Sentencia Penal Nº 112/2010, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 2, Rec 1011/2009 de 25 de Febrero de 2010

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECCIÓN SEGUNDA

Rollo de apelación nº 1011/09

J. Oral núm.: 495/06 del Juzgado Penal 3 Tarragona

S E N T E N C I A NÚM.

Tribunal.

Magistrados,

D. José Manuel Sánchez Siscart (Presidente)

D. Ángel Martínez Sáez

Dª Samantha Romero Adán

En Tarragona, a 25 de Febrero de 2.010

Visto ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por Pilar , representada por la Procuradora Sra. Mª Jesús Muñoz Pérez y defendida por la Letrada Sra. Sandra Biarnés Pasanau, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Tarragona, con fecha 02 de enero de 2.008, en Procedimiento Abreviado nº 60/06 seguido por delito de Estafa, en el que figura como acusada Pilar y siendo parte como acusación particular Belinda y el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Magistrado D. Ángel Martínez Sáez

Antecedentes

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

Primero.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"Ha quedado acreditado que el día 3 de enero de 2003 Pilar compró a Belinda joyas por un precio de 4.064, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, aprovechándose de la relación de confianza existente entre ellas y haciéndola creer que le pagaría la deuda en el momento en que cobrara una herencia. Hasta la fecha no se ha satisfecho el valor de las mismas."

Segundo.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

"CONDENO a Pilar como autora responsable de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 249 del Código Penal , con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal , a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, a que indemnicen a Belinda en cuatro mil sesenta y cuatro euros (4.064) cantidad que se incrementarán conforme al interés legal del artículo 576 LEC y al pago de las costas"

Tercero.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de Pilar , fundamentándolo en los motivos que constan en el escrito articulando el recurso.

Cuarto.- Admitido el recurso y dado traslado por diez días a las demás partes para que presentasen escritos de impugnación o adhesión, el Ministerio Fiscal solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

Hechos

Único.- No se aceptan los declarados probados.

Fundamentos

Primero.- Frente a la sentencia condenatoria dictada en la instancia se alza la recurrente planteando diversas cuestiones:

- Error en la valoración de la prueba practicada en el juicio oral y vulneración del principio de Presunción de inocencia

- Indebida aplicación del artículo 248.1 y 249 del Código Penal .

Alegaciones que son impugnadas por el Ministerio Fiscal.

Las alegaciones realizadas se van a analizar conjuntamente dada la interconexión de los planteamientos de las mismas.

Por el Juzgador a quo llegó a la conclusión factica previamente referida tras el análisis de las pruebas practicadas en el acto de juicio así como las obrantes en autos, y en concreto la declaración de la acusada y de la perjudicada y la documental obrante en las actuaciones.

Queremos destacar , tal como refiere la sentencia combatida, que la propia acusada reconoce haber trabajado previamente junto con la denunciante, así como que le había comprado en otras ocasiones otras joyas, cuyo precio había satisfecho y que las joyas que adquirió en fecha 03/01/03 tenía la intención de pagarlas con el dinero procedente de la herencia de una tía suya que había fallecido pero que con posterioridad decidió no pagarlo porque su hijo había empeñado algunas de estas joyas en la misma tienda de la que inicialmente se las vendió. La acusación particular coincidió sobre la relación personal con la acusada, así como con la intención de pago de Pilar con el dinero procedente de la herencia.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de Enero de 2005 en la que expresamente remite al ATS 19-6-2003 ha señalado que el tipo de estafa consiste en un desplazamiento patrimonial, generalmente de dinero, provocado, con voluntad de la víctima en virtud de una ficción, apariencia, falacia o mendacidad, que vicia su consentimiento, engaño que produce un perjuicio económico, en íntima conexión con él y todo ello presidido por un ánimo de lucro o de enriquecimiento en el sujeto activo.

Sin embargo, la proximidad de determinadas estafas a supuestos de ilícitos civiles, ha provocado la necesidad de distinguir los ilícitos de una y otra clase de modo que se establece como elemento definitorio del ilícito penal el conocimiento por parte del sujeto activo desde el mismo momento de la perfección del contrato que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación del valor o cosa recibidos y que se enriquecerá con ellos.

El delito de estafa exige para su apreciación, que exista engaño idóneo para producir error en el sujeto pasivo; disposición patrimonial del sujeto pasivo basada en el error padecido; perjuicio procedente de la disposición patrimonial y ánimo de lucro. Así, del análisis pormenorizado de cada uno de ellos resulta que se deberían de dar los siguientes elementos:

- El engaño precedente o concurrente

- Que ese engaño sea bastante, suficiente o proporcional para la efectiva consumación del fin propuesto

- La producción del error esencial en el sujeto pasivo

- El acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente

- El ánimo de lucro,

- La relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente en la estafa el dolo sobrevenido a la celebración del negocio.

Por lo que respecta al engaño típico el Tribunal Supremo entre otras, SSTS 18.6.2003; 1285/1998, 1081/2000, 2017/2001 y 441/2004 y 10.3.2006 ha dispuesto que no cualquier engaño, aún asociado a los restantes elementos típicos del art. 248,1 CP , constituye delito, exigiéndose que el engaño sea "bastante" lo que obliga a ponderar la suficiencia de la simulación de verdad para inducir a error, a tenor del uso social vigente en el campo de actividad en el que aconteció la conducta objeto de examen y considerando la personalidad del que se dice engañado, a través de un juicio normativo-abstracto y ex ante, sobre las particularidades concretas de la acción, según resulte de la reconstrucción probatoria, y, en particular, sobre su aptitud potencial, en términos de experiencia corriente, como instrumento defraudatorio frente al afectado.

De lo anterior se desprende que se exige un engaño de calidad, escenificado de forma que sustraerse a él, en las condiciones dadas, presentase cierto grado de dificultad, única circunstancia que justifica la intervención del Estado en la protección del bien jurídico en riesgo, que no se dará en el caso del afectado por una acción fraudulenta frente a la que él mismo habría podido prevenirse con facilidad, con sólo hacer uso de conocimientos y recursos de los que disponía.

Del resultado de la actividad probatoria desplegada en el acto de juicio se infiere a través de la declaración de la perjudicada, declaración de la denunciada, documental relativa a la entrega de las joyas la existencia de un contrato entre perjudicada y denunciada mediante el cual la denunciada debía de abonar al cobro de una herencia el importe de las joyas adquiridas , predisposición al pago que tuvo desde un inicio tal como acusada y denunciante han manifestado, si bien el pago se truncó por voluntad de la acusada cuando tiene conocimiento que parte de las joyas su hijo las ha empeñado en la misma tienda, momento éste en el cual decide que no pagará el importe de las joyas a pesar de tener ya perfeccionado un negocio jurídico que supuso que la denunciante realizó un acto de disposición patrimonial consistente en la entrega de joyas por un valor de 4.064 euros dinero y la acusada dispuso de las mismas sin abonarlas.

Hay que recordar que la criminalización de los negocios civiles se produce cuando el propósito defraudatorio surge antes o en el momento de celebrar el contrato y es capaz de mover por ello la voluntad de la otra parte, mientras que el dolo en el cumplimiento de las obligaciones o dolo subsiguiente (art-1102 CC ) difícilmente podrá ser vehículo de crimilinalización STS 17 de septiembre de 1999, de 24 de septiembre de 2001 , etc.

En el presente supuesto la voluntad de no abono de las joyas ha sido a posteriori por lo que se considera que las actuaciones se tienen que dirimir en la vía civil por lo que procede la absolución de la acusada con reserva de acciones civiles para la denunciante.

Segundo.- Se declaran las costas de oficio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de Pilar absolviendo a la misma penalmente de todos los hechos de los que fue acusada y consecuentemente REVOCANDO la sentencia de fecha 02 de enero de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Tarragona, en el Juicio Oral 495/06 , y con reserva de acciones civiles a la parte denunciante. Se declaran las costas de oficio.

Esta es nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, que pronunciamos, mandamos y firmamos.

Práctica de la prueba
Estafa
Ánimo de lucro
Sentencia de condena
Voluntad
Dolo
Error en la valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Perjuicio económico
Perjuicios económicos
Acto de disposición
Contraprestación
Delito de estafa
Relación de causalidad
Negocio jurídico