Sentencia Penal Nº 14/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7, Rec 236/2011 de 03 de Enero de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Enero de 2012
  • Tribunal: AP - Barcelona
  • Ponente: Rueda Soriano, Yolanda
  • Núm. Sentencia: 14/2012
  • Núm. Recurso: 236/2011
  • Núm. Cendoj: 08019370072012100389

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN SÉPTIMA

Rollo de Apelación APFAL 236/11-J

Procedimiento de Juicio de Faltas 1005/10

Juzgado de Instrucción núm. 2 de Badalona

SENTENCIA

En la ciudad de Barcelona, a 3 de enero de 2012.

En nombre de S.M. el Rey de España, visto en esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona constituida en Tribunal unipersonal por la Ilma. Sra. Magistrada Dª Yolanda Rueda Soriano, y en grado de apelación, el Juicio de Faltas núm. 1005/10, Rollo de Apelación núm. 236/11-J, seguido por una falta de injurias y daños, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Badalona, en el que han sido partes, en calidad de apelante Dª Elisenda y en calidad de apelados D. Gaspar y el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO: En fecha 22 de febrero de 2011 y por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Badalona se dictó sentencia en el Procedimiento de Juicio de Faltas núm. 1005/10 que contiene el siguiente fallo: "Que debo condenar y condeno a Elisenda , como autora de:

- una falta de injurias, a la pena de 10 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con un total de 50 euros; que deberá hacer efectivo de una sola vez dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento de pago, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas; y al pago de las costas procesales.

- una falta de daños, a la pena de 10 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con un total de 50 euros; que deberá hacer efectivo de una sola vez dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento de pago, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas; así como a indemnizar al denunciante y perjudicado Gaspar , en la cantidad de 221,95 euros por los daños causados; más el interés legal incrementado en dos puntos a contar desde el requerimiento de pago; y al pago de las costas procesales.

SEGUNDO: Apelada que fue la sentencia por Dª. Elisenda y previos los trámites legales, se remitieron los autos a la Audiencia Provincial de Barcelona, teniendo entrada en esta Sección el día 23 de diciembre de 2011.

TERCERO: Se aceptan y se dan por reproducidos los Antecedentes de Hecho y los Hechos Probados de la sentencia apelada.

Fundamentos

PRIMERO: Se aceptan y dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO: La parte apelante alega error en la valoración de la prueba, y sostiene, en primer lugar y respecto de las injurias, que no es cierto que insultara y gritara al Sr. Gaspar y que de haberlo hecho hubieran sido oídos por los vecinos, no siendo así. Por último y respecto de los daños, alega que no es cierto que tirara la moto de forma intencionada y que solamente le dio con el brazo al pasar por el paso peatonal porque la moto obstruye dicho paso y de hecho ya se han dado varios avisos al respecto al administrador. Finalmente, considera que el testimonio prestado por la Sra. María Milagros no es cierto ya que es imposible que escuchara ruidos en el parquin por su localización subterránea.

TERCERO: La apreciación y valoración de la prueba quedan sometidas a la libre y razonada valoración del juez de instancia a quien exclusivamente compete tal función al recibir personalmente los testimonios, observar las actitudes y respuestas de los testigos y partes, apreciar la fiabilidad y credibilidad que le merecen, adquiriendo plena efectividad los principios de oralidad, inmediación y contradicción. Y si bien es cierto que el recurso de apelación faculta al Tribunal ad quem para una revisión integral de la sentencia recurrida, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, cuando la convicción judicial se ha formado con base en pruebas de naturaleza personal practicadas a su presencia en el acto del juicio -inmediación de la que carece el Tribunal-, y con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, resulta necesario, que, por regla general, deba respetarse en sede de apelación la valoración probatoria del Juez a quo , formada además con base en lo alegado por la acusación y la defensa y lo manifestado por el mismo acusado ( artículo 973 LECRIM ). Solamente cabe apartarse de la valoración del juez ante quien se practicaron las pruebas, si declara probado algo distinto de lo vertido en juicio y que no resulta de ningún otro medio probatorio, si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, y, de modo excepcional, si concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto o la certeza de uno no tenido en cuenta. Es decir, cuando la convicción carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral, bien por ser las pruebas valoradas de naturaleza ilícita, bien por ser las mismas contrarias a los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y la razón o las reglas de la experiencia humana común, o tales circunstancias deban predicarse del proceso valorativo del juzgador de instancia.

En el caso que nos ocupa, la juez a quo fundamenta su condena en la credibilidad que aporta el testimonio de la Sra. María Milagros , testigo imparcial que no guarda ninguna otra relación con las partes que la de mera vecindad y que corrobora lo declarado por el denunciante Sr. Gaspar . En el acto del juicio, el denunciante Sr. Gaspar declaró que la madrugada del 21 de enero de 2010 al recriminar nuevamente a su vecina la denunciada Sra. Elisenda que bajara el volumen del televisor, esta última le profirió gritando varios insultos, declarando la testigo Sra. María Milagros que media hora más tarde observó la motocicleta del Sr. Gaspar tirada en el suelo y a la denunciada escondida detrás de un vehículo, sin ofrecer ninguna explicación lógica al respecto, bajando su marido a colocar la moto en su lugar, lo que le permite inferir a la juez a quo que efectivamente la denunciada tiró la motocicleta del Sr. Gaspar al encontrarse en el momento y en el lugar de los hechos y proceder a esconderse al detectar la presencia, en este caso, de la testigo Sra. María Milagros . La apelante, en su recurso sostiene que no tuvo intención de tirar la moto, pero dicha versión ya ha sido valorada por la juez a quo en conjunto con el resto de la prueba practicada, otorgando credibilidad a lo manifestado por la testigo, respecto de la que la propia apelante afirma que no existe ningún tipo de problema por lo que no se observa móvil espurio en su declaración, destacándose además que la versión e la denunciada carece de credibilidad al no explicar la razón de hallarse a esas horas de la mañana en el parquin, justo después de discutir con el vecino y esconderse al observar la presencia de una tercera persona en el lugar. La juez a quo basa su convicción en la declaración de un testigo imparcial, que ninguna relación guardaba con las partes, y que narró de forma coherente, sin fisuras ni contradicciones, lo que presenció y escuchó, que fue la motocicleta del Sr. Gaspar en el suelo y a la denunciada escondida detrás de un coche bajando su marido para poner la moto en su posición anterior. Nos hallamos, pues, ante prueba de carácter eminentemente personal, cuya valoración compete a la juez ad quo quien presenció la prueba y vio y escuchó al testigo, al denunciante y a la denunciada, valoración que debe mantenerse en esta instancia dado que es racional, razonada y razonable.

Las alegaciones que se realizan en el recurso, por lo expuesto, no pueden tener acogida. Se pretende, en definitiva, sustituir la imparcial y objetiva valoración de las pruebas realizada en la sentencia por la versión de los hechos sostenida por la denunciada y ahora apelante.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la íntegra confirmación de la sentencia apelada así como la declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Penal y 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los artículos citados, criterios expuestos y demás normas jurídicas aplicables,

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Dª Elisenda contra la sentencia dictada en fecha 22 de febrero de 2011 por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de los de Badalona en el Procedimiento de Juicio de Faltas núm. 1005/10, debo confirmar y confirmo íntegramente y en todos sus pronunciamientos dicha sentencia, declarando de oficio las costas procesales de esta segunda instancia.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, hallándose

celebrando audiencia pública. DOY FE.

Valoración de la prueba
Error en la valoración de la prueba
Medios de prueba
Práctica de la prueba