Sentencia Penal Nº 178/2011, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 3, Rec 182/2011 de 27 de Septiembre de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 27 de Septiembre de 2011
  • Tribunal: AP - Zaragoza
  • Ponente: Lopez Lopez Del Hierro, Miguel Angel
  • Núm. Sentencia: 178/2011
  • Núm. Recurso: 182/2011
  • Núm. Cendoj: 50297370032011100410
Resumen:
LESIONES

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00178/2011

Rollo: 182 /2011

Órgano procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 2 de ZARAGOZA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 208 /2011

SENTENCIA Núm.178/2011

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

En Zaragoza, a veintisiete de septiembre de dos mil once.

El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel López y López de Hierro Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha visto en grado de apelación el Juicio de Faltas núm. 208 de 2011 procedente del Juzgado de Instrucción nº Dos de Zaragoza, rollo nº 182 de 2011, seguido por falta de Lesiones contra Gregoria defendida por el letrado Sr. Esteban Pendas y contra Rocío en cuyo juicio es parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO. - En los citados autos recayó sentencia con fecha 20 de Mayo de 2011 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente "FALLO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a las denunciadas Rocío , y Gregoria , en concepto de autoras, la primera de una falta de lesiones tipificada en el nº 1 artículo 617 del Código penal, y la segunda una falta de malos tratos tipificada en el nº2 artículo 617 del código penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad penal, a las penas, para cada una de ellas, de UN MES MULTA, con una cuota diaria de SEIS EUROS, es decir, CIENTO OCHENTA EUROS CON QUINCE DIAS de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, mas 2/3 de las costas, debiendo indemnizar Rocío a Gregoria en la cantidad de 90 euros por las lesiones causadas.

ASIMISMO DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO, a la denunciada Rocío , de la falta de amenazas y vejaciones injustas tipificada en el nº 2 artículo 620 del código penal objeto de denuncia, con declaración de oficio de 1/3 costas.".

La sentencia apelada contiene la siguiente relación fáctica " HECHOS PROBADOS .- PRIMERO probado y así se declara.- Que sobre las 6 horas del día 22/12/2010, cuando Gregoria , se encontraba realizando su trabajo como limpiadora en la comunidad de la CALLE000 nº NUM000 , en el rellano del piso NUM001 , salio la vecina del NUM001 NUM002 Rocío , diciéndole a la anterior que no eran horas para hacer tanto ruido, discutiendo, dándose mutualmente empujones, y la segunda golpeo a la primera en la zona derecha de la cara, sufriendo la misma lesiones consistentes en pequeño hematoma en zona malar derecha, precisando un única asistencia, tardando en curar 3 días no impeditivos.

Asimismo no ha quedado suficientemente acreditado que la denunciada Rocío , profiriera frases de carácter ofensivo e intimidativo contra Gregoria .". Hechos probados que como tales se aceptan.

SEGUNDO. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de Gregoria expresando como motivos del recurso los que constan en el escrito presentado y admitido en ambos efectos se dio traslado a las partes para alegaciones, tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia para la resolución del recurso.

Hechos

Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida.

Fundamentos

PRIMERO .- Se aceptan en parte los fundamentos de la sentencia apelada.

SEGUNDO .- Contra la sentencia dictada por la Juez de Instrucción nº Dos de Zaragoza con fecha 20 de Mayo de 2011 se alza la representación legal de Gregoria en recurso de apelación argumentando el mismo en un supuesto quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia y en infracción de ley por aplicación indebida del artículo 617 párrafo 2º del Código Penal así como falta de proporcionalidad en la aplicación de la pena impuesta.

TERCERO .- Respecto del supuesto quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia el motivo debe perecer puesto que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en multitud de ocasiones, cuya cita explícita resulta ociosa por su reiteración, ha tenido ocasión de pronunciarse a propósito del concepto, naturaleza, eficacia y alcance procesal del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, que aquí se alega motivando, en su supuesta vulneración, la impugnación de la Resolución recurrida.

No obstante, de tan copiosa y pormenorizada doctrina acerca de la presunción de inocencia aquí invocada, sí hemos de resaltar: a) que se trata de un derecho fundamental que toda persona ostenta y, en cuya virtud, ha de presumírsela inicialmente inocente ante las imputaciones que contra ella se produzcan en el ámbito de un procedimiento de carácter penal o, por extensión, de cualquier otro tendente a la determinación de una concreta responsabilidad merecedora de sanción de contenido aflictivo; b) que presenta una naturaleza «reaccional», o pasiva, de modo que no precisa de un comportamiento activo de su titular sino que, antes al contrario, constituye una auténtica e inicial afirmación interina de inculpabilidad, respecto de quien es objeto de acusación; c) pero, por el contrario y asimismo, que tal carácter de interinidad, o de presunción "iuris tantum", es el que posibilita, precisamente, su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca de la veracidad de los hechos sobre los que se asienta la pretensión acusatoria; y d) correspondiendo, en definitiva, a este Tribunal, en vía de apelación y tutela del derecho de quien ante nosotros acude, la comprobación, tanto de la concurrencia de los referidos requisitos exigibles a la actividad probatoria, como de la corrección de la lógica intrínseca en la motivación sobre la que la Resolución impugnada asienta su convicción fáctica y la consecuente conclusión condenatoria.

Las reglas básicas, y consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y operabilidad del derecho a la presunción de inocencia pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos del T S, como las Sentencias de 4 Oct. 1996 y 26 Jun. 1998 entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación con tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la Ley corresponde con exclusividad dicha función (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).(STS18 abril 2002 ).

Descendiendo al caso que nos ocupa el Juez "a quo" contó con prueba suficiente para enervar el principio invocado como fue la testifical practicada en el acto del juicio como fue la declaración de la denunciante Rocío la cual se ratificó en su denuncia prestada en la Comisaría de Policía el día 22 de Diciembre de 2010 obrante al folio 4 de la causa en la que claramente, manifestó que la denunciada y ahora apelante le había dado un empujón contra la pared, versión que mantuvo íntegramente en el acto del juicio oral.

Prueba practicada con observancia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad y valorada libre y correctamente y desarrollando su argumentación conforme a los principios de la lógica y la experiencia por lo que no es posible, en conclusión, negar la existencia de una prueba de cargo obtenida con las debidas garantías legales y constitucionales, con entidad suficiente para poder desvirtuar la presunción de inocencia que inicialmente ha de reconocerse a todo acusado.

Cabe añadir a lo dicho que los acusados no pueden utilizar este cauce de apelación para llevar a cabo una crítica de la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal sentenciador "a quo", sin otros argumentos que los propios de una valoración interesada de las pruebas practicadas en la causa, con el único objetivo de llegar a unas conclusiones distintas de las asumidas por el Tribunal, al que, como ya hemos dicho, reserva la ley la facultad de valorar en conciencia las pruebas practicadas, respetando lógicamente las exigencias legales y los criterios de racionalidad impuestos por la lógica, la ciencia y la experiencia.

Tiene dicho el Tribunal Supremo en la STS nº 951/99, de 14 de junio de 1999 , que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en apelación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos. Por el contrario, son ajenos al objeto de la apelación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia.

Ello es así porque la inmediación, aunque no garantice el acierto ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, permite al Tribunal acceder a algunos aspectos de las pruebas personales que resultan irrepetibles, y que pueden influir en la valoración, de forma que la decisión del Tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declara ante él, aunque debe basarse expresamente en aspectos objetivos, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no las haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida.)

En el presente caso el intento de que esta Sala vuelva a valorar la prueba personal al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso (en este sentido, la Sentencia 120/2003, de 28 Feb .).

El recurso de apelación no es un remedio valorativo de la prueba practicada en el juicio oral, conforme a los principios que rigen este acto procesal (oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción e igualdad de armas), sino que, cuando se alega, como es el caso, la vulneración de la presunción de inocencia, el Tribunal de apelación únicamente debe verificar los controles anteriores, pero no puede efectuar una nueva valoración de la prueba, al faltarle el fundamental requisito de la inmediación procesal, pieza clave del sistema valorativo, que supone la apreciación de la prueba de carácter personal que se desarrolla en el plenario. Únicamente el vacío probatorio, o la falta de racionalidad en dicho proceso valorativo, pueden tener trascendencia en este aspecto.

Por las razones expuestas, procede la desestimación de este motivo.

CUARTO .- En cu ato a la supuesta infracción de ley por aplicación indebida del artículo 617 párrafo 2º del Código Penal el motivo debe correr la misma suerte que el anterior y ello porque el motivo alegado, supone la comprobación por este Tribunal de Apelación de la correcta subsunción de los hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal. Pero esa labor ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de Hechos llevada a cabo por el Juez a quo, a partir de la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia con exclusividad. Lejos de someterse al «factum» de la sentencia el motivo se dedica a valorar la prueba practicada desde su propia perspectiva de parte con la finalidad de modificar el resultado valorativo alcanzado por el Tribunal sentenciador, lo que, como es bien sabido, no le está permitido a las partes procesales al tratarse de una competencia soberana y privativa del Tribunal conforme a los artículos 117.3 C.E. y 741 L.E.Cr. Es decir todos los argumentos de la parte recurrente en apoyo de este motivo no son otra cosa que un vano intento de valorar las pruebas practicadas en forma distinta al Juez que dicto sentencia para llegar a conclusiones diferentes de las plasmadas por éste en el relato fáctico de la resolución combatida, de modo que, en último término, suponen un notorio desconocimiento del respeto debido al relato fáctico de la sentencia, inherente al cauce procesal propio del "error iuris" (v. art. 884.3º LECrim .).

En este sentido, es clara la improcedencia también de los motivos, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento ahora apelado es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria al concurrir en la consta del acusado todos los elementos del tipo aplicado.

QUINTO .- Por último ultimo alega la pare apelante falta de proporcionalidad en la pena impuesta al haber sido condenada a la pena máxima prevista en el artículo 617 párrafo 2º del Código Penal sin motivación suficiente.

Tiene razón en este aspecto la parte apelante y el motivo debe ser estimado en parte.

En efecto, si bien es cierto, como bien explicita la Juez a quo en el fundamento jurídico tercero de la resolución ahora sometida a censura, que el artículo 638 establece que...." En la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas de los artículos 61 a 72 de este Código ...." También lo es que, según reiterada y pacífica jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, el articulo 120 CE establece que las sentencias serán siempre motivadas habiendo señalado dicho Tribunal en numerosas ocasiones que la motivación ha de abarcar el aspecto fáctico la subsunción de los hechos en la norma penal que se aplica y las consecuencias penales y civiles del delito y ello debe ser a si porque lar resoluciones judiciales no son meras declaraciones de voluntad sino el resultado de la aplicación razonada y razonable de las normas jurídicas por lo que requieren una motivación que, aunque sea sucinta, proporcione una respuesta en derecho adecuada a la cuestión planteada.

La motivación de la pena es imprescindible, salvo que el Tribunal opte por imponer el mínimo legalmente posible, pues en ese caso puede entenderse que tal determinación es la consecuencia ineludible, por aplicación del principio de legalidad, de los razonamientos que previamente deben haberse expresado sobre la existencia de los hechos y sobre su calificación jurídica. En otro caso, el juzgador no puede adoptar la decisión final de la sentencia condenatoria en la que fija la extensión de la pena, probablemente el aspecto más trascendente para el acusado, sin expresar adecuadamente las razones que ha tenido en cuenta en el momento de proceder a la individualización. Viene obligado a hacerlo así por la Constitución, pues la ausencia de motivación puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, que como es sabido comporta el derecho a obtener una resolución fundada --motivación-- que dé respuesta a la pretensión que se plantea, y además por el artículo 120.3 CE , en cuanto establece que las sentencias serán siempre motivadas. Y además, muy concretamente, por el artículo 66 del Código Penal , que obliga a tener en cuenta las circunstancias personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho al individualizar la pena para los casos en los que no se aprecien circunstancias atenuantes ni agravantes. En su redacción original este precepto establecía expresamente que los Tribunales debían razonarlo en la sentencia, previsión que ha desaparecido del artículo 66.1.6º según la redacción dada por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 Sep. Esta modificación no puede entenderse en el sentido de que haya desaparecido la obligación de motivar este aspecto de la sentencia condenatoria, pues subsisten las previsiones constitucionales que no pueden ser desconocidas o inobservadas ni en su letra ni en su espíritu ( STS 7 Noviembre 2003 , 5 Abril 2004 , 24 Junio 2004 , 24 Marzo 2005 , 6 Abril 2005 ), entre otras.

SEXTO .- Sentada la doctrina anterior y descendiendo al caso que nos ocupa vemos que la Juez a quo condena a la recurrente, por una falta tipificada en el artículo 617 párrafo 2º del Código Penal para la que se prevé una pena de multa que abarca de 10 a 30 días a la pena de 30 días multa.

Aplica, por tanto, la pena prevista en su máxima extensión fundando ésta en las circunstancias que rodean a los hechos pero no dice en qué consisten dichas circunstancias ni por qué esta justificada la aplicación de la pena en su máxima extensión.

Por ello este Tribunal considera más ajustado a Derecho rebajar la extensión de la pena impuesta a 10 días multa siendo correcta, sin embargo, la cuota impuesta de 6€ por día multa ya que, a tenor de la más moderna jurisprudencia, el reducido nivel mínimo de la pena de multa del Código Penal 2€ (332'7ptas ) debe quedar relegado a los casos extremos de indigencia o miseria por lo que en casos ordinarios en lo que no concurren estas circunstancias extremas resulta adecuado la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próximo al mínimo absoluto, pero sin necesidad de alcanzarlo como, por ejemplo, la cuota diaria de 6€ (1000 ptas.)

SEPTIMO .- Por todo lo cual procede la estimación parcial del recurso interpuesto por la representación de Gregoria en el sentido de que debe imponérsele una pena de 10 multa a razón de 6€ por día multa y la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº Dos de esta Ciudad en el resto de sus extremos.

Vistos los artículos 795, 796, 976 y 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Gregoria contra la sentencia dictada en el Juicio de faltas referenciado con fecha 20 de Mayo de 2011 en el sentido de que debe imponérsele una pena de 10 multa a razón de 6€ por día multa y la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº Dos de esta Ciudad en el resto de sus extremos sin hacer condena en costas del mismo.

Devuélvanse los autos con certificación de lo resuelto al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el M. I. SR. Magistrado-Presidente que la dictó, estando celebrando audiencia pública está Audiencia en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Presunción de inocencia
Práctica de la prueba
Valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Prueba de cargo
Aplicación de la pena
Sentencia de condena
Responsabilidad
Presunción iuris tantum
Objeto del proceso
Ope legis
Violación constitucional
Partes del proceso
Derecho a la tutela judicial efectiva
Principio de legalidad
Días-multa
Atenuante
Agravante