Sentencia Penal Nº 38/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 16, Rec 432/2011 de 23 de Enero de 2012

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  • Fecha: 23 de Enero de 2012
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Cubero Flores, Francisco David
  • Núm. Sentencia: 38/2012
  • Núm. Recurso: 432/2011
  • Núm. Cendoj: 28079370162012100010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCION DECIMOSEXTA.

Apelacion RP 432-11

Juzgado Penal nº 4 bis de Alcalá de Henares.

Juicio Oral 400-07

SENTENCIA Nº 38/12

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ILTMOS. SRES. DE LA SECCION DECIMOSEXTA

D. MIGUEL HIDALGO ABIA ( PRESIDENTE)

D. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES. (Ponente)

D. JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTÍN.

En Madrid, a veintitrés de Enero de 2012.

Vistos por esta Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral 400/07 procedente del Juzgado de lo Penal nº 4 bis de Alcalá de Henares y seguido por un delito de lesiones siendo partes en esta alzada como apelante Severiano y como apelado el Ministerio Fiscal y Carlos Daniel habiendo sido designado ponente el Magistrado Sr. FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 17 de Diciembre de 2010 , que contiene los siguientes Hechos Probados:

" ÚNICO : Sobre las 21: 30 horas, del día 27 de mayo de dos mil seis, se originó una discusión entre los acusados, don Severiano y don Carlos Daniel , en el portal del inmueble sito en la AVENIDA000 , Nº NUM000 , de la localidad de Coslada, con ánimo de atentar contra la integridad física del otro, se agredieron mutuamente.

Don Severiano causó a don Carlos Daniel lesiones consistentes en fractura de rama mandibular y subcondílea derecha, fractura malar a nivel infraorbitario y arco cigomático, fractura de arco cigomático y trípode malar, fractura de seno maxilar, fractura de paredes mediales y suelo de la órbita derecha. Lesiones por las que precisó dos intervenciones quirúrgicas, que tardaron en curar ciento cincuenta y cinco días, durante los cuales, estuvo impedido para sus ocupaciones habituales, estando siete días hospitalizado y quedando como secuela limitación en las apertura de la articulación temporomandibular en los últimos grados con dolor.

Y don Carlos Daniel causó a don Severiano lesiones consistentes en contusión en muñeca izquierda que precisó una primera asistencia médica, tardando en curar dieciocho días, durante los cuales no estuvo impedido para sus ocupaciones habituales ".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece:

FALLO : "Condeno a don Severiano , como autor de un delito de lesiones, previsto y penado, en el Art. 147.1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Condeno a don Severiano , a abonar a don Carlos Daniel , la cuantía de doce mil euros (12. 000 € ), por las lesiones causadas, con aplicación de lo dispuesto en el Art. 576 LEC .

Condeno a don Carlos Daniel , como autor de una falta de lesiones, prevista y penada, en el Art. 617.1 del Código Penal , a la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de la pena de dos meses de multa, a razón de una cuota diaria de ocho euros, con responsabilidad personal subsidiaria del Art. 53 del Código Penal .

Condeno a don Carlos Daniel a abonar don Severiano , la cuantía de quinientos cuarenta euros, por las lesiones causadas, con aplicación de lo dispuesto en el Art. 576 LEC .

Condeno a don Severiano y don Carlos Daniel a pagar las costas causadas en esta instancia.".

SEGUNDO .- Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por el citado apelante, que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO. - Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial el día 10 de Enero de 2012 se formó el correspondiente rollo de apelación y se señaló día para la deliberación.

Hechos

Se aceptan y dan por reproducidos íntegramente los que como tales figuran en la sentencia apelada.

Fundamentos

PRIMERO. - Nos hallamos ante una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 bis de Alcalá de Henares, en cuya virtud se condena al ahora apelante como autor de un delito de lesiones del artículo 147.1 del C. Penal a la pena de 9 meses de prisión, accesorias, indemnización a favor de Carlos Daniel en la suma de 12.000 € , condenándose en la citada sentencia también al citado Carlos Daniel como autor de una falta de lesiones del artículo 617 del C. Penal a la pena de multa de dos meses con cuota diaria de 8 €, indemnización a favor de Severiano en la suma de 540 € y costas por mitad.

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la representación letrada de Severiano , sobre la base de los siguientes argumentos a los que daremos respuesta ordenada:

a) Quebrantamiento de forma por defecto en la redacción de los hechos probados de la sentencia lo que ha originado una predeterminación del fallo.

b) Incongruencia omisiva por no haberse pronunciado la sentencia sobre la concurrencia o no de la legítima defensa en el apelante.

c) Error en la apreciación de la prueba.

d) Infracción de ley por no apreciar la eximente de legítima defensa del artículo 20.4 del C. Penal .

e) Infracción de ley en cuanto al cálculo del montante indemnizatorio.

En cuanto al primero de los motivos de impugnación alegados indicaremos que el artículo 851.1º de la L.E.Crim . , al hilo del recurso de casación, fija como motivo para la misma que "se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo". A su vez reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ( Sentencias de 12.12.01 ; de 19.5.04 ; de 24.5.06 ; de 15.9.06 ,....) ha establecido los requisitos para la apreciación de dicho quebrantamiento de forma. Para su concurrencia es preciso:

a) Que se trate de expresiones técnicamente jurídicas, que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado;

b) Que tales expresiones sean generalmente asequibles a los juristas tan sólo y no compartan su uso en el lenguaje común.

c) Que tengan valor causal respecto al fallo.

d) Que suprimidos tales conceptos, dejen el relato histórico sin base.

Proyectada dicha doctrina general sobre el caso que nos ocupa, aprecia este Tribunal que en la redacción de los hechos probados no se han incluido, en modo alguno, términos jurídicos que integren el tipo penal de lesiones del artículo 147 del C. Penal y por tanto no existe predeterminación del fallo, que es el quebrantamiento de forma alegado en primer lugar por la defensa.

En los hechos probados que se consignan en la sentencia impugnada se habla de una discusión que se originó entre los acusados y que derivó finalmente en que ambos "se agredieron mutuamente". Es evidente que el término "agredir" forma parte del lenguaje popular y no del tipo penal del artículo 147 del C. Penal , por lo que no existe un término técnico jurídico que predetermine el fallo.

Ciertamente en los hechos probados no se consigna de manera absolutamente precisa como se produjeron las lesiones, pero tal extremo no implica una predeterminación del fallo, en la medida en que , tanto de la propia redacción de hechos probados, como de la misma sentencia en el resto de sus razonamientos, claramente se infiere una relación de causa efecto entre la acción del acusado apelante y el resultado lesivo en la otra persona y ello es lo trascendente a efectos penales.

Por último es lógico que en los hechos probados no se recoja quien de los dos acusados agredió primero, pues tal hecho no consta acreditado y es en suma, el meollo del asunto, pues si se hubiera acreditado quien agredió primero a quien, podría haber concurrido la eximente de legítima defensa completa o incompleta en alguno de ellos y no fue el caso. El primer motivo debe desestimarse.

SEGUNDO.- Alega en segundo lugar la parte apelante incongruencia omisiva por no haberse pronunciado la sentencia sobre la concurrencia de la eximente de legítima defensa en el ahora apelante.

La sentencia del Tribunal Supremo 23/2001 (RJ 200126), señalaba refiriéndose a la STS de 28 de diciembre de 2000 (RJ 200010341), que la "incongruencia omisiva" o "fallo corto" constituye un "vicio in iudicando" que tiene como esencia la vulneración por parte del Tribunal del deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte -integrado en el de tutela judicial efectiva- a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada (Sentencias del Tribunal Constitucional 192/87, de 23 de junio [RTC 1987192], 8/1988, de 22 de enero [RTC 19888] y 108/1990, de 7 de junio [RTC 1990108], entre otras, y de esta Sala Segunda de 2 de noviembre de 1990 [RJ 19908507], 19 de octubre de 1992 [RJ 19928346] y 3 de octubre de 1997 [RJ 19976997], entre otras muchas). Indicando que doctrina jurisprudencial estima que son condiciones necesarias para la apreciación de este "vicio in iudicando", las siguientes: 1) que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no sobre extremos de hecho, 2) que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; 3) que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; 4) que no consten resueltas en la sentencia, ya de modo directo o expreso, ya de modo indirecto o implícito, siendo admisible este último únicamente cuando la decisión se deduzca manifiestamente de la resolución adoptada respecto de una pretensión incompatible, siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión implícita, pues en todo caso ha de mantenerse el imperativo de la razonabilidad de la resolución ( SSTS 771/1996, de 5 de febrero [RJ 19961045 ], 263/1996 de 25 de marzo [RJ 19961926 ] o 93/97, de 20 de junio [RJ 19974854])»

En el mismo sentido la STS. 26 de mayo de 2000 (RJ 20006105) señala que la incongruencia omisiva requiere para su estimación,"que se haya omitido en la sentencia en la motivación requerida por los arts. 120.3 de la Constitución (RCL 1978 2836 ), 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 188216) y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 19851578, 2635), la respuesta a alguna de las cuestiones de carácter jurídico planteadas por las partes en sus escritos de calificación, pronunciándose asimismo en tal sentido, las sentencias del TC números 14/84 (RTC 198414 ), 177/85 (RTC 1985177 ), 142/87 (RTC 1987142 ), 69/92 (RTC 199269 ), 169/94 (RTC 1994164 ) y 195/95 (RTC 1995195)".

Asimismo, se ha declarado que no es apreciable la vulneración del derecho fundamental a la Tutela Judicial efectiva cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita o tácita, constitucionalmente admitida ( Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 169/1994 , 91/1995 [RTC 199591 ] y 143/1995 [RTC 1995143]), lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos fundamentadores de la respuesta tácita ( Sentencia del Tribunal Constitucional 263/1993 [RTC 1993263] y Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1997 [RJ 19976295 ], 24 de marzo [RJ 19982356] y 28 de mayo [RJ 19985004] de 1998 , etc).

Proyectada dicha doctrina general sobre el caso que nos ocupa hemos de concluir que el motivo de impugnación debe ser claramente rechazado. Ello es así pues, de una parte en el fundamento jurídico tercero claramente se indica que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y el fundamento jurídico primero , se dedica, casi en su totalidad al análisis exhaustivo de la prueba documental, pericial y sobre todo testifical, practicada, llegando a la conclusión de que no puede acreditarse quién de los dos contendientes inició la agresión. Por tanto sí existe un pronunciamiento implícito, pero claro y extenso , sobre la cuestión de hecho que justificaría la concurrencia de la circunstancia eximente de legítima defensa y es la no acreditación de quien comenzó la agresión. El motivo debe ser desestimado.

TERCERO.- Alega en tercer lugar el apelante error en la apreciación de la prueba.

La construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal , como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, en este caso con al inestimable ayuda de la grabación del juicio en formato DVD. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

No sucede así en este caso; la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Magistrada del Juzgado de lo Penal, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia.

Así las cosas, la valoración efectuada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez de lo Penal, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante el practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno.

En este sentido, es preciso recordar que, como señalaba la STS 251/2004, de 26 de febrero , la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituída por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

En concreto la valoración de la prueba ha sido correctamente efectuada por quien redacta la sentencia apelada y no por el hecho de ser juzgadora en primera instancia, sino por la justificación que realiza en su sentencia de dicha valoración , los argumentos que expone para ello y el resultado del juicio oral reflejado en el soporte audiovisual del mismo.

Centra el apelante su alegato en la no apreciación por parte de la juzgadora de instancia de la eximente de legítima defensa concurrente en su cliente. En este sentido el razonamiento de quien dictó la sentencia, es extenso, perfectamente justificado, acertado y lógico. Comparte esta Sala los argumentos, ya expuestos en multitud de Sentencias del Tribunal Supremo ( de 14.4.05 ; de 16.11.00 ; de 20.2.96 , ...) que excluye la legítima defensa en los supuestos de riña mutuamente aceptada, sin que ello sea óbice para que el Juez entre a examinar de manera individualizada cada conducta concreta para no incurrir en soluciones simplistas. La base de fondo sobre dicha tesis del Tribunal Supremo cabe encontrarla en la dificultad para considerar acreditado el primero de los requisitos esenciales de la legítima defensa ( artículo 20.4 del C. Penal ) cual es el de la agresión ilegítima. En la riña mutuamente aceptada suele ser imposible acreditar sencillamente quien comenzó primero la agresión. Pues bien, en el presente caso y como extensa y acertadamente razona la Juez de lo Penal, existe un acometimiento mutuo y de hecho ambos contendientes han sido condenados como autores de una agresión hacia el otro, con diferente calificación jurídica eso sí. Explica la sentencia apelada de manera concreta e individualizada las razones por las que considera que no puede acreditarse legítima defensa, en ninguno de los dos acusados, y dicho razonamiento lo hace sobre la base de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y concretamente las declaraciones del apelante ( el otro acusado no asistió al juicio oral) , la de los testigos que sí asistieron a dicho acto ( un vecino y el hijo del otro acusado) y los partes de lesiones. Desmenuza la Juez el contenido de los partes de lesiones , las declaraciones en el acto del juicio oral, llegando a la conclusión inequívoca de que existe una riña mutuamente aceptada, que ambos se han agredido mutuamente, con un resultado lesivo diferente en ambos casos y condenando en consecuencia a ambos. Como suele ser normal en estos casos cada parte atribuye la iniciativa agresiva a la contraria, pero lo cierto es que el resultado final es el de una agresión mutua, siendo imposible determinar quien comenzó primero la agresión y tan sencillo y esclarecedor argumento es el que expone la Ilma. Sr. Magistrada Juez en la sentencia apelada que debe ser confirmada en todos sus extremos y por los mismos razonamientos empleados que se comparten.

CUARTO.- Alega en cuarto lugar la parte apelante infracción de ley por no aplicar la eximente de legítima defensa del artículo 20.4 del C. Penal . Como hemos anticipado en el anterior fundamento jurídico uno de los requisitos del artículo 20.4 del C. Penal para la concurrencia de la eximente de legítima defensa es la agresión ilegítima. Corresponde a la defensa la prueba de los elementos fácticos que sustentan la apreciación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad eximente completa o incompleta o atenuante, como incumbe a la acusación la prueba de los elementos de hecho que implican la concurrencia de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante ( Sentencias del Tribunal Supremo de 3.11.03 ; 2.10.03 ; 15.11.01 , ....entre otras muchas).

En el presente caso y por lo expuesto en el anterior fundamento jurídico , no se ha acreditado la existencia de dicha agresión ilegítima por parte del otro acusado y de ahí que no pueda apreciarse la circunstancia eximente alegada. El motivo no puede prosperar.

QUINTO.- Alega finalmente la parte apelante infracción de ley por no aplicación del artículo 114 del C. Penal que señala la posibilidad de que se modere el montante indemnizatorio si la víctima hubiera contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido.

En verdad y del relato de hechos probados no podemos considerar que la víctima haya contribuído a la producción del daño que ella misma ha sufrido, sino que nos hallamos ante un supuesto diferente y es que cada parte ocasiona daños a la otra. En estos casos no procede una moderación de la indemnización, sino la compensación de la responsabilidad civil de cada uno, de tal modo que al montante indemnizatorio que deberá abonar el apelante al otro acusado, se le restará el importe que el otro acusado deberá abonar al ahora apelante, de tal modo que finalmente el apelante deberá indemnizar a Carlos Daniel en la suma de 11.460 €, lo que facilitará, entre otras cosas la ejecución de la sentencia al no tener que exigir al Sr. Carlos Daniel el abono de 540 € para luego entregarle 12.000 €. El motivo debe desestimarse.

SEXTO.- No concurren circunstancias que justifiquen la imposición de las costas de este recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación formulado por Severiano , contra la sentencia de fecha 17 de Diciembre de 2010 , dictada por el Juzgado Penal nº 4 bis de Alcalá de Henares en el Juicio Oral nº 400-07, confirmando la mencionada resolución. No debemos hacer imposición de las costas de este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. Notifíquese esta resolución a las partes.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN . Leída y publicada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la suscribieron, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, por ante mí el Secretario de lo que doy fe.-

Legítima defensa
Incongruencia omisiva
Tipo penal
Error en la valoración de la prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva
Delitos de lesiones
Intervención de abogado
Falta de lesiones
Lesividad
Valoración de la prueba
Omisión
Riña mutuamente aceptada
Práctica de la prueba
Prueba documental
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Agresión ilegítima
Grabación
Eximentes completas
Responsabilidad
Atenuante
Responsabilidad penal
Agravante
Reducción de la indemnización
Ejecución de sentencia