Sentencia Penal Nº 70, Audiencia Provincial de Lugo, Rec 65 de 02 de Mayo de 2001

La jurisprudencia constitucional ha establecido que la imparcialidad del juez no puede examinarse "in abstracto", sino que hay que determinar, caso por caso, si la asunción de funciones por un mismo Magistrado, en determinados momentos del proceso penal, puede llegar a comprometer la imparcialidad objetiva del juzgador y erigirse en un menoscabo y obstáculo a la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los justiciables. Nuestra doctrina constitucional se asienta sobre varias ideas esenciales. La primera, que su finalidad consiste exclusivamente en evitar que el Juez o algún Magistrado del Tribunal encargado del juicio oral y de dictar la correspondiente sentencia prejuzgue la culpabilidad del acusado. Aplicando la señalada doctrina jurisprudencial al supuesto aquí enjuiciado vemos que la actividad desarrollada por el Sr. Juez de Instrucción no prefiguró su consideración acerca de la cualificación de los hechos que se habían denunciado pues se limitó a dictar la resolución de incoación de diligencias, la toma de manifestación de denunciante y denunciado y la transformación de las diligencias en juicio de faltas. Se desestima el recurso.