Sentencia Penal Nº 223/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 23, Rec 36/2011 de 23 de Febrero de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 23 de Febrero de 2011
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Mozo Muelas, Rafael
  • Núm. Sentencia: 223/2011
  • Núm. Recurso: 36/2011
  • Núm. Cendoj: 28079370232011100066

Encabezamiento

ROLLO RP Nº 36/2011

JUZGADO DE LO PENAL Nº 21 DE MADRID

JUICIO ORAL Nº 218/2010

SENTENCIA Nº 223/11

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ILTMOS. SRES. DE LA SECCIÓN 23ª

Dª OLATZ AIZPURUA BIURRARENA

D. RAFAEL MOZO MUELAS

D. JESUS EDUARDO GUTIÉRREZ GÓMEZ

En Madrid, a 23 de Febrero de 2011.

VISTA, por esta Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid, y en grado de apelación la presente causa nº 218/10, procedente del Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid seguida por delito Hurto, siendo apelante, Leocadia , representada por el procurador Sr. Blanco Blanco , y defendida por la Letrada Sra Cordoba Moreno.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL MOZO MUELAS.

Antecedentes

PRIMERO.- En la causa mencionada, con fecha 25 de Noviembre de 2010 Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva dice:

" Que debo condenar y condeno a Leocadia como autor de un delito de hurto del art. 234 del Código Penal , en relación con los arts. 16 y 62 C.P . a la pena de tres meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con condena al pago de las costas del Juicio."

El relato de hechos probados es el siguiente: " Se declara probado que sobre las 21.30 horas del día 22 de julio de 2.006 la acusada Leocadia , mayor de edad y sin antecedentes penales, de nacionalidad cubana en situación irregular en territorio español, actuando de común acuerdo con otras personas que no han podido ser identificadas, se aproximó a Remedios , que se encontraba sentada en compañía de una amiga en la terraza del Bar La Tuerta sito en la confluencia de las calles Costanilla de los Angeles y Las Conchas de Madrid, de tal manera que mientras sus acompañantes distraían la atención de las mujeres, la acusada se apoderó del bolso que Remedios tenían entres sus piernas, dándose a la fuga con el mismo, no llegando a disponer del bolso al ser interceptada por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraba libre de servicio en el lugar y que se apercibió de su acción, quién tras, una breve persecución logró detener a la acusada, interviniendo el bolso que fue posteriormente restituido a su propietaria".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes personadas, por la defensa la acusada, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, y efectuando el correspondiente traslado al Ministerio Fiscal, impugnó el recurso. Remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección 23ª, se formó el rollo con el nº 36/11 y se efectuó el señalamiento para deliberación y fallo de este recurso, quedando las actuaciones vistas para su resolución.

Hechos

UNICO.- Los que se declaran como tales en la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- En cuanto a la prescripción del delito investigado, es preciso subrayar que esta causa de extinción de la responsabilidad criminal tiene unos principios y unas normas que le son propias y que deben aplicarse con prioridad y en todo caso, respecto a otro tipo de normas jurídicas. Y así, en cuanto al fundamento de la prescripción, ésta podría definirse, de acuerdo con la mayoría de la doctrina, como la pérdida del derecho o la imposibilidad de ejercitar la acción penal una vez transcurrido el plazo previsto fijado por la Ley. El Tribunal Constitucional ha señalado que "la prescripción de la infracción penal... encuentra también sus fundamentos en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal..." ( STC 17/1987 ), o como igualmente determina el mismo Tribunal "...si el fundamento y la razón de ser de la prescripción de la responsabilidad criminal es, en definitiva, la renuncia del Estado al ejercicio de ius puniendi, ningún reproche cabe hacer desde la perspectiva constitucional, en la que el ordenamiento, a la vez que establece las conductas punibles, limita temporalmente el ejercicio por el Estado del derecho a castigar..." ( STC 157/1990 ). O como señala el Tribunal Supremo en STS de fecha 23-11-89 "... el fundamento se ha buscado en principios o razones de orden público, de interés general o de política criminal... y que pueden ser conducidas al principio de necesidad de la pena, que se inserta en el más amplio de intervención mínima: el derecho del Estado a penar justamente, el ius puniendi, depende de que la pena sea necesaria para la existencia y pervivencia del orden jurídico. Y es obvio que transcurrido un tiempo razonable desde la comisión del delito, la pena ya no cumple sus finalidades...", y la STS de 10-2-93 , "... los fines esenciales de la pena... cuando el tiempo fijado por la Ley ha transcurrido con paralización del proceso, cualquiera que sean sus motivos, la sociedad ha perdido ya la autoridad moral para castigar y, por consiguiente, no puede hacerlo...". Por otra parte, la prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria ( STC 152/87 , 255/88 Y 12/91) de obligada apreciación en cuanto se cumplen todos los requisitos de derecho sustantivo, y que ha de ser aplicada de oficio en cualquier estado del procedimiento u oportunidad procesal ( STS 4-6-93 ), debiendo añadirse que por su carácter de institución de orden público, no deben emplearse interpretaciones restrictivas de la prescripción penal ( STS 25-4-90 ; 15-1-92 ; 10-2-93 ).

Debiendo añadirse que "cuando el proceso esté en marcha sólo tienen virtualidad interruptiva de la prescripción aquellas resoluciones judiciales que ofrezcan un contenido sustancial, propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que el trámite procesal avanza, superando la inactividad y la parálisis". "Las diligencias o decisiones puramente formales, inocuas o intranscendentes que no afectan a l avance del procedimiento, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos interruptivos." ( STS 14-3-2003 ).

Por tanto, a tenor del criterio jurisprudencial, la prescripción debe ser estimada cuando concurren los presupuestos en que se articula (paralización del procedimiento y transcurso del lapso de tiempo correspondiente) por ser de naturaleza sustantiva de legalidad ordinaria, respondiendo a principios de orden público e interés general ( STS 4-6-93 , 30-6-2000 Y 19-7-2000 ).

Es preciso, también, hacer una mención a la interrupción de la prescripción, pues a tenor del artículo 132.2 del Código Penal , ésta se interrumpe cuando el procedimiento se dirija contra el culpable.

En este caso, los hechos enjuiciados se produjeron el día 22-07-2006, y este dia fue detenida la apelante.

El juzgado de instrucción incoó diligencias previas el dia 24-07-2006 y presto declaración como imputada, Leocadia .

El día 3-08-2006 prestó declaración en el Juzgado la perjudicada, Remedios .

La causa estuvo paralizada desde el día 3-08-2006 hasta el día 14-07-2009, en que se dictó el auto de continuación del procedimiento abreviado contra Leocadia por un supuesto delito de hurto.

A tenor del art 131 en relación con el art 33.3. ambos del C. Penal nos encontramos ante un delito menos grave que prescribe a los tres años. Por consiguiente dado que la causa no ha estado paralizada durante tres años no procede acordar la prescripción alegada, por tanto se comparte el criterio de la sentencia recurrida, que se confirma al estimarse correcta la calificación jurídica y la pena impuesta. El recurso, en consecuencia, debe desestimarse.

SEGUNDO .- No apreciándose temeridad ni mala fe en la recurrente, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimando lo recurso de apelación interpuestos por el Procurador Sr Blanco Blanco, en nombre y representación de Leocadia contra la sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2010 dictada por el Juzgado de Penal 21 de Madrid en el Juicio de Oral nº 218/2010 debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, declarando de oficio las costas del recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que la misma es firme y con certificación de la misma, devuélvanse los Autos originales al Juzgado "a quo" a los fines procedentes

Así por esta mí Sentencia de la que se llevará certificación al Rollo de apelación, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado estando celebrando audiencia pública en el día ______________________ asistido de mí la Secretaria.

Ius puniendi
Prescripción del delito
Extinción de la responsabilidad criminal
Acción penal
Amenazas
Responsabilidad penal
Intervención mínima
Comisión del delito
Interrupción de la prescripción
Diligencias previas
Delito de hurto
Mala fe
Temeridad