Sentencia Contencioso-Administrativo 941/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 764/2023 de 29 de mayo del 2024

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo.

Don Evelio presentó una queja contra el fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid que informó en la ejecutoria n.º 161/2020 de la Sección 29ª de la Audiencia Provincial de Madrid e interpuso recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el auto n.º 88/2023, de 23 de febrero, dictado en la misma, por el que dicha Sección accedió a la revisión de la condena a siete años de prisión que había sido impuesta al Sr. Evelio por delito de agresión sexual y la redujo a seis años en aplicación de la Ley Orgánica 10/2020, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

De dicho fiscal y por esos motivos se quejó el Sr. Evelio ante la Fiscalía General del Estado. Según dijo en su queja, el denunciado se rió de él y añadió que seguía órdenes del Gobierno de la Nación y del PSOE, al que, decía, debe estar afiliado, razón por la cual, seguía afirmando, incumplió su deber de imparcialidad y abusó de su cargo, cosa que, apuntó, debía hacer a menudo. Por ello, pidió que interviniera el Consejo Fiscal y se le sancionara.

El decreto de la Fiscal Jefa Inspectora de 12 de junio de 2023 archivó de plano la queja del Sr. Evelio porque entendió que el escrito de éste

"expresa únicamente su desacuerdo con dos dictámenes de la Fiscalía, el primero emitido en un traslado previo a la resolución judicial relativa a una posible revisión de una condena derivada de la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la intimidad e indemnidad sexual. Especialmente se queja D. Evelio de la iniciativa del fiscal de recurrir la resolución judicial que le favorecía, al acordar la revisión de la pena".

Explica el decreto que todo ello es ajeno a la competencia de la Inspección Fiscal pues "no es posible revisar el criterio jurídico del fiscal" y el "mero desacuerdo jurídico con un informe y un recurso es intrascendente desde el punto de vista disciplinario". En realidad, entiende que "no se trata de una queja específica por la actuación profesional irregular de miembros del Ministerio Fiscal, sino solo la expresión del malestar por el criterio de la Fiscalía". En consecuencia, no habiendo indicios de responsabilidad del fiscal y por la necesidad de evitar investigaciones inútiles en virtud del principio de eficacia administrativa, conforme al artículo 165 del Reglamento del Ministerio Fiscal, la Fiscal Jefa Inspectora archivó el expediente gubernativo n.º NUM000, abierto con la queja.

El Sr. Evelio recurrió en reposición ese decreto y por otro de 7 de julio de 2023 fue desestimado su recurso.

Contra esos decretos se dirige este recurso contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- La demanda de don Evelio.

Sostiene que los decretos de archivo no están suficientemente motivados y que la Fiscalía General del Estado no ha realizado la suficiente comprobación e investigación de los hechos expuestos en la queja.

Solicita, en consecuencia, que estimemos el recurso, revoquemos el decreto de 7 de julio de 2023 y estimemos el recurso de reposición para que se alce el archivo del expediente y continúe su tramitación.

TERCERO.- La contestación del Abogado del Estado.

El Abogado del Estado pide la desestimación del recurso.

Explica que la actuación del Ministerio Fiscal se rige por los principios de legalidad e imparcialidad y que es clara la inexistencia de indicios de responsabilidad disciplinaria del fiscal denunciado. De ahí que afirme que no pueden prosperar las manifestaciones del recurrente y que lo que denuncia es el modo de interpretar el ordenamiento jurídico por parte del fiscal en cuestión.

Insiste el Abogado del Estado en que el Ministerio Público, tal como se dice en el decreto de 7 de julio de 2023, "dispone de un espacio de autonomía en la decisión que adopte de forma razonable, como corresponde a toda actividad valorativa que se efectúe a partir de concretos materiales analizados" de manera que ni siquiera el desacierto supone desatención "ni se sancionan disciplinariamente los errores en que pueda incurrirse al informar o dictaminar una controversia".

Cita la jurisprudencia sobre el control del ejercicio por el Consejo General del Poder Judicial de la potestad disciplinaria sobre los jueces y magistrados que considera un territorio exento de cualquier interferencia por parte de aquél el ámbito de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, doctrina que entiende aplicable aquí pues se encuentran en juego esos principios de legalidad e imparcialidad.

Por último, observa el Abogado del Estado que, pese a pedir el levantamiento del archivo para que se continúe el expediente gubernativo, no indica el recurrente ninguna diligencia de averiguación que deba hacerse para demostrar la existencia de indicios de responsabilidad en el fiscal denunciado.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La desestimación del recurso contencioso-administrativo.

El recurso debe ser desestimado porque, en contra de lo manifestado por la demanda y por las conclusiones del Sr. Evelio, el decreto de archivo y el que lo confirma cuentan con suficiente motivación y no era necesaria ninguna investigación adicional para acordarlo.

Así, por lo que hace a la alegación de falta de motivación nos encontramos con que la Fiscal Jefa Inspectora no sólo explicó con claridad en términos negativos que no se advertían indicios de responsabilidad del fiscal al que alude la queja, sino que en positivo señaló que se había limitado a ejercer su función con arreglo a su criterio jurídico y conforme a los principios de legalidad e imparcialidad y que tal actuación profesional no entraña responsabilidad disciplinaria. De ahí que todavía añadiera que la razón que mueve al denunciante no es otra que su desacuerdo con el criterio seguido por el fiscal, lo cual no es susceptible de revisión por la Inspección Fiscal.

Y, por lo que se refiere a la falta de investigación, es verdad que, como dice el Abogado del Estado, la demanda no nos dice qué diligencia habría sido precisa. Por otro lado, además de ser cierto que se puede trasladar la jurisprudencia que niega al Consejo General del Poder Judicial competencia para revisar, por el cauce disciplinario, el ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y magistrados, aquí el ejercicio por el fiscal de su función, igualmente se puede traer la que confirma la previsión legal que admite el archivo de plano de denuncias o quejas cuando de sus propios términos se desprenda la inexistencia de indicios de responsabilidad en los denunciados.

Esto es exactamente lo que sucede en este caso. Informar en contra de la reducción de una condena o impugnar la resolución judicial que la acuerda ante el tribunal competente para conocer de la apelación, no puede considerarse indicio de responsabilidad disciplinaria.

En definitiva, el archivo fue conforme a Derecho por lo que, como hemos dicho antes, procede desestimar este recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.- Costas.

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponemos al recurrente las costas de este recurso. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 4 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 2.000€. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta. Este pronunciamiento se hace en los términos del artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.