Sentencia Penal Nº 16/2004, Audiencia Provincial de Almeria, Sección 3, Rec 92/2003 de 21 de Enero de 2004

La AP estima en parte el recurso de apelación promovido por los denunciantes, y con desestimación del recurso formulado por el acusado, revoca la sentencia recurrida, en el único sentido de condenar también al acusado a abonar a cada uno de los denunciantes, una como indemnización por daños morales, más sus intereses legales al pago. Entiende la Sala que así como los perjuicios materiales deben probarse, los morales no necesitan, en principio, de prueba alguna cuando su existencia se deduce de modo inequívoco de los hechos. En este caso es claro que se ha producido un daño moral en los denunciantes, por la entidad de los insultos proferidos, directamente relacionados con la labor que aquellos desempeñan, y emitidos en presencia de otras personas, un lugar público donde precisamente desarrollan su trabajo dichos denunciantes. Por otra parte, no todo personal contratado por la Administración tiene la consideración de agente de la Autoridad y la falta contra el orden público, habla de agentes de la Autoridad, no de funcionarios públicos, que es un término más amplio. En este caso no queda clara la condición de agentes de la Autoridad de los denunciantes.