Sentencia Militar Nº 34/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Militar, Sección 1, Rec 65/2021 de 06 de Abril de 2022

Solicitud de revisión de oficio de resolución imponiendo la sanción disciplinaria de resolución de compromiso; falta disciplinaria muy grave consistente en 'consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas de forma reiterada fuera del servicio', prevista en el art. 8.8 de la L.O. 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Acto administrativo nulo; no concurre ni es de apreciar ninguna de las causas de nulidad del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que resulta conforme a Derecho la resolución ministerial recurrida que acordó inadmitir la solicitud de revisión sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado en aplicación, suficientemente motivada, del art. 106.3 de la citada Ley 39/2015. Indefensión; el derecho a la utilización de los medios de prueba en el procedimiento disciplinario no es ilimitado; pertinencia y necesidad -indispensabilidad- de la prueba; la Administración o el órgano judicial han de decidir motivadamente sobre la pertinencia y necesariedad de la prueba, rechazando, motivada y convincentemente, la que resulte no pertinente, superflua, inútil o innecesaria, en sí misma considerada y en relación con el conjunto probatorio y al estado del procedimiento; la parte recurrente no ha llegado a acreditar no ya la indispensabilidad de la prueba denegada o no practicada, ni siquiera su necesariedad para la fijación de los hechos con relevancia disciplinaria, no habiendo identificado en qué haya consistido el menoscabo o minoración sustancial que hubiera experimentado por culpa de la actuación administrativa o judicial, en cuanto a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, ni cuáles fueron los hechos relevantes que quiso y no pudo acreditar, de forma que no ha concretado de qué manera se le originó una indefensión material real y efectiva. Vulneración del principio de presunción de inocencia. Infracción de los derechos a la intimidad y a no sufrir trato degradante, conferidos por los arts. 18.1 y 15.1 de la Constitución, en la toma de muestras de orina. Conculcación del principio de legalidad, en su vertiente de tipicidad. Vulneración del principio de individualización de las sanciones. Desestimación del recurso.