Sentencia Penal Nº 176/2011, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2, Rec 119/2011 de 08 de Julio de 2011

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  • Fecha: 08 de Julio de 2011
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  • Núm. Sentencia: 176/2011
  • Núm. Recurso: 119/2011
  • Núm. Cendoj: 35016370022011100420

Encabezamiento

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

PRESIDENTE:

Dna. Yolanda Alcázar Montero

MAGISTRADOS:

D. Nicolás Acosta González ( ponente)

Dna. María del Pilar Verástegui Hernández

En Las Palmas de Gran Canaria a 8 de julio de 2011

Visto en esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas el recurso de apelación interpuesto por el/la Procurador de los Tribunales, D. Enrique Santos Suárez, actuando en nombre y representación de Amalia , contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2010 del Juzgado de lo Penal Número Cinco de los de Las Palmas de Gran Canaria, procedimiento abreviado 143/2010 , que ha dado lugar al rollo de Sala 119/2011, en la que aparece como parte apelada el Ministerio Fiscal, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. Nicolás Acosta González, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En dicha sentencia se contiene el siguiente fallo: DEBO CONDENAR y CONDENO a Da Amalia , como autor responsable de un delito de Desobediencia , previsto y penado en el art. 556 CP , a la pena de SEIS (6) MESES de PRISION, de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

SEGUNDO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, solicitando nuevas pruebas, que fue admitido en ambos efectos, dando traslado del mismo por diez días a las partes personadas, con el resultado que obra en autos.

TERCERO.- Remitidos los autos a esta Audiencia, desestimado el recibimiento a prueba mediante auto de 23 de junio de 2011 , y no considerándose necesaria la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para sentencia.

Hechos

Se aceptan los de la sentencia apelada .

Fundamentos

PRIMERO.- Por la representación procesal de Amalia se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia en el presente procedimiento al considerar la misma no ajustada a derecho por cuanto que, a su juicio, el juez a quo habría incurrido en infracción de normas o garantías procesales que habrían causado indefensión. A tal efecto sostiene, en esencia, que el juez a quo denegó la práctica de una prueba testifical sin duda relevante para el caso habiéndose reiterado tal pretensión al inicio de las sesiones del juicio oral.

La cuestión, en realidad, ha quedado resuelta con ocasión del auto por el que no se admite la práctica de la prueba en segunda instancia y es que, en todo caso, la parte debió reiterar la petición de realización de la prueba testifical al inicio de las sesiones del plenario sin que del acta del juicio resulte que así se hiciese con lo que no puede pretender ahora que se decrete la nulidad que reclama.

SEGUNDO.- Como segundo motivo de recurso la parte apelante alega que la imputada no puede ser condenada por el delito de desobediencia dado que la misma ordenó, efectivamente, que se llevasen a cabo las transferencias correspondientes a la cuenta del juzgado y que sólo en el mes de octubre tiene conocimiento de que los ingresos no se estaban llevando a cabo por un error en el número de cuenta.

Centrado el segundo motivo de apelación en el error en la valoración de la prueba deberá recordarse que constituye una doctrina jurisprudencial reiterada la de que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem", quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

De tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la práctica probatoria carece, sin embargo, el Órgano de la apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia; lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el artículo 741 LECrim ., y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( SsTC de 17 de diciembre de 1985 , 23 junio de 1986 , 13 mayo de 1987y 2 julio de 1990 , entre otras). Únicamente su criterio valorativo deberá rectificarse cuando no exista, previamente al proceso valorativo, el imprescindible soporte probatorio, constituido por la existencia objetiva de prueba de cargo validamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud que haga necesaria, empleando criterios objetivos, y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia.

Para lo cual, además, no puede olvidarse que esa revisión será tanto menos posible cuanto más dependa la valoración en forma sustancial de la percepción directa, puesto que el órgano de apelación carece de la inmediación que permite fundar la convicción en conciencia a la vista de la prueba practicada.

TERCERO.- En este caso no se aprecia que el juzgador a quo haya incurrido en una valoración de la prueba ilógica o incoherente con la desarrollada en el plenario. La misma puede o no gustar al recurrente, puede o no compartirla, pero lo cierto es que resulta plenamente conforme con el material probatorio a su alcance y explica con claridad indudable las razones que le llevan a entender que los hechos responde a los recogidos por la acusación en su escrito de calificación provisional elevado a definitivo.

Y es que del propio relato fáctico que se recoge en la apelación se evidencia la inexistencia del error que se denuncia pues es imposible que la hoy recurrente no supiese, de ser cierto, que las transferencias no se estaban realizando hasta que fue requerida en octubre cuando que ella misma admite, y así consta debidamente documentado, que en el mes de julio, folio 18, ya se le había requerido, personalmente, en el Juzgado de lo Penal para que en el plazo de tres días llevase a cabo los ingresos pendientes desde abril del ano 2008 habiendo senalado la misma que se harían sin mayores aclaraciones. Por tanto conocía perfectamente, repetimos que incluso de ser cierta su versión, lo que no se ha demostrado, que la retención del salario no se estaba llevando a cabo, conocía perfectamente el número de la cuenta al que debía realizarse el ingreso, pues transfirió 450 euros el día 30 de julio de 2008, y si no verificó los posteriores, ni los anteriores hasta que le fue reiterada tal exigencia, fue por su negativa, clara y reiterada a cumplir con el mandato judicial por lo que la valoración de la prueba que se lleva a cabo en la sentencia no puede ser tachada de errónea.

CUARTO.- En conexión con el motivo anterior se alega por la recurrente que no concurren todos los elementos objetivos del injusto dado que no se ha demostrado su resistencia a cumplimentar lo que se le ordena y todo ello porque el primer requerimiento, en el que se le solicitaba información sobre los pagos a su empleado, fue cumplimentado de inmediato, y a continuación ordenó la oportuna transferencia a la entidad bancaria.

Como hemos visto tales alegaciones carecen de prueba que las sustenten. Esa supuesta orden verbal de transferencia no consta que se produjese en momento alguno y , de hecho, si comprobados el folio 19 veremos que el ingreso de los 450 euros, que se verifica en el mes de julio, en contra de lo que se sostiene en el recurso, no se lleva a cabo mediante un ingreso en ventanilla sino a través de una transferencia para lo cual debió, sin duda, acudir a la sucursal bancaria y aportar el número correcto de la cuenta corriente con lo que se evidencia su falta absoluta de intención de cumplir con el mandato judicial realizado.

QUINTO.- Por último la parte recurrente defiende que , en cualquier caso, los hechos deben ser considerados como falta y no como delito pues no revisten la gravedad necesaria para ello dado que tan pronto como tuvo conocimiento de los problemas existentes con las transferencias los resolvió debidamente.

Como se indicaba en la Sentencia de esta misma Audiencia Provincial, de 24 de marzo de 2010 , uno de los criterios para distinguir entre el delito y la falta de desobediencia a la autoridad o a sus agentes depende de la gravedad de la conducta, tal y como se deduce de la lectura de los arts. 556 y 634 del Código Penal , así el primer precepto, referido al delito, utiliza el término"gravemente" y el segundo, referido a la falta, califica la desobediencia con la palabra"levemente". Resolver si una determinada situación es atribuible al delito o a la falta es un problema valorativo que no solo ha de considerar la actitud más o menos hostil del sujeto activo, el empleo de mayor o menor violencia para perpetrar su conducta desobediente, sino que esencialmente ha de tener en cuenta la mayor o menor intensidad del ataque y consecuente lesión del bien jurídico cuya protección comparten tanto una como otra forma delictiva.

A partir de tales criterios entendemos que la decisión del juez a quo de calificar como grave la desobediencia cometida por la acusada es ajustada a derecho pues la misma ha sido persistente a la hora de no cumplir con el requerimiento judicial, así recibe , por duplicado, el primer requerimiento los días 18 y 25 de abril y no consta que haga nada por darles cumplimiento hasta que el día 9 de julio, en comparecencia ante el Juzgado de lo Penal, se le requiere para que cumpla lo ordenado y se limita a decir que se harán los ingresos, tras lo cual transfiere 450 euros, ese mismo mes, y, nuevamente, en octubre de 2008, el Juzgado se ve en la obligación de ordenar que se le requiera para que cumpla con los embargos ordenados. Pero además su resistencia a cumplir la decisión judicial ha afectado a bienes jurídicos básicos pues atenta contra el normal funcionamiento de la administración de justicia e implica la ausencia total de voluntad de cumplir con el mandato de la autoridad razones todas ellas que deben llevarnos a considerar que estamos ante un delito de desobediencia grave y que debe desestimarse el presente motivo de recurso.

SEXTO.- Por todo ello, procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición de las costas procesales de esta alzada al apelante (artículos 239 y siguientes de la LECrim .)

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, por la Autoridad que nos confiere la Constitución Espanola,

Fallo

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Amalia contra la sentencia de 28 de noviembre de 2010, del Juzgado de lo Penal Número Cinco de los de Las Palmas de Gran Canaria , que se confirma en todos sus extremos, con imposición a la apelante de las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes a las que se hará saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Práctica de la prueba
Prueba de testigos
Valoración de la prueba
Representación procesal
Indefensión
Delito de desobediencia
Error en la valoración de la prueba
Medios de prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva
Presunción de inocencia
Prueba de cargo
Principio de presunción de inocencia
Calificación provisional
Desobediencia a la autoridad
Violencia
Voluntad
Delito de desobediencia grave