Sentencia Penal Nº 30/2012, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1, Rec 281/2012 de 20 de Enero de 2012

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  • Núm. Recurso: 281/2012
  • Núm. Cendoj: 41091370012012100047

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

SECCIÓN PRIMERA.

Recurso núm. 281/2012

Juzgado de lo Penal núm. 13

Procedimiento 105/10

SENTENCIA Nº 30/ 2012

Iltmos. Sres:

Don Joaquín Sánchez Ugena

D. Joan Antonio Calle Peña

Dª. María Auxiliadora Echávarri García

En la Ciudad de Sevilla, a 20 de enero de 2012.

Este Tribunal ha visto el presente recurso de apelación, de la causa criminal seguida por delito contra la salud pública.

Son partes, como apelante, Adolfo ; y como apelado EL MINISTERIO FISCAL.

Antecedentes

PRIMERO.-

El Juzgado de lo Penal arriba identificado dictó sentencia el pasado día 8 de febrero, por la que condenaba al acusado arriba identificado por la comisión del delito mencionado, de venta de sustancias estupefacientes.

SEGUNDO.-

Contra aquella sentencia, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación el condenado. Y tras los trámites pertinentes, la causa fue elevada a este Tribunal, y se señaló para su deliberación, votación y fallo, la fecha de hoy, en que han tenido lugar, con el resultado que seguidamente exponemos.

TERCERO.-

En la tramitación de esta segunda instancia se han cumplido las formalidades y plazos legales.

Hechos

Aceptamos y damos por reproducidos los que como tales declara la sentencia apelada, suprimiendo la frase "(...) cuando ofrecía en venta a terceras personas sustancias estupefacientes" .

Fundamentos

PRIMERO.-

De entre los diversos motivos que desarrolla el escrito de interposición del recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, nos centramos en el primero de ellos, que se enuncia como "vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado, al no haberse practicado en el plenario prueba bastante para acreditar su culpabilidad".

Este motivo ha de ser estimado.

Y para hacerlo, una vez más hemos de recordar que parte nuestro enjuiciamiento criminal del básico principio del derecho a la presunción de inocencia, elevado a categoría de derecho fundamental de la persona en el Art. 24 de la Constitución española , que vincula a Jueces y Tribunales por imperativo del Art. 10.1º de la misma, y que al decir del Tribunal Constitucional supone, en primer lugar, el desplazamiento de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión penal, de tal modo que es la parte acusadora, y no la acusada, la que tiene que soportar esa carga.

Y en segundo lugar, que el resultado de la actividad probatoria ha de ser bastante para generar la evidencia de la existencia, no sólo de un hecho punible, sino también de la participación que en él tuvo el sujeto pasivo del proceso y de su propia responsabilidad ( SSTC 31/81 EDJ 1981/31 , 107/83 EDJ 1983/107 , 124/83 EDJ 1983/124 , 17/84 EDJ 1984/17 , 141/86 EDJ 1986/141 , 150/89 EDJ 1989/8349 , 134/91 EDJ 1991/6451 y 76/93 EDJ 1993/2007 ).

SEGUNDO.-

Sabemos - por otra parte- que la tarea de valorar las pruebas, esencial a la función judicial, corresponde al Juez o Tribunal sentenciador, que decide conforme a la sabia fórmula que el Art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le brinda.

Porque personal y directamente ha visto y ha oído a los testigos, a los acusados, y a todos aquellos que comparecen en el juicio, se encuentra en condiciones óptimas para esta tarea valorativa, al favorecerle las ventajas inherentes a los principios de oralidad, inmediación y contradicción que presiden la práctica de las pruebas en el juicio. Así nos lo enseña caudalosa doctrina jurisprudencial ( sentencias del Tribunal Supremo de 6 y 24 de junio , y de 24 de septiembre de 2002 )

Esta es la razón por la cual por vía de recurso, los jueces de la apelación (jueces "ad quos"), si bien tenemos plena jurisdicción sobre el proceso, debemos respetar el criterio de valoración del juez de la primera instancia (juez "a quo"), salvo que se ponga de manifiesto una abultada equivocación a la hora de valorar la prueba, o que las que se tienen en cuenta sean incompatibles con otras aportadas al proceso, o cuando el juicio de valor llega a conclusiones contradictorias o entre si incompatibles; o en el supuesto de que en resultado de las pruebas practicadas en la primera instancia, quede desvirtuado por el de las que tienen lugar en la apelación, en aquellos supuestos excepcionales en que tal posibilidad tiene cabida de la mano que lo previsto en el Art. 790. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

TERCERO.-

En el presente caso advertimos que la sentencia contiene conceptos o afirmaciones entre sí incompatibles.

Así, entre los hechos probados, es rotunda la afirmación -que hemos suprimido, según indicamos más arriba- de que el hoy apelante fue detenido por la policía, en la ocasión de autos, cuando ofrecía en venta a terceras personas sustancias estupefacientes. Aunque aquí no lo especifica el Juez, en concreto se trata de hachis.

Sin embargo, en la fundamentación jurídica de la resolución (fundamento segundo) se dice que el interesado fue detenido "(...) teniendo indicios o sospechas de tráfico de drogas...".

Es clara la incompatibilidad entre una y otra afirmación, porque una cosa es estar vendiendo, y otra muy distinta, tener la sospecha de que se está vendiendo, o advertir indicios de que se está vendiendo.

Ni las sospechas, ni los indicios (a salvo del supuesto de la prueba indiciaria, que nada tiene que ver con el caso presente) son bastantes para llegar a una conclusión condenatoria, que solo puede descansar sobre pruebas válidas, lícitamente obtenidas, y suficientes para enervar la presunción de inocencia.

Por lo tanto, no hay prueba bastante para afirmar que el condenado esté vendiendo, porque no ha sido visto en ningún acto de venta, ni haciendo ofertas de venta.

Solo queda, para permitir la condena, la tenencia de la droga. Y es evidente que la mera tenencia de sustancias estupefacientes puede servir para la condena, cuando se puede afirmar que la cantidad de droga poseída excede de la que razonablemente podemos entender como poseída para el consumo propio.

CUARTO.-

En principio no es facil determinar hasta cuando una determinada cantidad de droga se entiende destinada al consumo del propio poseedor, y cuando, a partir de cierta cantidad, se ha de presumir que la tenencia está destinada al tráfico.

Aquí no valen reglas apriorísticas, sino que serán las circunstancias concretas de cada caso las que nos llevarán a una u otra solución.

Y en este sentido, la Jurisprudencia establece unas tablas, que a veces modifica al alza o a la baja, a modo de presunciones de tenencia para traficar, con cantidades, unidades, o pesos, según las distintas sustancias estupefacientes que caben dentro del paraguas del Art. 368 del Código Penal .

En el caso que nos ocupa, se trata de una cantidad de hachis que no llega a los treinta gramos. Y esta cantidad, por sí sola, sin ningún elemento de juicio que evidencia el tráfico, se entenderá destinada al consumo del propio interesado, que se dice adicto al cannabis.

De acuerdo con lo razonado, es de justicia estimar el recurso, sin necesidad, por tanto, de examinar los distintos motivos que se exponen.

QUINTO.-

De conformidad con lo que disponen los arts. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 123 del Código Penal , procede declarar de oficio las costas causadas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de general, pertinente, y obligada aplicación.

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuestos, y en consecuencia, revocamos la sentencia apelada, y en su lugar, absolvemos libremente al acusado apelante Adolfo del delito contra la salud pública por el que ha sido condenado.

Declaramos de oficio las costas causadas en las dos instancias.

Notifíquese a las partes, con indicación de que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado que la redactó. Doy fe.

Presunción de inocencia
Sentencia de condena
Carga de la prueba
Hecho delictivo
Responsabilidad
Estupefacientes
Drogas
Valoración de la prueba
Hachís
Práctica de la prueba
Tráfico de drogas
Prueba de indicios
Cannabis