Sentencia Penal Nº 84/2011, Audiencia Provincial de Baleares, Sección 1, Rec 111/2010 de 03 de Marzo de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 03 de Marzo de 2011
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  • Ponente: Camara Ramis, Celia
  • Núm. Sentencia: 84/2011
  • Núm. Recurso: 111/2010
  • Núm. Cendoj: 07040370012011100165
Resumen:
IMPAGO DE PENSIONES

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALMA DE MALLORCA

Sección Primera

Rollo número 111/10

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Penal núm. Dos de Ibiza

Procedimiento de Origen: Procedimiento Abreviado núm. 140/09

SENTENCIA núm. 84/11

S.S. Ilmas.

DON CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ

DOÑA MARGARITA BELTRÁN MAIRATA

DOÑA CELIA CÁMARA RAMIS

En PALMA DE MALLORCA, a 3 de marzo de 2011.

VISTO por esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, compuesta por el Ilmo. Sr. Presidente Don CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ y de las Ilmas. Sras. Magistradas Doña MARGARITA BELTRÁN MAIRATA y Doña CELIA CÁMARA RAMIS, el presente Rollo núm. 111/10 en trámite de apelación contra la Sentencia núm. 56/10, dictada el 15 de marzo de 2010 por el Juzgado de lo Penal número Dos de Ibiza , cuyo procedimiento de origen es el Procedimiento Abreviado núm. 140/09, procede dictar la presente resolución sobre la base de los siguientes

Antecedentes

PRIMERO .- La Ilma. Sra. Magistrada-Juez Martina Rodríguez Caritg, radicada en el Juzgado de lo Penal número Dos de Ibiza dictó el día 15 de marzo de 2010 la Sentencia núm. 56/10 por la cual condenó a Narciso como autor de un delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensiones (artículo 227.1 y .3 CP ), a la pena de ocho meses de multa a razón de cinco euros diarios, así como al pago de las costas. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a Doña Clemencia en la forma y cantidades que se determine en ejecución de sentencia.

SEGUNDO .- Notificada esta sentencia a las partes, se interpuso por la representación procesal del acusado Narciso recurso de apelación.

El Ministerio Fiscal no emitió informe.

Remitidas y recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se verificó reparto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Primera , señalándose fecha para su deliberación.

TERCERO .- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, expresando el parecer de la Sala como Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Doña CELIA CÁMARA RAMIS.

Hechos

Se aceptan y confirman plenamente los de la resolución recurrida, aquí transcritos:

"Se declaran como tales, que el acusado Narciso , mayor de edad, con antecedentes penales, fue obligado por sentencia dictada el 21 de noviembre de 2005 , en autos de divorcio seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche, a satisfacer a su ex esposa Doña Clemencia en concepto de alimentos para la hija menor habida de su matrimonio, la cantidad de 450 euros mensuales, que debería abonar los cinco primeros días de cada mes, reflejando aquella las variaciones anuales que experimentara el IPC.

Dicha cantidad fue la libremente establecida por las partes en convenio regulador suscrito el 5 de octubre anterior a la sentencia y que aquella se limitaba a aprobar.

El acusado pese a disponer de medios para ello, pagó hasta junio de 2006, aunque nunca la cantidad completa o total fijada, dejando de abonar cualquier pago de forma definitiva en julio de 2006".

Fundamentos

PRIMERO .- La pretensión absolutoria de la Defensa se encauza en dos motivos intitulados como: infracción de normas procesales y error en la apreciación de las pruebas

SEGUNDO.- Infracción de normas procesales.

Se alega por el apelante, en esencia, que en el relato fáctico no se declara probado que se hayan dejado de abonar las pensiones de forma dolosa o culposa y, por lo tanto, que la Juez a quo no tuvo por acreditado que existieran medios económicos para pagar las pensiones o que, teniéndolos, se haya querido impagar.

Acudiendo al factum de la resolución combatida es de ver que la Juez a quo entendió acreditado que: " El acusado pese a disponer de medios para ello, pagó hasta junio de 2006, aunque nunca la cantidad completa o total fijada, dejando de abonar cualquier pago de forma definitiva en julio de 2006 ". Con esta literalidad se construye el último párrafo de los hechos probados que plenamente se aceptan en la alzada.

Corolario, de la literalidad misma de los hechos probados, paladinamente fluye el saber y querer en que el dolo del delito de impago de pensiones consiste: sabiendo de la obligación de pago y pudiendo pagar, no se pagó. Resultando asimismo pacífico, a tenor de la prueba practicada -por propia confesión del acusado y por nacer la obligación de pago de un convenio de mutuo acuerdo judicialmente aprobado y previamente firmado por el acusado-, el conocimiento de la existencia misma del débito alimenticio cuyo incumplimiento comporta reproche penal.

Se desestima el primer motivo del recurso.

TERCERO.- Error en la apreciación de las pruebas.

Fundamentado escuetamente y sin mayor precisión en la " constancia documental de la insolvencia del acusado, que se encuentra desde hace años en situación de desempleo y que se ha visto obligado a volver al domicilio paterno por carecer de medios para subsistir ". Se añade que, ante la duda, debe dictarse una sentencia absolutoria.

La sentencia combatida, aunque así no lo exprese, construye el pronunciamiento de condena en base a prueba indiciaria y esta Audiencia Provincial viene estableciendo como indicio de singularidad potencia acreditativa en el delito de impago de pensiones el hecho de manifestar el acusado en convenio regulador de mutuo acuerdo una capacidad económica luego despreciada por la voluntad omisiva que el tipo penal castiga.

El ahora recurrente se comprometió a pagar en convenio regulador de 5 de octubre de 2005, en concepto de alimentos para su hija menor, la cantidad de 450 euros mensuales, es decir, manifestaba que tenía una seguridad económica que le permitía atender a las necesidades de su hija con esa cantidad, y en esa manifestación estuvo de acuerdo la otra parte, el Ministerio Fiscal y el propio Juez de 1ª Instancia de Elche que sancionó el convenio mediante sentencia de 21 de noviembre de 2005 (folio 14 de autos).

Con carácter inmediato al dictado de la sentencia civil, el acusado se da de baja en el régimen de trabajadores autónomos (RETA) el día 23 de noviembre de 2005. A ello se anuda la opacidad en la percepción de ingresos derivados del trabajo. La explicación que da en el plenario de tan sospechosa conducta tendente a la insolvencia formal es que "no trabaja". Consta, empero, que el acusado trabajó en el régimen general (RG) en el mes de noviembre del 2006, sin nada haber pagado ese mes ni el posterior. Todo ello se refleja en la vida laboral del acusado introducida como prueba documental (folio 70 de autos).

Frente a tal acervo incriminador, si bien que indiciario, nada prueba en su descargo el acusado: ni haber instado un procedimiento civil de modificación de medidas, ni la testifical plenaria de sus padres -de quienes dice que le mantienen en todas sus necesidades acogiéndolo en su domicilio-. Llama la atención, en este sentido, que en el folio 132 de autos sea su propio padre, al recibir la citación para juicio oral del Juzgado de lo Penal núm. Dos de Ibiza, en la dirección facilitada por el acusado, quien diga a la Policía Local de Elche que su hijo no puede recibir personalmente la citación porque "reside en el campo". En cambio, en el plenario, el acusado reitera que "vive en casa de sus padres".

De todo ello se desprende que, si bien la sentencia recurrida no especifica el tipo de prueba de sentido incriminador ni los documentos tenidos en cuenta para afianzar el indicio de singular potencia acreditativa, existía base suficiente para dictar un pronunciamiento de condena no perjudicado por la existencia de una duda razonable.

Corolario, debe confirmarse el pronunciamiento de condena quedando subsanada y complementada la sentencia de instancia con los razonamientos probatorios explicitados en la alzada.

Vistos los artículos citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Susana Navarro Marí, en nombre y representación de Narciso contra la Sentencia núm. 56/10, de 15 de marzo de 2010 , dimanante del Procedimiento Abreviado núm. 140/09, procedente del Juzgado de lo Penal núm. Dos de los de Ibiza, y, en consecuencia, CONFIRMAR la resolución recurrida en su integridad. Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes; y adjuntada que sea a Autos remítanse las actuaciones originales al Juzgado de lo Penal expresado, a los efectos procedentes e interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de apelación, definitivamente juzgando, lo pronunciamos y firmamos.- CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ.- MARGARITA BELTRÁN MAIRATA.- CELIA CÁMARA RAMIS.-

Publicación. MARÍA ANTONIA FERRER CALAFAT, Secretario del Tribunal, hago constar que el Ilmo. Sr. Magistrado ponente ha leído y publicado la anterior Sentencia en la audiencia pública correspondiente al día de su fecha, de lo que doy fe y certifico a la finalización del expresado trámite.

Delito de impago de pensión
Dolo
Práctica de la prueba
Prueba de indicios
Tipo penal
Voluntad
Prueba documental
Medios de prueba

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