Sentencia Penal Nº 353/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3, Rec 157/2011 de 13 de Mayo de 2011

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  • Núm. Cendoj: 46250370032011100324

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

VALENCIA

- - -

SECCIÓN TERCERA

Apelación de Juicio de Faltas nº 157/2011

Dimana del Juicio de Faltas nº 1263/2010 del

Juzgado de Instrucción de Valencia número 6

SENTENCIA

Nº 353/2011

En la ciudad de Valencia, a trece de mayo de dos mil once.

D. Lamberto J. Rodríguez Martínez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, constituido en Tribunal unipersonal, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la sentencia nº 134/2011 de fecha 08-03-2011 del Juzgado de Instrucción de Valencia nº 6 en Juicio de Faltas nº 1263/2010, por falta de amenazas.

Han intervenido en el recurso Íñigo , en calidad de apelante, defendido por el Letrado D. Antonio Salazar Pauner, y Olga , en calidad de apelada, representada por la Letrada Dª Beatriz Navarrete Ortega. El Ministerio Fiscal ha intervenido en calidad de apelado.

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: "Por Íñigo y Sergio se interpuso denuncia contra Olga en la que se hizo constar que esta con motivo de divergencias laborales la denunciada acudió al establecimiento de comidas de los denunciantes con fecha 6 de diciembre de 2010 acompañada de persona no determinada profiriendo insultos y amenazas ambos contra los denunciantes, en el acto del juicio los denunciantes retiraron la denuncia.

Por Olga se interpuso denuncia contra Íñigo y Sergio manifestando que la denunciante ha estado trabajando para estos sin contrato durante mas de un mes y que con fecha 23 de noviembre de 2010 Sergio discute con la misma llamándole niñata y mal trabaja, dejando ese día de trabajar en el establecimiento, con fecha 6 de diciembre de 2010 la denunciante volvió al local para cobrar las cantidades adeudadas acompañada de su novio teniendo una discusión con los propietarios en el transcurso de la cual Íñigo le manifiesta "te pagaremos lo que queramos, niñata, menuda guarra lo dejabas peor que cuando llegabas"."

SEGUNDO.- El fallo de la sentencia apelada dice: "Que debo absolver y absuelvo a Sergio y Olga de las faltas de la que venía siendo acusados con declaración de oficio de las costas causadas.

Que debo condenar y condeno a Íñigo como autor de una falta de amenazas a la pena de diez días multa a razón de una cuota diaria de seis euros , ascendiendo a un total de 60 Euros que deberán ser ingresadas en la cuenta de este Juzgado en BANESTO 4455 0000 76 1263, en caso de impago de la citada multa voluntariamente o por vía de apremio quedara sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrán ser cumplidos en régimen de localización permanente; y al pago de las costas procesales"

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por Íñigo se interpuso contra la misma recurso de apelación ante el órgano judicial que la dictó.

CUARTO.- Recibido el escrito de formalización del recurso, el Juez de Instrucción dio traslado del mismo a las demás partes por un plazo común de diez días para la presentación, en su caso, de los correspondientes escritos de impugnación o de adhesión al recurso. Transcurrido dicho plazo, se elevaron a esta Audiencia Provincial los autos originales con todos los escritos presentados. Recibidos los autos, por la Oficina de Servicios Comunes de esta Audiencia fue turnado el presente juicio al Magistrado que ahora resuelve y fue remitido a la Secretaría de la Sección Tercera de dicha Audiencia para la formación del correspondiente rollo. Como sea que no se propuso prueba, se señaló el día 12-05-2011 para estudio y resolución.

QUINTO .- En la tramitación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

Hechos

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia apelada, que han quedado anteriormente transcritos.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia condenatoria dictada en su contra alega el apelante, en primer término, la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia por haber sido condenado sin prueba de cargo suficiente.

Como en el desarrollo de su recurso el apelante disiente de la valoración que se ha hecho de la declaración de la denunciante, es claro que, en realidad, sí se practicó prueba de cargo en el juicio oral (por lo que su derecho a la presunción de inocencia no fue vulnerado), y ello sin perjuicio de que pueda discreparse de si esa prueba tenía entidad suficiente para justificar su condena, de tal forma que, en caso negativo, lo que esa condena habría vulnerado sería el principio in dubio pro reo.

Así las cosas, examinado lo actuado se observa que, enjuiciado un incidente verbal entre denunciante y denunciado, la única prueba aportada con relación a lo que pudo ocurrir entre ambos es la declaración de los dos implicados.

Alega con acierto la parte apelada y tiene declarado reiteradamente esta Sala que "corresponde al Juez 'a quo' la libre valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral, dado que el mismo goza del principio de inmediatez que le permite ver y oír 'in situ' cuantas declaraciones se viertan en el mismo. Solamente se admite una excepción a este principio de libre valoración de la prueba, según doctrina del Tribunal Supremo (sent. 11-6-91, 8-7-92, 22-10-92, etc.) que es cuando a simple vista pueda apreciarse la existencia de tal error en el acta de juicio, lo cual no admita ninguna duda. El art. 741 de la L.E.Crim . dice que el juez dictará sentencia apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por el acusado, por lo que el proceso íntimo de formación de la convicción del juzgador se compone de todas las evidencias que lleguen a sus sentidos y no solamente de la declaración" ( sentencia de esta Audiencia Provincial de Valencia-Sección 3ª de fecha 03-11-2009, nº 664/2009 , entre otras muchas).

Sin embargo, las anteriores consideraciones no pueden impedir que en este caso, ante la escueta exposición que se hace en la sentencia apelada de las razones que le llevan a atribuir plena fiabilidad al testimonio incriminatorio de la denunciante frente a las alegaciones exculpatorias del denunciado y, examinada la grabación audiovisual del acto del juicio oral, deba concluirse que, como sostiene el apelante, no se practicó en el juicio oral prueba de cargo suficiente para afirmar, con la certeza que exige el respeto al principio in dubio pro reo, que profirió las expresiones por las que se le ha condenado.

En efecto, si la denunciante se mostró firme al ratificar su denuncia, la misma firmeza mostró el denunciado al exponer su versión exculpatoria, siendo de destacar que el procedimiento se había iniciado en virtud de denuncias cruzadas entre el denunciado y su hermano, de una parte, y la denunciante, de otra, consolidándose la posición procesal de unos y otra cuando al inicio del juicio los hermanos Íñigo Sergio retiraron su denuncia.

No puede ocultarse, además, que la fiabilidad del testimonio de la denunciante venía afectada por las discrepancias económicas mantenidas con el denunciado derivadas de una previa relación laboral, discrepancias que deberán ser resueltas en la jurisdicción social pero que no dejan de incidir en la valoración que deba hacerse de las circunstancias en que pudo producirse la discusión entre ambos implicados.

Con tales prevenciones y frente a la abierta contradicción existente entre las declaraciones de los dos únicos implicados en el incidente objeto de condena y ante al ausencia de cualquier otro medio probatorio que siquiera de forma periférica o indirecta hubiera podido corroborar total o parcialmente una de las dos versiones, ha de estimarse que, como alega el apelante, su condena se ha producido sin el apoyo de una prueba de cargo suficiente.

Ello determina la procedencia de absolver al apelante de la falta de amenazas por la que había sido condenado por imperativo del mencionado principio in dubio pro reo que, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26-09-2000, nº 1514/2000 , que "es una regla vertebral de la valoración de la prueba dirigida a los Tribunales de lo Penal, en cuya virtud, en aquellos supuestos a enjuiciar en los que exista una duda indestructible derivada de las pruebas de cargo y de descargo, aquellos deben adoptar el criterio más favorable al reo".

SEGUNDO.- No se considera procedente hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos aplicables del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en especial sus artículos 962 y siguientes.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Magistrado D. Lamberto J. Rodríguez Martínez

ha decidido:

Primero: Estimar el recurso de apelación interpuesto por Íñigo .

Segundo: Revocar la sentencia apelada, absolviendo a Íñigo de la falta de amenazas por la que había sido condenado, con declaración de oficio de las costas causadas en la primera instancia.

Tercero: No hacer un especial pronunciamiento sobre el pago de las costas causadas en esta instancia.

Contra la presente sentencia no cabe ningún recurso.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta sentencia a las partes, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, para su conocimiento, observancia y cumplimiento.

Así, por esta sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Prueba de cargo
Presunción de inocencia
Valoración de la prueba
In dubio pro reo
Práctica de la prueba
Sentencia de condena
Pruebas aportadas
Grabación
Medios de prueba
Falta de amenazas