Sentencia Penal Nº 226/2012, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 1, Rec 65/2012 de 17 de Septiembre de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 17 de Septiembre de 2012
  • Tribunal: AP - Baleares
  • Ponente: Ramis Rosello, Francisca Maria
  • Núm. Sentencia: 226/2012
  • Núm. Recurso: 65/2012
  • Núm. Cendoj: 07040370012012100337

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

Sección 1

Rollo : 65/12

Órgano Procedencia : Juzgado de lo Penal nº 1 de Palma de Mallorca

Proc. Origen : Procedimiento Abreviado nº 419/11

SENTENCIA núm. 226/12

ILMOS SRES MAGISTRADOS

Dª FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO

Dª ROCIO MARTIN HERNANDEZ

Dª CRISTINA DIA SASTRE

En PALMA DE MALLORCA, a diecisiete de Septiembre de dos mil doce.

La AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA, Sección Primera, compuesta por la Ilma. Sra. Presidenta Dª FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO y las Ilmas. Sras. Magistradas Dª ROCIO MARTIN HERNANDEZ Y Dª CRISTINA DIA SASTRE, ha entendido en la causa registrada como Rollo nº 65/12 en trámite de APELACIÓN contra Sentencia, seguida ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Palma de Mallorca, en base a los siguientes:

Antecedentes

1º.-/ En la causa registrada ante el mencionado Juzgado y con la fecha indicada, recayó Sentencia cuya parte dispositiva dice: " Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Beatriz , como autora responsable de un DELITO intentado de HURTO precedentemente definido, concurriendo la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal agravante de reincidencia, a la pena de CINCO MESES DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Para el cumplimiento de la pena impuesta será de abono a la condena el tiempo durante el cual hubiese estado privada de libertad por razón de esta causa, concretamente los días 6 y 7 de junio de 2.011."

2º.-/ Contra la meritada sentencia se interpuso recurso de apelación por: Beatriz actuando como Procuradora en su representación Dª PILAR MARINA PACHECO BERNABE , con asistencia Letrada de D. ANTONIO BELTRÁN BALLESTER; siendo parte apelada: el MINISTERIO FISCAL.

3º.-/ Producida la admisión del recurso por entenderse interpuesto en tiempo y forma, se confirió el oportuno traslado del mismo a las restantes partes que fue utilizado para su impugnación por el MINISTERIO FISCAL.

Remitidas, y recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se verificó reparto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Primera, señalándose para la deliberación, quedando la causa pendiente de resolución.

4º.-/ En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, expresando el parecer de la Sala como Magistrado Ponente S.Sª. Ilma. Dª FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO.

Hechos

Devuelto el conocimiento pleno de lo actuado a esta Sala, procede declarar y declaramos como hechos probados, que se aceptan, los recogidos en la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la representación de Beatriz se interpone recurso de apelación contra la resolución dictada en la instancia que le condenó como autora de un delito de hurto intentado previsto y penado en el artículo 234 , 16 y 62 del Código Penal , invocando la erronea en la valoración de la prueba de la Juzgadora a quo e inaplicación del principio, "in dubio pro reo".

Efectuado traslado del meritado recurso al Ministerio Fiscal, interesó su desestimación y la confirmación de la resolución recurrida.

Respecto al motivo invocado debe recordarse que es doctrina consolidada que el Juez de instancia que presidió la práctica de la prueba, contando con ello con la fuerza ilustrativa y aleccionadora que la inmediación proporciona, llegó en su valoración a la conclusión que se refleja en el "factum" de la sentencia recurrida. Tal conclusión fáctica, en cuanto dimana de la apreciación de la prueba personal, ha de ser respetada por este órgano jurisdiccional de apelación que carece de la inmediación que le permita formar su convicción en conciencia sobre tal extremo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

El Tribunal Supremo viene manteniendo esta doctrina, con argumentos igualmente válidos para el recurso de apelación y así en sentencia de 30-1-91 afirma que "decidir con plenitud de garantías cual de entre las declaraciones ofrece mayor credibilidad, es tarea exclusiva y excluyente del Juzgador de Instancia con arreglo al art 741 de la L.E. Cr . Todo ello consecuencia de la decisiva importancia del principio de inmediación".

En este caso, la Juez de lo Penal ha escuchado las explicaciones de los testigos de cargo, y ha valorado todo este material probatorio de acuerdo con las reglas de la lógica y la experiencia y lo ha argumentado de forma cumplida. Esta valoración se comparte por el Tribunal y no hay razón alguna para modificarla, menos para sustituirla por la interesada que pretende el recurrente que no se revela ni más lógica ni más creíble, sino todo lo contrario.

La testigo Sra. María , a la sazón vigilante de seguridad de El Corte Ingles, relató haber visto a la acusada - a la que conocia de otra actuación anterior similar- cuando cogia dos ordenadores portátiles y se iba hacia el hall de ascensores ;cuando iba a salir por ese lugar se activaron las alarmas y dejó los aparatos en el suelo , marchándose escaleras abajo. Al poco volvió para recuperarlos y fue interceptada.Esta es la secuencia de los hechos que vivió y comprobó personalmente la vigilante.El Letrado defensor sostiene que cuando la acusada fue interceptada no llevaba los ordenadores , y que lo único que hizo su defendida fue cogerlos y dejarlos a unos 5 metros.Sin embargo olvida que la acusada los dejó en el suelo porque sonaron las alarmas y porque vio a la vigilante de seguridad, la cual precisamente porque la conocia decidió vigilar su actuación.No dejó los ordenadores por ningún motivo altruista o porque no le gustaran sino porque se vio sorprendida.La vigilante es una profesional de la seguridad y su percepción de la situación y de la actuación es fiable y creíble, precisamente por la experiencia que hay que suponerles en estas circunstancias. Por otra parte, la acusada no compareció al juicio a dar una explicación sobre lo sucedido y en fase de instrucción reconoció que fue al Corte Ingles "con la intención de coger algo"; que cogió un paquete con dos ordenadores , caminó unos cinco metros pero se arrepintió y dejo el paquete en el suelo.Se entra ahí en el tema de la posible la aplicación de la figura del desistimiento voluntario que contempla el artículo 16.2 del Código Penal dicho precepto señala: "Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueren ya constitutivos de otro delito o falta."La cuestión referente a la frontera entre la tentativa punible y el desistimiento voluntario ha sido con frecuencia abordada por la doctrina del Tribunal Supremo, y así la Sentencia del Alto Tribunal de 16 de febrero de 2000 , reiterada en la de 18 de abril de 2000 , haciendo un estudio de aquélla desde la óptica de las distintas teorías postuladas desde el punto de vista doctrinal sienta las siguientes conclusiones:

"a) Que pertenecen a la órbita de la tentativa punible los supuestos en que la renuncia a continuar la iniciada ejecución del delito, responde a la objetiva imposibilidad sobrevenida de continuar con la acción, o a la creencia de que ya no es objetivamente posible consumarla (tentativa fracasada), o cuando el sujeto pudiendo culminar la acción típica se abstiene de hacerlo al percibir que de ello se seguirían para él consecuencias tan gravemente perjudiciales que racionalmente no podía aceptarlas.

b) Pertenecen al ámbito del desistimiento voluntario los supuestos en que, siendo posible objetivamente continuar la acción iniciada, decide el sujeto abandonar el proyecto criminal bien por motivos autónomos e independientes de las circunstancias concurrentes -sean o no esos motivos éticamente valiosos- o bien por la percepción de un riesgo que sería razonablemente asumible o aceptable en comparación con las ventajas que obtendría de la prosecución de la acción, pues tal proceder "irrazonable" desde la perspectiva de la lógica criminal justifica que el orden jurídico recompense la desviación de las normas de la lógica (la razón) del delincuente. De ahí que se haya dicho que el criterio de valoración decisivo radica en que el desistimiento sea expresión de una voluntad -sea cual fuere su origen- de retorno a la legalidad o que sea solamente una conducta útil según las normas del comportamiento criminal".

En el supuesto enjuiciado esta Sala considera que el abandono de la acción por parte de la acusada no fue voluntario , sino motivado por la presencia en el lugar de la vigilante de seguridad y la activación de las alarmas.Por eso la acusada los dejó en el suelo y se marchó, desistiendo de la acción no por propia y voluntad.En este sentido el TS en auto 13.3.2003 , ya estableció que para la aplicación del precepto, es preciso que el desistimiento de la acción delictiva emprendida sea consecuencia de una decisión personal y plenamente voluntaria del agente. Por ello, la doctrina entiende que el desistimiento no es libre cuando el autor renuncia a su propósito a causa de la aparición de impedimentos con los que no contaba, y aunque, en principio, tales impedimentos pudieran calificarse de absolutos o de relativos, la jurisprudencia viene considerando que en ambos casos debe excluirse, en principio, la hipótesis del desistimiento voluntario (v. ss. de 7 de diciembre de 1977, 6 de octubre de 1988 y 8 de octubre de 1991, y 9 de marzo de 1999). Por tanto ,a tenor de la prueba practicada , especialmente de la declaración de la testigo tantas veces citada , la acusada dio comienzo a la ejecución del delito y la interrupción de la acción ejecutiva no obedeció exclusivamente a su voluntad sino a la intervención de la vigilante y la activación de las alarmas que abortaron la acción depredatoria ya iniciada impidiendo su continuación.Fueran éstos obstáculos insuperables o relativos, debe considerarse tal conducta, por involuntaria, excluida del apartado segundo del art. 16 C.P e incardinable en el primer epígrafe del precepto que regula el delito intentado.

Finalmente el principio "in dubio pro reo" que informa nuestra legislación penal implica la obligación del Juzgador de abstenerse de condenar cuando carece de la convicción suficiente justificada con las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. Como señalaba la STS de la Sala Segunda de 26 de septiembre de 2000, nº 1514/2000 "el principio in dubio pro reo es una regla vertebral de la valoración de la prueba dirigida a los Tribunales de lo Penal, en cuya virtud, en aquellos supuestos a enjuiciar en los que exista una duda indestructible derivada de las pruebas de cargo y descargo, aquellos deben adoptar el criterio mas favorable al reo". No es de aplicación en el presente caso pues la Juez de lo Penal no expresa duda alguna en su fundamentación y los hechos que relata conforman plenamente el delito de hurto por el que se condena, tal como acertadamente se argumenta, por lo que debe descartarse también la infracción de precepto legal invocado.

Por todo ello se considera plenamente ajustada a derecho la sentencia apelada que se confirma en su integridad.

SEGUNDO.- Todo lo anterior determina el rechazo del recurso.Las costas procesales de esta alzada se declaran de oficio.

Vistos los artículos citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el/la Procurador/a D/Dª PILAR MARINA PACHECO , en nombre y representación de Beatriz contra la Sentencia nº 32/12 de fecha 31 de Enero de 2012 dictada por el Juzgado de lo Penal Nº U NO de los de Palma , en autos Procedimiento Abreviado nº 419/2011 , de que dimana el presente rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución declarando de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Devuélvanse los Autos originales al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de apelación, definitivamente juzgando, lo pronunciamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- ANTONIA FERRER CALAFAT, Secretario del Tribunal, hago constar que el Ilmo. Sr. Magistrado ponente ha leído y publicado la anterior Sentencia en la audiencia pública correspondiente al día de su fecha, de lo que doy fe y certifico a la finalización del expresado trámite.

Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
In dubio pro reo
Tentativa
Delito de hurto
Delito intentado
Ejecución del delito
Eximentes completas
Consumación del delito
Responsabilidad
Voluntad
Prueba de cargo