Sentencia Penal Nº 499/2010, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 5, Rec 207/2010 de 30 de Julio de 2010

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 30 de Julio de 2010
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  • Ponente: Rius Alarco, Carolina
  • Núm. Sentencia: 499/2010
  • Núm. Recurso: 207/2010
  • Núm. Cendoj: 46250370052010100315

Encabezamiento

1

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

SECCIÓN QUINTA

ROLLO DE APELACIÓN DE JUICIO DE FALTAS 207/2.010

NIG 46250-37-1-2010-0004960

DIMANANTE DEL J.F. 1.495/2.009 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 7 DE VALENCIA

SENTENCIA nº 499/2010

En la ciudad de Valencia, a treinta de julio del año dos mil diez.

Visto por la Ilma. Sra. Doña Carolina Rius Alarcó, Magistrada titular de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial de Valencia, el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia de fecha 4 de mayo del corriente año 2.010, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de los de esta ciudad, en el juicio de faltas seguido en dicho Juzgado con el número 1.495/2.009, por supuesta falta de lesiones; habiendo sido parte en el recurso, como apelante, Pablo , defendido por el Letrado Don Francisco Crehuet Viguer, y como apelado, el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. Don José Vicente Miralles Gil, ha dictado, en nombre de S.M. el Rey, la presente Sentencia, en base a los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada declaró probados los siguientes hechos: "El día 1 de diciembre de 2.009, sobre las 21.15 horas, Jose Ignacio y Pablo , mantuvieron una discusión y posterior agresión mutua, resultando el primero con lesiones que tardaron en curar cinco días y el segundo con lesiones de las que tardó en curar ocho días. No se han acreditado los daños que reclama el lesionado Pablo ".

SEGUNDO.- El fallo de dicha Sentencia apelada literalmente dice: "Que debo condenar y condeno a Jose Ignacio y Pablo , como autores criminalmente responsables de una falta del artículo 617 del Código Penal, a la pena para cada uno de ellos de multa de treinta días, con una cuota diaria de diez euros, lo que hace un total de trescientos euros, que deberán abonarse de una sola vez ante este Juzgado (Banco Banesto 4456000076149509), y a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y al pago de costas. Y debo absolver y absuelvo a Jose Ignacio de la falta del artículo 617 del Código Penal ".

TERCERO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la defensa del Sr. Pablo se interpuso contra la misma recurso de apelación, que sustancialmente fundó en alegar error de hecho en la apreciación de la prueba, solicitando que se dictase Sentencia condenatoria contra el denunciado al cumplirse los requisitos que se contemplaban en los artículos 617 y 620 del Código Penal de conformidad con lo pedido en el acto de juicio, con sus responsabilidades civiles, absolviendo de la falta por la que se condenaba a aquél.

CUARTO.- Admitido a trámite el recurso de apelación, se dio traslado del mismo a las partes, interesando el Ministerio Fiscal la íntegra confirmación de la resolución recurrida.

QUINTO.- Se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y fue turnada la ponencia, formándose el rollo de apelación correspondiente.

Hechos

Se acepta el relato de hechos probados de la Sentencia apelada, que se da aquí por reproducido.

Fundamentos

PRIMERO.- En cuanto a las alegaciones del recurso, referentes a la existencia, en la resolución recurrida, de error en la apreciación de la prueba, por cuanto que, según aduce el apelante, éste "salió única y exclusivamente de su vehículo para verificar si el manotazo que el otro denunciado realizó había provocado daños en su vehículo ... momento que aquél aprovechó para pegarle", "Las lesiones que dice presentar el otro no se corresponden con una pelea", y que si el recurrente "hubiera querido enzarzarse no se hubiera mantenido al margen esperando hasta que llegara la Policía ... no ha existido en modo alguno en (el mismo) voluntad de agredir", diremos que no podrán ser acogidas.

Y así, el examen del acta del juicio evidencia que pese a que el ahora recurrente y su novia mantuvieron en el plenario que fue el contrario el único agresor, éste y los testigos, Sres. Cipriano y Feliciano , mantuvieron coincidentemente que "se enzarzaron" ambos, y en concreto el testigo, Don. Cipriano , a preguntas del Juzgador a quo, contestó que "se agredieron mutuamente", "los dos se golpearon". También manteniendo en el juicio el testigo, Don. Cipriano , que " Jose Ignacio tenía lesiones en la pierna", "Él les separó", "Sí tenía sangre en el labio". Constando en la causa partes de lesiones tanto del Sr. Jose Ignacio como del Sr. Pablo (folios 6, 12 y 19).

Hubo, pues, en el presente caso prueba de cargo para sustentar la apreciación del Juez de instancia, contenida en el apartado de Hechos Probados de la Sentencia impugnada, referente a que " Jose Ignacio y Pablo , mantuvieron una discusión y posterior agresión mutua, resultando el primero con lesiones ... y el segundo con lesiones".

Y, existiendo prueba de cargo, su valoración corresponde efectuarla al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que presidió el juicio. Como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia, en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.289/1.998, de 23 de octubre , "los recurrentes a pretexto del motivo aducido -inexistencia de prueba de cargo-, lo que realmente pretenden es tratar de sustituir por la propia, la valoración llevada a cabo por la Sala de instancia, lo que es obvio que sólo a aquélla compete de acuerdo con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ". Añadiendo la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.905/2.001, de fecha 22 de octubre , que "... carecer de fundamento la pretensión de que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de la recurrente. No ha incurrido en tal infracción el Tribunal de instancia puesto que su convencimiento es producto de la apreciación de una prueba con sentido de cargo, directa, celebrada en el juicio oral con todas las garantías y apreciada en conciencia sin necesidad de más valoración que la de discernir entre la credibilidad de unas declaraciones y la de otras, todas naturalmente prestadas en su presencia, lo que nos veda aventurarnos a realizar una nueva valoración de dicha prueba"; la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.145/2.002, de fecha 17 de junio , que "es ingente la producción jurisprudencial de esta Sala que excluye de los documentos a que se refiere el artículo 849,2 de la Ley procesal, las declaraciones y manifestaciones de acusados, testigos y peritos (estos últimos con excepciones tasadas) ... ya que éstas no son las pruebas de carácter documental ... sino elementos de prueba de naturaleza personal sometidos exclusivamente a la valoración del Tribunal ante el que se practican"; la Sentencia del Tribunal Supremo número 489/2.003, de fecha 2 de abril de 2.003 , que "sólo el Tribunal que ha visto y oído la prueba practicada en su presencia está en condiciones de valorarla ... las declaraciones personales, aunque documentadas en la causa ... como prueba personal, está sujeta a la percepción inmediata del Tribunal que debe valorarla, sin que el contenido de la inmediación pueda ser sustituido por la documentación de la declaración"; y la Sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias número 22/2.004, de fecha 2 de febrero de 2.004 , que "Alegar conjuntamente -como lo hace el recurrente- error en la apreciación de la prueba e infracción del principio de presunción de inocencia supone una contradicción, pues la presunción de inocencia queda desvirtuada desde que existe "una mínima actividad probatoria de cargo" (es decir, incriminatoria, relativa al hecho delictivo y la culpabilidad o participación culpable en el mismo del acusado) y válida ( Sentencias del Tribunal Constitucional 31/81 , 174/85 , 126/85 y 48/94 , entre otras, y del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1.983 , 10 de noviembre de 1.983 , 20 y 26 de septiembre de 1.984 ), por lo que si el apelante reconoce que hay una prueba ... que valorar o apreciar ... está implícitamente reconociendo que ha quedado enervada la presunción de inocencia, quedando la valoración de la prueba, que corresponde en exclusiva al órgano juzgador, extramuros de dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Constitucional 21/93 , 102/94 )"; y del reciente Auto del Tribunal Supremo 838/2.010, de fecha 6 de mayo de 2.010 , "La vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se constate la existencia en el proceso de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria necesaria para un pronunciamiento de condena, es decir, cuando se dé el presupuesto necesario para que la Sala de instancia pueda formar su convicción sobre lo acaecido. A partir de esa premisa la ponderación del resultado probatorio obtenido, valorándolo y sopesando la credibilidad de las distintas pruebas contradictorias, corresponde únicamente al Tribunal que presenció la prueba de cargo, a través del correspondiente juicio valorativo".

Por todo ello, en suma, la solicitud del recurso, de que se revoque la condena del apelante, no podrá ser acogida.

SEGUNDO.- Tampoco la solicitud del recurrente, referente a que se condene al contrario como autor de, asimismo, una falta del artículo 620 del Código Penal , revocando la absolución del mismo contenida en el fallo de instancia, podrá ser estimada.

Y ello, por cuanto que, como resalta la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real número 147/2.007, de fecha 28 de diciembre de 2.007 , "Conviene recordar aquí la doctrina del Tribunal Constitucional en orden a la imposibilidad de revisión de las pruebas directas practicadas ante el Juez, máxime para fundamentar una condena. Así, tal como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 6-3-2.003 en este trance, no puede esta Sala sustituir la falta de convicción condenatoria del Tribunal de instancia y revisar el juicio valorativo de éste a virtud de unas pruebas testificales de las que sólo se nos ofrece una síntesis pero que ni hemos presenciado ni, por ello, estamos en disposición de evaluar en todo su contenido, y, en este sentido conviene recordar que las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional 167/2.002, de 18 de septiembre , 170/2.002, de 11 de septiembre , 199/2.002, de 28 de octubre y 212/2.002, de 11 de noviembre , han modificado la doctrina anterior del Tribunal Constitucional para reconocer que también en la resolución del recurso de apelación las Audiencias Provinciales deben respetar la valoración probatoria íntimamente vinculada a los principios de contradicción e inmediación, dado que el recurso de apelación penal español, como sucede con la casación, no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la instancia. En igual sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2.002 viene a señalar que el principio de inmediación es el límite a la revisión fáctica de las Sentencias, indicando que en definitiva, la prueba producida en el juicio oral es inmune a la revisión en vía de recurso en lo que depende de la inmediación pero es revisable en lo que concierne a la estructura racional del discurso valorativo".

En el presente supuesto, es claro que El Juez a quo otorgó credibilidad a la manifestación del testigo, Don. Cipriano , recogida en el acta, referente a que "No oyó insultos". Pero, en cualquier caso, como tiene reiteradamente declarado esta misma Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, en numerosas y precedentes resoluciones, las injurias o amenazas de gesto, palabra u obra previas o coetáneas a la agresión también deben absorberse, a efectos punitivos, por el resultado lesivo causado en ésta, al igual que se engloba en la falta de lesiones el maltrato de obra cometido. Por todo lo que, como decíamos supra, la pretensión del apelante, de que se revoque la absolución que recae en el fallo recurrido respecto de la acusación formulada por la falta del artículo 620.2 del Código Penal , de injurias, no podrá ser acogida.

TERCERO.- Ello no obstante, sí se advierte en la Sentencia apelada un error material de trascripción, susceptible de ser rectificado en cualquier tiempo, por el cual en el fallo de la misma se dice: "Y debo absolver y absuelvo a Jose Ignacio de la falta del artículo 617 del Código Penal ", en lugar de: "Y debo absolver y absuelvo a Jose Ignacio de la falta del artículo 620.2 del Código Penal "

Además, en cualquier caso, habiendo recaído un pronunciamiento absolutorio, respecto de la otra falta por la que también se acusó al Sr. Jose Ignacio , debió repercutirse en la condena en costas dicho pronunciamiento absolutorio. Así se desprende de la doctrina jurisprudencial, también aplicable o trasladable al caso, como el presente, del procedimiento por faltas, y que establece, en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo número 385/2.000, de 14 de marzo , que: "Se dice que la Audiencia tenía que haber declarado de oficio la parte de costas relativa a los delitos y acusados respecto de los cuales existieron pronunciamientos absolutorios; no debió condenar al recurrente al pago de todas las devengadas en la instancia como en realidad hizo. Tiene razón también aquí la parte recurrente. Cuando hay alguna condena y además absoluciones por varios delitos o respecto de varias personas a las que se acusó, el precepto del artículo 123 actual, lo mismo que su equivalente, el 109 del Código Penal anterior, obliga a entender que la preceptiva condena en costas que tales normas disponen ha de referirse sólo a la parte a la que alcanzó la condena a fin de poder declarar de oficio aquella otra parte correspondiente a las absoluciones pronunciadas. Sólo así podrán tener cumplimiento al mismo tiempo lo dispuesto en tales artículos de la ley penal sustantiva y además lo mandado por el artículo 240, 1º, 2 que impide imponer el pago de las costas a los acusados que fueron absueltos".

Por ello, procederá corregir la Sentencia de instancia, exclusivamente para rectificar el error material antedicho, y en lo referente al pronunciamiento que sobre las costas del juicio de faltas se contiene en el fallo apelado, a fin de aclarar que la condena al pago de las costas que en el fallo recae sobre el recurrente y sobre el contrario lo es tan sólo respecto de la una tercera parte de las mismas para cada uno de ellos; declarando de oficio el tercio remanente.

CUARTO.- Deberán declararse de oficio las costas de esta apelación o alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás normativa de general aplicación,

Fallo

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Letrado Don Francisco Crehuet Viguer, en nombre de Don Pablo , contra la Sentencia dictada en fecha 4 de mayo del corriente año 2.010 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 7 de los de esta ciudad, en el juicio de faltas número 1.495/2.009 de ese Juzgado, debo confirmar y confirmo dicha Sentencia , con la salvedad de rectificar el error material apreciable en el fallo de aquélla, debiendo entenderse que la absolución que recae en el mismo respecto de Don Jose Ignacio lo es respecto de la falta del artículo 620.2 del Código Penal por la que también fue acusado éste; y la de aclarar que la condena al pago de las costas del juicio de faltas que recae sobre ambos denunciantes-denunciados lo es tan sólo respecto de un tercio de las mismas para cada uno de ellos; declarando de oficio la tercera parte remanente, y la totalidad de las costas de esta segunda instancia. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así, por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Prueba de cargo
Presunción de inocencia
Error en la valoración de la prueba
Voluntad
Valoración de la prueba
Inexistencia de prueba de cargo
Práctica de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Hecho delictivo
Principio de contradicción
Error material
Lesividad
Amenazas
Maltrato de obra
Falta de lesiones