Sentencia Penal Nº 35/2012, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2, Rec 32/2012 de 14 de Febrero de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 14 de Febrero de 2012
  • Tribunal: AP - Las Palmas
  • Ponente: Parejo Pablos, Pilar
  • Núm. Sentencia: 35/2012
  • Núm. Recurso: 32/2012
  • Núm. Cendoj: 35016370022012100063

Encabezamiento

SENTENCIA

Iltmos. Sres.

PRESIDENTE :

Da PILAR PAREJO PABLOS

MAGISTRADOS:

Da YOLANDA ALCÁZAR MONTERO

D. NICOLAS ACOSTA GONZÁLEZ

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de febrero de dos mil doce.

Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, Sección Segunda, los presentes autos de Procedimiento Abreviado núm. 119/11, procedentes del Juzgado de Lo Penal núm. Uno de Arrecife, por delito de lesiones, contra Alvaro , con NIE NUM000 , representado por la procuradora Da Noelia Teresa Hernández Eugenio y defendido por la Letrada Da. Ma del Mar Astica Nadal, siendo parte el Ministerio Fiscal y pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación de dicho acusado contra la sentencia dictada por el Juzgado con fecha 28 de noviembre de 2011 , siendo ponente la Iltma. Sra. Da PILAR PAREJO PABLOS.

Antecedentes

PRIMERO: En dicha sentencia se contiene el siguiente Fallo:" Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Alvaro como autor criminalmente responsable de un Delito de Lesiones del art. 147.1 en relación con el art. 148.4 y 148.1 del mismo texto legal, sin que concurran circunstancias modificativa de la responsabilidad, a la pena de cuatro anos y seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante igual tiempo, y a la pena de cinco anos de prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informatico o telematico, contacto escrito, verbal o visual con Clara asi como la prohibición de aproximarse a la misma , cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre y acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente en un radio de 500 metros ,, la cual devengara los intereses previstos en los arts 576 y 580 de la Lec . "

SEGUNDO: Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del acusado, con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, sin solicitar nuevas pruebas, que fue admitido en ambos efectos, y del mismo se dio traslado a las partes personadas.

TERCERO: Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para sentencia.

Se aceptan íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO: La parte apelante basa su recurso en el error en la valoración de la prueba, en la no aplicación del principio in dubio pro reo, en la no aplicación de la atenuante de influencia del alcohol y en que no es de aplicación el artículo 148.1 por no ser el teléfono móvil un instrumento peligroso. Por ello considera que subsidiariamente a la absolución se imponga la pena de dos anos de prisión.

SEGUNDO: En primer lugar y por lo que se refiere al error en la valoración de la prueba esta sección con reiteración viene manifestando que debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que los acusados sean sometidos a un proceso público con todas las garantías ( artículo 24 de la Constitución ), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de estos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio ( reconocida en el artículo 741 citado ) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, únicamente debe ser rectificado, bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin en el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Más concretamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia, que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo.

Por lo demás, y conforme a reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en principio nada obsta a que, para destruir la presunción de inocencia que a todo acusado de la comisión de un delito o falta protege, se cuente con el testimonio de un sólo testigo de cargo, como es aquí el caso, y en tal sentido se ha venido pronunciando con reiteración la jurisprudencia, que ha admitido la validez de un sólo testigo como medio probatorio incluso cuando proceda de la propia víctima, siempre y cuando el Juzgador de instancia, valor y pondere con mesura y discreción las circunstancias concurrentes en el caso y elimine el testimonio que se acoja a toda fabulación o móviles de venganza, resentimiento y otras similares.

TERCERO: En el presente caso no se aprecia ningún error en la valoración de la prueba que deba corregirse en esta alzada, pues las contradicciones a las que se refiere la parte apelante, no desvirtúan en absoluto la declaración de los testigos. El acusado incluso reconoce haber zarandeado a la perjudicada, y desde luego las lesiones que le fueron objetivadas a la víctima son perfectamente compatibles con la versión de los hechos dada por ella y sin embargo no lo son con lo que sostiene el acusado.

En consecuencia con lo anterior el primer motivo del recurso debe ser desestimado.

Por lo que se refiere a la aplicación del principio in dubio pro reo, entendemos que no es de aplicación al supuesto que nos ocupa. Conviene senalar aquí que como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de dos mil cinco , es el propio tribunal de instancia el que tiene que manifestar si tiene alguna duda. Si no dudó y por ello condenó en unos términos concretos, las partes perjudicadas no pueden venir a plantearnos unas dudas que el órgano judicial no tuvo. Sólo vale el principio ""in dubio pro reo"" cuando el tribunal de instancia manifiesta su duda y la resuelve de un modo que no es el más favorable para el acusado.

Pues bien en el presente caso, el Juez no tiene duda de que las lesiones que sufrió la denunciante las causó el acusado, conclusión a la que también se llega en esta alzada y en consecuencia no es de aplicación el principio invocado, razón por la cual procede desestimar el segundo motivo del recurso.

Por lo que se refiere a la imposición de la pena consideramos que no es de aplicación la atenuante de consumo de alcohol, en primer lugar no consta que se modificaran las conclusiones provisionales por la defensa, y por tanto que incluyera, aún de modo subsidiario, la concurrencia de esta atenuante. Pero es que además el hecho de que la denunciante y la Guardia Civil manifiesten que el acusado había bebido alcohol, no acredita que su consumo influyera en su comportamiento, es más el propio acusado cuando le pregunta la defensa que si estaban bebidos manifiesta que más o menos, luego tampoco su declaración sirve para acreditar la existencia de la atenuante.

En lo que sí creemos que tiene razón el recurrente es que no está suficientemente acreditada la concurrencia de la circunstancia primera del artículo 148, es decir empleo de objeto peligroso. Entendemos que un teléfono móvil por si solo no se puede considerar como un instrumento u objeto peligroso si no se aportan datos sobre su tamano u otras características como pudiera ser los bordes en punta en lugar de redondeados, el material del que está hecho (metal o plástico) etc.... Que se le causara una herida inciso contusa de 1,5 cm a la perjudicada con el teléfono móvil no supone sin más datos que éste sea un instrumento u objeto peligroso.

En consecuencia la pena a imponer debe ser inferior a la fijada en la sentencia recurrida, pues no cabe duda que el Juez tuvo en cuenta la concurrencia de dos circunstancias del artículo 148 para imponer la pena de cuatro anos y seis meses de prisión. Entendemos que la pena de 3 anos y siete meses de prisión es la adecuada a las circunstancias del caso, pues la pena del artículo 148.4 del CP , es de 2 a 5 anos de prisión y como quiera que concurre la agravante de reincidencia se debe imponer en su mitad superior.

CUARTO: Procede, por tanto, la estimación parcial del recurso, revocando la sentencia recurrida únicamente para suprimir la aplicación del no 1 del artículo 148 del Código Penal y en consecuencia fijar la pena de prisión en tres anos, seis meses y un día, manteniendo el resto de las penas y demás pronunciamientos de la sentencia apelada. Todo ello declarando de oficio las costas causadas por este recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Alvaro , contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2011, dictada en el Juzgado de Lo Penal no 1 de Arrecife, la cual se revoca en lo necesario únicamente para suprimir la aplicación del no 1 del artículo 148 del Código Penal y en consecuencia fijar la pena de prisión en tres anos, seis meses y un día, manteniendo el resto de las penas y demás pronunciamientos de la sentencia apelada. Todo ello declarando de oficio las costas causadas por este recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Error en la valoración de la prueba
In dubio pro reo
Atenuante
Instrumento peligroso
Presunción de inocencia
Bebida alcohólica
Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva
Medios de prueba
Consumo de bebidas alcohólicas
Reincidencia