Sentencia Contencioso-Administrativo 151/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 453/2023 de 05 de marzo del 2026

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra resolución de 27 de diciembre de 2022 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima recurso de reposición contra la resolución de 22 de marzo de 2022, que denegó solicitud de dispensa del requisito de residencia legal en España para recuperar la nacionalidad española al amparo del artículo 26.1.a) del Código Civil.

SEGUNDO.- La demanda formuló tres pretensiones:

1º La concesión de la "excepción de residencia en España", por concurrir en el caso las circunstancias excepcionales del artículo 26.1. b) del Código Civil.

2º Condena en costas, estimadas en 5.000 €, a la Administración demandada.

3º De conformidad con el art.106.2 CE, se condene a la Administración demandada por los daños morales causados a la recurrente, y a sus hijas menores de edad, en cuantía estimada de 5.000 €.

La Administración se opuso a la demanda.

TERCERO.- Conclusas las actuaciones, la demandante comunicó a la Sala que por resolución de 5 de abril de 2025 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se revocó la de pérdida de la nacionalidad española de la demandante.

La demandante manifiesta: ...informar a esa Audiencia Nacional de la carencia parcial del objeto del recurso contencioso- administrativo en curso de tramitación, (...), sin dejar de solicitar una pronta sentencia respecto del resto de las peticiones y, en concreto, de la segunda petición, ?condena en costas?, y de la tercera petición ?daños y perjuicios?, debidamente justificadas, una y otra, en el recurso presentado el 17 de marzo de 2023, es decir hace dos años y nueve meses.

La Administración, recibido traslado al efecto manifiesta que habiéndose estimado las pretensiones de la recurrente en vía administrativa debe archivarse el presente procedimiento.

CUARTO.- Producido el reconocimiento en vía administrativa, la demandante ha mantenido el recurso por las pretensiones de condena en costas y de indemnización por daños morales.

La pretensión de resarcimiento no puede estimarse.

En la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el art.106.2 de la Constitución prevé que Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.El desarrollo actual de este precepto está en los arts.32 y ss de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 5 de diciembre de 1988, de 12 de febrero, de 21 y de 22 de marzo y de 9 de mayo de 1991, o de 2 de febrero y de 27 de noviembre de 1993 ), ha estimado que, para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: 1. hecho imputable a la Administración, 2. lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, 3. relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4. que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O, como señala el mismo Alto Tribunal en sus Sentencias de 14 de julio y de 15 de diciembre de 1986, de 29 de mayo de 1987, de 17 de febrero o de 14 de septiembre de 1989, para que nazca dicha responsabilidad se requiere "una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración".

Respecto de estos requisitos, la demanda no justifica su concurrencia, sólo que la tramitación del procedimiento junto con la desestimación de su solicitud y recursos le causó daños morales. El caso es que no se aprecia en la tramitación del procedimiento administrativo, su duración y los términos de las resoluciones expresas desestimatorias algún elemento que singularice el supuesto, permitiendo relacionar los daños morales que se dicen sufridos con el funcionamiento de la Administración en el trámite de la solicitud de dispensa, especialmente cuando finalmente se obtuvo la revocación de la perdida de la nacionalidad española que se pretendía. No existe una relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y el daño sufrido, debiendo desestimarse la pretensión.

QUINTO.- Según el art.139.1 LJCA, no procede imponer las costas a ninguna de las partes al tratarse de un supuesto de estimación parcial (reconocimiento extrajudicial de la pretensión principal y desestimación de la pretensión de indemnización que se mantuvo).

Por todo lo expuesto

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra resolución de 27 de diciembre de 2022 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima recurso de reposición contra la resolución de 22 de marzo de 2022, que denegó solicitud de dispensa del requisito de residencia legal en España para recuperar la nacionalidad española al amparo del artículo 26.1.a) del Código Civil.

SEGUNDO.- La demanda formuló tres pretensiones:

1º La concesión de la "excepción de residencia en España", por concurrir en el caso las circunstancias excepcionales del artículo 26.1. b) del Código Civil.

2º Condena en costas, estimadas en 5.000 €, a la Administración demandada.

3º De conformidad con el art.106.2 CE, se condene a la Administración demandada por los daños morales causados a la recurrente, y a sus hijas menores de edad, en cuantía estimada de 5.000 €.

La Administración se opuso a la demanda.

TERCERO.- Conclusas las actuaciones, la demandante comunicó a la Sala que por resolución de 5 de abril de 2025 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se revocó la de pérdida de la nacionalidad española de la demandante.

La demandante manifiesta: ...informar a esa Audiencia Nacional de la carencia parcial del objeto del recurso contencioso- administrativo en curso de tramitación, (...), sin dejar de solicitar una pronta sentencia respecto del resto de las peticiones y, en concreto, de la segunda petición, ?condena en costas?, y de la tercera petición ?daños y perjuicios?, debidamente justificadas, una y otra, en el recurso presentado el 17 de marzo de 2023, es decir hace dos años y nueve meses.

La Administración, recibido traslado al efecto manifiesta que habiéndose estimado las pretensiones de la recurrente en vía administrativa debe archivarse el presente procedimiento.

CUARTO.- Producido el reconocimiento en vía administrativa, la demandante ha mantenido el recurso por las pretensiones de condena en costas y de indemnización por daños morales.

La pretensión de resarcimiento no puede estimarse.

En la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el art.106.2 de la Constitución prevé que Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.El desarrollo actual de este precepto está en los arts.32 y ss de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 5 de diciembre de 1988, de 12 de febrero, de 21 y de 22 de marzo y de 9 de mayo de 1991, o de 2 de febrero y de 27 de noviembre de 1993 ), ha estimado que, para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: 1. hecho imputable a la Administración, 2. lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, 3. relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4. que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O, como señala el mismo Alto Tribunal en sus Sentencias de 14 de julio y de 15 de diciembre de 1986, de 29 de mayo de 1987, de 17 de febrero o de 14 de septiembre de 1989, para que nazca dicha responsabilidad se requiere "una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración".

Respecto de estos requisitos, la demanda no justifica su concurrencia, sólo que la tramitación del procedimiento junto con la desestimación de su solicitud y recursos le causó daños morales. El caso es que no se aprecia en la tramitación del procedimiento administrativo, su duración y los términos de las resoluciones expresas desestimatorias algún elemento que singularice el supuesto, permitiendo relacionar los daños morales que se dicen sufridos con el funcionamiento de la Administración en el trámite de la solicitud de dispensa, especialmente cuando finalmente se obtuvo la revocación de la perdida de la nacionalidad española que se pretendía. No existe una relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y el daño sufrido, debiendo desestimarse la pretensión.

QUINTO.- Según el art.139.1 LJCA, no procede imponer las costas a ninguna de las partes al tratarse de un supuesto de estimación parcial (reconocimiento extrajudicial de la pretensión principal y desestimación de la pretensión de indemnización que se mantuvo).

Por todo lo expuesto

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra resolución de 27 de diciembre de 2022 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima recurso de reposición contra la resolución de 22 de marzo de 2022, que denegó solicitud de dispensa del requisito de residencia legal en España para recuperar la nacionalidad española al amparo del artículo 26.1.a) del Código Civil.

SEGUNDO.- La demanda formuló tres pretensiones:

1º La concesión de la "excepción de residencia en España", por concurrir en el caso las circunstancias excepcionales del artículo 26.1. b) del Código Civil.

2º Condena en costas, estimadas en 5.000 €, a la Administración demandada.

3º De conformidad con el art.106.2 CE, se condene a la Administración demandada por los daños morales causados a la recurrente, y a sus hijas menores de edad, en cuantía estimada de 5.000 €.

La Administración se opuso a la demanda.

TERCERO.- Conclusas las actuaciones, la demandante comunicó a la Sala que por resolución de 5 de abril de 2025 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se revocó la de pérdida de la nacionalidad española de la demandante.

La demandante manifiesta: ...informar a esa Audiencia Nacional de la carencia parcial del objeto del recurso contencioso- administrativo en curso de tramitación, (...), sin dejar de solicitar una pronta sentencia respecto del resto de las peticiones y, en concreto, de la segunda petición, ?condena en costas?, y de la tercera petición ?daños y perjuicios?, debidamente justificadas, una y otra, en el recurso presentado el 17 de marzo de 2023, es decir hace dos años y nueve meses.

La Administración, recibido traslado al efecto manifiesta que habiéndose estimado las pretensiones de la recurrente en vía administrativa debe archivarse el presente procedimiento.

CUARTO.- Producido el reconocimiento en vía administrativa, la demandante ha mantenido el recurso por las pretensiones de condena en costas y de indemnización por daños morales.

La pretensión de resarcimiento no puede estimarse.

En la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el art.106.2 de la Constitución prevé que Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.El desarrollo actual de este precepto está en los arts.32 y ss de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 5 de diciembre de 1988, de 12 de febrero, de 21 y de 22 de marzo y de 9 de mayo de 1991, o de 2 de febrero y de 27 de noviembre de 1993 ), ha estimado que, para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: 1. hecho imputable a la Administración, 2. lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, 3. relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4. que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O, como señala el mismo Alto Tribunal en sus Sentencias de 14 de julio y de 15 de diciembre de 1986, de 29 de mayo de 1987, de 17 de febrero o de 14 de septiembre de 1989, para que nazca dicha responsabilidad se requiere "una actividad administrativa (por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración".

Respecto de estos requisitos, la demanda no justifica su concurrencia, sólo que la tramitación del procedimiento junto con la desestimación de su solicitud y recursos le causó daños morales. El caso es que no se aprecia en la tramitación del procedimiento administrativo, su duración y los términos de las resoluciones expresas desestimatorias algún elemento que singularice el supuesto, permitiendo relacionar los daños morales que se dicen sufridos con el funcionamiento de la Administración en el trámite de la solicitud de dispensa, especialmente cuando finalmente se obtuvo la revocación de la perdida de la nacionalidad española que se pretendía. No existe una relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y el daño sufrido, debiendo desestimarse la pretensión.

QUINTO.- Según el art.139.1 LJCA, no procede imponer las costas a ninguna de las partes al tratarse de un supuesto de estimación parcial (reconocimiento extrajudicial de la pretensión principal y desestimación de la pretensión de indemnización que se mantuvo).

Por todo lo expuesto