Sentencia Penal Nº 53, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1050 de 28 de Junio de 2001

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁFICO Y FALTA CONTRA EL ORDEN PÚBLICO El acusado fue visto por la Guardia Civil dejando su vehículo mal estacionado, invadiendo la calzada, por lo que, tras comprobar su estado de embriaguez, le comunicaron la imposibilidad de conducir, por lo que llamaron a un taxi y dejaron su vehículo correctamente estacionado. No obstante, volvió al lugar donde había dejado estacionado su vehículo para recogerlo, siendo sorprendido por la misma patrulla circulando en zigzag por la carretera. Practicada la prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. El acusado mostraba síntomas propios de su estado: rostro congestionado, pupilas dilatadas, ojos brillantes, fuerte olor a alcohol de cerca, habla pastosa, y deambulación vacilante. Por estos hechos se le condena como autor penalmente responsable de un delito contra la seguridad del tráfico y de una falta de desobediencia, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. La parte recurrente denuncia error en la apreciación probatoria. Pues bien, sobre la base de una ingestión etílica que el propio acusado reconoce, la influencia de la misma para la conducción, la infiere el Juzgador de los siguientes elementos probatorios: a) la prueba de detección del grado de impregnación alcohólica; b) el conjunto se síntomas externos que presentaba el acusado; y c) la forma de actuación circulatoria. En cuanto a la condena por falta contra el orden público, la base fáctica que sustenta tal pronunciamiento condenatorio está en la advertencia o comunicación de los funcionarios policiales al acusado de la imposibilidad de conducir el vehículo. No debe olvidarse que tal orden no constituye sino la consecuencia jurídica de una norma penal genérica. Por ello si el advertido incumple aquella comunicación previa no está incumpliendo una determinada orden del agente de la Autoridad, sino el mandato genérico prohibitivo de la norma penal y, consecuentemente, su conducta debe subsumirse únicamente en el precepto punitivo infringido.