Sentencia Contencioso-Administrativo 206/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 69/2023 de 13 de abril del 2023

PRIMERO.- En el actual recurso se impugna la sentencia del Juzgado que desestimó la demanda contra la liquidación del IBI de 2020 girada a la apelante por el Ayuntamiento de Fuenlabrada de acuerdo con su Ordenanza reguladora del impuesto. El fundamento de la demanda residió en la ilegalidad del art. 8.4 de la Ordenanza que establece los tipos de gravamen incrementados, por lo que el recurso impugna indirectamente el texto de dicha disposición general en la redacción aprobada por acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2019, publicada BOCM 306 de 26 de diciembre de 2019.

La sentencia apelada dio respuesta a las cuestiones suscitadas por la actora reproduciendo la fundamentación de las resoluciones de otros Juzgados, solución perfectamente admisible en Derecho y coherente con la existencia de muchos litigios de igual contenido.

La apelación reitera, en definitiva, muchos aspectos de la Ordenanza que han sido valorados por la Sala en las muchísimas sentencias dictadas al respecto, las cuales deben ser conocidas por las partes al contar la apelante con la misma representación procesal. La legalidad de la norma ahora controvertida ha sido recientemente examinada por la Sección en la sentencia 625/2022, de 18 de octubre, recaída en el recurso 629/2022, en el sentido de considerar superados los vicios determinantes de la nulidad de las anteriores redacciones de la misma disposición general.

SEGUNDO.- La primera cuestión que se plantea atañe al alcance o ámbito objetivo de la impugnación indirecta de disposiciones generales, tratado últimamente en las SSTS núm. 37 y 38/2021, de 21 de enero (rec. 4783/2018 y 2314/2019), que han sentado este criterio interpretativo:

De todo lo razonadamente expuesto y en armonía con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) y con el principio de justiciabilidad plena de los actos y disposiciones generales de la Administración ( art. 106 CE ), es de declarar que los datos, documentos o actuaciones que afecten a la ulterior determinación de los elementos esenciales del tributo -como lo es, en el caso examinado, el coeficiente de situación en el IAE-, pueden ser objeto de alegación y prueba como fundamento de la ilicitud del acto de aplicación basado en tales datos, en su fundamentación o su ausencia.

Pero, además, la impugnación indirecta de una norma es admisible en cuanto su ilegalidad es determinante de la ilegalidad del acto que se impugna de forma directa. Dicho de otro modo, solo es aceptable alegar a través de impugnación indirecta aquellos vicios de nulidad de la disposición general que han dado lugar al contenido del concreto acto de aplicación objeto del recurso contencioso ( SSTS de 2 de diciembre de 2015, RC 2352/2013; núm. 1129/2018, de 3 de julio, RC 1309/2017, y 1266/2018, de 17 de julio, RC 516/2016). La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2007 (RC 344/2004) declara que "no cabe confundir un recurso directo contra una disposición de carácter general (lo que es un auténtico recurso contra la norma) con un recurso indirecto (que no constituye propiamente un recurso contra la norma sino contra su acto de aplicación, con base en la ilegalidad de aquélla; en este caso, la ilegalidad de la disposición no se esgrime como una pretensión autónoma sino sólo como un motivo de impugnación del acto)". De modo que la parte actora no posee la potestad de someter la ordenanza fiscal a un análisis general y abstracto de su legalidad, como podría hacer en caso de recurrirla directamente, sino que solo está legitimada para denunciar el concreto aspecto o norma de aquella que ha generado la ilegalidad de la liquidación.

Por este motivo, solo resulta admisible alegar la ilegalidad de la relación de usos que contiene la ordenanza en su art. 8.4 si tal ilegalidad es susceptible de transcender a la liquidación del IBI en lo que respecta a la aplicación a la actora del tipo incrementado.

Partiendo de estas premisas, resulta, primero, que la denuncia de arbitrariedad, exceso o falta de justificación no atribuye a la ordenanza defectos formales que impidan un análisis y decisión judicial al respecto, sino que forma parte indudable del derecho subjetivo procesal que habilita el artículo 26, en relación con el 56.1, de la LJCA, de obtener una respuesta judicial plena y razonada, lo que conlleva el correlativo deber del juez o tribunal de examinar los motivos así planteados, dándoles respuesta fundada, sin poder soslayarlos de modo liminar.

Ahora bien, no son defectos formales del procedimiento de elaboración de la ordenanza todos los vicios que alega la recurrente. En su mayoría, los defectos que denuncia traen a colación el problema de fondo que hemos mencionado y que dio lugar a la declaración de ilegalidad de las dos redacciones precedentes de la ordenanza. De todos modos, la sentencia examina, mediante la reproducción de la resolución de otro Juzgado, la competencia de la OTAF para ajustar el porcentaje de bienes a los que debe aplicarse el tipo diferenciado y se pronuncia sobre la impugnación de los umbrales cuantitativos establecidos en el precepto que se recurre.

Es cierto que nada impide a la recurrente alegar defectos de la norma que incumben al tipo de gravamen que le fue aplicado, como sucede con su naturaleza arbitraria y la ausencia de "estudio económico donde se recoja que la fijación de los umbrales cumple con los requisitos legales que exige el art. 72.4 del RDL 2/2004 para la fijación de los tipos diferenciados y los umbrales de valor". Sin embargo, estas alegaciones están abocadas a su desestimación.

Por un lado, los tipos de gravamen del IBI, entre ellos los tipos diferenciados, son establecidos legalmente en el TRLHL entre un mínimo y un máximo (art. 72). La concreción del tipo dentro de esta horquilla es una potestad derivada de la autonomía financiera de las entidades locales y obedece a criterios de política fiscal y económica que este Tribunal no puede enjuiciar. No hay ningún indicio de que en este caso la elección de los tipos sea debida a ningún motivo espurio o contrario a la finalidad que late en el tributo de subvenir los gastos que genera el ejercicio de las competencias municipales. La tacha de arbitrariedad se reduce a un recurso retórico que carece de todo sustento.

Por otro lado, el informe técnico-económico es exigido para la cuantificación de las tasas ( art. 25 TRLHL) por cuanto están destinadas a resarcir la utilización del dominio público o financiar la prestación de un servicio que beneficie particularmente al contribuyente ( art. 2.2 LGT), pero el estudio económico no es preciso para establecer el tipo de gravamen de los impuestos, dependiente de factores, como hemos dicho, de política fiscal y regido por diversos principios generales ( arts. 31 CE y 3 LGT). Estos mismos criterios son los que subyacen en el establecimiento de los umbrales de valor en cuanto representativos de una capacidad económica merecedora de un gravamen superior.

Por último, el art. 72.4 y la disposición transitoria decimoquinta del TRLHL exigen que los tipos diferenciados del IBI se apliquen a los inmuebles en función de su uso catastral establecido en el "cuadro de coeficientes del valor de las construcciones" de la norma 20 del Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración.

La Ordenanza de Fuenlabrada presenta dos diferencias con dicha norma en la relación de usos agravados: divide el uso catastral definido como "cultural y religioso" en dos usos distintos e incluye el uso de "almacén-estacionamiento" (inclusión improcedente a tenor de la STS 106/2023, de 31 de enero, RC 2265/2021). Ahora bien, dado que el uso de que dispone el inmueble de la recurrrente es el de oficinas, las liquidaciones son ajenas a esta eventual ilegalidad

TERCERO.- Para pronunciarnos sobre la cuestión nuclear que trae a colación la apelante debemos trasladar las consideraciones que hemos hecho en otras sentencias que trataban sobre la misma ordenanza, comenzando por lo dispuesto en el art. 72 TRLHL.

Este precepto establece unos tipos de gravamen del IBI mínimos y supletorios cuyo incremento admite en determinadas circunstancias. En el apartado 4, que es el que ahora nos interesa, dispone lo siguiente:

Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.

En ejercicio de esta potestad, el Ayuntamiento de Fuenlabrada desarrolló en la ordenanza fiscal reguladora del IBI las normas para la aplicación de los tipos diferenciados o agravados.

1.- Haciendo abstracción de otros aspectos que aquí no son relevantes, la Ordenanza vigente para el año 2006 fijaba los tipos de gravamen y añadía:

El tipo diferenciado se aplicará al 10% de las unidades urbanas con mayor valor catastral y uso de construcción distinto al residencial. Los umbrales de valores catastrales de aplicación del tipo diferenciado en el apartado 3.2 se concretará una vez la Gerencia del Catastro de Madrid-Provincia remita el Padrón de IBI de Urbana.

Esta norma fue impugnada ante la Sala porque remitía a un momento posterior al de aprobación de la ordenanza la determinación de los umbrales de valor a los que habría de aplicarse el tipo diferenciado, y dio lugar a nuestras sentencias núm. 656/2009, de 7 de mayo (rec. 1323/2008) y 713/2009, de 1 de junio (rec. 1221/2008), que reprodujeron lo declarado en la sentencia núm. 1011/2008, de 8 de julio (rec. 247/2008), relativa a la ordenanza del IBI del Ayuntamiento de Madrid para 2005. En aquellas sentencias, respondiendo a los argumentos deducidos por la parte recurrente, no se consideró contrario al ordenamiento jurídico la especificación en los primeros meses del siguiente año de qué concretos inmuebles se encontraban comprendidos en ese 10%, de acuerdo con el padrón catastral actualizado que debe remitir en la Gerencia del Catastro entre enero y febrero. En esas sentencias decíamos:

La necesidad de fijar ese umbral de valor antes de conocer el padrón catastral determina, a juicio de la recurrente, la imposibilidad práctica de aplicar la norma, ya que el padrón se cierra actualizado el primer día de cada año y la fijación del umbral ha de ser anterior. Así ocurrió en este caso, en que la Ordenanza se aprobó el 23 de diciembre de 2004 y el padrón se cerró el 1 de enero de 2005. La fijación del umbral con anterioridad a disponer de los datos catastrales vigentes impide conocer si ha sido superado o no el límite constituido por el 10 por ciento de los inmuebles. Manifiesta también la entidad apelante que la determinación de la cuota en función del uso del inmueble desnaturaliza un impuesto como el IBI de carácter real.

Sin embargo, la posible descoordinación originada por las fechas en que deben ser emitidos los referidos actos no es susceptible de provocar tan grave consecuencia como la que aventura la impugnante. En primer término, las entidades locales pueden soslayar perfectamente estos problemas con una aplicación prudente de su facultad estableciendo el umbral de valores en cuantía tal que se asegure que no rebasará el porcentaje, y, en todo caso, mediante los oportunos estudios prospectivos, de fácil alcance con los actuales medios informáticos. Por otro lado, los posibles errores son susceptibles de corregirse por múltiples vías con pleno respeto a los derechos de los contribuyentes, como pone de manifiesto la Sentencia recurrida en su octavo fundamento de Derecho, el cual debe darse por reproducido.

En particular sobre la ordenanza de Fuenlabrada:

Se alegaba por la mercantil ahora apelada que el Ayuntamiento se había conducido con arbitrariedad por haber omitido cualquier motivación en la introducción de los umbrales de valor catastral a partir de los cuales resultaría exigible el tipo incrementado, planteando como hipótesis que se haya podido rebasar el límite legal del 10%, considerando arbitraria la fijación de umbrales distintos y con vulneración del art. 72.4 TRLRHL al establecerse los umbrales en un acuerdo municipal posterior y no en la propia Ordenanza, como exige dicho precepto legal.

Y ninguno de estos argumentos puede ser acogido por esta Sala ya que el sistema adoptado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada proporciona, precisamente, mayor seguridad jurídica al establecer en el art. 3 de la Ordenanza los criterios generales de la aplicación del tipo diferenciado al 10% de los inmuebles con mayor valor catastral y uso distinto al residencial, remitiéndose luego, para la concreción de los umbrales, a un Acuerdo municipal posterior que se publica una vez que la Gerencia del Catastro remite el Padrón de IBI, con lo cual, la fijación del umbral para que el tipo diferenciado afecte sólo al máximo legal del 10% de los inmuebles con mayor valor catastral de dichos usos se puede realizar con mayor precisión, debiendo entenderse que la Ordenanza se integra con el citado acuerdo municipal posterior que es debidamente publicado. Así pues, la utilización de este sistema de integración de la Ordenanza con el citado acuerdo municipal posterior garantiza que en la fijación de los concretos umbrales no se superan los límites legalmente establecidos, precisamente, porque se tienen en cuenta los datos reales del Padrón de IBI, sin que, por tanto, pueda formularse ningún reproche formal ni sustantivo a la Ordenanza así integrada.

2.- Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 27 de diciembre de 2010 fue aprobada una nueva Ordenanza fiscal del mismo impuesto (BOCM 311 de 30 de diciembre de 2010). Su art. 8.3 establecía el tipo de gravamen diferenciado y relacionaba los umbrales que corresponden a los distintos usos, pero agregaba:

Dichos umbrales tiene el carácter de provisional, quedando definitivamente fijados con ocasión de la aprobación del Padrón del impuesto en cada anualidad.

El tipo de gravamen diferenciado sólo podrá aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles de naturaleza urbana del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral.

Esta redacción fue anulada por la Sala en distintas sentencias (275/2019, de 6 de mayo, rec. 375/2018; 341/2019, de 30 de mayo, rec. 710/2018; 408/2019, de 27 de junio, rec. 301/2018; 413/2019, de 2 de julio, rec. 493/2018; 666/2019, de 15 de noviembre, rec. 746/2018; 777/2019, de 23 de diciembre, rec. 661/2018; 15/2020, de 13 de enero, rec. 1027/2018; 104/2020, de 10 de febrero, rec. 1267/2019, y 127/2020, de 19 de febrero, rec. 1540/2019). El fundamento de la nulidad consistía en que el texto de la norma habilitaba al órgano administrativo que debía elaborar el padrón del impuesto (la OTAF) para decidir por sí mismo, dentro del intervalo comprendido entre el cero y el 10%, el porcentaje de contribuyentes que han de soportar la mayor carga fiscal, otorgándole, con ello, potestades normativas de las que carece.

3.- En sesión plenaria de 19 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento aprobó la nueva modificación del art. 8 de la Ordenanza (BOCM 304, de 22 de diciembre de 2017). El artículo fijó en su número 4 los umbrales de valor de cada uso que estarían sometidos al tipo diferenciado, e incorporó este párrafo:

En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por 100 de los bienes inmuebles del término municipal que, para cada uso, tengan mayor valor catastral. A tal fin, los valores a los que se apliquen tipos diferenciados según los usos, quedarán definitivamente fijados con ocasión de la aprobación del padrón del impuesto en cada anualidad.

La modificación de la ordenanza fue anulada en sentencias 176/2021, de 21 de abril (rec. 128/2021), y 232, 238, 240, 242, 249, 254 y 257/2021, de 18 de mayo (rec. 1228/2020, 181/2021, 129/2021, 51/2021, 127/2021, 1162/2020 y 346/2021), 228/2022, de 5 de abril (rec. 1009/2021), entre otras, por persistir en el indicado defecto. La fundamentación fue la siguiente:

[N]uevamente se delega a un momento posterior el establecimiento de los umbrales e incluso la determinación del porcentaje de cada uso al que deben aplicarse, previsiones normativas que quedan excluidas del preceptivo acuerdo plenario y son conferidas a un órgano técnico de la Administración municipal. En realidad, la limitación del 10% de inmuebles afectados no es necesario establecerla en la ordenanza, pues la impone el TRLHL. Su inclusión en la ordenanza es, por ello, inocua. Lo que ocurre es que la conjunción de la disposición relativa a que los umbrales han de concretarse con posterioridad y la expresa advertencia de que no deben superar el 10% permite interpretar que, a la hora de elaborar el padrón del IBI, la oficina técnica puede moverse con libertad dentro de ese porcentaje, lo que desde luego es opuesto a la ley.

Debe observarse que no estamos ante la eventualidad de que, a causa de que el valor catastral no es conocido sino ya iniciado el curso del ejercicio impositivo, resulten inaplicables en la práctica los umbrales de la ordenanza porque el número de inmuebles afectados rebase el máximo del 10%. En tal caso no cabe duda de que el órgano tributario municipal se verá obligado a inaplicar el tipo diferenciado aun cuando se trate de inmuebles cuyo valor supere el umbral concretado en la ordenanza fiscal, dado que en otro caso se vulneraría el art. 72.4 TRLHL. Para realizar esta operación con toda evidencia deben recalcularse de alguna manera los umbrales en función de las más recientes valoraciones del catastro, siempre y cuando el Ayuntamiento pretenda alcanzar ese máximo del 10% de inmuebles con IBI diferenciado. Pero otra cosa es que al amparo de esta actividad se otorguen unas competencias que, a tenor de la propia redacción de la norma, otorgan libertad a la oficina recaudadora para fijar los umbrales y el porcentaje de inmuebles sujetos al tipo agravado.

4.- Por último, aquel párrafo ha sido modificado por el acuerdo de 20 de diciembre de 2019 (BOCM 306 de 26 de diciembre de 2019), pasando a tener la redacción objeto de este recurso indirecto:

En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado se aplicarán en el marco de lo preceptuado en el artículo 72.4, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales".

El uso atribuido a cada inmueble será el que asigne la Dirección General del Catastro y que se incluye en el padrón que anualmente remite al Ayuntamiento de Fuenlabrada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

CUARTO.- Basta con comparar las modificaciones del precepto para advertir que el actual posee una diferencia sustancial que evita el riesgo que arrastró la nulidad de las dos anteriores.

En primer lugar, el art. 8.4 dice ahora: "En todo caso, los tipos de gravamen diferenciados a que se refiere este apartado se aplicarán en el marco de lo preceptuado en el artículo 72.4, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 2/2004". Por tanto, es imposible que aquel vulnere un artículo al que expresamente se remite.

Segundo; los reproches que formula la recurrente recaen en realidad contra el art. 72.4 TRLHL. Este obliga al Ayuntamiento a establecer unos umbrales de valor de los inmuebles antes de conocer los valores actualizados, dado que la aprobación de la norma fiscal ha de preceder, obviamente, al devengo del impuesto e inicio del periodo impositivo del IBI, que coincide con el año natural (art. 75.1 y 2 TRLHL), y la comunicación al Ayuntamiento de los valores mediante el padrón catastral anual se produce una vez comenzado el año (art. 77.5). Esto posibilita que, en trance de practicar las liquidaciones y aplicar el tipo diferenciado a la luz de los nuevos valores facilitados por el Catastro, resulte que los inmuebles que rebasan el umbral sean más de ese 10%. Pero esta eventualidad no puede conducir a la inaplicación de un precepto con rango de ley ni a la nulidad de las ordenanzas que lo desarrollan. La Sala, en todo caso, solo dispone de la facultad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero en las mencionadas sentencias de esta Sección 1011/2008, 656/2009 y 713/2009 resolvió a favor de la constitucionalidad de la norma, como así hizo el Tribunal Constitucional en el auto 123/2009, de 28 de abril, inadmitiendo la cuestión formulada por un Juzgado de lo Contencioso de esta capital.

Tercero; precisamente en dicha cuestión de inconstitucionalidad fue suscitado el problema que late en el planteamiento de la recurrente. El ATC lo expuso del siguiente modo:

Entiende el órgano judicial, en último lugar, que la aplicación del sistema de tipos diferenciados, en la medida que no puede tomarse sobre valores catastrales reales, permite una actuación arbitraria de los Ayuntamientos contraria al art. 9.3 CE , al actualizarse los valores catastrales todos los años mediante la aplicación del porcentaje fijado en la Ley de presupuestos generales del Estado que se publica a finales de diciembre, siendo de todo punto imposible que las ordenanzas puedan tomar en consideración los valores actualizados de cara a fijar el umbral de aplicación de los tipos incrementados. Además -añade- podría suceder que determinados valores que en un ejercicio no superaban el umbral máximo para la aplicación de los tipos incrementados llegasen a superarlo como consecuencia de la actualización, aplicándose esos tipos incrementados a inmuebles que en el momento de elaboración de la ordenanza no habían sido tomados en consideración.

A lo que respondió:

Este Tribunal ha reiterado, en lo que se refiere al principio de interdicción de la arbitrariedad del legislador ( art. 9.3 CE ), que la calificación de "arbitraria" dada a una Ley exige una cierta prudencia, toda vez que es la "expresión de la voluntad popular", por lo que su control de constitucionalidad debe ejercerse sin imponer constricciones indebidas al Poder Legislativo y respetando sus opciones políticas, centrándose "en verificar si el precepto cuestionado establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias" ( STC 45/2007, de 1 de marzo , FJ 4). Pues bien, hemos comprobado cómo la norma tiene una finalidad legítima y razonable, no establece discriminación de ningún tipo y las medidas adoptadas no son desproporcionadas, por lo que ahí debe de terminar nuestro análisis. En cualquier caso, además, una eventual actuación arbitraria de la Administración local en modo alguno convierte a la norma legal en arbitraria, siendo función de los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo controlar dicha actuación. Tampoco una eventual superación del umbral del valor que provoque una tributación agravada como consecuencia de la actualización de valores convertiría a la norma legal en arbitraria, pues esa actualización no es sino una consecuencia necesaria del paso del tiempo y, podemos decir también, el fruto de la exigencia constitucional de contribuir a los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada cual.

Cuarto; el art. 8.4 de la ordenanza de Fuenlabrada, con la remisión al TRLHL, determina la restricción de las funciones del órgano gestor a la mera aplicación de la norma, por lo que priva a la OTAF de toda hipotética potestad normativa sobre el porcentaje de inmuebles gravados. Al prever el artículo que el tipo diferenciado recaiga sobre los inmuebles cuyo valor exceda el umbral pero siempre que de este modo no se sobrepase el 10% de bienes de cada uso, la intervención de la Gerencia de la Oficina es puramente mecánica y se reduce a comprobar si el número de inmuebles que superan el umbral rebasa ese porcentaje y, si es así, no cargar con la agravación a los que dentro de aquellos tienen menor valor. Con esta operación no se sustituyen los umbrales de valor de los usos, sino que se evita aplicar el tipo diferenciado si se advierte que se supera el límite que establece la ley.

Y, quinto, el criterio de la sentencia apelada ya lo adelantaba esta Sala en muchas sentencias sobre la ordenanza, cuando indicaba que la reforma del año 2019 había salvado el vicio de nulidad que apreciábamos en las dos modificaciones anteriores ( sentencias 176/2021, de 21 de abril, rec. 128/2021; 240/2021, de 18 de mayo, rec. 1162/2020; 254/2021, de 18 de mayo, rec. 129/2021; 477/2021, de 14 de septiembre, rec. 195/2021; 520/2022, de 19 de julio, rec. 218/2022, y otras).

En definitiva, conforme al nuevo art. 8.4 de la ordenanza fiscal queda conjurado el riesgo que provocaban las anteriores versiones. Ahora la OTAF, cuando reciba el padrón del impuesto, debe limitarse a calcular si para cada uso el umbral de valor supera el 10% de inmuebles y en caso positivo solo aplicar el tipo diferenciado al 10% de inmuebles de mayor valor, tarea a la que con toda probabilidad también se limitaba antes su función aunque al amparo de unas normas que, literalmente interpretadas, hubieran permitido alterar dicho porcentaje.

QUINTO.- Con el examen de la legalidad de la ordenanza cesa la competencia de este Tribunal en el actual recurso, pues carece de ella, por razón de la cuantía, para las cuestiones que interesan exclusivamente a la liquidación directamente recurrida ( art. 81.1 LJCA).

Debemos añadir que la congruencia de las sentencias no exige una minuciosa o exhaustiva respuesta del órgano judicial a todas y cada una de las alegaciones o argumentos que utilizan las partes, hasta agotarlas, sino una motivación razonable, coherente con las pretensiones deducidas, y de la que pueda desprenderse cuál es el criterio del juzgador y que este no es arbitrario, sino fruto de una concreta interpretación y aplicación del Derecho.

En este caso es notorio que se dan estas condiciones en la sentencia del Juzgado, en particular considerando que gran parte de las ideas de que se vale la recurrente para atacar la ordenanza fiscal son más propias de la impugnación de sus precedentes redacciones y en su argumentación late en definitiva una disconformidad con el precepto legal que la norma municipal desarrolla.

SEXTO.- La desestimación de la apelación conlleva la imposición de costas a la parte recurrente ( art. 139.2 LJCA).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.