Sentencia Penal Nº 582/2010, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 4, Rec 795/2010 de 15 de Noviembre de 2010

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE TARRAGONA

SECCIÓN CUARTA

Rollo de apelación nº 795/2010 -EV

P. A. núm.:45/2009 del Juzgado Penal 2 Reus

Apelante: M. Fiscal

Apelado: Hugo , Ldo. García Bonillo, Proc. Ferrer Martínez

S E N T E N C I A NÚM.

Tribunal.

Magistrados,

Javier Hernández García (Presidente)

Francisco José Revuelta Muñoz

Mª Teresa Vicedo Segura

En Tarragona, a quince de noviembre de dos mil diez.

Visto ante la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por EL MINISTERIO FISCAL, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Reus con fecha 14 de mayo de 2010, en el Procedimiento Abreviado núm. 45/2009 seguido por delito de Malos tratos en ámbito familiar en el que figura como acusado Hugo .

Ha sido ponente el Magistrado Javier Hernández García.

Antecedentes

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

Primero.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

" PRIMERO: Se declara probado que la presente causa se inció en virtud de atestado instruido por la Policía Local de Cambrils, al haber recibido una llamada, sobre las 16'07 horas del día 23 de abril de 2009, de María Virtudes , manifestando haber sido agredida por su marido, el acusado Hugo , en su domicilio sito en la CALLE000 nº NUM000 de esa localidad, resultando a consecencia de lo anterior, detenido el acusado com autor de un presunto delito de violencia de género..

SEGUNDO: Se declara probado que, sobre las 16'58 horas del día 23 de abril de 2009, María Virtudes fue atendida en el Servicio de Urgencias de Cambrils, presentando hematoma en brazo derecho, no quedando acreditado que el acusado Hugo fuera el autor de dichas lesiones".

Segundo.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

" Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Hugo de los delitos de violencia de g'enero de los que venía siendo acusado.

Se declaran las cosatas causadas de oficio".

Tercero.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por el Ministerio Fiscal, fundamentándolo en los motivos que constan en el escrito articulando el recurso.

Cuarto.- Admitido el recurso y dado traslado por diez días a las demás partes para que presentasen escritos de impugnación o adhesión, la representación procesal de Hugo solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

Hechos

Único: Se aceptan como tales, los así declarados en la sentencia de instancia.

Fundamentos

Primero: Un único motivo sustenta el recurso de apelación promovido por el Ministerio Fiscal. Para la parte apelante, la decisión de instancia se basa en una errónea valoración probatoria de los medios de prueba practicados en el plenario cuyo resultado no deja atisbo de duda alguna de que el inculpado, el Sr. Hugo , agredió a su esposa, la Sra. María Virtudes , el día 23 de abril de 2009. El discurso revocatorio se apoya, fundamentalmente, en las manifestaciones de los agentes que acudieron a las cercanías del domicilio familiar y pudieron percibir auditio propio cómo la víctima les relataba que había sido agredida en el brazo por su esposo, quien se encontraba, además, en las proximidades. Ello, unido a la acreditación forense de una lesión compatible por lo relatado por la víctima, permite reconstruir de forma coherente la realidad del hecho justiciable.

La defensa del acusado impugna el recurso. A su parecer, la pretensión revocatoria se funda sobre medios probatorios que por su valor simplemente referencial e indirecto, como son los testimonios de los agentes, no permiten, en ningún caso, alcanzar el estándar de suficiencia constitucional. La declaración de los agentes no permite afirmar que el acusado agrediera a su esposa. El déficit probatorio no puede, tampoco, suplirse acudiendo al contenido del informe forense pues mediante el mismo solo se acredita la existencia de la levísima lesión cuya etiología se sitúa -segú se recoge en el primer parte de urgencias- cuatro días antes de la fecha en la que según los agentes la Sra. María Virtudes les refirió que había sido agredida.

El recurso, en efecto, debe ser desestimado. El cuadro probatorio producido en la instancia no permite llegar a un estadio de certidumbre suficiente para considerar acreditadas, fuera de toda duda razonable, las circunstancias de producción de los hechos justiciables.

A este respecto, debe recordarse que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 146/2003 , 41/2003 , 219/2002 , 155/2002 , 68/2002 , 209/2001 , 35/1995 , 217/1989 ) ha establecido un rígido programa de acceso probatorio a la información referencial, en lógica correspondencia con las exigencias del método contradictorio que determina la producción de la prueba en el enjuiciamiento criminal. Y ello porque una utilización abusiva o extralimitada supondría eludir el oportuno debate en relación con los medios de prueba directos, lesionando el derecho del inculpado a interrogar, por sí o por su representante, a las personas que afirman tener conocimiento propio de la participación criminal de aquél en los hechos justiciables. De ahí que, como criterio general, cuando existan testigos presenciales o que de otra manera hayan percibido directamente el hecho por probar, el órgano judicial debe oírlos directamente en vez de llamar a declarar a quienes oyeron de ellos el relato de su experiencia.

Lo anterior no quiere decir, como lógica prevención, que la prueba testifical de referencia constituya, en todo caso, una prueba mediata o indirecta o que sólo tenga valor para identificar a la persona que realmente tiene conocimiento directo de los hechos sobre los que declara, pues es obvio que el testimonio de referencia puede tener distintos grados según que el testigo narre lo que personalmente escuchó o percibió -auditio propio- o lo que otra persona le comunicó -auditio alieno- y que en algunos supuestos de percepción propia, la declaración de ciencia prestada por el testigo de referencia puede tener idéntico alcance probatorio respecto de la existencia de los hechos enjuiciados y la culpabilidad de los acusados que la prueba testifical directa.

En otras resoluciones de esta sala hemos declarado la suficiencia probatoria, aun cuando la víctima o testigo directo del hecho justiciable no hubiera declarado en el plenario en atención al testimonio de agentes policiales o de terceros pero no por su carga referencial sino, precisamente, en consideración a los datos informativos que suministraron por su percepción directa de las circunstancias concurrentes. Datos que permitían construir una cadena de indicios que arrojaban una inferencia de participación criminal con una altísima tasa de conclusividad.

Y es aquí dónde radica la esencia del problema probatorio planteado en el recurso. Una cosa es la prueba referencial, de baja calidad acreditativa cuando no se dan las condiciones constitucionales para su aprovechamiento, y otra muy diferente es la prueba indirecta que permite la construcción de inferencias fácticas. Pongamos un ejemplo, por lo demás común. Si los agentes se personan en un domicilio a partir de un aviso recibido que informa de la existencia de una fuerte discusión y escuchan gritos y observan que una persona se encuentra en estado agresivo y otra en estado de pánico con rastros físicos de haber sufrido una agresión próxima y si, además, se acredita pericialmente la etiología agresiva de las lesiones y se constata que no había otras personas en el lugar o las que hubiere no disponían de capacidad agresiva, es constitucionalmente aceptable inferir que existió una agresión y que el autor es la persona que se mostraba agresiva, sin necesidad de acudir a la fuente de referencia. Esta solución ha sido avalada por la STS de 12 de julio de 2007 en la que de forma nítida se identifica el espacio de operatividad reconstructiva de la prueba indirecta respecto a la prueba referencial.

El caso que nos ocupa presenta singularidades. Es cierto que los agentes llegan a las inmediaciones del domicilio a consecuencia de una llamada recibida y que se entrevistan con la Sra. María Virtudes quien les trasmite determinada información. Pero lo cierto es que los agentes no perciben ningún dato externo sugestivo de la existencia de agresión. No ven lesiones ni refieren que la Sra. María Virtudes presentara síntomas de agitación particularmente significativas.

El problema que surge es si cabe extraer de dichas manifestaciones la información suficiente para inferir en términos altamente conclusivos que el Sr Hugo agredió a la Sra. María Virtudes el día 23 de abril de 2009.

La respuesta ha de ser negativa, sobre todo si tomamos en cuenta la inespecificidad de la lesión que presentaba la presunta víctima y, desde luego, el dato periférico sobre su tiempo de producción que obliga a cuestionar que fuera consecuencia de la agresión de la que por simple referencia dan cuenta los agentes.

Dicho espacio de duda o de incertidumbre -que no puede superarse acudiendo a las referencias auditio alieno- debe resolverse, en el caso, como consecuencia del principio de presunción de inocencia -como regla de enjuiciamiento- afirmando la falta de acreditación suficiente de la existencia de agresión.

La sentencia, por tanto, debe ser confirmada.

Segundo: Las costas de esta alzada se declaran de oficio, por así disponerlo el artículo 240 LECrim .

Fallo

Fallamos, en atención a lo expuesto, no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia de 14 de mayo de 2010, del Juzgado de lo Penal núm. Dos, de Reus , cuya resolución absolutoria confirmamos, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Esta es nuestra sentencia que firmamos y ordenamos.

Medios de prueba
Valoración de la prueba
Prueba de testigos
Declaración de agente de la autoridad
Testigo presencial
Principio de presunción de inocencia