Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Lugo, Rec 52 de 18 de Mayo de 2001

La presunción de inocencia, que es un derecho reconocido en la Constitución a todo ciudadano, tiene virtualidad, dentro de un proceso penal, cuando no se ha demostrado plenamente la existencia de un hecho punible y la autoría del acusado, pero estas dos exigencias, en el presente caso resultan verificadas por la prueba de cargo, consistente en la declaración de los dos policías que, de manera directa intervinieron, y ese testimonio, dado en el juicio oral, está provisto de eficacia, porque responde a un conocimiento inmediato, obtenido por una percepción personal, por lo que, sin ninguna duda, esa prueba ha acreditado que, en el momento y lugar de referencia, el acusado portaba las substancias que policialmente le han sido aprehendidas, las cuales, aunque es consumidor, no pueden ser valorados como estando destinadas para él, sino que su finalidad era el tráfico, conclusión a la que necesariamente se llega, no solo teniendo en cuenta la cantidad, sino por la manera en que las llevaba, distribuida en bolsas y ocultas en diversos lugares, y en cuanto se apercibió de la presencia policial, trató de esconder un envoltorio en los pantalones, todo lo cual pone de manifiesto que su tenencia no iba destinada al propio consumo, porque además, según resulta del informe de la Cruz Roja Española durante los meses de febrero y marzo del año dos mil, dio un resultado negativo en todos los análisis realizados para la detección de opiáceos, por lo que los hechos declarados probados, al enjuiciarlos criminalmente, constituyen un delito Contra la Salud Pública, tipificado en el artículo trescientos setenta y cuatro y trescientos setenta y siete del Código Penal, debiendo tenerse como su autor al acusado, de conformidad con los artículos veintisiete y veintiocho del mismo cuerpo legal. Se estima el recurso.