Sentencia Penal Nº 262/2012, Audiencia Provincial de Leon, Sección 3, Rec 161/2011 de 16 de Abril de 2012

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  • Núm. Cendoj: 24089370032012100262
Resumen:
FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº. 262/2.012

ILMOS. SRS.

D. LUIS ADOLFO MALLO MALLO.- Presidente.

D. MANUEL ANGEL PEÑIN DEL PALACIO.- Magistrado.

D. MIGUEL ANGEL AMEZ MARTINEZ.- Magistrado.

En la ciudad de León, a dieciséis de abril de dos mil doce.

VISTOS ante el Tribunal de esta Sección Tercera, en grado de apelación, los autos del Procedimiento Abreviado nº. 155/2.010, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 1 de León, habiendo sido apelante Florencio representado por el procurador D. ISMAEL DIEZ LLAMAZARES, adheridos el MINISTERIO FISCAL y Nazario representado por la procuradora Dª MARTA MARIA ALUNDA ESPI NO SA, y apelados Salvadora representada por la procuradora Dª BERTA FERNANDEZ DIEZ y Juan Carlos representado por la procuradora Dª ANA VICTORIA DE DIOS CAVERO, y Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS ADOLFO MALLO MALLO.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia recurrida de 7 de octubre de 2010 es del tenor siguiente: "FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Dª. Salvadora y a Don Juan Carlos de los delitos de falsedad en documento oficial que se les imputaban en el acto del juicio.

2º.- Debo absolver y absuelvo a Don Juan Carlos del delito de estafa que se le imputaba en el acto del juicio.

3º.- Se declaran de oficio las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, por la acusación particular ejercida por Florencio se interpuso recurso de apelación que fue admitido, dándose traslado a las demás parte por un plazo común de diez días, adhiriéndose al recurso el Ministerio Fiscal y la acusación ejercida por Nazario , e impugnándolo los acusados Salvadora y Juan Carlos , y, después de los trámites oportunos, se remitió todo lo actuado a esta Sección Tercera señalándose para deliberación el día 13-Marzo- 2012.

Hechos

UNICO.- Se acepta el relato fáctico de la sentencia impugnada, que es del tenor literal siguiente "HECHOS PROBADOS: PRJMERO.-En fecha no determinada anterior al 8 de marzo de 2005 se confeccionaron en la Gestoría de que era titular el acusado Don Juan Carlos , dos documentos, uno de ellos fechado el 8 de marzo de 2005, en el que se narraba el accidente sufrido por Don Nazario , trabajador por cuenta de Don Florencio , en una obra que se desarrollaba en la localidad asturiana de Luiña, y atención inmediata recibida por el trabajador tras el siniestro. El segundo de los documentos confeccionados en esa gestaría, fechado en 8 de agosto de 2004, era una declaración supuestamente suscrita por Don Nazario en la que daba por cumplidas por la empresa de Don Florencio las obligaciones informativas relativas a su puesto de trabajo, y las relativas al suministro del equipo de seguridad necesario para el desempeño de su trabajo, a cargo de la empresa empleadora, establecidas en la legislación de prevención de riesgos laborales.

SEGUNDO.-Se ha probado en el acto del juicio que estos documentos no fueron firmados por Don Nazario ni por Don Florencio

El primero de los documentos referenciados, parte de accidente, fue firmado por el acusado Don Juan Carlos o bien por la acusada Doña Salvadora , por mandato del primero, sin que se haya probado en el acto del juicio la firma legible " Florencio " fuese estampada sin el consentimiento de Don Florencio .

El segundo de los documentos referenciados fue firmado por el acusado Don Juan Carlos o bien por la acusada Doña Salvadora , por mandato del primero, sin consentimiento de Don Nazario .

La declaración aparentemente firmada por Don Nazario de haberse cumplido por el empresario las prescripciones relativas al deber formativo del tajador y al suministro del equipo de seguridad han condicionado la estrategia del referido trabajador cara a la obtención del reconocimiento de sus derechos como perjudicado por un siniestro laboral, sin que se haya probado que haya sido determinante de la decisión de archivo de las Diligencias Previas instruidas por delito contra los derechos de los trabajadores, por el Juzgado de Instrucción de Canga de Narcea.

TERCERO.-No se ha probado en el acto del juicio que la acusada Doña Salvadora , trabajadora de la Gestoría PELAEZ de que era titular Don Juan Carlos , haya firmado por iniciativa propia documento alguno, habiéndolo hecho según instrucciones expresas y especificas del titular de la Gestoría, Don Juan Carlos , bajo la suposición, basada en una práctica que la acusada consideraba legítima, de que los clientes de la Gestoría afectados por la documentación manejada habían dado su cometimiento para la imitación de sus firmas en dichos documentos. Y en base a los siguientes

CUARTO.- En julio de 2007 Don Florencio desembolsó VEINTIDOS MIL EUROS que le había reclamado su ex trabajador Don Nazario por razón de la falta de cobertura voluntaria establecida en el Convenio Colectivo propio del puesto de trabajo que este último había desempeñado, que exigía un Póliza complementaria de seguro, Póliza que Don Florencio no había concertado, sin que se haya probado en el acto del juicio que fuera inducido a abstenerse de contratarla, por cualquier acción u omisión imputable a Don Juan Carlos ".

Fundamentos

PRIMERO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- La acusación particular ejercida por Florencio (el empresario) interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por jugado de lo penal que absuelve a los acusados Juan Carlos (titular de la gestoría) y Salvadora (empleada de la gestoría) de los delitos de falsedad documental y estafa que les imputaba, interesando su revocación y el dictado de una sentencia condenatoria en los términos que interesó en el acto del juicio, recurso al que se adhiere la otra acusación particular ejercida por Nazario (el trabajador) y también parcialmente el ministerio fiscal.

TERCERO.- No estima la sala necesaria la celebración de vista del presente recurso de apelación pues, de una parte, el contenido de los escritos de formalización del recurso, adhesión al mismo e impugnación resultan suficientes a la que la sala pueda formar su convicción fundada en torno a la cuestión objeto recurso, y, de otra parte, no se debate acerca de la valoración de pruebas personales por parte del juzgador a quo sino que la cuestión litigiosa que en la alzada se plantea es estrictamente jurídica.

CUARTO.- Con carácter previo debemos precisar que en esta alzada la acusación se dirige exclusivamente contra Juan Carlos , titular de la gestoría en la que se confeccionaron los dos documentos cuestionados, habiéndose retirado las acusaciones que inicialmente se dirigieron también contra Salvadora , empleada de la referida gestoría y autora material de las firmas estampadas en los documentos referidos.

Sentado lo anterior debemos recordar que según reiterada doctrina del Tribunal Supremo la falsedad documental precisa de los siguientes requisitos:1) el elemento objetivo o material, propio de toda falsedad, de mutación de la verdad por alguno de los procedimientos enumerados en el artículo 390 del código penal ;2) que la mutatio veritatis recaiga sobre elementos capitales o esenciales el documento y tenga suficiente entidad para afectar los normales efectos de las relaciones jurídicas, con lo que se excluyen de la consideración de delito los mudamientos de verdad inocuos o intrascendentes para la finalidad del documento; y 3) el elemento subjetivo o dolo falsario ningún, consistente en la concurrencia en el agente de la conciencia y voluntad de transmutan la realidad por medio de una acción que requiere trastocar la realidad, convirtiendo en veraz lo que no es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos (entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 21/11/1995 , 25/3/1999 y 4/5/2007 ).

El primero de los documentos litigiosos obra a los folios 25 y 26 de autos, tratándose de un documento fechado el 8 marzo 2005 en el que se relata el accidente laboral sufrido por el trabajador Nazario cuando prestaba sus servicios para el empresario Florencio en una obra en la localidad asturiana de Luiña. El contenido de dicho documento es sustancialmente veraz si bien la firma que figura en el mismo no fue estampada por el empresario Florencio sino que su firma fue imitada por Salvadora empleada de la gestoría por mandato de Juan Carlos titular de la gestoría de la que el citado empresario era cliente, imitación que como señala el juez a quo fue realizada como conocimiento y consentimiento del hoy apelante, tratándose en suma de una imitación autorizada de la firma de otro y carente por ello de relevancia jurídico penal como señalan entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 14/9/2001 , 13/5/2004 , 24/4/2007 y 10/2/2010 entre otras.

El segundo de los documentos controvertidos obra a los folios 42 y 43 de los autos y consiste en una declaración supuestamente suscrita por el trabajador( Nazario ) en la que declara que ha sido informado de las medidas de prevención y protección de los riesgos laborales que afectan a su puesto de trabajo (peón albañil) y que ha recibido del empresario los medios de seguridad (funda, calzado, guantes y arnés), declaración fechada 8 agosto 2004 en la que aparecen varias firmas del trabajador que en realidad no fueron puestas por él sino que fueron imitadas por Salvadora por mandato de Juan Carlos , sin que conste contaran para ello con la autorización del trabajador que no era cliente de la gestoría.

En relación con este segundo documento el pronunciamiento absolutorio dictado en la instancia se basa en la errónea calificación jurídica de los hechos por las acusaciones, al pretender se trata de una falsedad en documento oficial del artículo 392 en relación con el artículo 390. 1 del código penal , cuando se trataría en realidad de una falsedad en documento privado del artículo 395 del código penal .

En efecto, en el delito del artículo 392 del código penal requiere que la falsedad se cometa en un documento público, oficial o mercantil. Descartado que el documento que nos ocupa sea público o mercantil, el debate se centra en determinar si se trata de un documento oficial o bien de un documento privado.

El juzgador a quo entiende que el documento que recoge la declaración del trabajador sobre prevención de riesgos laborales es un documento estrictamente privado, mientras que por las acusaciones recurrentes se considera que se trataría de un documento oficial por incorporación o por destino.

La jurisprudencia tradicional admitió la tesis del documento oficial por incorporación a un proceso o expediente administrativo, si bien no faltaron resoluciones que se separaban de ese criterio por estimar que lo determinante es la naturaleza del documento en el momento de la comisión de la maniobra mendaz.

Sin embargo, se recuerda en la sentencia del Tribunal Supremo 575/2007 , que cita la 386/2005, la doctrina de esta sala ha eliminado la anterior categoría de documentos públicos oficiales por destino, que en otros momentos era admitida, y que hoy es doctrina consolidada de la sala que hay que estar a la naturaleza del documento en el momento de la comisión de la maniobra mendaz, doctrina que admite una matización en relación con aquellos documentos que tienen como única razón de ser la de su posterior incorporación a un expediente público y, por tanto, la de producir efectos en el orden oficial, provocando una resolución con incidencia otra sentencia en el tráfico jurídico (entre otras las sentencias del tribunal supremo 32/2006 , 1046/2009 y 259/2010 ).

Pues bien, entendemos nosotros, que el documento que nos ocupa es un documento privado emitido en el ámbito de las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador y no con el específico propósito de incorporarse a un expediente administrativo, por lo que convenimos con él juez a quo en su calificación como documento privado cuya falsificación no pueda lugar a la comisión del delito imputado sino en su caso de un delito de falsedad del artículo 395 del código penal que no ha sido objeto de imputación.

QUINTO.- Se denuncia asimismo por la acusación particular recurrente infracción por inaplicación del delito de estafa de los artículos 248 y 250 del código penal supuestamente cometido por el gestor contra el empresario recurrente.

El motivo no puede ser acogido pues el hecho de que el empresario no hubiere convenido una póliza complementaria de seguro no puede ser atribuido a ninguna maniobra engañosa por parte del gestor acusado tal y como exponente con acierto el juzgador a quo en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia al que no remitimos en evitación de innecesarias repeticiones.

SEXTO.- Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada, declarando de oficio las costas de la alzada.

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de general aplicación.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Florencio contra la sentencia de fecha 7 octubre 2010 dictada por el juzgado de lo penal número uno de León , en los autos del procedimiento abreviado número 155/2010, y desestimando asimismo las adhesiones ha dicho recurso que se formulan por Nazario y por el Ministerio Fiscal, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada, declarando de oficio las costas de la alzada.

Dese cumplimiento, al notificar esta resolución, a lo dispuesto en el art. 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto, para su notificación y ejecución, de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: La anterior Sentencia fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza con su firma, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.

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