Sentencia Penal Nº 296/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3, Rec 337/2012 de 25 de Septiembre de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2012
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Bermudez Ochoa, Eduardo Victor
  • Núm. Sentencia: 296/2012
  • Núm. Recurso: 337/2012
  • Núm. Cendoj: 28079370032012100812

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL ROLLO APELACION: 337/12

SECCION TERCERA JUICIO FALTAS: 527/12

MADRID JDO. INS. Nº 38 MADRID

SENTENCIA NUM: 296

En Madrid, a 25 de septiembre de 2012 .

El Ilmo. Sr. D. Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, Magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, ha visto en segunda instancia, ante ésta Sección Tercera, la presente apelación contra Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 38 de los de Madrid, en el Juicio de Faltas seguido ante dicho Juzgado bajo el número 527/12, habiendo sido partes como apelante Carlota y como apelados el Ministerio Fiscal y Daniela .

Antecedentes

PRIMERO .- El Juzgado de Instrucción nº 38 de los de Madrid en el Juicio de Faltas antes mencionado dictó Sentencia con fecha 21 de junio de 2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo condenar y condeno a Carlota como responsable en concepto de autor de una falta de lesiones prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal , a la pena de UN MES de multa, siendo la cuota diaria de CUATRO EUROS, con el apercibimiento de que si no satisface voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Del mismo modo condeno a Carlota a que abone a Daniela la cantidad de 900 euros en concepto de responsabilidad civil. Igualmente, la denunciada Carlota deberá de abonar a la denunciante Daniela la cantidad que se determine en ejecución de sentencia y una vez peritado el importe o valor de las gafas rotas sin que dicha cantidad pueda superar en ningún caso los 500 € que fueron reclamados por la denunciante.

Finalmente condeno al citado al abono de las costas causadas en el presente procedimiento.

Hágase saber al condenado que, en el caso de no ser recurrida la presente sentencia, dispone del plazo legal de 20 DÍAS para dar cumplimiento voluntario al fallo de la misma, debiendo a tal efecto proceder al ingreso de las cantidades a que ha sido condenado en la Cuenta Provisional de consignaciones y Depósitos abierta a nombre de este Juzgado en la entidad Banesto con número de código 2558-0000-76-0527-12, y que una vez declarada firme la sentencia sin que se haya cumplido voluntariamente se procederá sin más trámites a su ejecución forzosa.

SEGUNDO .- Notificada dicha Sentencia a las partes personadas, por Carlota se interpuso recurso de Apelación, haciendo las alegaciones que se contienen en su escrito del Recurso que aquí se tienen por reproducidas, no pidiéndose la práctica de ninguna diligencia de prueba, dándose traslado del escrito de apelación por el Juez de Instrucción a las demás partes personadas por el plazo de diez días comunes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO .- Recibido el procedimiento en esta Audiencia y Sección Tercera el día 24 de septiembre de 2012, se acordó la formación del Rollo, al que correspondió el número 337/12, acordándose por la Sala se dictase la resolución correspondiente por el Magistrado Unipersonal reseñado al principio de la presente.

Hechos

Se aceptan y dan por reproducidos íntegramente los que como tales figuran en la Sentencia apelada.

Fundamentos

PRIMERO .- El recurso propuesto afirma en primer lugar que no ha sido debidamente motivada la determinación de la indemnización civil. La responsabilidad civil derivada de la infracción penal supone la restauración del orden jurídico alterado y perturbado; en este supuesto, el órgano judicial la ha decidido a razón de 50 euros por cada uno de los días en que tardaron en curar las lesiones causadas, y en 100 por los días de incapacidad.

Se trata de una cantidad usualmente determinada por los órganos judiciales en los supuestos de lesiones dolosas, y que comprende una estimación compensatoria tanto de los eventuales ingresos dejados de percibir como de los daños morales de todo orden causados, como lo son las molestias y el dolor físico derivados de la lesión padecida. El cálculo realizado en este sentido, como se dijo usual en los órganos judiciales, aporta criterios de seguridad y previsibilidad, sin perjuicio de que la víctima del hecho pueda pedir y demostrar la realidad de un perjuicio de mayor importancia, tanto por razón del lucro cesante como de los daños morales padecidos. Consiguientemente, al tratarse de una estimación compensatoria, y de la cantidad frecuentemente aplicada, no es precisa una motivación adicional.

Debe tenerse además en cuenta la doctrina jurisprudencial no es de aplicación el baremo, si no que este establece unos mínimos que en este ámbito deben ser simplemente orientativos ( Sentencias de 23 de enero y 19 de febrero de 2002 , 17 de marzo y 13 de septiembre de 2006 y 22 de septiembre de 2009 ).

SEGUNDO .- Para la aplicación de la atenuación por razón de arrebato solicitada es precisa la existencia de ciertos estímulos que deben ser reales, graves y trascendentes, como se deduce de la expresión "poderosos", sin que baste un simple enfado, discrepancia, resentimiento o enemistad. Así, dichos estímulos no deben ser repudiados por las normas y reglas de cultura que rigen la convivencia social, pues no se trata de privilegiar reacciones desproporcionadas o pasionales debidas a temperamentos violentos o irritables ( Sentencias de 29 de septiembre de 2001 , 25 de enero y 7 de mayo de 2002 , 20 de junio de 2003 , 27 de febrero y 4 de marzo de 2004 , 19 de mayo , 2 de junio y 7 de diciembre de 2005 , 19 de enero de 2006 y 9 de abril de 2010 ).

TERCERO .- La discrepancia sobre la rotura de las gafas de la víctima que la recurrente niega que se produjera, se sostiene en el mero mantenimiento de su personal versión de los hechos, obviamente favorable a sus propios intereses, pero que no puede prevalecer sobre la apreciación imparcial y debidamente motivada del órgano judicial, que en uso de las facultades legalmente establecidas en relación a la valoración probatoria ( art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), ha reconocido credibilidad a las explicaciones de la denunciante.

El órgano jurisdiccional puede y debe valorar la prueba practicada, incluso cuando existan dos declaraciones contrapuestas, atendiendo al distinto grado de credibilidad que le merezcan los distintos testimonios y a los posibles datos objetivos o indiciarios que pudieran concurrir en apoyo de una u otra de las posturas controvertidas. Lo que la presunción de inocencia prohibe es condenar por meras impresiones íntimas del juzgador, sospechas o conjeturas, sin una prueba inequívocamente acusatoria llegada al proceso de una manera regular y en conformidad con las normas procesales y constitucionales. La prueba en el proceso penal no tiene otros límites que los de la dignidad y seguridad de la persona humana; no existe un sistema tasado, a diferencia de lo que ocurre en el proceso civil, por cuya razón puede establecerse una conclusión fáctica con el apoyo de la declaración de un solo testigo, incluso cuando su testimonio se enfrenta a varios que se expresan en dirección opuesta, y ello siempre que la resolución aparezca debidamente motivada, como ocurre en este caso ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo , 17 de junio , 9 de septiembre de 1992 , 23 de junio y 13 de diciembre de 1993 , 24 de febrero , 23 y 29 de marzo de 1994 y 9 de mayo de 2000 ; sentencia del Tribunal Constitucional 11/95 de 16 de enero).

CUARTO .- La imposición de las costas procesales obedece al mandato establecido en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , sin perjuicio de que su montante sea el propio del Juicio de Faltas.

QUINTO .- Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por la autoridad que el Pueblo Español me confiere:

Fallo

Que desestimando el recurso de Apelación interpuesto por Carlota contra la Sentencia dictada en ésta causa por el Juzgado de Instrucción nº 38 de los de Madrid con fecha 21 de junio de 2012 , cuyo Fallo literalmente se transcribe en los antecedentes de ésta Sentencia, debo declarar y declaro no haber lugar el mismo, y en su consecuencia confirmar la resolución apelada en todas sus partes, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese ésta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe Recurso alguno, y con certificación de la misma, devuélvanse los Autos originales al Juzgado de procedencia a los fines procedentes.

Así por esta mí Sentencia de la que se llevará certificación al Rollo de Apelación definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

Daños morales
Indemnización civil
Lucro cesante
Valoración de la prueba
Arrebato
Práctica de la prueba
Presunción de inocencia
Prueba en el proceso penal