Sentencia Penal Nº 100/2011, Audiencia Provincial de Toledo, Sección 2, Rec 82/2011 de 21 de Diciembre de 2011

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  • Orden: Penal
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  • Núm. Sentencia: 100/2011
  • Núm. Recurso: 82/2011
  • Núm. Cendoj: 45168370022011100549
Resumen:
SIMULACIÓN DE DELITO

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

TOLEDO

SENTENCIA: 00100/2011

Rollo Núm. ....................82/11.-

Juzg. Penal Núm. 2 de Toledo.-

Juiciorápido Núm. ..........1116/10.-

SENTENCIA NÚM. 100

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmo. Sr. Presidente:

D. JUAN MANUEL DE LA CRUZ MORA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

En la Ciudad de Toledo, a veintiuno de diciembre de dos mil once.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NO MBRE DEL REY, la siguiente

SENTENCIA

Visto en juicio oral y público el presente recurso de apelación penal, Rollo de la Sección núm. 82 de 2011, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo, en el Procedimiento de Juicio Rápido núm. 208/10 del Juzgado de Instrucción Núm. 3 de Illescas, en el que han actuado, como apelante Rebeca , representado por el Procurador de los Tribunales Sra. Dª Nelida Tardío Sánchez y defendido por la Letrado Sra. Dª. María José Gallego Ruiz.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL CANCER LOMA, que expresa el parecer de la Sección, y son,

Antecedentes

PRIMERO: Por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo, con fecha 16 de agosto de 2011, se dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuya PARTE DISPOSITIVA dice: "Que debo condenar y condeno a Rebeca como autora criminalmente responsable de un delito de simulación de delito, en grado de tentativa, previsto y penado en el art. 457 en relación con el art. 16 del C. Penal , sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros (540 euros en total), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, conforme a lo dispuesto en el art. 53.1 del Código y al pago de las costas procesales causadas."

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por Rebeca , dentro del término establecido, se interpuso recurso de apelación, invocando como motivos de impugnación error en la apreciación de la prueba, y solicitando que se dictara nueva sentencia por la que se absuelva a la recurrente, y recurso del que se dio traslado a las demás partes intervinientes, no habiéndose presentado escrito alguno; y formalizado el recurso se remitieron los autos a esta Audiencia, donde personadas las partes, se formó el oportuno rollo y nombrado Magistrado-Ponente, quedaron vistos para deliberación y resolución.

SE CONFIRMAN Y RATIFICAN los hechos probados, fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, en cuanto se entienden ajustados a derecho, por lo que, en definitiva, son

Hechos

Se declara probado que sobre las 9:23 horas del día 17 de septiembre de 2010, la acusada, Rebeca se personó en la dependencias oficiales de la Guardia Civil de Illescas denunciando que sobre las 23:30 horas del día 16 de septiembre de 2010, autores desconocidos le habían sustraído su vehículo marca Renault Scenic con placa de matricula ....YYY , no obstante ser conocedora de que tales hechos no eran ciertos, levantándose al efecto atestado núm. NUM000 , si bien tras las pesquisas realizadas por los Agentes, comprobado que la acusada había sido vista utilizando su vehículo sobre la 01:00 horas del día 17 de septiembre, se paralizó la instrucción de la denuncia no llegándose a realizar actividad procesal alguna.

Fundamentos

PRIMERO: Se esgrime, como motivo de impugnación, por la representación de Dª. Rebeca , la concurrencia de error en la valoración de la prueba en relación con la conducta que determinó su condena por un delito de simulación de delito, e implícitamente la vulneración del principio de presunción de inocencia que consagra el artículo 24.2 de la Constitución , afirmando que se castiga a su representada en base a un simple indicio, consistente en haber sido reconocida por un vecino como la persona que sobre las 01:00 horas del día 17 de septiembre de 2010 se bajó de su vehículo e intento sustraer una silla de la terraza de su domicilio. Comenzando por éste último extremo, conviene recordar que, entendida la prueba en el proceso penal como la actividad de las partes encaminada a demostrar la veracidad de las afirmaciones fácticas alegadas y el convencimiento psicológico del Tribunal producida a través del juego de los principios de oralidad, inmediación, contradicción, igualdad y defensa, como tal actividad procesal se caracteriza por ser reglada, de manera que solo será eficaz en la medida en que su obtención, proposición, admisión, producción y valoración se acomode a la regulación establecida por el legislador con todas las garantías que, en definitiva, representan inocencia. Desde este punto de vista puede afirmarse -y esta representa doctrina consolidada emanada por el T.C. desde su sentencia de 31/1.981 de 28 de Julio - que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas, que como regla general vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia, las practicadas en el juicio oral con pleno sometimiento a los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción inherentes al sistema acusatorio, de suerte que la convicción del órgano jurisdiccional sobre la certeza de los hechos enjuiciados se alcance por el contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes. De la anterior regla general tan solo cabe exceptuar los supuestos de prueba preconstituida y anticipada, las cuales, no obstante formar parte de la actividad probatoria, no se producen durante el juicio oral y por ello, la aplicabilidad de los principios de oralidad, inmediación y contradicción no es tan estricta o rigurosa como en la práctica de los actos de prueba en el plenario.

Por otro lado, el derecho constitucional a la presunción de inocencia ( art. 24.2 de la Constitución Española ) no se opone a que la convicción judicial de culpabilidad en el proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, indirecta o circunstancial, ya que no siempre cabe acudir a una prueba directa, cuya exigencia absoluta podría conducir a una generalizada impunidad y a una grave indefensión social ( SS.TC. 17 diciembre 1985 , 22 diciembre 1986 , 1 octubre 1987 , 1 diciembre 1988 , 18 junio 1990 , 21 diciembre 1993 y 11 febrero 1997 ; y TS. 28 mayo 1986 , 22 abril 1987 , 5 febrero 1988 , 16 marzo 1992 , 4 octubre 1994 , 18 abril 1995 , 21 mayo 1996 y 28 noviembre 1997 ).

Además de la necesaria motivación valorativa de la prueba en la sentencia, los Tribunales de instancia deben proceder con cautela y mesura a la hora de fundamentar el juicio de culpabilidad en simples indicios, ( S.TC. 1 octubre 1987 ). También habrá que distinguir los verdaderos indicios, de las meras hipótesis, conjeturas, o sospechas ( SS.TC. 22 diciembre 1986 y 24 octubre 1999 ), entendiendo por aquéllos los que permiten establecer una conexión entre el hecho acreditado y el que se trata de probar que sea lógica, directa, completa e inequívoca para formar un juicio de certeza sobre la culpabilidad o autoría, alejado de toda duda razonable acerca de la inocencia del reo y por encima de lo que puedan ser meras sospechas, apoyadas en puras apariencias vinculadas a datos equívocos y subjetivos.

En este sentido, y de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, podemos señalar, como requisitos que debe reunir la prueba indiciaria para tener una eficacia enervadora de la presunción de inocencia, los siguientes: 1º.- Los hechos integrantes de los indicios han de estar suficientemente demostrados en la causa a través de una prueba legítima, practicada con todas las garantías procesales, y directa, descartando las simples hipótesis o probabilidades; 2º.- El indicio no puede ser aislado sino plural, debiendo darse en concurso con otros, radicando en la relación o afinidad significativa existente entre ellos su fuerza probatoria; 3º.- Entre los hechos que sirven de base a la prueba indiciaria debe existir, pues, conexión o armonía relevante, a fin de que la convicción del Juzgador se forme carente de toda duda razonable; 4º.- Tales datos o elementos indiciarios han de guardar una relación directa y material con la acción delictiva y el sujeto; y 5º.- Debe explicitarse por el Juzgador el razonamiento lógico o deductivo en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, se llega a una conclusión de culpabilidad (en parecido sentido se pronuncian las SS.TS. 14 octubre 1986 , 22 octubre 1987 , 3 marzo 1988 , 22 diciembre 1989 , 3 abril 1990 , 11 septiembre 1991 , 24 enero 1994 y 23 mayo 1997 ). También la jurisprudencia constitucional ha insistido en la necesidad: de que los indicios sean consistentes y plurales; de acreditar bien los hechos base; y de motivar o explicitar el razonamiento del correlato existente entre los indicios y la consecuencia de culpabilidad ( SS.TC. 18 junio 1990 y 14 octubre 1997 , entre otras)".

Traída la doctrina expuesta en los párrafos precedentes al supuesto de autos, en el que -como apuntamos previamente- por la representación de la acusada invoca tanto la concurrencia de error en la apreciación de la prueba como la infracción del principio de presunción de inocencia aduciendo la inexistencia de prueba de cargo suficiente para enervar la misma, cabe concluir -en sentido opuesto al postulado por la recurrente- que el pronunciamiento de condena dictado encuentra apoyo suficiente en prueba indiciaria legítima adquirida y plural, de la que se deriva una conexión lógica con la acción delictiva cuya comisión se imputa.

Por ello, partiendo siempre de una actividad probatoria mínima practicada con las garantías legalmente exigidas, susceptible por ello de enervar la presunción de inocencia que ampara a todo acusado, nada impide que el Juzgador de instancia pueda, por medio de la inmediación, evaluar la credibilidad de quienes ante él declaran y formar su convicción en conciencia según el resultado de la confrontación de las declaraciones, otorgando valor superior a la versión de los hechos que trasluce mayor verosimilitud y concordancia lógica con los restantes elementos objetivos de prueba, recordando, -como declara el Tribunal Supremo- que en el trance que nos ocupa "el Juzgador de instancia goza de la facultad que le atribuye el art. 741 de la L.E.Crim . para valorar la prueba y formar la convicción sobre la realidad de los hechos en las declaraciones que le merezcan más verosimilitud, siendo especialmente útil a estos efectos la inmediación con la que observa y escucha a los testigos en sus explicaciones para valorar su credibilidad en uno u otro sentido" SS.TS. 20/12/1999 .

De ahí que el uso que ha hecho el Juez de esa facultad (reconocida en el art. 741 de la L.E.Crim .) es plenamente compatible con los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, sin que la Sala aprecie, por otro lado, la concurrencia de error en la apreciación del resultado que atribuye a los elementos de prueba sometidos a su consideración, siendo idóneos para formar la convicción de aquél, al igual que la de este Tribunal -exenta de toda duda- y para fundamentar un pronunciamiento de condena por este delito.

Lo expuesto nos lleva nuevamente a la desestimación de dicho motivo de impugnación y a la confirmación de la resolución impugnada por sus propios fundamentos de hecho y de derecho que hacemos propios y damos aquí por reproducidos en aras a la brevedad.

SEGUNDO: La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada en aplicación analógica del art. 901 de la L.E.Crim .

Fallo

DESESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación procesal de Dª Rebeca , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Núm. 2 de Toledo con fecha 16 de agosto de 2011, en el Juicio Oral núm. 116/2010 , del que dimana este rollo, imponiendo las costas procesales causadas en esta segunda instancia al recurrente.

Publíquese esta resolución en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que no cabe recurso contra ella; y con testimonio de la resolución, remítase al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. RAFAEL CANCER LOMA. Doy fe.-

Prueba de indicios
Presunción de inocencia
Error en la valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Simulación de delitos
Prueba en el proceso penal
Prueba preconstituída
Indefensión
Fuerza probatoria
Indicio probado
Inexistencia de prueba de cargo
Valoración de la prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva