Sentencia Penal Nº 79/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 13/2011 de 08 de Febrero de 2011

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Encabezamiento

Audiencia Provincial de Barcelona

Sección Vigésimosegunda

Rollo apelación penal núm. 13/2011

Referencia de procedencia:

JUZGADO PENAL 1 MATARÓ

Procedimiento Abreviado núm. 187/2010

Fecha sentencia recurrida: 19/10/2010

SENTENCIA NÚM. 79/2011

Magistrados/das:

Joan Francesc Uría Martínez

Juli Solaz Ponsirenas

Patricia Martínez Madero

La dicta la Sección Vigésimo Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en recurso de apelación núm. 13/2011, interpuesto contra la Sentencia

pronunciada por el Juzgado de lo Penal nº. 1 de Mataró en fecha 19/10/2010, en Procedimiento Abreviado núm. 187/2010 . Han sido partes el apelante, Santiago , defendido por el Letrado Emilio Buitrago Pérez; la apelada, Verónica , defendida por el Letrado Raúl García Barro; y el Ministerio

Fiscal. De esta sentencia, que expresa la opinión del Tribunal, ha sido ponente Patricia Martínez Madero.

Barcelona, ocho de febrero de dos mil once.

Antecedentes

PRIMERO.- El 19 de octubre de 2010 el Juzgado de lo Penal nº 1 de Mataró dictó Sentencia en Procedimiento Abreviado nº 187/2010 del siguiente tenor: " Que debo CONDENAR Y CONDENO a Santiago , como autor de un delito de MALOS TRATOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR ya definido a la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN, privación del derecho de porte y tenencia de armas por tiempo de dos años y con la imposición de la pena accesoria de prohibición de aproximación con respecto de Verónica tanto con respecto de su persona, domiclio, centro de trabajo, o cualquier otro lugar donde ella se encuentre a menos de 1000 metros y comunicación con ella por cualquier medio por tiempo de dos años superior a la pena de prisión impuesta ".

SEGUNDO.- Formulado recurso de apelación por la representación procesal de Santiago , el Juzgado de lo Penal lo tramitó y finalmente remitió las actuaciones a este Tribunal para su resolución.

Hechos

Se modifica parcialmente el relato de hechos probados, que queda redactado de la siguiente forma: "Ha quedado acreditado que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Mataró dictó en fecha 15 de julio de 2006 Auto imponiendo al acusado, la prohibición de aproximarse en distancia inferior a 1000 metros de Verónica .

Ha quedado acreditado que en el mes de septiembre de 2006, el acusado y Verónica contrajeron matrimonio, y que con posterioridad la relación entre la pareja se rompió.

Ha quedado acreditado que en fecha 22 de julio de 2007 Santiago acudió al concesionario Hyundai, sito en la calle DIRECCION000 NUM000 de Barcelona, para recoger un vehículo, encontrándose allí a su ex pareja sentimental, que había acudido con el mismo propósito y que iba acompañada de su amiga Inés . El acusado se dirigió a la Sra. Inés recriminándole y golpeándole, y cuando Verónica medió entre ellos, el acusado le pegó un puñetazo en la zona de la sien derecha., ocasionándole hematoma orbicular, que precisó una primera asistencia facultativa y del que sanó en siete días."

Fundamentos

PRIMERO.- El apelante impugna la sentencia dictada en primera instancia aduciendo error en la apreciación de la prueba por aplicación indebida del artículo 153.1 y 3 argumentando que la discusión fue con Inés y que la Sra. Verónica se puso en medio, por lo que los hechos integrarían una falta de lesiones del artículo 617.2 del Código Penal , al no existir contexto alguno de dominación o prevalencia. Cuestiona asimismo la aplicación del artículo 153.3 ya que en esas fechas el Tribunal Supremo otorgaba relevancia al consentimiento de la víctima cuando se trataba de medidas cautelares y en este caso la Sra. Verónica reanudó voluntariamente la convivencia con el acusado con posterioridad a esa medida cautelar; y alternativamente plantea la existencia de error de prohibición en el acusado en relación a la vigencia de la prohibición de aproximación atendidas las circunstancias concurrentes.

SEGUNDO.- Se cuestiona la resolución recurrida argumentando error en la valoración de la prueba, y a estos efectos debe tenerse en cuenta que la valoración se realizó sobre la actividad desarrollada en el juicio oral en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y por ello para la resolución del recurso debe partirse de la singular autoridad y posición de que gozó el Juez de lo Penal al realizar aquella actividad valorativa sobre las pruebas practicadas en el juicio, núcleo del proceso, y en el que adquieren plena efectividad todos sus principios inspiradores como son los de inmediación, contradicción y oralidad.

Por lo anterior, la apreciación probatoria llevada a cabo por el Juez "a quo", de la que es consecuencia el relato de hechos probados, únicamente debe ser rectificada cuando el juicio valorativo sea ficticio por no existir pruebas de cargo, en cuyo caso se vulneraría el principio de presunción de inocencia, o cuando de un detenido y ponderado examen de las actuaciones se ponga de relieve un claro error del Juzgador que haga necesaria una modificación del relato fáctico establecido en la resolución recurrida.

En definitiva, la revocación del Fallo sólo cabría cuando el juicio formado y la convicción judicial fuesen contrarios a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, o lo que es igual cuando el proceso valorativo no se razone adecuadamente en la sentencia.

Entiende la Sala que ningún error en la valoración probatoria ha existido, y se comparte en esta alzada la calificación de los hechos como delito de malos tratos del artículo 153.1 ya que aun cuando antes de golpear a su ex pareja, el acusado discutiera e incluso golpeara también a su amiga Inés , no es menos cierto que la discusión vino precisamente motivada por la intervención de ésta , a juicio del acusado, en su ruptura sentimental, al atribuirle a ella la culpa de ese distanciamiento de su esposa. El contexto está adecuadamente valorado, y no se trató de un golpe accidental en cuanto no dirigido a la misma, sino que el acusado golpeó de forma intencional a la Sra. Verónica , ya que no puede calificarse de otro modo un puñetazo en la sien.

Ahora bien y en relación a la calificación de los hechos en el artículo 153.3 con la consiguiente imposición de la pena en su mitad superior, al haberse cometido los hechos quebrantando una medida cautelar previa de que prohibía al acusado acercarse a su pareja sentimental, no podemos aplicar en el momento actual una línea jurisprudencial ya superada desde el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno del Tribunal Supremo, de fecha 25 de noviembre de 2008 , conocido por el recurrente. Es por tanto jurisprudencia consolidada y vinculante de nuestro más alto Tribunal considerar que el consentimiento de la persona protegida no excluye la tipicidad de ese acercamiento prohibido por resolución judicial.

Ello no obsta para que debamos examinar la eventual concurrencia del error de prohibición argumentado en relación a la vigencia de la medida cautelar impuesta por Auto de fecha 15 de julio de 2006 , cuyo testimonio obra al folio 40 y ss, no de 15 de junio de 2006 como por error se consigna en el relato de hechos probados . Así el Tribunal Supremo, Sala 2 ª, S 28-1-2010, nº 61/2010 , rec. 10697/2009 . Pte: Marchena Gómez, Manuel , fj 12 : "...Recuerda la STS 737/2007, 13 de septiembre -con cita de la STS 687/1996, 11 de octubre -, que el error o la creencia equivocada no sólo ha de probarse por quien la alega, aunque esto en algún aspecto sea discutible, sino que además, y esto es lo importante, no es permisible su invocación en aquellas infracciones que sean de ilicitud notoriamente evidente, de tal modo que de manera natural o elemental se conozca y sepa la intrínseca ilicitud. No se olvide que basta con que el agente tenga conciencia de la probabilidad de la antijuridicidad del acto, para que no pueda solicitar el amparo del artículo 14.3 del CP , tal y como se desprende de las Sentencias de 29 noviembre , 16 marzo 1994 , 12 diciembre y 18 noviembre 1991 , entre otras muchas. Insiste la STS 411/2006, 18 de abril que «no cabe invocar el error cuando se utilizan vías de hecho desautorizadas por el ordenamiento jurídico, que todo el mundo sabe y a todos consta que están prohibidas» ( SSTS 11 marzo 1996 , 3 abril 1998 ), añadiendo que, en el caso de error iuris o error de prohibición, impera el principio ignorantia iuris non excusat, y cuando el error se proclama respecto de normas fundamentales en el Derecho Penal, no resulta verosímil y por tanto admisible, la invocación de dicho error, no siendo posible conjeturar la concurrencia de errores de prohibición en infracciones de carácter material o elemental, cuya ilicitud es «notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada» ( SSTS 12 noviembre 1986 y 26 de mayo de 1987 )..." . A ello debemos añadir que la apreciación del error tiene un carácter excepcional al contradecir el principio general de que la ignorancia de la Ley no excluye su cumplimiento (artículo 6 núm. 1 C. Civil ) y el que alegue su concurrencia deberá demostrarlo de forma indubitada. Además para su apreciación deberán ser tenidas en cuenta las circunstancias personales del que lo sufre, especialmente su nivel cultural, pero también la posibilidad de asesoramiento, resultando exigible al agente haber efectuado el esfuerzo de comprensión correspondiente a dichas circunstancias personales, así como la naturaleza del hecho delictivo, sus características y las posibilidades que de él se desprenden para ser conocido el mismo por el sujeto activo ( STS de 20 Jul. 2000 ).

Sentado lo anterior no es controvertido en autos que el acusado y la Sra. Verónica contrajeron matrimonio con posterioridad al dictado de la medida cautelar de alejamiento, y consta asimismo en autos que la Sra. Verónica en fecha 30 de octubre de 2006 compareció ante el Juzgado renunciando a dicha protección. El acusado en consecuencia no tanto por las manifestaciones de su pareja, sino por el hecho de que se permitiera su matrimonio, puede cuestionarse que tuviera conciencia de la vigencia de dicha prohibición de aproximación, y las dudas sobre este extremo, tratándose de un delito eminentemente doloso, deben resolverse en favor del reo, a juicio de la Sala. Ello determina que no se aplique el artículo 153.3 sino únicamente el artículo 153.1 del Código Penal , y dado que la Sentencia recurrida no recoge en el relato de hechos condena previa del acusado por delito similar, ni aparece en el fallo la concurrencia de agravante alguna, entendemos ajustada a la gravedad de los hechos enjuiciados la pena en su extensión mínima de seis meses de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un año y un día, y la prohibición de aproximación en distancia inferior a 1000 metros a la Sra. Verónica , su domicilio o lugar de trabajo, por un año y seis meses, así como de comunicar con la misma por igual período.

A tenor de lo expuesto estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Santiago , y revocamos parcialmente el fallo de la Sentencia de fecha 19 de octubre de 2010 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Mataró , en el sentido reseñado.

TERCERO.- Se declaran de oficio las costas que se hayan podido devengar en esta alzada.

Vistos los anteriores argumentos, artículos citados y demás de general aplicación, por el poder que la Constitución y la Ley nos confiere y en nombre de S.M. el Rey

Fallo

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Santiago , y revocamos parcialmente el fallo de la Sentencia de fecha 19 de octubre de 2010 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Mataró , en el sentido de que CONDENAMOS al acusado como autor responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 del Código Penal , imponiéndole la pena de seis meses de prisión, con privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día, y la prohibición de aproximarse a Verónica , a su domicilio o lugar de trabajo, en distancia inferior a 1000 metros, y de comunicar con la misma por cualquier medio durante un año y seis meses, manteniendo invariables los restantes pronunciamientos de responsabilidad y costas procesales de la instancia.

Se declaran de oficio las costas que se hayan podido devengar en esta alzada.

Esta resolución es firme.

Así por esta nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Error en la valoración de la prueba
Error de prohibición
Valoración de la prueba
Calificación de los hechos
Falta de lesiones
Consentimiento de la víctima
Práctica de la prueba
Prueba de cargo
Principio de presunción de inocencia
Error en la valoración
Delito de maltrato
Culpa
Tipicidad
Antijuridicidad
Ignorancia de la ley
Hecho delictivo
Concurrencia de agravante
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Representación procesal