Sentencia Penal Nº 12/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 1, Rec 417/2009 de 14 de Enero de 2010

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  • Núm. Cendoj: 28079370012010100047

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

MADRID

SENTENCIA: 00012/2010

Rollo número 417/2009

Procedimiento Abreviado número 590/2008

Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN PRIMERA

MAGISTRADOS

limos Señores:

Don Alejandro Ma Benito López

(Presidente)

Doña Araceli Perdices López

Don Luís Carlos Pelluz Robles

SENTENCIA N°12/10

En Madrid, a 14 de enero de 2010

La Sección Primera de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Magistrados mas arriba indicados, ha visto los presentes autos seguidos con el número 417/2009 de rollo de Sala, correspondientes al procedimiento abreviado número 590/2009 del Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid, por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, en el que ha sido parte como apelante 'D. Juan Antonio y como apelado el Ministerio Fiscal actuando como ponente la lima. Sra. Da Araceli Perdices López, que expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la lima. Sr. Magistrado-Juez del indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el día 22 de octubre de 2009 , con el siguiente fallo:

"Que debo condenar y condeno a Juan Antonio , como autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, a la pena de siete meses de prisión y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y siete meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con arresto sustitutorio en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuota impagadas de multa, con imposición de las costas procesales y que indemnice a la entidad Metro de Madrid, en la cantidad de 40,45 euros más intereses legales."

SEGUNDO.- Notificada la sentencia, interpuso contra ella recurso de apelación D. Juan Antonio , que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado al Ministerio Fiscal que lo impugnó, remitiéndose seguidamente las actuaciones a esta Sala para resolver.

Hechos

Se dan por reproducidos los de la sentencia de instancia, que se aceptan en su integridad.

Fundamentos

PRIMERO.- La representación procesal del acusado solicita que con revocación de la sentencia que le condena como autor de un delito de falsificación en documento mercantil, se acuerde su libre absolución, al haberse incurrido en una errónea valoración de la prueba con aplicación indebida de los arts. 392 y 390.2 apartado primero del Código Penal , sosteniéndose que la alteración sobre el cupón de abono mensual era tan burda que pudo ser apreciada a simple vista por los inspectores de Metro de Madrid, por lo que carecía de entidad para engañar a nadie.

La STS 11 de febrero de 2000 viene a recordar que cuando se observa a simple vista la manipulación documental, la hipotética capacidad de engañar es prácticamente nula, ya que la "mutatio veritatis" o alteración de la verdad no existe cuando la misma es tan tosca que es perceptible a simple vista, supuesto en el que carece de entidad suficiente para incidir negativamente sobre el tráfico jurídico, y si no proyecta ningún riesgo, tampoco ningún bien jurídico puede gozar de la protección del ordenamiento penal.

En el caso de autos hemos de señalar que sin perjuicio de que el abono transporte que llevaba el acusado levantara las sospechas de unas personas que como los inspectores de Metro de Madrid están habituados a manejarlos y a detectar posibles irregularidades en los mismos, un examen directo del documento obrante al folio 62 de la causa impide concluir que la manipulación sea tosca ya que tiene una apariencia de legalidad susceptible de engañar al ciudadano medio, tal es así que el primero de los inspectores de Metro de Madrid que declaró en el plenario señaló que a simple vista no se veía que el cupón fuera falso, teniendo que usar la lámpara ultravioleta para constatarlo, mientras que su compañera apuntó que si no se miraba con detenimiento el cupón podía pasar por bueno, y los peritos manifestaron que era una falsificación aceptable, negando que se pudiera calificar como burda, por lo que se debe descartar que nos hallemos ante un supuesto en que la falsificación, por carecer de la entidad suficiente para incidir negativamente sobre el tráfico jurídico, deba quedar al margen de la protección del ordenamiento penal.

Consecuentemente no se ha producido ningún error en la valoración de la prueba, y la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de falsedad documental es correcta, sin que pueda ser de aplicación el principio de intervención mínima para obtener un pronunciamiento absolutorio, por cuanto que como indica la STS 8 julio 2002 , el principio de intervención mínima puede ser postulado en el plano de la política criminal, tratando de orientar al legislador hacia una restricción de las conductas que deben merecer una respuesta penal. .Una vez tipificada una conducta como delito por el legislador democráticamente legitimado, la aplicación judicial del precepto no debe estar inspirada por el principio de intervención mínima sino por el de legalidad, siendo éste el que obliga a castigar los hechos enjuiciados, consistentes en la alteración de un documento mercantil, como delito de falsedad en los términos en que lo han sido en la sentencia de instancia, que debe así ser confirmada.

SEGUNDO.- Tampoco las quejas que se hacen sobre las penas impuestas pueden ser objeto de estimación, ya que se han fijado dentro de la mitad inferior y muy ligeramente por encima del mínimo legal.

Y por lo que atañe a la cuota de multa, el art. 50.4° del Código Penal dispone que tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos, señalando su número 5° que los Tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas diarias "teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo". Como apunta la Jurisprudencia (STS de 12 de febrero, y de 11 de julio de 2001 ), ello no significa que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.

La sentencia ha fijado una cuota de seis euros diarios, muy próxima al mínimo legal de dos euros y que según una reiterada Jurisprudencia debe quedar reservada para casos extremos de indigencia o miseria (STS 11 de julio de 2001, 31 de octubre de 2005, 19 de enero de 2007 ), teniendo señalado la STS de 30 de enero de 2007 que cuando no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo. Dado que se viene considerando asimismo que la cuota de seis euros es "propia de las situaciones de insolvencia" (STS de 20 de noviembre de 2000 ), no cabe sino concluir que la cuota impuesta al apelante resulta ajustada y debe ser mantenida en esta alzada.

TERCERO.- Pese a desestimarse el recurso, las costas de esta alzada se declaran de oficio.

Por todo lo expuesto:

Fallo

Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Juan Antonio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n° 13 de Madrid con fecha de 22 de octubre de 2009 , en el Procedimiento Abreviado 590/2008, que en consecuencia se confirma.

Se declaran del oficio las costas de esta alzada.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Documento mercantil
Intervención mínima
Representación procesal
Valoración de la prueba
Error en la valoración de la prueba
Calificación de los hechos
Delito de falsedad documental
Delitos de falsedades