Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 7044/1998 de 16 de diciembre del 2002

PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares dictó, con fecha 30 de abril de 1998, sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 1611 de 1994, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: PRIMERO.- Desestimamos la causa de inadmisibilidad. SEGUNDO.- Estimamos parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo. TERCERO.- Declaramos inadecuados al ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados y, en su consecuencia, los ANULAMOS. CUARTO.- Declaramos el derecho de la Sra. Marisol a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca en la cuantía de 6.401.964 pesetas, comprensiva de lesiones y secuelas, con más los intereses legales devengados, condenando a la demandada a estar y pasar por la presente declaración. QUINTO.- No hacemos declaración en cuanto a las costas procesales».

SEGUNDO.- Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente razonamiento, recogido en el fundamento jurídico quinto: «La Administración Local acepta la existencia del accidente pero no que ello se debiera a un mal funcionamiento por su parte, en tanto refiere que la policía local dio aviso de la existencia de una macha de aceite a las 19,25 horas al Servicio de Bomberos, y que este actuó con prontitud, en tanto el servicio comenzó a las 19,35 horas y finalizó a las 20,03 horas, según documentó con el escrito de contestación a la demanda por informe emitido por el Oficial jefe del Mando Operativo del Cuerpo de Bomberos. Ello creemos que no es, en modo alguno, suficiente. En efecto, admitida la existencia de una macha de aceite en un paso de peatones, cuyo origen se desconoce, en una hora de denso tránsito en la calzada, tanto de vehículos como peatones, la celeridad no tan sólo consistía en el aviso que efectuó la policía local, ante la posible producción, potencial y real, de accidentes, tanto de personas como de vehículos, sino además en tomar todas las precauciones, que no debían ser pocas, como la de regular el tráfico rodado y de viandantes por la propia policía local que dio el aviso, hasta que llegara el Servicio de Bomberos, que, en aquel momento, no se sabía cuándo llegaría; y que, cuando lo hizo, ya era tarde pues el accidente había acaecido. Es decir, hubo, y no otra reflexión cabe, un mal funcionamiento por parte de los Servicios Municipales, que, ante un posible riesgo, no tomaron todas las medidas, cuando menos las necesarias, y que tenían a su abasto, para evitar el accidente. En suma, la Sala ha valorado las pruebas existentes en las actuaciones, suficientes a los efectos pretendidos de demostrar o no la concurrencia de los requisitos exigidos para que prosperara la responsabilidad, y de las que ha deducido la concurrencia en el accidente de responsabilidad de la Administración por el estado de la calzada».

TERCERO.- También declara la sentencia recurrida en el fundamento sexto lo siguiente: «Admitido lo anterior, queda, no obstante, determinar el quantum de la indemnización, habida cuenta se solicita la suma de 5.650.000 pesetas por los días de baja y 10.000.000 de pesetas por las secuelas. Respecto a la primera de la cuantías, el resultado se le aparece a la actora al considerar que debe ser indemnizada a razón de 10.000 pesetas diarias por haber estado de baja 565 días. Ello no se compadece con los datos que tenemos en los autos, pues así como se afirma que estuvo de baja los 565 días, en el hecho 1º de la demanda, en el hecho 3º de la instaurada ante la Jurisdicción Civil, en el dictamen pericial, y en el hecho 4º d) del escrito de conclusiones de la actora, sin darnos razón de ello, luego resulta que los documentos aportados con la demanda arrojan un total de 209 días de baja. En efecto, los emitidos por el Centro de Rehabilitación Palma, suscrito por la Dra. Olga , y el certificado oficial del Sr. Jose Manuel , nos dicen que fue dada de alta la Sra. Marisol el 20 de junio de 1993, con las secuelas que en él se refieren, y que serán motivo de análisis posterior. A estos datos, que son los únicos fiables, hemos de estar, máxime si corresponden a dos profesionales de la medicina y están aportados por la propia actora. Por otro lado, sin darnos razón tampoco del cambio, se peticiona la cantidad de 10.000 pesetas diarias mientras que en el escrito presentado ante el Ayuntamiento se cifraba en 6.000 pesetas diarias. Pues bien, si tenemos presente las tablas de la Orden de 5 de marzo de 1991, por la que se da publicidad a un Sistema para la valoración de los daños personales en el Seguro de Responsabilidad Civil ocasionada por medio de vehículos de motor, y se considera al mismo como procedimiento apto para calcular las provisiones técnicas para siniestros o prestaciones pendientes correspondientes a dicho Seguro. (BOE 60/1991 de 11-03-1991), llegaremos a la conclusión que la cuantía ha de cifrarse en la de 3.000 pesetas diarias que multiplicadas por los 209 días que resultan, dan un total de 627.000 pesetas indemnizables por lesiones. en lo que concierne a las secuelas, vistas las mismas, en función de los informes médicos y de la pericia depuesta, teniendo también presente las tablas de valoración que se desprenden de aquélla Orden de 1991, que era la que se hallaba en vigor al tiempo del accidente, nos da como resultado el de 39 puntos que se computan a 148.076 pesetas cada uno, en función de la edad de la accidentada -58 años-, por estar comprendida entre la franja de 56 a 65 años, nos lleva a la suma de 5.774.964 pesetas. Desde esta perspectiva procede, en consecuencia, estimar parcialmente el contencioso».

CUARTO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal del Ayuntamiento de Palma de Mallorca presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió por providencia de 8 de julio de 1998, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.

QUINTO.- Dentro del plazo al efecto concedido compareció ante esta Sala del Tribunal Supremo, como recurrente, el Procurador Don Alejandro González Salinas, en nombre y representación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, al mismo tiempo que presentó escrito de interposición de recurso de casación, basándose en dos motivos, ambos al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción; el primero por infracción de los artículos 106.2 de la Constitución y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, al haber sido interpretados y aplicados indebidamente por la Sala "a quo" en lo que se refiere a la noción jurídica de funcionamiento anormal del servicio como título de imputación desde el que nace la responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, pues, en primer lugar, dicha Sala aplica los preceptos contenidos en la Ley 30/1992, a pesar de que ésta no había entrado en vigor cuando sucedieron los hechos, pero, en cualquier caso, en el supuesto enjuiciado en la instancia no existió nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, pues la relación de causalidad quedó truncada por la conducta de la peatón al cruzar la calzada cuando no había tiempo material de que los servicios de limpieza municipal hubiesen podido eliminar el aceite derramado en la calzada, y todo ello según la doctrina jurisprudencial que se transcribe al articular este motivo de casación, y el segundo por cuanto el Tribunal "a quo" ha infringido en la sentencia recurrida el principio general de origen jurisprudencial, consagrado después por el artículo 141.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual la valoración del daño ha de ir referida al momento en que se produjo, al haber empleado la sentencia por error criterios de cuantificación del daño establecidos en una norma jurídica posterior al momento de producirse el evento dañoso, pues se da un valor por punto que no estaba vigente al momento de producirse el hecho, terminando con la súplica de que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto o, en el caso de no estimarse el primer motivo de casación, se declare que la cuantía de la indemnización debe establecerse en 5.422.596 pesetas.

SEXTO.- Admitido a trámite el expresado recurso de casación sin que hubiese comparecido parte alguna como recurrida, se ordenó que las actuaciones quedasen pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 3 de diciembre de 2002, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la ley.

Fundamentos

Fallo