Sentencia Penal Nº 41/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 29, Rec 368/2011 de 23 de Febrero de 2012

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    PRIMERO .- Se interpone recurso de apelación por la parte denunciada contra la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcorcón, de 26 de marzo de 2015 , por la que se le condena como autor de una falta de amenazas, alegando como único motivo de su alzada el error en la valoración de las pruebas.Dicho motivo del recurso ha de perecer, por cuanto se limita la parte a la contradictoria afirmación de un relato de los hechos que niega la versión dada por la contraparte y tenida por cier...

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Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 29

MADRID

SENTENCIA: 00041/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección nº 29

Rollo: 368/2011 RJ

Órgano de Procedencia: Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid

Proc. Origen: Juicio de Faltas nº 1102/2011

SENTENCIA Nº 41/12

Ilma. Sra. Magistrada de la Sección 29ª

D. ª Lourdes Casado López

En Madrid, a 23 de febrero de 2012.

La Ilma. Sra. D. ª Lourdes Casado López, Magistrada de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Unipersonal en turno de reparto, conforme a lo dispuesto en el art. 82.2 pfo 2º de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial , ha visto en segunda instancia, ante esta Sección Vigésimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, el Juicio de Faltas núm. 1102/2011, procedente del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, seguido por falta de amenazas del art. 620. 2 del C. Penal ; venido a conocimiento de esta Sección en virtud de recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por el denunciado y condenado Martin contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del referido Juzgado, con fecha 14 de noviembre de 2011 , habiendo sido partes apeladas el Ministerio Fiscal y Carolina , quienes han impugnado el recurso formulado de contrario.

Antecedentes

PRIMERO .- Con fecha 14 de noviembre de 2011 se dictó sentencia en Procedimiento de Juicio de Faltas de referencia por el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid , cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

" QUE DEBO DE CONDENAR a Martin , como autor responsable de una falta de amenazas del art. 620.2 del Código penal a la pena de seis días de localización permanente, a cumplir en domicilio distinto al de la denunciante y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la persona, domicilio y centro de Carolina , con prohibición absoluta de comunicación oral y escrita por tiempo de seis meses con condena en costas.";

Y como Hechos Probados se hacían constar:

UNICO.- En fecha 12 de noviembre de 2011, el denunciado Martin , que había bebido, en el curso de una discusión con su hermana, la denunciante Carolina , le amenazó diciendo que la iba a matar y que iba a quemar la casa con ella dentro."

SEGUNDO . - Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el denunciado Martin , con el fundamento que se expresa en el escrito en que se deduce el mismo.

TERCERO .- Admitido a trámite, se dio traslado del escrito a las partes, quienes impugnaron el recurso en los términos dichos; tras lo cual se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso, siendo registradas al número de rollo 368/2011 RJ.

Hechos

Se aceptan íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales se tienen aquí por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO .- Se interpone recurso de apelación por el denunciado citado contra la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid , de 14 de noviembre de 2011 , por la que se condena a dicho recurrente como autor de una falta de amenazas , alegando como único motivo de su alzada el error en la valoración de las pruebas, en orden a entender no acreditada la producción de las expresiones amenazantes imputadas y por las que ha sido condenado, señalando además que nos encontramos con versiones contradictorias sin que compareciera al acto del juicio oral el único testigo presencial de los hechos, no quedando desvirtuado el principio de presunción de inocencia que asistía al denunciado.

El motivo del recurso ha de perecer, por cuanto se limita a la contradictoria afirmación de un relato de los hechos que niega la versión dada por la contraparte y tenida por cierta en la sentencia de instancia, cuestionando la valoración de los testimonios de cargo que efectúa la instancia.

En esta materia hemos de partir del hecho de que el recurso de apelación tiene como objeto la revisión por el Tribunal ad quem de los hechos declarados probados y la aplicación de las normas legales de derecho que fueron efectuadas en la resolución de primera instancia. Y si ello no produce mayores problemas en orden a la aplicación del derecho efectuada, resulta más cuestionable la actuación del órgano ad quem a la hora de revisar la determinación de hechos derivada del análisis de las pruebas practicadas, ya que conforme a la más reciente jurisprudencia constitucional en esta materia, la valoración de las pruebas realizada por el juez a quo en ejercicio de las facultades, al tiempo obligaciones, que le imponen los arts. 741 y 973 de la LECr , partiendo de que la actividad probatoria desarrollada en el acto del juicio oral con pleno respeto a los principios procesales de inmediación, concentración y oralidad conduce a que sea el juez a quo, en tanto es ante quien personalmente se realizan las pruebas y por ello puede no solo apreciarlas directamente, sino además, puede llegar a intervenir en ellas, posibilidades de mayor valor aún en el caso de las pruebas de naturaleza puramente personal (declaraciones de partes, testigos o peritos efectuadas en juicio), lo que supone que cuando lo cuestionado por un recurrente sea la valoración que el órgano judicial de instancia haya efectuado de las pruebas que apreció en conciencia ( art. 741 LECr ) el tribunal superior habrá de respetar, en principio, las conclusiones sobre las pruebas, siempre y cuando el argumentarlo de esa valoración está debidamente motivado.

En consecuencia, la valoración de las pruebas efectuadas por el juez de instancia sólo puede ser revisada en los siguientes supuestos: a) cuando la valoración no dependa de la percepción directa de las pruebas que el juez a quo tuvo con exclusividad; b) cuando con carácter previo a la valoración de las pruebas no exista prueba objetiva de cargo válidamente celebrada, lo que vulneraría el principio de presunción de inocencia, y c) cuando el examen de lo actuado conduce a constatar un manifiesto y claro error en el juez a quo, al resultar su razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario.

Por ello, si las pruebas se han practicado con respeto a las exigencias legales y constitucionales que regulan su práctica y su interpretación no lleva a conclusiones absurdas o ilógicas, no debe el tribunal ad quem alterar la valoración de la prueba alcanzada en la instancia.

En el caso de autos, la sentencia de instancia formula un razonado y razonable argumento de los motivos por los que entiende más fiable la versión que declara probada, apreciando que el propio denunciado admite la discusión con su hermana, incluso que llegó a decirla "que la iba a dar dos bofetadas" , derivándose de dicha manifestación la agresividad subyacente en el denunciado, lo que en unión de la confirmación de la versión tenida por cierta por el juez a quo por la víctima en un relato firme, persistente y mantenido en el tiempo , conducen a la conclusión condenatoria alcanzada en la instancia, y tal construcción lógica ha de ser confirmada en esta alzada por los motivos expuestos.

Procede por ello, ratificar las razonables conclusiones de hecho de la sentencia combatida, pues las alegaciones vertidas en el recurso carecen de virtualidad para desmontar las argumentaciones del juez a quo, por lo que en definitiva el único motivo de recurso esgrimido es la pretensión de la parte de sustituir la valoración de la prueba efectuada por el juez a quo por la suya propia, interesada y parcial, realizada sin exponer error apreciable alguno que permita en esta alzada modificar unos hechos probados que habrán, en consecuencia, de ser confirmados, lo que conduce a la desestimación del recurso.

SEGUNDO .- Las costas de esta alzada se declaran de oficio ( art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ) al no apreciarse motivos de temeridad o mala fe en la interposición del recurso.

Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fallo

QUE desestimando el recurso de apelación interpuesto por Martin contra la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2011 recaída en el procedimiento juicio de faltas nº 368/2011 del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid , se confirma íntegramente dicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones al Juzgado a quo a los fines procedentes con certificación de ésta resolución.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda y firma la Ilma. Sra. D. ª Lourdes Casado López, Magistrada integrante de esta Sala.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrada Ilma. Sra. D. ª Lourdes Casado López, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Principio de presunción de inocencia
Falta de amenazas
Error en la valoración
Testigo presencial
Práctica de la prueba
Valoración de la prueba
Mala fe
Temeridad