Sentencia Penal Nº 115, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 73 de 25 de Septiembre de 2000

La prescripción es una institución de derecho material que exige su apreciación incluso de oficio. Tiene la prescripción naturaleza sustantiva y no meramente procesal y produce la extinción de la responsabilidad criminal por la sola inexistencia de trámites procesales sin ninguna otra exigencia de carácter procedimental. Ahora bien, conforme señala el articulo 132.2 del Código Penal (artículo 114 del precedente Código Penal) el plazo de la prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el plazo transcurrido, desde que se dirigió el procedimiento contra el culpable, pero, a su vez, comenzando a correr de nuevo el plazo desde que el procedimiento se paralice o se termine sin condena, y tal criterio se complementa con el establecido jurisprudencialmente de que solo los actos procesales de contenido material producen la interrupción del plazo de prescripción, pero no las diligencias inocuas y sin contenido sustancial que no pueden entenderse como interruptoras por no constituir verdaderos actos de procedimiento.  La supuesta justificación de la carga que laboral del Juzgado, al parecer superior a la que este era capaz de tramitar, podrá ser esgrimida a efectos de evaluar la conculcación del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. Pero si el estado no cumple su obligación perscutoria en los plazos legales de prescripción, el motivo es irrelevante porque el legislador no ha querido excepcionar el alcance de la paralización procedimental en el precepto citado. Se estima el recurso.