Sentencia Penal Nº 39/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7, Rec 392/2010 de 18 de Febrero de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 18 de Febrero de 2011
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Del Molino Romera, Ana Mercedes
  • Núm. Sentencia: 39/2011
  • Núm. Recurso: 392/2010
  • Núm. Cendoj: 28079370072011100105

Encabezamiento

ROLLO Nº 392/2010

JUICIO DE FALTAS Nº 494 /2009

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 San Lorenzo de El Escorial

SENTENCIA Nº 39/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL

Ilma. Sra. Magistrada de la Sección 7ª

Doña Ana Mercedes del Molino Romera

En Madrid a dieciocho de febrero de dos mil once.

La Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial Doña Ana Mercedes del Molino Romera, actuando como Tribunal unipersonal de acuerdo con lo previsto en el artículo 82 párrafo 2º de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial , ha visto en segunda instancia el presente juicio de faltas seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Lorenzo de El Escorial por LESIONES en virtud del recurso de apelación interpuesto por Eutimio , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del expresado Juzgado, habiendo sido partes en el presente recurso el apelante citado.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado antes citado en el juicio de faltas a que este rollo se refiere se dictó sentencia con fecha 6 de julio de 2010 en la que se establecen como hechos probados que: "el día 13 de octubre de 2010, Don José y Don Eutimio mantuvieron una discusión el el garaje comunitario situado en la Avenida DIRECCION000 número NUM000 de la localidad de Villanueva del Pardillo, en el transcurso de la cual, se acometieron mutuamente, pues éste le agarró a aquél por el pecho, al tiempo que aquél le empujó, provocando su colisión contra una pared cercana.

Como consecuencia de la citada agresión, el Sr. José sufrió lesiones consistentes en herida superficial en cara externa del 5º dedo de la mano derecha, la cual tardó 10 días en curar, ninguno de los cuales fue impeditivo, sin necesidad de tratamiento médico y sin secuelas. Por su parte, Don Eutimio también sufrió lesiones como consecuencia de la precitada agresión, consistente en herida en región occipital derecha, cefalea y cuadro de ansiedad de pronóstico leve, las cuales tardaron en curar 7 días, ninguno de los cuales fue de carácter impeditivo, sin necesidad de tratamiento médico y sin secuelas."; su fallo o parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a DON Eutimio como autor responsable de una falta de lesiones, prevista y penada en el articulo 617.1 del Código Penal , a la pena de UN MES (1 mes) de multa a razón de SEIS EUROS(6 euros) diarios; quedando sometido a la responsabilidad personal subsidiaria que prevé el artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

Debo condenar y condeno a DON Eutimio , como responsable civil directo, a indemnizar a DON José en la cantidad de DOSCIENTOS EUROS (200 euros), con los intereses previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Debo condenar y condeno a DON José como autos responsable de una falta de lesiones, prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal , a la pena de UN MES (1 mes) de multa a razón de SIETE EUROS (7 euros) diarios; quedando sometido a la responsabilidad personal subsidiaria que prevé el artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

Todo lo anterior debe entenderse con expresa imposición a cada uno de los denunciados de las costas procesales causadas a instancia de las respectivas faltas.".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial por el mencionado apelante; al dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, no se efectuaron alegaciones. Repartidas las actuaciones a esta Sección Séptima se formó el rollo correspondiente con el nº 392/2010; señalándose para resolución del recurso el día de hoy.

Hechos

SE ACEPTAN íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.

Con la sola modificación del año que se suprime "2010" y se sustituye por "2009".

Fundamentos

PRIMERO.- En el recurso de apelación que formula D. Eutimio no se alega motivo concreto alguno, tan solo se muestra el desacuerdo con la misma.

La función revisora encomendada al Tribunal de apelación, respecto de la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: Que el Juzgador de Instancia dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración. Que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos. Que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de Instancia su convicción, debidamente expuestos en la sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba (entre otras muchas, STS Sala 2ª, de 26 de febrero de 2.003 y de 29 de enero de 2.004).

En definitiva, como establece el Tribunal Supremo (entre otras Ss de 2 de Marzo , 17 de mayo y 4 de junio de 1.996 ) para que pueda ser apreciada en el proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario se ha practicado en relación con tales hechos o elementos actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la ley corresponde con exclusividad dicha función (artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117 3 de la Constitución Española).

Una vez producida la actividad probatoria de cargo ante el Tribunal Juzgador en términos de corrección procesal, su valoración corresponde al mismo, conforme al art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; debiendo partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. Dar más credibilidad a un testigo que a otro o decidir sobre la radical oposición entre denunciante y denunciado, es tarea del Juzgador de instancia que puede ver y oír a quiénes ante él declaran ( sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1.986 , 27 de octubre y 3 de noviembre de 1.995 ), si bien la estimación en conciencia no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del juez, sino a una apreciación lógica de la prueba, no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el artículo 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia (sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1.985 , 23 de junio de 1.986 , 13 de mayo de 1.987 , y 2 de julio de 1.990 , entre otras), únicamente debe ser rectificado cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia. De la lectura del acta del juicio oral y del examen de las actuaciones se desprende que en el presente caso ha habido prueba bastante para desvirtuar la presunción de inocencia, pues de las declaraciones de las partes se desprende la existencia de esa controversia entre las partes, que termino con la disputa que motiva esta causa. La existencia del menoscabo físico resulta acreditada por la existencia de los partes de lesiones, que objetivan ese menoscabo físico.

En definitiva, ha de concluirse que la prueba practicada en el acto del juicio oral acredita que los hechos ocurren tal y como la sentencia declara probado, y que los escritos de recurso no aportan motivos que permita deducir que la valoración probatoria que sustenta el relato de hechos probados sea fruto del error, una omisión esencial o la arbitrariedad. Por eso se va a respetar la misma y siendo ajustada a derecho la calificación jurídica que de los hechos probados se hace y los demás elementos del fallo, declarando de oficio las costas de esta alzada

VISTOS los artículos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el apelante D. Eutimio en su propio nombre contra la sentencia pronunciada en el Juicio de Faltas nº 494/2009 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de El Escorial con fecha 6 de julio 2010 declaro no haber lugar al mismo y, en su consecuencia, CONFIRMO la resolución apelada en todas sus partes declarando de oficio las costas de esta alzada

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones al Juzgado a quo a los fines procedentes con certificación de esta resolución.

Contra la presente resolución, y en virtud de lo previsto en el artículo 981 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Dña Ana Mercedes del Molino Romera que la dictó estando celebrando audiencia pública, de que certifico.

Presunción de inocencia
Objeto del proceso
Sentencia de condena
Prueba de cargo
Violación constitucional
Valoración de la prueba
Ope legis
Práctica de la prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva
Error en la valoración de la prueba
Omisión