018 durante el acceso a la estación Laverns-Subirats.

La sentencia desestima el recurso al entender que la caída se produjo en un tramo de la traza ferroviaria, en el que no está permitido el tránsito de personas, no existiendo relación de causalidad al producirse los daños como consecuencia de la actuación indebida del recurrente al transitar por un lugar que no estaba habilitado para las personas.

SEGUNDO.-Se mantiene como motivos del recurso de apelación la falta de motivación de la sentencia y la existencia de error en la valoración de la prueba.

La sentencia carece de motivación respecto de la alegación de la parte la frecuencia de paso de personas por el lugar en que se produjo el accidente con destino a la estación, la limpieza de la zona para poder facilitar y permitir el tránsito de las mismas y la gran proximidad con la zona urbana. Factores que entiende relevantes y deben ser valorados.

La zona donde se produjo el accidente es una zona pública de servicio de responsabilidad de ADIF, habiéndose convertido en una zona de acceso a la estación.

TERCERO.-El primer motivo del recurso, consistente en la falta de motivación de la sentencia no puede prosperar. Para que la motivación exista no son precisos prolijos y exhaustivos razonamientos que contesten a todos los argumentos que hayan formulado las partes, sino que basta un discurso lógico que explique cuál ha sido el hilo conductor que ha llevado al Órgano Judicial a adoptar un sentido estimatorio o desestimatorio, sin que pueda confundirse la falta de motivación con la motivación que la parte entienda que debió hacerse ( STS 29-7-02). El deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales solamente requiere que el Tribunal exponga las razones en que ha fundado su decisión en forma que permita conocer el proceso intelectual que le ha llevado a resolver en la forma en que lo ha hecho, sin que sea exigible una referencia pormenorizada a toda y cada una de las pruebas que hayan sido practicadas ( STS 28-9-02).

Esto es lo que acontece en el caso de autos, en el que la sentencia, recoge los requisitos de la responsabilidad patrimonial, y rechaza su concurrencia por entender que no existe relación de causalidad entre los daños y el servicio público, al estar provocada la caída por la conducta del recurrente que pretendía acceder a la estación por un lugar no habilitado para ello en el que no estaba permitido el acceso de personas. La sentencia contiene un razonamiento adecuado de los motivos de la desestimación del recurso, de modo que la parte ha tenido pleno conocimiento de los motivos de la desestimación de su recurso, sin que sea exigible dar respuesta a cada una de las alegaciones efectuadas en la demanda.

CUARTO.-En segundo lugar se mantiene la existencia de error en la valoración de la prueba, al no haber tenido en cuenta elementos, tales como las circunstancias y la facilidad de la accesibilidad, la frecuencia de paso por esta zona, y la gran proximidad con la zona urbana.

Hemos de comenzar señalando que debe prevalecer la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador de la instancia siempre que no sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria o absurda, o conculque principios generales del derecho (entre muchas, sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre, 6 de octubre o 19 de noviembre de 1.999, 22 de enero o 5 de febrero de 2.000 ); sin que esté permitido sustituir la lógica o la sana crítica del Juzgador por la de la parte. En la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso debe primar el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de Instancia sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial de la parte apelante, de modo que es preciso acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger este motivo de apelación.

No podemos entender que se haya efectuado una errónea valoración de la prueba. El lugar en el que se produjo la caída, de conformidad con los informes aportados por ADIF, no era el acceso establecido a la estación. Tampoco puede entenderse, como pretende la parte recurrente, que se considere al lugar de la caída como un acceso alternativo, dado que de las fotografías obrantes en el expediente resulta que el recorrido efectuado no da acceso a la estación sino que se trata de un terreno sin ninguna pavimentación que finaliza en las vías del tren, siendo necesario caminar junto a las mismas para llegar a la estación y superar una valla de cerramiento para alcanzar las instalaciones de la estación.

El Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 5 de junio de 1998, 14 de febrero de 2011 y 17 de junio de 2014, afirma que no es acorde con el principio de responsabilidad objetiva la generalización de dicha responsabilidad más allá del principio de causalidad, aun en forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquella, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, ya que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que se produzca dentro de instalaciones públicas cuando ni estas constituyen un riesgo en sí mismas ni sus características arquitectónicas implican la creación de tal situación de riesgo.

Por lo expuesto el recurso ha de ser desestimado, dado que no se puede imputar a ADIF los daños sufridos por defecto de mantenimiento de un lugar que no era el acceso a la estación y donde no estaba habilitado ni autorizado el tránsito de personas.

QUINTO.-De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede imponer las costas al recurrente, sin que el límite máximo de aquéllas, considerando la complejidad y alcance del asunto planteado, pueda exceder de la suma total de 1.000 euros, para ambas partes apeladas, por todos los conceptos.

Vistoslos preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,

Fallo