Sentencia Penal Nº 378/2010, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 2, Rec 170/2010 de 22 de Junio de 2010

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  • Núm. Cendoj: 29067370022010100210

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCION 2ª BIS

ROLLO DE APELACION Nº170/10-E

Juzgado de procedencia: 1ª Instancia e Instrucción nº3 de Estepona

Procedimiento: Juicio de Faltas nº116/09

SENTENCIA Nº 378

En Málaga a 22 de junio de 2010.

Vistos en grado de apelación por la Sección 2ª Bis de la Audiencia Provincial de Málaga constituida por un solo Magistrado, el Ilmo. Sr. D. Francisco Ontiveros Rodríguez, los autos del Juicio de Faltas nº116/09 procedentes del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº3 de Estepona y seguidos por presunta falta de lesiones, con la intervención de Dña. Sandra , en representación de su hijo menor Hilario , como denunciante, y de Dña. Bárbara , como denunciada; habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº3 de Estepona se dictó en fecha 08/02/10 sentencia en la que se declara probado que "El día 20-4-09 Hilario recibió asistencia médica en el Centro de Salud de Estepona emitiéndose el pertinente parte médico, dando lugar a la incoación del presente juicio de faltas".

Que al anterior relato de hechos probados correspondió el siguiente fallo "QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A Bárbara como autor responsable de una falta de lesiones.

Sin expresa imposición de costas."

SEGUNDO.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por Dña. Sandra , en representación de su hijo menor Hilario , del cual se dio traslado a las demás partes, tras lo cual fueron remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, correspondiendo el conocimiento a esta Sección conforme al turno de reparto establecido.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección de la Audiencia Provincial se acordó la formación de Rollo para la sustanciación del recurso interpuesto, y no considerándose necesario la práctica de pruebas ni la celebración de vista, quedaron los autos a disposición del Magistrado designado para resolver el mismo.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Hechos

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de instrucción se alza la apelante al discrepar de la valoración de la prueba que realiza el Juez "a quo", entendiendo errónea la misma.

En este sentido, y con carácter previo, conviene recordar que con la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002 (Pleno), de 18 de septiembre , se ha dado carta de naturaleza a un nuevo criterio interpretativo, hoy en día plenamente consolidado (ha sido mantenido entre otras en las SSTC núm. 170/2002, de 30 de septiembre , núm. 197/2002 , núm. 198/2002 y 200/2002, todas de 28 de octubre , núm. 230/2002, de 9 de diciembre , núm. 41/2003, de 27 de febrero , núm. 68/2003, de 4 de abril , núm. 118/2003, de 16 de junio , núm. 10/2004, de 22 de marzo , núm. 50/2004, de 30 de marzo , núm. 112/2005, de 9 de mayo , núm. 170/2005, de 20 de junio , núm. 164/2007 de 2 de julio , núm. 78/2008, de 11 de febrero , núm. 49/2009, de 11 de febrero , y núm. 118/2009, de 18 de mayo ), conforme al cual el amplio carácter revisor del recurso de apelación se ve fuertemente limitado en cuanto a la valoración de la prueba, cuando lo que se pretende revisar es una sentencia absolutoria. De esta forma, quedaría proscrita la revocación de sentencias absolutorias o con pronunciamientos menos graves que el solicitado por el recurrente, sobre la base de nueva valoración de las pruebas sin atender a la garantía constitucional de los principios de publicidad, inmediación y contradicción que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, del art. 24 CE , que impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC núm. 324/2005, de 12 de diciembre , núm. 24/2006, de 30 de enero , núm. 90/2006, de 27 de marzo , núm. 3/2009, de 12 de enero , núm. 21/2009 de 26 de enero , núm. 119/2009, de 18 de mayo , o núm. 170/2009, de 9 julio entre otras). Consiguientemente se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal de apelación que ha de resolver un recurso frente a una Sentencia absolutoria revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones del acusado sin respetar los principios de inmediación y contradicción siendo ello necesario para pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia ( STC núm. 167/2002, de 18 de septiembre , FJ. 11). Pero incluso en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción (p.e. las testificales), el Tribunal Constitucional veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia sin que se practique la prueba con arreglo a tales principios ante el Tribunal "ad quem" ( STC núm.198/2002, de 28 de octubre ). Es claro, pues, que la Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto en un proceso penal, si no presencia las pruebas personales (declaración del acusado o prueba testifical) que fundaron aquélla declaración absolutoria. Pero a lo anterior debe añadirse que el art. 795.3 LECrim limita la práctica de diligencias de prueba en el recurso de apelación 1 ) a las que no pudieron proponerse en la primera instancia, 2) a las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que fuese formulada en su momento la oportuna reserva, y 3) a las admitidas que no fueron practicadas por causas ajenas al solicitante, de manera que la posibilidad de sustanciación de la vista oral en la apelación quedaría reducida a la realización de pruebas inadmitidas o no practicadas, en su caso, o a la exposición oral de las razones que fundan el recurso de apelación.

Así pues, a la vista de la doctrina antes expuesta, y centrándonos en la sentencia recurrida, en la que el Juez a quo llega a un pronunciamiento absolutorio tras la valoración de unas pruebas de índole eminentemente subjetiva (como son las declaraciones de la denunciante, el menor perjudicado y de la denunciada), no es posible para el órgano ad quem, sin una nueva práctica de dichas pruebas en la alzada (la cual no se ha solicitado, y que además en este caso sería legalmente improcedente, al igual que el resto de las pruebas propuestas por las partes en sus escritos, las cuales pudieron y debieron proponerse en tiempo y forma conforme a lo que dispone el mencionado art. 795.3 LECrim ), la revocación del mencionado pronunciamiento absolutorio del Juzgador de instancia, que en este caso es lógico y racional además de acertado en su conclusión. Y ello porque entiende que la mencionada actividad probatoria, atendidas las versiones contradictorias de las partes (mientras que la denunciante dice que la denunciada agredió a su hijo con unas tijeras, esta última, que reconoce que llevaba las mismas, niega haber agredido al menor) que no han podido ser corroboradas por ningún medio de prueba objetivo (pues el informe forense no permite concluir que las lesiones objetivas en el mismo sean compatibles con el mecanismo de producción descrito por la denunciante y el perjudicado), impiden que pueda atribuirse mayor credibilidad a la sola declaración del denunciante frente a la del denunciado, máxime si atendemos a la mala relación existente entre las partes que es puesta de manifiesto por la propias partes en sus respectivos escritos.

Por tanto, atendido lo anterior, el motivo de impugnación debe perecer.

SEGUNDO.- Conforme al art. 239 LECrim en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales, pudiendo tal resolución contener uno de los pronunciamientos que establece el art. 240 del mismo texto legal. Por tanto, atendido lo anterior, y no existiendo temeridad o mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dña. Sandra , en representación de su hijo menor Hilario , contra la sentencia de fecha 08/02/10 del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº3 de Estepona , confirmando íntegramente la misma y declarando de oficio las costas de la alzada.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que será notificada a los interesados con instrucción de sus derechos, verificado lo cual, remítase junto con los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia, en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe, estando constituido en audiencia pública ante mí el Secretario. Doy fe.

Valoración de la prueba
Presunción de inocencia
Prueba de testigos
Medios de prueba
Mala fe
Temeridad