Sentencia Penal Nº 222/2012, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1, Rec 3144/2012 de 10 de Abril de 2012

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  • Núm. Sentencia: 222/2012
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  • Núm. Cendoj: 41091370012012100238

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

SECCIÓN PRIMERA.

Recurso núm. 3.144/2012

Juzgado de lo Penal núm. 8

(PROA número 448/2010).

SENTENCIA Nº 222/ 2012

Iltmos. Sres:

Presidente:

Don Joaquín Sánchez Ugena

Magistrados:

D. Juan Antonio Calle Peña

Dª. María Auxiliadora Echávarri García

En la Ciudad de Sevilla, a 10 de abril de 2012.

Este Tribunal ha visto en el día de la fecha el presente recurso de apelación, en causa criminal seguida por delito de lesiones.

Han sido partes en esta segunda instancia, como apelante, Faustino ; y como apelada, el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Magistrado D. Joaquín Sánchez Ugena.

Antecedentes

PRIMERO.-

El Juzgado de lo Penal arriba indicado dictó sentencia el día 11 de noviembre pasado, en la que condenaba al acusado, hoy apelante, como autor de un delito de lesiones, a la pena de seis meses de prisión, y a indemnizar al perjudicado Joaquín en la cantidad de 1.800 euros.

SEGUNDO.-

Contra la sentencia dictada, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación el condenado. Y tras los trámites pertinentes, la causa fue elevada a este Tribunal, fue designado Magistrado ponente, y se señaló para su deliberación, votación y fallo, la fecha de hoy, en que han tenido lugar, con el resultado que seguidamente exponemos seguidamente.

TERCERO.-

En la tramitación de esta segunda instancia se han cumplido las formalidades legales.

Hechos

Aceptamos y damos por reproducidos los que como tales declara la sentencia apelada.

Fundamentos

PRIMERO.-

Aceptamos los que desarrolla la resolución combatida.

SEGUNDO.-

El recurso de apelación descansa en un solo motivo: se razona que la Magistrada de lo Penal ha incurrido en error a la hora de valorar las pruebas, puesto que no existe ninguna que sirva para acreditar que el apelante cometiera el delito de lesiones por el que ha sido condenado.

En contra de lo que sin el menor fundamento se afirma, es lo cierto que no existe el invocado error en la valoración de las pruebas. Sabemos que la tarea de valorar las pruebas, esencial a la función judicial, corresponde al Juez o Tribunal sentenciador, que decide conforme a la sabia fórmula que el Art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le brinda.

El Juez sentenciador de la primera instancia, porque personal y directamente ha presenciado y ha dirigido el desarrollo de las pruebas practicadas, ha oído y visto a los protagonistas de los hechos, y a todos aquellos que comparecen en el juicio, se encuentra en condiciones óptimas para hacer con garantías de acierto esta tarea valorativa, al favorecerle las ventajas inherentes a los principios de oralidad, inmediación, concentración y contradicción, que en nuestro ordenamiento procesal presiden la práctica de las pruebas en el juicio.

Esta es la razón por la cual por vía de recurso, los jueces de la apelación (jueces "ad quos"), si bien tenemos plena jurisdicción sobre el proceso, debemos respetar el criterio de valoración del Juez de la primera instancia (Juez "a quo"), salvo que se ponga de manifiesto la concurrencia de uno de estos tres supuestos:

1º. - Cuando salta a la vista la existencia de un error manifiesto, claro y notorio en la tarea valorativa.

2º. - Cuando el fallo contiene pronunciamientos contradictorios y entre sí incompatibles, o el razonamiento llega a conclusiones absurdas.

3º. - Cuando el resultado de las pruebas practicadas en la primera instancia, queda desvirtuado por el de las que tienen lugar en la apelación, en aquellos supuestos excepcionales en que tal posibilidad tiene cabida de la mano que lo previsto en el Art. 790. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Como no nos encontramos en ninguno de estos supuestos, es clara la improcedencia del recurso.

TERCERO.-

En el caso de autos, la Magistrada de lo Penal valora con pleno acierto las pruebas acumuladas, para llegar a una conclusión condenatoria que nosotros hacemos nuestra: lo que el recurso pretende, en definitiva, es sustituir el criterio judicial, objetivo e imparcial, por una visión subjetiva, parcial, e interesada, ante una conclusión de condena que le es adversa.

Los hechos sobre los que se juzga tienen lugar en el tránsito de la noche del 20 a 21 de febrero de 2010, cuando Joaquín se presenta en casa del hoy condenado. Ambos discuten, por un motivo no aclarado, y en un momento dado, el segundo golpea al primero, y lo lesiona de consideración.

Inmediatamente después el herido, que está borracho, se persona en un centro médico para ser atendido de las lesiones, pero antes de terminar los trámites pertinentes, se marcha, aunque poco después acude al hospital de la Macarena, de Sevilla, donde efectivamente recibe la debida asistencia médica.

La Magistrada de la primera instancia razona con precisión y acierto el juicio que le merecen las declaraciones de los testigos y de los protagonistas de los hechos, y con no menos acierto analiza la prueba de cargo que sirve para considerar al apelante autor de un delito de lesiones del Art. 147 del Código Penal , conclusión que compartimos los miembros de este Tribunal de apelación.

En contra de lo que afirma el recurrente, la condena no descansa el presunciones, sino en pruebas plenas, directas y suficientes.

CUARTO.-

Frete a las cuales, la negativa del apelante solo podemos entenderla como una manifestación, elemental y primaria, del derecho a la propia defensa. Es una actitud legítima, pero de todo punto inoperante frente a la demostrada realidad de la agresión, y de su resultado.

Se dice en el recurso que la única prueba para la condena es el testimonio del denunciante.

A este reparo procede que hagamos dos puntualizaciones.

A).- La primera, que no sucede exactamente así.

Además de la declaración del denunciante, nos encontramos con una prueba objetiva determinante y categórica, que forma parte de la documental unida al proceso:

El parte médico inicial, abortado por la marcha del lesionado, que se justifica por el hecho de que se encontraba borracho (folios 10 y 11).

El parte, más detallado, del centro hospitalario donde esa misma noche fue atendido (folio 5).

Y el informe del médico forense, acreditativo de que las lesiones son compatibles con una agresión (folio 25).

B).- Y la segunda, que en contra de lo que parece pensar el recurrente, es sabido que en nuestro sistema procesal penal, una sola declaración puede ser prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que desde el Art. 24 de la Constitución favorece al reo, siempre que esta declaración cumpla determinados requisitos constante y pacíficamente recordados por la Jurisprudencia, como es bien sabido. Y esta sola declaración puede ser -como sucede en el presente caso- la de la propia víctima del delito.

Por lo demás, no es cierto que esta no recuerde cómo y con qué fue golpeado, como el recurso dice sin razón.

Al contrario, explica que fue golpeado con un martillo -lo que justificaría lo aparatoso de la lesión- si bien la sentencia, con acertado criterio, no aplica la modalidad agravada del Art. 148, 1º, puesto que el empleo de este instrumento especialmente peligroso no aparece debidamente demostrado.

QUINTO.-

También argumenta el recurso que la condena no es procedente, se trata de un supuesto en el que se dan versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la noche de autos.

Esto es cierto, pero solo es relativamente cierto.

A este respecto, hemos de tener en cuenta tres extremos de interés:

A).- El primero, que el mero hecho de que existan versiones contradictorias, no implica necesariamente vacío probatorio. Se trata de una situación que se repite en la práctica con harta frecuencia. Ante el caso de versiones contradictorias, normalmente la de la víctima que afirma y la del culpable que niega, el Juez puede y debe preferir una de las dos como la más veraz.

Y en el presente caso, sin el menor género de dudas, la declaración de Joaquín resulta mucho más creíble que la de Faustino , desde el momento en que no existe, o no se conoce, y en cualquier caso nunca se sugiere, que el primero se invente gratuita y falazmente una agresión inexistente.

B).- El segundo, que además de estas dos versiones ciertamente contradictorias y entre sí incompatibles, existe -como ya hemos dicho más arriba- un dato objetivo e inconcuso, como es el de la documentada realidad de la lesión. La confusa explicación que pretende darse para justificar esta evidencia objetiva -una especie de auto lesión provocada bastante después de ocurridos los hechos- carece de la menor credibilidad. No tiene soporte alguno.

C).- Y el tercero -sumamente significativo- descansa en las propias manifestaciones del acusado, cuando presta declaración ante el Juez de Instrucción, una vez que ha sido instruido debidamente de sus derechos procesales, y asistido por su Abogado.

En esta declaración, después de explicar quien la presta que se encontraba en su casa en la noche de autos, y una vez que recibe la visita del vecino, que se presentó para reclamar la devolución de un anillo que antes había prestado a la novia o compañera sentimental del declarante, este "(...) se tuvo que defender ante el presunto allanamiento de morada del denunciante, y es cierto que le dio tres puñetazos".

Sabemos que las declaraciones válidas son las que se prestan en el acto del juicio oral. Pero también sabemos que cuando existen contradicciones entre estas y las que se hicieron en fase de instrucción, el Tribunal puede optar por conceder mayor crédito a unas o a otras, en función de las circunstancias. Y entendemos que en este caso, cuando el entonces imputado declaró en el Juzgado de Instrucción dijo la verdad, que niega en el juicio, una vez que ha tomado conciencia de las consecuencias adversas que se deducen de su confesión del hecho.

Por las razones expuestas, y por sus propios y acertados razonamientos, es de justicia rechazar el recurso y confirmar la sentencia condenatoria, sin que sea para ello preciso hacer más consideraciones a las que anteceden.

SEXTO.-

De conformidad con lo que dispone el Art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede declarar de oficio las cosas causadas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de general, pertinente, y obligada aplicación.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Faustino , y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, que es conforme a derecho.

Declaramos de oficio las costas causadas en la alzada.

Notifíquese a las partes, con indicación de que contra esta resolución no cabe recurso alguno, y devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de donde proceden, junto con testimonio de esta resolución, a efectos de su cumplimiento, y con el ruego de que acuse recibo para constancia. Una vez hecho, archívese el rollo, previa anotación en el libro de registro.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Esta sentencia fue publicada por el Magistrado que la dictó, en el mismo día de su fecha. Doy fe.

Práctica de la prueba
Delitos de lesiones
Error en la valoración
Prueba de cargo
Presunción de inocencia
Allanamiento de morada
Atenuante de confesión del hecho
Sentencia de condena