Sentencia Penal Nº 411/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 2, Rec 154/2011 de 30 de Mayo de 2011

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Encabezamiento

Sª penal . Secc. 2ª A. P. Valencia

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN SEGUNDA

VALENCI A

Rº Apelación nº 154/2011

Juicio Faltas nº 321/2009

Juzgado de Instr. nº 3 de Torrent.

SENTENCIA NÚMERO 411/2011

En la Ciudad de Valencia a 30 de mayo de 2011

D. JUAN BENEYTO MENGÓ, Magistrado titular de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, constituido en Tribunal Unipersonal, ha visto en grado de apelación los presentes autos de Juicio de Faltas, procedentes del Juzgado de Instr. nº 3 de Torrent, registrados en el mismo con el número 321/2009 , correspondiéndose con el rollo número 154/2011.

Han intervenido en el recurso, en calidad de apelante la Letrado Dª. ELENA DIAGO ESTEVE en nombre y representación de Lucio y en calidad de apelado el MINISTERIO FISCAL y los agentes del CUERPO NACIONAL DE POLICÍA NUM000 Y NUM001 .

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 13 de mayo de 2011 disponía: "Que debo CONDENAR y CONDENO a Lucio de la falta que se le imputaba a la pena de MULTA de 30 días de duración a razón de 12 euros diarios con una responsabilidad personal subsidiaria para el supuesto de impago y previa exacción de sus bienes de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas así como al pago de las costas procesales si las hubiere.".

SEGUNDO.- Motivos del recurso: error en la apreciación de las pruebas.

TERCERO.- Se recibieron las actuaciones para su tramitación en esta Sección el 25 de mayo de 2011.

Hechos

Se acepta el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, que se da por reproducido.

Fundamentos

PRIMERO .- Frente a la Sentencia dictada en este procedimiento se interpone recurso de apelación, alegando como motivo del recurso e rror en la apreciación y valoración de las pruebas. Se solicita la absolución del recurrente y en su defecto se imponga la pena de 10 días con una cuota diaria de 2 euros.

SEGUNDO.- Es necesario recordar la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional, reforzada por el Tribunal Supremo y asumida inequívocamente por todos los Tribunales de este país, relativa a las posibilidades que en la fase de recurso caben al órgano encargado de la revisión de la decisión anterior para modificar la resolución dictada , basada esencialmente sobre pruebas de carácter personal que fueron únicamente presenciadas por el Juez que presidió el acto desde la privilegiada posición de la inmediación.

Partiendo de que los Tribunales de apelación deben aceptar que sus facultades de revisión fáctica en contra del reo son limitadas y no pueden suplantar la valoración de las pruebas realizada por el juzgador de instancia cuando exija la inmediación y la contradicción, esto es, cuando se trate esencialmente de pruebas personales, si que podrá revisar el relato fáctico cuando se trate de la valoración de otras pruebas, como documentales, periciales o inferencias. Ello implica que la prueba producida en el juicio es inmune a la revisión en vía de recurso si depende de la inmediación, pero es revisable en lo que concierne a la estructura racional del discurso valorativo, sin que pueda confundirse la inmediación como principio de la inmediación como pretexto.

La misma podrá producirse: a) por infracción de ley, al advertir errores de subsunción del relato fáctico en la norma penal o doctrina jurisprudencial; b) por quebrantamiento de forma, por vicios in procedendo o vicios in iudicando, motivando la devolución de la causa al juzgador de instancia; c) por el error en la apreciación de la prueba, cuando pueda ser acreditado sin necesidad de valorar las pruebas practicadas en la primera instancia que hayan exigido la inmediación y la contradicción; d) cuando el error valorativo se produzca concurriendo los requisitos que reiteradamente viene señalando la Sala Segunda del Tribunal Supremo (24-1-91, 21-11-96, 11-11-97, 13-2-2001, entre otras), cuales son: que se funde en una prueba documental, que de la misma se evidencie el error por su propio poder demostrativo directo, que no esté en contradicción con otros elementos de prueba y que el dato contradictorio documentalmente acreditado sea relevante para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo; e) en cuanto se produzca la presencia eficaz de una prueba pericial que modifique el relato fáctico, lo que ocurre cuando se presenta un dictamen o varios coincidentes, sin disponer de otras pruebas contradictorias, o cuando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes se pueda llegar a conclusiones divergentes sin explicar las razones que lo justifiquen; y f) cabe, por fin, la revisión de la sentencia de instancia, en lo que concierne a la estructura racional del discurso valorativo, a través de lo que el Tribunal Supremo denomina juicios de inferencia (sentencia de 26-7-2000 ), equivalentes a las proposiciones en que se afirma, o eventualmente se niega, la concurrencia de un hecho subjetivo, es decir, de un hecho de conciencia, que por su propia naturaleza no es perceptible u observable de manera inmediata o directa. El relato de hechos probados de una sentencia de instancia es vinculante cuando expresa hechos, acontecimientos o sucesos, pero no cuando contiene juicios de inferencia, pues ésta no depende ordinariamente de la inmediación sino de un juicio de razonabilidad, lo que determina que pueda ser modificado por la vía del recurso.

Las conclusiones de todo lo anterior podrían concretarse en que el Tribunal de apelación no puede revisar la valoración de las pruebas practicadas en la instancia cuando sea exigible la inmediación o la contradicción; que los Tribunales de apelación debemos de aceptar que tenemos limitadas las facultades de revisión fáctica en contra del reo; que ello no autoriza a los Tribunales de apelación a establecer un trámite de vista oral para reiteración en segunda instancia de pruebas ya practicadas.

TERCERO.- La parte apelante basa su recurso en valoraciones personales de la prueba, que no hay que olvidar que son valoraciones de parte con una clara inclinación hacia algo o alguien, en este caso su representado, valoración que sin duda incluye o denota parcialidad, que si bien son legítimas no pueden desvirtuar la valoración que hace el órgano enjuiciador en un asunto en el que no hay que olvidar que el único órgano imparcial es el sentenciador. Nadie puede pretender que un órgano judicial redacte la sentencia que según su parcial interés debería de redactar, por entender que los hechos han sucedido como ellos quieren que hayan sucedido, pues no hay que olvidar que el Letrado no estuvo presente en los hechos y por lo tanto hace dogma de fe de la postura de su cliente, que son los que en suma le pagan sus honorarios. Posición personal entendible pero que no podemos compartir por las simples manifestaciones que ponen al juzgador de instancia como una persona carente de sentido común, alejada de la realidad de lo sucedido, la cual asume su postura de juzgador desde la más imparcial de las posiciones valorando lo actuado en juicio oral frente a ella, dictando una sentencia de sentido común, valorando con criterio lo sucedido sin mácula alguna en su fundamentación y valoración por lo que necesariamente la sentencia debe ser confirmada en su totalidad. Y así en la sentencia hace una valoración adecuada de la prueba practicada manifestando que "Resulta probado el hecho y la autoría del denunciado de la declaración prestada por la parte denunciante, la cual se ve corroborada por distintos elementos. Así razona el Juez ad quo la condena, en la declaración de los dos agentes de policía nacional NUM000 Y NUM001 , los cuales se reafirman en los hechos denunciados. El acusado ni si quiera comparece a juicio, a fin de avalar la versión exculpatoria que de los hechos pueda dar, con algún razonamiento lógico. Se entiende que la concreción de la pena es adecuada a los hechos cometidos en su extensión en días y cuota multa.

Sin duda pruebas que rompen en pedazos la presunción de inocencia.

CUARTO.- Que no concurren circunstancias que justifiquen la imposición de las costas de este recurso.

VISTOS los preceptos aplicables del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en especial sus artículos 962 y siguientes

Fallo

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la Letrado Dª. ELENA DIAGO ESTEVE en nombre y representación de Lucio , contra la Sentencia de fecha 13 de mayo de 2011 , dictada por el Juzgado de Instr. nº 3 de Torrent, registrados en el mismo con el número 321/2009 , correspondiéndose con el rollo número 154/2011, confirmando íntegramente la Sentencia dictada, sin hacer pronunciamiento de las costas de este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

La Sentencia se notificará por escrito a los ofendidos y perjudicados por la falta, aunque no se hayan mostrado parte en la causa y a las partes personadas.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento y ejecución, debiendo acusar recibo.

Así, por esta Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

Práctica de la prueba
Error en la valoración de la prueba
Prueba documental
Prueba pericial
Revisión de la sentencia
Presunción de inocencia