Sentencia Penal Nº 492/2010, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1, Rec 5835/2010 de 22 de Octubre de 2010

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  • Orden: Penal
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  • Núm. Sentencia: 492/2010
  • Núm. Recurso: 5835/2010
  • Núm. Cendoj: 41091370012010100359

Encabezamiento

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla

Avda. Menéndez Pelayo 2

Tlf.: 955005021 / 955005023. Fax: 955005024

NIG: 4109143P20080005719

RECURSO:Apelación Sentencias Procedimiento Abreviado 5835/2010

ASUNTO: 100973/2010

Proc. Origen: 540/2008

Juzgado Origen :JUZGADO DE LO PENAL Nº9 DE SEVILLA

Negociado:L

Apelante:.MINISTERIO FISCAL

Apelado: Juan Ignacio

Abogado:INMACULADA MORGADO LUQUE

Procurador:MERCEDES RETAMERO HERRERA

S E N T E N C I A Nº 492/2010

ILMOS SRES.

PRESIDENTE:

JOAQUIN SÁNCHEZ UGENA

MAGISTRADOS:

MARIA DOLORES SANCHEZ GARCIA ( PONENTE)

JUAN ANTONIO CALLE PEÑA

JUZGADO DE LO PENAL Nº9 DE SEVILLA

APELACIÓN ROLLO NÚM. 5835/2010

A. PENAL NÚM. 540/2008

En la ciudad de SEVILLA a veintidós de octubre de dos mil diez.

Visto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos de Procedimiento Abreviado seguidos en el Juzgado de Lo Penal referenciado, cuyo recurso fué interpuesto por la representación de MINISTERIO FISCAL. Es parte recurrida Juan Ignacio .

Antecedentes

PRIMERO.- El Ilmo Sr. Magistrado Juez de lo Penal del JUZGADO DE LO PENAL Nº9 DE SEVILLA, dictó sentencia el día 9-11-09 en la causa de referencia, cuyo Fallo literalmente dice. " CONDENAR a Juan Ignacio , como autor penalmente responsable de un DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL del artículo 379.2 del CP , a las penas de 8 meses de multa, con la cuota diaria de 6 euros, y de privación del derecho de conducir vehículos de motor y ciclomotores por 2 años, con expresa imposición de las costas del procedimiento.

El impago de la citada pena de multa determinará la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas ".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, por la representación de MINISTERIO FISCAL y admitido el recurso y conferidos los preceptivos traslados, se elevaron los autos a esta Audiencia. Formado el rollo, se señaló el día de la fecha para la votación y fallo, quedando visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

Ha sido Ponente la Ilma Sra. Magistrada DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ GARCIA, quien expresa el parecer del Tribunal.

Hechos

ÚNICO.- Se aceptan los Hechos Probados de la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos en esta segunda instancia.

Fundamentos

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal el Ministerio Fiscal interpone recurso de apelación en el que, alegando error en la aplicación del artículo 379.2 del C.P . solicita se impongan al acusado las penas solicitadas en sus conclusiones definitivas.

La alegación, sin embargo, no puede prosperar.

Juan Ignacio ha sido condenado por hechos acaecidos en enero de 2008, como autor de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del C.P ., a una pena de 8 meses multa con cuota de seis euros y a la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores por dos años, considerando el juzgador de instancia que resulta improcedente la imposición de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que como pena cumulativa a la de multa establece el citado artículo 379.2 , al no haber prestado su consentimiento el reo.

Hasta la entrada en vigor de la modificación del C.P. operada por la L.O. 17/2007 de 30 de noviembre , la pena de trabajos en beneficio de la comunidad venía establecida como alternativa o como sustitutiva en el artículo 379 C.P .

Sin embargo, a partir de la mencionada reforma este precepto dispone que será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad (en lo sucesivo TBC) de treinta y uno a noventa días el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Es cierto por tanto que, al reo del delito contra la seguridad vial de que se trata, ha de serle impuesta la pena de multa y TBC.

El artículo 49 C.P ., que regula y define esta pena privativa de derechos dándole el contenido que le es propio, establece de manera imperativa que los mismos "no podrán imponerse sin consentimiento del penado" sin hacer ningún tipo de excepción.

Tal consentimiento ha de ser prestado con anterioridad a su imposición como resulta del propio tenor de la norma, vienen entendiendo diversas Audiencias (así, AP Madrid en sentencias de fechas14 mayo 2009 29 junio , 15 de enero de 2007 , 28 de febrero de 2007 y 5 de marzo de 2007 ; SAP Soria 22 de enero de 2007 y la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 20, en sentencia de fecha 13 de febrero de 2007 ), y recomiendan el principio de seguridad y legalidad, pues la imposición de la pena no puede ser deferida a un momento posterior al de la sentencia, sumiendo el fallo en indefinición.

Es decir, el Juez de lo Penal no podría haber establecido una pena alternativa, la de prisión, para el caso en que el acusado no consintiera, pues además, en el caso presente, hubiera podido vulnerar el principio acusatorio, ya que tal pena de prisión es mas aflictiva que la de multa y TBC y no ha sido solicitada por la única parte acusadora. Tampoco cabe que esta alzada la imponga pues supondría una "reformatio in peius" no permitida y sin que tal pretensión se desprenda con total nitidez del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal.

Por ello, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que se concreta en una obligación de hacer, consistente en la realización de una prestación de utilidad pública que exige para su ejecución la actuación positiva del condenado, no puede ser impuesta sin su aquiescencia, tal y como resulta de su regulación actual.

Obviamente ello podrá conllevar ciertas disfunciones, en casos, como el que nos ocupa, en el que el texto punitivo ha dejado de considerarla como pena alternativa, sin que ello signifique que el acusado incompareciente siempre será de peor condición que el no lo es, pues nada impide a éste no prestar su consentimiento, ni a la acusación actuar en consecuencia.

Es por todo ello, que con desestimación del recurso, procede la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Conforme a los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , declaramos de oficio las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de MINISTERIO FISCAL contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del JUZGADO DE LO PENAL Nº l9 DE SEVILLA y de fecha 9-11-09 y DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida resolución con declaración de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso alguno, y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su proceencia con testimonio de lo resuelto para su ejecución.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la redactó. Doy fe.

Trabajos en beneficio de la comunidad
Delito contra la Seguridad Vial
Privación del derecho a conducir vehículos
Bebida alcohólica
Tasa de alcohol en sangre
Penas privativas de derechos
Falta de consentimiento
Sin consentimiento
Reformatio in peius