Sentencia Contencioso-Administrativo 315/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 6/2023 de 12 de abril del 2023

PRIMERO: Mediante escrito presentado el 5 de enero de 2023 se interpone recurso contencioso-administrativo por procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales contra el acuerdo de archivo de solicitud de suspensión, notificado el 23/12/2022, dictado por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid el mismo día de la notificación, por la que se procede al archivo de la petición inicial de suspensión instada mediante Otro Si en el Recurso de Reposición a la liquidación provisional correspondiente al ejercicio del 2018 por el Impuesto de Sociedades.

SEGUNDO: La entidad recurrente solicita en su demanda de protección de derechos fundamentales, que se considere conculcado el Derecho a la Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución se proceda a dictar resolución acorde a la petición instada de manera fundamentada se considere como presentada y en todo caso en caso de ser desfavorable a la petición se pueda ir a la vía de revisión posibilitando los recursos correspondientes.

Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que con fecha 23/12/2022 le fue notificado a mi patrocinada el acuerdo de archivo de solicitud de suspensión dictada por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid sin la posibilidad de recurso por su consideración de cómo no presentada.

Considera que dicho Acuerdo de Archivo lesiona el derecho fundamental de la demandante a la Tutela Judicial efectiva del artículo 24 de la CE, pues la Administración mediante un ritual informático sin más argumentos que la transcripción de un artículo como fundamento conculca el derecho manifestado pues no entra a la valoración de los argumentos de la petición de suspensión contenidos en el recurso que fundamenta la misma, que el archivo sin más argumento que el manifestado pone fin a la vía administrativa al no tenerlo por presentado no posibilitando recurso administrativo. Que, no cabe permitir que el mencionado derecho fundamental pierda su eficacia, en sendas de complejos procedimientos o resoluciones vacías de contenido que no fundamente de forma expresa cada supuesto y sea un mismo contenido para situaciones diversas viéndose afectado el contribuyente que ha podido actuar diligentemente por medio de instrumentos esenciales. Que contravienen la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad , pues , en el presente caso se pretende formalizar el cobro dos veces por el mismo impuesto liquidando por los mismos ingresos, en concreto el Impuesto sobre Sociedades ya declarado por el contribuyen que viene realizando la actividad grabada en este caso la mercantil Palacio de los Salcedo SL, resultado patente tal posibilidad de duplicidad.

Entiende que la resolución con el archivo y su efecto de dar por no presentado supone una denegación del derecho a la Jurisdicción proclamado en el artículo 24 de la Constitución. Que siendo la consecuencia de la misma, la de no tener presentada la petición, supone la imposibilidad de acceder a la jurisdicción o control por parte de los órganos dada la vigencia aquí del principio pro actione, que implica "la interdicción de aquellas decisiones de no pronunciamiento que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión -o no pronunciamiento sobre el fondo- preservan y los intereses que sacrifican" (en este sentido, SSTC, entre otras muchas, 158/2000, F. J. Quinto; 252/2000, de 30 de octubre, F. J. Segundo; 258/2000, de 30 de octubre, F. J. Segundo; 259/2000, de 30 de octubre, F. J. Segundo; 3/2001, F. J. Quinto; 7/2001, de 15 de enero, F. J. Cuarto; 16/2001, F. J. Cuarto; 24/2001, de 29 de enero, F. J. Tercero; 160/2001, de 5 de julio; 177/2003, de 13 de octubre, F. J. Segundo; 182/2004, de 2 de noviembre, F.J. Segundo)".

TERCERO: El abogado del estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que el presente recurso se interpone contra el acto de puesta de manifiesto del expediente electrónico que contiene la notificación del acuerdo de archivo de la solicitud de suspensión cursado al amparo del artículo 25 del Reglamento de Revisión en vía administrativa (RD 520/2005). Citando el art. 114 de la LJCA y el art. 53.2 de la CE, manifiesta que el presente procedimiento únicamente permite enjuiciar la relación que media entre la actuación o el acto administrativo impugnado y el derecho fundamental que se dice vulnerado, pero no cuestión alguna de legalidad ordinaria, salvo que dicha vulneración sea el medio fundamental para apreciar la violación del derecho fundamental. Fuera de estos supuestos, el enjuiciamiento de la legalidad ordinaria queda reservado para el recurso contencioso - administrativo de ese carácter, tal y como ha destacado el Tribunal Supremo (por todas STS 19-5-97, EDJ 4202; 19-12-97, EDJ 10741; 20-6-98, EDJ 9980; 12-2-99, EDJ 1406), pues con ello se evita un uso abusivo de este procedimiento especial, dadas las ventajas que presenta su carácter preferente y sumario.

Alega la inadmisión del recurso por inadecuación del procedimiento, porque entiende que la parte actora viene a denunciar presuntos vicios, que de constatarse, constituirían meras infracciones de la legalidad ordinaria, nunca constitutivas, conforme a lo expuesto, de una vulneración de los derechos fundamentales. Y es que, en efecto, el único vicio que la demanda viene a denunciar (folio 1) es una falta de motivación ( artículo 215 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). Este motivo debe ser objeto de enjuiciamiento a través del proceso contencioso - administrativo ordinario y no a través del proceso especial y sumario para la protección de los derechos fundamentales. La mejor prueba de que la vulneración de derechos fundamentales aducida es inexistente la encontramos en la formulación de la demanda, pues la misma es ilustrativa de que ni se le ha vedado el derecho de acceso a la jurisdicción para recabar una tutela judicial, ni tampoco se le ha vedado el derecho de defensa. En definitiva, denunciándose una presunta infracción que de constatarse no sería vulneradora de ningún derecho fundamental sino a lo sumo mera infracción de legalidad ordinaria, es por lo que el presente recurso deviene inadmisible por inadecuación de procedimiento.

De manera subsidiaria a lo anterior la Abogacía del Estado solicita la desestimación del presente recurso, conforme a lo previsto en el art. 70.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, por ser ajustada a Derecho la resolución recurrida, citando el artículo 25.1.b del Reglamento de revisión en vía administrativa, entiende que la solicitud de suspensión por la existencia de un error aritmético, material o de hecho debe ir acompañado de una fundamentación mínima que permita al órgano resolutor determinar si dicho error es o no apreciable. Esta necesaria fundamentación, que como decimos se infiere del propio precepto, se ve confirmada si interpretamos el mismo de manera integradora (en relación con el contexto - artículo 3.1 CC en relación con el artículo 12 LGT) en atención a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento para la solicitud de suspensión por error aritmético, material o de hecho, no en sede del recurso de reposición, sino en la reclamación económico - administrativa. En cuanto a qué se entiende por error aritmético, material o de hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, valiendo por todas la Sentencia de 30 de abril de 1998 dictada en el recurso 2164/1992. En el caso que nos ocupa la entidad hoy actora se limitó a señalar en su recurso de reposición que: solicitamos la suspensión del acto administrativo conforme al art 25 RD. 520/2005, Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, al entenderse que existe un error de fondo jurídico equiparable al error material, dicho sea todo con el debido respeto y en términos de defensa. Es a todas luces evidente, que dicha petición carece de toda fundamentación, pues en lugar de justificarla concurrencia de las circunstancias, como exige el Tribunal Supremo, se limita a señalar, apodíctica y estólidamente, que el error jurídico es equiparable al error material. Por todo lo anterior, considera que acierta plenamente la Administración al no iniciar la tramitación (archivo de la petición) de la pieza de suspensión. Que la parquedad en la justificación de la causa del archivo en modo alguno puede considerarse vulneradora del deber de motivación contenido en el artículo 215 LGT, y menos aún vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva (24 CE).

CUARTO: El Ministerio Fiscal alega, en resumen, que, examinado el expediente administrativo, consta que por D. Ildefonso, como Administrador de la mercantil GESTIÓN DE CASAS SINGULARES, se interpuso el 22 de diciembre de 2022 recurso de reposición frente a la Notificación de la Resolución con Liquidación Provisional recibida con fecha 23 de noviembre de 2022, con número de referencia: NUM000, correspondiente al Impuesto de Sociedades, ejercicio 2018, no habiendo presentado reclamación económico-administrativa, exponiendo en dicho recurso una serie de alegaciones a efectos de desvirtuar la liquidación provisional notificada, mostrando su disconformidad. Niega que las cifras declaradas por los TPVS (que son las tecnologías o sistemas informáticos que permiten gestionar todo el proceso de venta) impliquen que sean ingresos propios de la actividad, señalando que "son cobros que en ningún caso pueden ser considerados, como el presente caso, bases imponibles de la actividad". Expone que "la entidad bancaria cuando realiza gestión de cobro desconoce si son ventas imputables a los ingresos de la sociedad o son entregas para el pago de deudas y en todo caso tal y como manifestamos en nuestras alegaciones los bancos gestionan cobros de terceros que es su verdadera naturaleza que pueden ser orientadores o determinadores de ventas, pero su misión es gestionar cobros al igual que hace Gestión de Casas Singulares S.L., por tanto, el no poner en duda los importes no significa aceptar o que sea una prueba irrefutable como ingreso de la mercantil, pues tanto el banco por medio del TPV y Gestión de Casas Singulares SL realizan funciones de cobros a tercero...". En el recurso de reposición interpuesto, al entender que "la deuda generada ya se encuentra pagada y declarada por el deudor principal en este caso la mercantil Palacio de los Salcedos", por la actora solicita la suspensión del acto administrativo conforme al art. 25 RD. 520/2005, Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, "al entender que existe un error de fondo jurídico equiparable al error material...". Frente a dicha solicitud de suspensión (artículo 25 RGRVA) se acuerda por la Inspectora Coordinadora de la Delegación Especial de Madrid el archivo de dicha solicitud señalando como motivo que " que no se acredita la existencia del error material aritmético o de hecho en el que se fundamenta la solicitud", indicando a continuación "en consecuencia, la solicitud de suspensión se tiene por NO PRESENTADA, por lo que no ha producido efectos suspensivos, procediéndose a su archivo sin más trámites". Como se indica en el acuerdo adoptado contra el mismo no cabe recurso alguno, fundamentando las normas aplicables.

Que el recurso se sustenta sobre la vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, señalándose por la representación de la mercantil Gestión de Casa Singulares S.L., que la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid con la resolución dictada acordando el archivo y su efecto de dar por no presentado, supone una denegación del derecho a la jurisdicción proclamado en el artículo 24 de la Constitución, y que la no suspensión del acto administrativo instado en el recurso de reposición interpuesto puede suponer un grave perjuicio económico atendiendo a la naturaleza y al importe de la liquidación provisional que es objeto de recurso.

Considera que es preciso destacar que nos hallamos en el ámbito de un proceso especial de tutela de derechos fundamentales, debiendo centrarse la atención, por tanto, en si se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva invocado en el presente recurso contencioso administrativo. Atendiendo a una doctrina jurisprudencial reiterada, "el artículo 24 de la Constitución extiende su ámbito de aplicación a las actuaciones judiciales, a las administrativas sancionadoras, a las que se aplican los principios básicos del ordenamiento penal, y a aquellas otras actuaciones administrativas que impidan el acceso a la Jurisdicción" ( STS de 6 junio 1991 Rec. 553/1988, 24 de noviembre de 1997, Rec. 820/1995 , 23 de junio de 1995, Rec. 1543/1992 , y ATS de 2 de octubre de 1998, Rec. 2327/1998, entre otras). En relación con esta cuestión resalta la doctrina constitucional, expresada en la STC 38/2011, de 28 de marzo, que reitera la doctrina recogida en la STC 308/2006, de 23 de octubre, cuando dice "el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1 CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso que, no obstante, puede ser también de inadmisión si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial ( SSTC 63/1999, de 26 de abril, F. 2; 206/1999, de 8 de noviembre, F. 4; 198/2000, de 24 de julio, F. 2; 116/2001, de 21 de mayo, F. 4, entre otras). También ha dicho este Tribunal que los derechos y garantías previstos en el artículo 24 CE no garantizan la corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, pues no existe un derecho al acierto (entre otras muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, F. 5; y 162/2001, de 5 de julio, F. 4), y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, F. 2; y 139/2000, de 29 de mayo, F. 4). Ahora bien, lo que en todo caso sí garantiza el expresado precepto es el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas ( STC 50/1982, de 15 de julio, F. 3)." Esta doctrina es reiterada, entre otras, por la STC 169/2015, de 20 de julio. Así es, la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva solo excepcionalmente puede invocarse ante la actuación administrativa, pues se trata de un derecho prestacional que ha de satisfacerse por los órganos jurisdiccionales y no por la Administración, con dos excepciones: a) que la actuación administrativa llegue a impedir la ulterior intervención revisora de la Jurisdicción o la haga inútil, como ocurre cuando en relación a actos que gozan de ejecutividad se inician actos materiales de ejecución, sin ofrecer al interesado la posibilidad de instar la suspensión de esa ejecutividad ( SSTS de 2 de enero de 2001, Rec. 6792/1996, y 16 de enero de 2001, Rec. 7134/1996), y b) que se trate de actuaciones dictadas en el seno de un procedimiento sancionador por la extensión al mismo de garantías del proceso penal.

Entiende que en el presente caso como estamos viendo en ningún caso se le está privando del acceso a la jurisdicción. Por otro lado el Acuerdo de archivo de la solicitud de suspensión dictada por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid de fecha 23 de diciembre de 2022, que es objeto del presente recurso, está brevemente motivado, aun cuando por la representación de la mercantil Gestión de Casas Singulares S.L..., no lo considere suficiente, por lo que ninguna vulneración de tutela judicial efectiva puede admitirse.

QUINTO: En el análisis de las cuestiones controvertidas en el presente litigio es preciso tener en cuenta que en el acuerdo de archivo de la solicitud de suspensión dictado por la Dependencia Regional de gestión Tributaria, de fecha 23 de diciembre de 2022, bajo el título "NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ARCHIVO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN (ARTICULO 25 RGRVA)" , se expresa:

" IDENTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CUYA SUSPENSIÓN SE SOLICITA

Fecha solicitud de suspensión: 22-12-2022

Número de recurso: 2022GRC53250093B

Referencia del Documento: SRSU0020202200001250

ACUERDO

Examinada la solicitud de suspensión de referencia y la documentación que se acompaña, se ACUERDA EL ARCHIVO de la misma por el siguiente MOTIVO:

No se acredita la existencia del error material aritmético o de hecho en el que se fundamenta la solicitud.

En consecuencia, la solicitud de suspensión se tiene por NO PRESENTADA, por lo que no ha producido efectos suspensivos, procediéndose a su archivo sin más trámites.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Contra este acuerdo NO CABE RECURSO ALGUNO."

SEXTO: En el análisis de la cuestión controvertida se debe tener en cuenta que el art. 25 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, que se cita en la resolución objeto de este recurso, que regula la "Suspensión del acto impugnado", establece:

"1. La mera interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

No obstante, a solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado en los siguientes supuestos:

a) Cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , en los términos previstos en este artículo.

b) Sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

Asimismo, tratándose de sanciones que hayan sido objeto de recurso de reposición por los interesados, su ejecución quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. No se suspenderán con arreglo a esta letra las responsabilidades por el pago de sanciones tributarias previstas en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria .

La suspensión no afectará a las actuaciones de recaudación que se hubieran producido hasta ese momento.

2. La solicitud de suspensión con aportación de las garantías que señala el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria suspenderá el procedimiento de recaudación relativo al acto recurrido.

El recurrente podrá solicitar la suspensión cuyos efectos se limitarán al recurso de reposición.

Las garantías que se constituyan podrán extender su eficacia, en su caso, a la vía económico-administrativa posterior. En este caso, la garantía mantendrá sus efectos en el procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, si el interesado lo considera conveniente, y sin perjuicio de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de medidas cautelares, la suspensión podrá solicitarse con extensión de sus efectos a la vía contencioso-administrativa.

La garantía aportada, en el caso de las obligaciones conexas reguladas en el artículo 224.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , extenderá sus efectos a las cantidades que en su caso debieran reintegrarse, como consecuencia de la estimación total o parcial del recurso que hubiera llevado aparejada la correspondiente devolución conexa.

3. La garantía deberá cubrir el importe del acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía.

Cuando la garantía consista en depósito de dinero o valores públicos, los intereses de demora serán los correspondientes a un mes si cubre sólo el recurso de reposición. Si extendiese sus efectos a la vía económico-administrativa, deberá cubrir además el plazo de seis meses si el procedimiento de la reclamación es el abreviado, de un año si el procedimiento de la reclamación es el general y de dos años si la resolución es susceptible de recurso de alzada ordinario.

4. La solicitud de suspensión se presentará ante el órgano que dictó el acto, que será competente para tramitarla y resolverla.

5. La solicitud de suspensión deberá ir necesariamente acompañada del documento en que se formalice la garantía aportada, constituida a disposición del órgano competente a que se refiere el apartado anterior. Cuando la solicitud no se acompañe de la garantía a que se refiere el artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , aquella no surtirá efectos suspensivos y se tendrá por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederá al archivo de la solicitud y a su notificación al interesado.

Si, posteriormente, la resolución que recayese en el recurso de reposición fuese objeto de reclamación económico-administrativa y la suspensión hubiese extendido sus efectos a dicha vía, el documento en que se formalice la garantía deberá ser puesto a disposición del órgano competente para la recaudación del acto objeto de reclamación por parte del órgano que dictó el acto.

El documento en que se formalice la garantía deberá incorporar las firmas de los otorgantes legitimadas por un fedatario público, por comparecencia ante la Administración autora del acto o generadas mediante un mecanismo de autenticación electrónica. Dicho documento podrá ser sustituido por su imagen electrónica con su misma validez y eficacia, siempre que el proceso de digitalización garantice su autenticidad e integridad.

6. Si la solicitud acredita la existencia del recurso de reposición y adjunta garantía bastante, la suspensión se entenderá acordada a partir de la fecha de la solicitud y dicha circunstancia deberá notificarse al interesado.

7. Cuando sea necesaria la subsanación de defectos del documento en que se formalice la garantía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 y aquellos hayan sido subsanados, el órgano competente acordará la suspensión con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado al interesado.

Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá la denegación de la suspensión.

8. Cuando se solicite la suspensión en un momento posterior a la interposición del recurso, los efectos suspensivos se producirán, de concurrir los requisitos expuestos en los apartados anteriores, a partir del momento de presentación de la solicitud.

9. Cuando en los supuestos de estimación parcial de un recurso deba dictarse una nueva liquidación, la garantía aportada quedará afecta al pago de la nueva cuota o cantidad resultante y de los intereses de demora calculados de acuerdo con el artículo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria .

10. Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo voluntario de ingreso, con la notificación de su denegación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , para que dicho ingreso sea realizado.

De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederá la liquidación de los intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre .

Si en el momento de solicitarse la suspensión la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la notificación del acuerdo de denegación implicará que deba iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificación.

11. Las resoluciones denegatorias de la suspensión serán susceptibles de reclamación económico-administrativa ante el tribunal al que correspondería resolver la impugnación del acto cuya suspensión se solicita.

12. Los casos de suspensión regulados en una norma específica se regirán por lo establecido en ella."

SÉPTIMO: Una vez delimitadas las cuestiones suscitadas por las partes, se debe comenzar señalando que el art. 114 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece lo siguiente:

"1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española , se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.

2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

3. Todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente."

El art. 53.2 de la Constitución Española determina que "Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30."

El art. 24.1 de la Constitución establece que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión."

Esta Sala ya ha declarado en otras ocasiones, como en la sentencia dictada el día 5 de octubre de 2017, en el recurso contencioso administrativo número 494/2017, de la que ha sido ponente Doña Carmen Álvarez Theurer, como tiene declarado el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, SSTC 161/1985, de 29 de noviembre, FJ 5 ; 48/1986, de 23 de abril, FJ 1 ; 32/1994, de 31 de enero, FJ 5 ; 41/1998, de 24 de febrero, FJ 27 ; 14/1999, de 22 de febrero, FJ 6 ; 97/2000, de 18 de mayo, FJ 3 ; 228/2000, de 2 de octubre, FJ1), las infracciones de las normas o reglas procesales sólo constituyen una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías si con ellas se ocasiona una merma relevante de las posibilidades de defensa.

En el presente caso se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución Española.

Pues bien, es preciso destacar en primer término que las cuestiones relativas a la motivación de la resolución objeto de este recurso se enmarcan en la legalidad ordinaria, por lo que no puede entrase a valorar en este recurso si la indicada resolución se encuentra o no debidamente motivada.

Sin embargo, como se puede apreciar en la resolución transcrita, en ella se indica que frente a dicho acuerdo no cabe recurso alguno; cuestión que sí incide en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución Española, pues tal pronunciamiento, contrariamente a lo manifestado por el Abogado del Estado, impide el acceso a la jurisdicción al no permitir que las cuestiones de legalidad ordinaria puedan plantearse ante el Órgano Jurisdiccional competente, ya que la presente vía de procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, tiene un contenido limitado en el que no se pueden resolver las cuestiones de legalidad ordinaria.

Por tanto, el mencionado acuerdo, al impedir su impugnación genera una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Debe añadirse que art. 25 del Real Decreto 520/2005, antes transcrito, en su apartado 11 determina que las resoluciones denegatorias de la suspensión serán susceptibles de reclamación económico-administrativa ante el tribunal al que correspondería resolver la impugnación del acto cuya suspensión se solicita, por lo que el acuerdo impugnado era susceptible de reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional y la resolución que dictase éste último sería susceptible de recurso contencioso administrativo. Por ello, el acuerdo impugnado, infringe lo dispuesto en el mencionado artículo del Real Decreto 520/2005, precepto que precisamente es el que permite el acceso a la Jurisdicción por la vía de impugnación que establece.

En consecuencia, el mencionado acuerdo debe ser anulado en cuando establece que "Contra este acuerdo NO CABE RECURSO ALGUNO"?, por vulneración del derecho constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva, procediendo la retroacción de las actuaciones, para que se notifique nuevamente el acuerdo resolutorio de la solicitud de suspensión pero indicando que contra el mismo cabe reclamación económico administrativa ante el correspondiente Tribunal Económico Administrativo Regional, con indicación del plazo y lugar de presentación previstos en las correspondientes normas reguladoras de la impugnación.

Por ello, procede la estimación del recurso, declarando no conforme a Derecho el acuerdo de archivo de solicitud de suspensión, de fecha 23/12/2022, dictado por la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Madrid, en los términos expresados en el párrafo anterior.

OCTAVO: En base a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada por la Ley 37/2011, procede la imposición de costas a la Administración demandada al ser rechazadas todas sus pretensiones, si bien, y haciendo uso de la facultad prevista en el art. 139.4 de la Ley de la Jurisdicción, la Sala limita el alcance cuantitativo de la condena en costas, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 2.000 euros, atendida la facultad de moderación que el artículo 139.4 de la LJCA concede a este Tribunal fundada en la apreciación de las circunstancias concurrentes que justifiquen su imposición, habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas, sin perjuicio de las costas que se hayan podido imponer a las partes a lo largo del procedimiento, importe al que se deberá sumar el I.V.A. si resultara procedente, conforme a lo dispuesto en el art. 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.