Sentencia Penal Nº 3/2011, Audiencia Provincial de Cordoba, Sección 2, Rec 695/2010 de 04 de Enero de 2011

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  • Núm. Cendoj: 14021370022011100002

Encabezamiento

ILTMOS SRES.

PRESIDENTE.

D. JOSÉ MARÍA MAGAÑA CALLE

MAGISTRADOS.

D. JOSÉ MARÍA MORILLO VELARDE PÉREZ

D. JOSÉ ANTONIO CARNERERO PARRA

JUZGADO DE LO PENAL Nº 2

DE CÓRDOBA

JUICIO ORAL Nº 75/10

ROLLO Nº 695/10

SENTENCIA Nº 3 /11

En la ciudad de Córdoba, a cuatro de enero de dos mil once.

Vistas por la Sección 2º de esta Audiencia Provincial las diligencias procedentes del Juzgado de lo Penal nº 2 de esta Ciudad, que ha conocido en fase de Juicio Oral nº 75/10 por delito de robo con fuerza en las cosas, a razón del recurso de apelación interpuesto por Don Celestino , representado por el Procurador Sr. de Torres Navajas y asistido del Letrado Sr. Ojeda Polo, contra la Sentencia dictada por el Magistrado-Juez. Es parte apelada el MINISTERIO FISCAL. Ha sido designado Ponente del recurso el Magistrado Don JOSÉ ANTONIO CARNERERO PARRA.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Magistrado-Juez de lo Penal se dictó Sentencia donde constan los hechos probados que a continuación se relacionan:

Sobre las 3,30 horas del día 9 de junio de 2.009, el acusado Celestino , mayor de edad y ejecutoriamente condenado por sentencias firmes de 29 de abril y 9 de septiembre de 2.005 , en ambos casos por delito de robo con fuerza, a las penas, respectivamente, de nueve y diez meses de prisión, se dirigió a la nave de Chatarrería propiedad de la entidad a Reciclajes Francisco Rodríguez Vázquez S.L., sita en el camino de la Barca de esta ciudad, a la que accedió, tras realizar un agujero en la chapa de uralita del techo, causando daños valorados en 60 €, no reclamados.

El acusado no pudo conseguir su propósito de apoderarse de lo que de valor pudiera obtener al sonar la alarma y personarse en el lugar un vigilante de seguridad y el propietario de la nave que procedieron a retenerlo hasta la llegada policial.

1

SEGUNDO .- En la referida resolución se ha dictado el siguiente fallo:

Condeno a Celestino como responsable, en concepto de autor, de un delito de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa, de los Arts. 237, 238. 2 y 240 en relación con el 16 del vigente Código Penal , con la concurrencia de la agravante de reincidencia del Art. 22.8 , a la pena, de cinco meses de prisión, así como al abono de las costas procesales

TERCERO.- Contra dicha sentencia, por la representación procesal del acusado condenado, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, por el que interesaba la revocación de la dictada y su sustitución por otra de contenido absolutorio; recurso que fue admitido, dándose traslado del mismo a las parte acusadora por termino legal, transcurrido el cual se remitieron las actuaciones a este Tribunal, que formó el correspondiente Rollo y tras los trámites oportunos se reunió para votación y fallo.

Hechos

Se aceptan y dan por reproducidos los hechos que se declaran probados en la resolución recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia que lo condena como autor de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas, se alza la representación jurídica del acusado en apelación, alegando error en la apreciación de la prueba y de doctrina jurisprudencial, con la consiguiente infracción del principio constitucional de presunción de inocencia.

La valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador que ejerce libremente, con la única obligación de razonar el resultado de su valoración. Para que pueda enervar la presunción de inocencia se exige que aquélla abarque la existencia del hecho punible y lo concerniente a la participación que en él tuvo el inculpado. Por lo tanto, este derecho constitucional obliga a que la sentencia condenatoria venga fundada en verdaderas pruebas practicadas en el acto del juicio, que puedan considerarse racionalmente de cargo y de las que surjan la evidencia, tanto de la existencia de un hecho punible como la de la culpabilidad de su autor.

El contenido del recurso trata de cuestionar la prueba testifical de la víctima, que constituye la base de la sentencia para considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado, al declarar que vio a éste, a quien conocía con anterioridad de comprarle chatarra, saliendo del interior de su nave por el mismo lugar por donde se había levantado la uralita para lograr el acceso ilícito esa misma noche, siendo de gran inmediatez a la percepción visual anterior de una persona subida al tejado del local.

El planteamiento del recurso estriba en la diferente apreciación de la prueba efectuada por el juez a quo, prueba de carácter personal consistente en el interrogatorio del acusado, que sólo reconoce estar en las inmediaciones del lugar pero no haber entrado en la nave, la declaración del perjudicado y las manifestaciones de otros testigos periféricos. De todas ellas sólo tiene carácter incriminatorio como prueba de cargo la declaración del dueño del local, al que otorga la credibilidad suficiente para poder fundamentar una sentencia condenatoria.

Ciñéndose el recurso a una valoración diferente efectuada por la parte apelante de la prueba practicada en el acto de juicio oral, respecto de la motivada en sentencia, debe partirse de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de Pleno 167/02, de 18 de septiembre , y continuada, entre otras, en las Sentencias 197 y 198 de 28-10-2002 , 230 de 9-12-2002 , 116, de 9-5-2005 y 208, de 18-7-2005 . Esta doctrina viene a concluir la imposibilidad por parte del Tribunal ad quem de revisar la precisión probatoria realizada por el juez a quo de aquellas pruebas de carácter personal que se practicaron en su presencia, bajo los principios de inmediación y contradicción, como son la declaración del acusado y de los testigos. Esta Audiencia Provincial ha aplicado esta doctrina, entre otras, en las Sentencias de 20-10-2004 de la Sección Primera, de 17-4-2008 de la Sección Tercera y en las de 14-11-2008, 28-11-2008 y, muy recientemente, en las de 13-10-2009 y 21-10-2009, de esta Sección Segunda .

El resultado de dicha prueba es rotundo y en el testigo no pueden apreciarse motivos que puedan hacer cuestionar su verosimilitud, pues no tenía relación negativa alguna con el inculpado, manifestando incluso circunstancias que le benefician y no reclamando resarcimiento de carácter económico.

El segundo requisito que viene exigiéndose por la jurisprudencia para dar validez a este tipo de prueba de cargo es el de la persistencia en la incriminación, sin incurrir en contradicciones sustanciales. En este sentido, aparte de que éstas últimas no se aprecian, la linealidad en sus declaraciones es total desde la primera manifestación ante la Policía que se produce de manera inmediata a los hechos, lo que elimina cualquier atisbo de falsedad premeditada.

Por último, su relato se corrobora con elementos periféricos como la intervención inmediata a su instancia de los agentes de la Autoridad, tras conseguir retenerlo en el lugar de los hechos con el auxilio del vigilante de seguridad, y ello tras sonar la alarma, siendo observable que había sido levantada la chapa de uralita del techo para el acceso al interior del local.

El contenido del recurso trata de imponer una interpretación distinta de la prueba practicada, que debe partir de negar verosimilitud al testigo, lo que no cabe por chocar con la inmediación judicial y con la propia jurisprudencia que otorga a valor de prueba de cargo al testimonio del perjudicado cuando concurren los referidos requisitos.

En conclusión, la Sala no aprecia error alguno en la valoración de la prueba, que es introducida en la sentencia con total escrupulosidad y coherencia; por lo que el motivo de impugnación del recurso debe ser desestimado.

SEGUNDO.- El fundamento anterior lleva a la desestimación del recurso, pero la obligación del Tribunal "ad quem" en su función de revisión de las sentencias penales le obliga a ir más allá del contenido del recurso, y si comprueba que algún hecho, elemento jurídico o circunstancia modificativa apreciados en la sentencia se ha aplicado de manera incorrecta, debe rectificarla siempre que suponga un beneficio para el reo.

La sentencia recurrida aplica en la persona de Celestino la circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 del Código Penal , considerando como hecho probado que aquél había sido ejecutoriamente condenado por sentencias firmes de 29 de abril y 9 de septiembre de 2005 por sendos delitos de robo con fuerza en las cosas a las penas respectivas de nueve y diez meses de prisión; y ello de manera congruente con el principio acusatorio, pues el Ministerio Fiscal introducía en su escrito de acusación provisional, luego elevado a definitivas, dichos antecedentes penales en esos términos.

La mera lectura de esos antecedentes en los términos recogidos en la acusación y la sentencia ya implica que no pueda considerarse probado que los mismos estuviesen en vigor a la fecha de ejecución de este delito, el 9 de junio de 2009. Resultaba necesario acudir a la fecha de extinción de esas condenas, o en su caso, a la de remisión condicional, siempre que se le hubiese otorgado después la definitiva, para fijar el cómputo exacto del plazo de cancelación.

Si acudimos a la prueba existente en el juicio, comprobamos que no se han aportado esos datos. En este sentido, sólo obra la hoja histórico-penal de Celestino (folios 22 y ss.), en la que consta que la primera de las sentencias referidas le condena como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas a la pena de 9 meses de prisión, y que fue dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Córdoba en fecha 29-4-2005 , adquiriendo firmeza el día 13-6-2005. No se rellena el campo relativo a la fecha de extinción de la condena o de suspensión de la misma, lo que no implica, dado que es un dato no imperativo, que aún este pendiente de ejecución. Lo mismo sucede con el segundo antecedente penal, sentencia de fecha 9-9-2005 , firme en 16-12-2005 , dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Córdoba, que lo condena como autor de otro delito similar a la pena de 10 meses de prisión, sin que se expongan más datos referidos a su ejecución.

Tratándose de una circunstancia de agravación de la responsabilidad criminal correspondía a la parte acusadora, si le eran necesarios esos datos, la carga de incorporarlos al procedimiento, lo que fácilmente podría haber obtenido mediante la solicitud de testimonio de la correspondiente ejecutoria. No habiéndolo hecho, cualquier interpretación que se haga del cómputo de los plazos, dentro de la existencia de una racionalidad, debe hacerse de la forma que más pueda ir en beneficio del acusado.

De este modo, teniendo en cuenta que el artículo 136 del Código Penal establece un plazo de dos años para la cancelación de los antecedentes penales cuando la pena es inferior a doce meses de prisión, como sucede en ambos casos, a la fecha de firmeza de las sentencias deben sumarse de manera ideal al tiempo de cumplimiento de las condenas aquellos dos años de término legal, y comprobar si alcanzan en tiempo al día de la comisión del delito enjuiciado.

La primera de las penas debe computarse como cumplida el día 13 de marzo de 2006, por lo que ese antecedente estaría cancelado en fecha 13 de marzo de 2008; mientras que la segunda, iniciando su cómputo a la extinción del cumplimiento de la primera condena, finalizarían los diez meses de privación de libertad el 13 de enero de 2007, por lo que el antecedente se cancelaría el mismo día del año 2009. Ninguno de los dos antecedentes penales tomados en consideración para fundamentar la agravante se ha probado que estuviese en vigor el día 9 de junio de 2009. Por lo tanto, la parte acusadora no ha cumplido con su carga probatoria, para acreditar que alguno de los antecedentes penales referidos en sus conclusiones definitivas, estaba vigente a la fecha de comisión del delito juzgado en esta causa; por lo que no puede apreciarse la circunstancia agravante de reincidencia del art. 22.8 del Código Penal .

Habiendo aplicado el juzgador la rebaja en dos grados de la pena (art. 62 ), pero en su mitad superior por la aplicación de esa circunstancia modificativa, la exclusión de ésta motiva su rebaja a los límites de su mitad inferior (art. 61 ), por lo que la pena debe quedar fijada en tres meses y quince días de prisión, en congruencia con la no imposición del mínimo por el juez a quo, por la forma y lugar escogidos para el hecho.

TERCERO.- Por lo razonado en el fundamento anterior, existe una estimación parcial del recurso que implica la inexistencia de pronunciamiento condenatorio en las costas de esta alzada.

Fallo

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Celestino contra la Sentencia de fecha 8 de octubre de 2010, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Penal nº 2 de Córdoba, en el Juicio Oral núm. 75/10 , y en consecuencia, revocamos dicha resolución en el sentido de no apreciar en aquél la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, rebajando la pena a tres meses y quince días de prisión y manteniendo el resto del fallo; sin hacer pronunciamiento condenatorio de las costas de este recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes y verificado expídase testimonio de la misma, que se remitirá, junto con los autos originales, al Juzgado de procedencia para su cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Práctica de la prueba
Presunción de inocencia
Hecho delictivo
Prueba de cargo
Sentencia de condena
Robo con fuerza en las cosas
Valoración de la prueba
Delito intentado
Error en la valoración de la prueba
Antecedentes penales
Prueba de testigos
Medios de prueba
Auxilio
Agente de la autoridad
Premeditación
Reincidencia
Delito de robo
Sentencia firme
Remisión condicional
Robo con fuerza
Extinción de la condena
Comisión del delito
Responsabilidad penal
Ejecutoria
Carga de la prueba
Agravante