Sentencia Penal Nº 338/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 7, Rec 79/2011 de 17 de Mayo de 2011

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN SÉPTIMA

ROLLO Nº79/2.011

JUICIO DE FALTAS Nº385/2.010

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº3 DE BADALONA

SENTENCIA Nº

En Barcelona, a 17 de mayo de 2011.

VISTO, en nombre de S.M. el Rey, en grado de apelación, por el Ilmo. Sr. D. DANIEL DE ALFONSO LASO, magistrado de la SECCIÓN SÉPTIMA de la Audiencia Provincial de Barcelona, actuando como Tribunal unipersonal, el presente Rollo de Apelación nº79/2.011, dimanante del Juicio de Faltas nº385/2.010, procedente del Juzgado de Instrucción nº3 de Badalona, seguido por faltas de lesiones, en el que se dictó sentencia el día 26 de octubre de 2010. Ha sido parte apelante Higinio Y LA ENTIDAD CEULEN S.A., Representado por la Sra. Valderrama Royo.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada, a la que se ha hecho mención en el anterior encabezamiento, es del siguiente tenor literal: " FALLO: Que debo condenar y condeno a Higinio , como autor de dos faltas de lesiones, a la pena de multa de treinta días con cuota diaria de 7 euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, por cada una de ellas y a que indemnice a Rosa en 1153,97 euros, más los intereses legales, siendo responsable civil subsidiaria la entidad aseguradora Ceulen S.A., condenándole así como al pago de las costas.... " .

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación dentro del plazo legal de cinco días (art. 976, L.E .Criminal) por la parte apelante ya indicada en el encabezamiento de esta resolución. Admitido a trámite dicho recurso se cumplimentó por el Juzgado de Instrucción lo dispuesto en los arts. 976 y 795.4º de la L.E.Criminal , de dar traslado del mismo a las demás partes que hubiere, por un plazo común de diez días, para que pudieran alegar lo pertinente en defensa de sus derechos. Transcurrido ese término, los autos se elevaron a esta Audiencia Provincial de Barcelona.

TERCERO.- Turnada la causa -por adscripción del Juzgado de Instrucción- a esta Sección Séptima de la Audiencia, se dictó providencia ordenando la incoación del presente Rollo de Apelación, que fue numerado y registrado; designándose también el magistrado ponente con arreglo a criterios objetivos previamente establecidos (art. 203 de la L.O.P.J .), para que actuara como Tribunal unipersonal según las previsiones legales para este tipo de procedimientos; y, tras examinarse las diligencias y los escritos presentados, no se consideró necesaria la celebración de vista en esta alzada (arts 976 y 795.6º de la L.E .Criminal), señalándose el día de hoy, para la resolución del recurso de apelación interpuesto.

Fundamentos

SE ACEPTAN los hechos que se han declarado probados en la sentencia apelada, así como sus fundamentos jurídicos en cuanto no se opongan a los de la presente, y

PRIMERO .- En relación al recurso presentado el mismo alega que se ha producido una valoración errónea de la prueba y una indebida aplicación del baremo indemnizatorio de lesiones y muerte para supuestos de uso y circulación de vehículos a motor para casos como el presente.

En relación a la primera cuestión, basta con sólo leer la Sentencia y estudiar sus fundamentos para comprender sencilla y fácilmente que la misma está fundada y argumentada con relación y referencia a lo sucedido durante la sesión del Juicio oral, tal y como en el acta del mismo se refleja.

Respecto de la valoración de la prueba, una vez más y de manera ya uniforme por esta Sala es preciso señalar que es precisamente de la prueba practicada en el acto del juicio oral conforme a los principios de inmediación, contradicción, publicidad y oralidad, es de donde el juzgador de instancia conforma su criterio a tenor de lo dispuesto en el art. 741 de la L.E .Criminal.

Y que si bien el recurso de apelación autoriza al Tribunal ad quem a revisar la valoración probatoria efectuada por el Juez de instancia, el hecho de que la apreciación por éste se base en pruebas practicadas a su presencia y con respeto a los principios de inmediación, publicidad y contradicción, determina, por lo general, que aquella valoración del juzgador a quo , a quien corresponde la apreciación de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia (art. 741 de la L.E .Criminal), deba por ello respetarse, con la única excepción de que la conclusión fáctica a la que así se llegue carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio traído a su presencia.

En el caso de autos se ha dispuesto del testimonio de las personas hacia las cuáles el recurrente dirigió su acción lesiva. Esa lesión no ofrece dudas en torno a su existencia ni tampoco en lo que la forma de su producción se refiere.

El Juzgador es quien está llamado a evaluar la prueba a su presencia practicada, de modo que su conciencia íntima del desarrollo de los hechos forma parte de las reglas del proceso penal sometido a la debida contradicción. En el caso de autos, existió prueba y tal prueba ha sido evaluada. Por lo que pretender dar otro contenido a esa prueba no es sino una manera de valorarla que hace la recurrente, quien en modo alguno está llamada a realizar tal tarea que tan sólo al Juzgador corresponde.

En relación a la segunda cuestión, relativa a la indemnización concedida a la víctima, conviene ahora señalar y recordar que el Tribunal Supremo, tiene afirmado que la cuantificación por responsabilidad civil no está sometida a control casacional, sino exclusivamente sus bases, según ha precisado con reiteración la jurisprudencia ( STS de 10 de Octubre del 2000 ). Y en idéntico sentido hemos de pronunciarnos en relación al recurso de apelación.

En todo caso, es doctrina reiterada y pacífica que las cantidades fijadas como indemnizaciones derivadas de la responsabilidad criminal constituyen una cuestión que queda al prudente arbitrio del juzgador de instancia, por lo que los efectos de un recurso de esta naturaleza sólo pueden circunscribirse a la determinación de las bases sobre las que se asienta el señalamiento de la cantidad fijada (por todas, STS. de 6 de octubre de 1.997 ).

La razón de ser del requisito de dejar constancia de las mencionadas bases, no es otra que la de evitar que aquél prudente arbitrio se transforme en arbitrariedad, fijándose por el Tribunal sentenciador unas cantidades desproporcionadas a las consecuencias del delito, bien por exceso, bien por defecto.

En el caso presente, se aprecia que el Tribunal de instancia, ha acordado otorgar la indemnización ahora recurrida atendiendo a que, precisamente, esa cantidad era la que se deriva precisamente del resultado de aplicar el Baremo al Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que es, precisamente un método absolutamente apto para la cuantificación de las indemnizaciones concedidas.

Conforme a lo anterior, se acredita que el Tribunal de instancia ha expresado, claramente, las bases para la determinación de la responsabilidad civil, utilizando, con carácter orientativo precisamente el anexo para los delitos imprudentes ocasionados en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, sin que, por otra parte, la cantidad asignada, objetivamente considerada, resulte irrisoria y desproporcionadamente insignificante en relación a los hechos.

La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha subrayado, en reiteradas ocasiones, (sentencias de 10.4.2000 y 4.11.2003 )- que" el baremo anexo a la ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a motor no contiene reglas obligatorias para la determinación de las indemnizaciones por delitos dolosos, pero, por su minuciosidad, puede resultar orientativa, de manera que el apartamiento de ellas exija explicaciones ( STS 414/2009, de 23 de marzo ).

De tal suerte y manera que a la vista del acta del Juicio oral y puesta la misma en íntima relación con la Sentencia combatida, se desprende que están debidamente acreditados los hechos que se han declarado probados, sin que se observe error u omisión en su valoración, siendo por lo demás ajustada a derecho la calificación jurídica que se ha realizado de los mismos.

SEGUNDO.- Procede declarar de oficio las costas procesales que hubieran podido devengarse en esta alzada (art. 240.1º de la L.E .Criminal).

Vistos los arts. 795 y 796 de la L.E.Criminal , y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuestos por la Representación Procesal de Higinio y CEULEN S.A., contra la sentencia dictada el día 26 de octubre de 2010 por el Juzgado de Instrucción nº3 de Badalona, en el Juicio de Faltas nº385/2.010, seguido, entre otras, por dos faltas de lesiones, DEBO CONFIRMAR Y CONFIRMO dicha resolución.

Se declaran de oficio las costas procesales que hubieran podido devengarse en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno (art. 977, L.E .Criminal).

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de Instrucción de procedencia con certificación de la presente resolución, para su cumplimiento y demás efectos legales.

Así por ésta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el magistrado que la dicta, estando celebrando audiencia pública; doy fe.

Práctica de la prueba
Valoración de la prueba
Responsabilidad penal
Delito imprudente
Delito doloso
Omisión