Sentencia Penal Nº 85/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6, Rec 376/2010 de 24 de Marzo de 2011

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  • Núm. Recurso: 376/2010
  • Núm. Cendoj: 28079370062011100077

Encabezamiento

ROLLO DE APELACIÓN Nº 376/2010

(Dimanante del Juicio de Faltas nº 975/2009 del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid)

SENTENCIA Nº 85/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN SEXTA

En nombre del Rey

En Madrid, a 24 de marzo de 2011.

Vista en segunda instancia por el Ilmo. Sr. don Julián Abad Crespo, Magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, actuando como Tribunal unipersonal, la presente apelación seguida como Rollo de Apelación nº 376/2010 contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2010, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid en el Juicio de Faltas nº 975/2009, siendo parte apelante doña Laura .

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Instrucción antes citado se dictó sentencia en la que se declaraban como hechos probados los siguientes: "Sobre las 8,20 horas del día 19 de abril de 209 cuando Laura , entonces menor de edad, acaba de regresar al centro de Menores sito en la calle Valdetrores del Jarama de Madrid después de haber pasado el fin de semana con su familia, llevando consigo una mochila en la que llevaba sus pertenencias y ropa se dirige a su habitación sin pasar por el control y exhibir lo que llevaba e la mochila. Ante ello la cuidadora Angustia se dirige a la habitación de Laura y le pide que le entregue la mochila, para ver lo que llevaba dentro y cumpla con las normas del centro, la menor no obedece a la indicación de la cuidadora, ante lo cual ésta llama al vigilante Luis Enrique . La cuidadora le vuelve a pedir a la menor que le entregue la mochila conforme y la menor se sigue negando llegando en un momento determinado a subirse a la cama para que no se le quitaran, empieza a dar manotazos y patadas alcanzando alguna de ellas al vigilante y se pone muy alterada. El vigilante le agarra de la mano para que se bajara de la cama y se inicia un forcejeo entre ambos, en un momento determinado la menor se suelta, pierde el control del equilibrio y se cae al suelo, momento que aprovecha para sujetarla el Vigilante y la cuidadora. Posteriormente intenta soltarse y se dirige corriendo a los cuartos de baño donde es alcanzada por el Vigilante y la cuidadora logrando sujetarla unos momentos hasta que al rato se marcha del edificio.

Laura presentaba después la caída forcejeo y sujeción de este incidente contusiones en ambas muñecas, pequeña erosión en la rodilla, pequeña herida en el dedo meñique de la mano derecha y erosión en la zona occipital (informe de asistencia sanitaria de 21,15 horas). En otro examen posterior, además, inflamación del labio superior, líneas rojas en la mitad e ambos lados del cuello (como un collar), hematoma en brazo derecho, arañazos en brazos y mano derecha y dolor lumbar. Para su curación s preciso la primera asistencia facultativa, tratamiento farmacológico y, 4 días para su curación."

Siendo su fallo del tenor literal siguiente: "Que debo declarar y declaro la libre absolución de Luis Enrique y Angustia y las costas de oficio."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por doña Laura ; siendo impugnado por el MINISTERIO FISCAL, por don Luis Enrique y por la COMUNIDAD DE MADRID; remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación.

TERCERO.- En fecha 12 de noviembre de 2010 tuvieron entrada las actuaciones del juicio de faltas en esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, formándose el presente rollo de apelación, dictándose auto de 16 de noviembre de 2010 por el que se dispuso la devolución del juicio de faltas al Juzgado de Instrucción para la subsanación de defectos en la interposición del recurso, y recibidas nuevamente en este Tribunal las actuaciones del juicio de faltas el día 29 de diciembre de 2010, se señaló el día 23 de marzo de 2011 para la resolución del recurso.

CUARTO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, incluido el apartado de hechos probados, que se da aquí por reproducido, en cuanto no se opongan a los presentes.

Fundamentos

PRIMERO.- Como primer motivo del recurso de apelación se viene a alegar la infracción del art. 24 de la Constitución en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa y asistencia letrada, produciendo por ello la nulidad del juicio y de la sentencia recurrida, por cuanto Laura no tuvo asistencia de abogado en el juicio de faltas, habiendo comparecido las demás partes asistidas de abogado, habiendo solicitado extraprocesalmente Laura que se le designara abogado de oficio, no habiéndose verificado dicha designación, solicitándose por Laura la suspensión del juicio oral por tal motivo, pese a lo cual, se acordó la continuación de tal acto. Debiéndose desestimar el recurso por las razones que se expresan seguidamente.

Para la debida resolución del recurso debe traerse aquí a colación la sentencia 65/2007 del Tribunal Constitucional , en la que se expresa lo siguiente:

" En los supuestos en que la intervención de Letrado no sea legalmente preceptiva la garantía de la asistencia letrada no decae como derecho fundamental de la parte procesal. A este respecto ha de tenerse en cuenta que el hecho de poder comparecer personalmente ante el Juez o Tribunal no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, dejándose a su libre disposición la opción por una u otra (así, FJ 5 ; 215/2002, de 25 de noviembre, FJ 4; y 222/2002, de 25 de noviembre, FJ 2).

Este derecho constitucional a la asistencia letrada --en los casos en que la intervención de Abogado no sea legalmente preceptiva, especialmente si afecta a procedimientos penales- exige que, cuando se opte por la defensa técnica de un Abogado de oficio por carencia de medios económicos y se ponga de manifiesto esa circunstancia con las debidas formalidades legales ante el órgano judicial, éste se pronuncie expresamente sobre su pertinencia, ponderando si los intereses de la justicia así lo exigen. Para ello debe atender el órgano judicial a las concretas circunstancias del caso, con especial atención a la mayor o menor complejidad del debate procesal, a la cultura y conocimientos jurídicos del solicitante [ STC 233/1998, de 1 de diciembre , FJ 3 b)] y a si la contraparte cuenta con una asistencia técnica de la que pueda deducirse una situación de desigualdad procesal ( STC 22/2001, de 29 de enero , FJ 4 ). Y todo ello porque, como ha sido reiterado, los órganos judiciales tienen la función de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, lo que les impone el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan causar a alguna de ellas resultado de indefensión ( STC 199/2003, de 10 de noviembre , que cita, a su vez las SSTC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 5 ; 47/1987, de 22 de abril, FJ 2 , y 233/1998, de 1 de diciembre , FJ 3 ).

En estos casos, indicábamos en la citada STC 199/2003 , FJ 5 , «la exigencia de que el interesado solicite formalmente ante el órgano judicial la designación de Letrado de oficio ( SSTC 22/2001, de 29 de enero, FJ 2 , y 145/2002, de 15 de julio , FJ 3 ) se deriva de que lógicamente --si el contenido de este derecho se concreta en la posibilidad de optar por la autodefensa o por la asistencia técnica- sólo a través de la emisión expresa de su voluntad de ser asistido de Letrado podrá el órgano judicial proceder a su designación. Esta solicitud, además, debe realizarse por el interesado lo más tempranamente que pueda con el fin de evitar en la medida de lo posible la suspensión de actos judiciales, que implicaría la afectación a otros intereses constitucionalmente relevantes, principalmente el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas del resto de partes procesales ( SSTC 47/1987, de 22 de abril, FJ 3 ; 216/1988, de 14 de noviembre , FJ 3 ); todo ello sin olvidar, tanto la incidencia negativa que pueda tener en el deber de colaboración con la Administración de Justicia de otros participantes en dichos actos, como testigos y peritos, por las molestias innecesariamente causadas con sus desplazamientos a los Juzgados para actos que sean finalmente suspendidos, cuanto criterios de eficiencia en el gasto público y en la organización judicial, por la inversión de medios económicos y personales de la Administración de Justicia en la celebración de actos procesales fallidos».

En el caso que nos ocupa, Laura formuló la petición de abogado de oficio por escrito presentado en el Juzgado Decano de Madrid el mismo día señalado para la celebración del juicio de faltas, siendo por tanto imputable a la propia Laura el que no se proveyera a dicha solicitud con anterioridad a la celebración de tal acto; no resultando de las actuaciones, ni siquiera se alega en el recurso, que hubiera concurrido ninguna causa que impidiera a Laura haber formulado la petición de abogado con anterioridad suficiente a la celebración del juicio de faltas de forma que dicha petición hubiera podido ser atendida sin necesidad de la suspensión del juicio de faltas; siendo a destacar que el día 22 de abril de 2010 se había iniciado el juicio oral señalado en primer lugar, que finalmente fue suspendido, compareciendo en tal acto Luis Enrique y Angustia asistidos por abogado, lo que tuvo que hacer conocer necesariamente a Laura que las otras partes tenían asistencia de abogado, y pese a todo ello, esta última no formuló la petición de nombramiento de abogado hasta dos meses después, realizando tal petición cuando su satisfacción exigía necesariamente la suspensión del juicio de faltas. Por lo que con arreglo a la doctrina resultante de la sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, la negativa de la Juez de Instrucción para suspender el juicio de faltas no implicó vulneración alguna del derecho de la ahora recurrente a la tutela judicial efectiva.

SEGUNDO.- Como segundo motivo del recurso, se considera que en la sentencia recurrida se ha realizado una indebida valoración de las pruebas ya que, a juicio de la parte recurrente, las pruebas practicadas acreditarían que Luis Enrique y Angustia cometieron una falta dolosa de lesiones sobre la persona de Laura .

En la sentencia recurrida se considera probado que Laura resultó con lesiones pero se considera igualmente que resultaban dudas a la Magistrada-Juez de Instrucción que dictó dicha sentencia sobre la causa de las lesiones.

Examinadas las actuaciones por este Tribunal de apelación, los informes médicos obrantes en la causa acreditan las lesiones que sufrió Laura , pero, evidentemente, tales informes no acreditan que las lesiones fueran consecuencia de una agresión por parte de Luis Enrique o Angustia . Sobre la causa de tales lesiones, y más concretamente, sobre que las mismas pudieran deberse a una agresión por parte de Luis Enrique o Angustia , las únicas pruebas practicadas en el juicio de faltas son las declaraciones de éstos y de la propia Laura , por lo que la eventual estimación del motivo de apelación que ahora se trata exigiría ineludiblemente que este Tribunal valorara las indicadas declaraciones que aparecen documentadas en el juicio de faltas.

Pues bien, si por este Tribunal de apelación se procediera en esta segunda instancia a valorar nuevamente las indicadas declaraciones vertidas en el juicio oral de faltas celebrado en la primera instancia de la presente causa, y dicha nueva valoración diera como resultado considerar acreditada la comisión por los denunciados de la falta de lesiones, supondría por parte de este Tribunal de apelación una vulneración de la constante y reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada en su sentencia nº 167/2002 , doctrina de la que resulta que las facultades del tribunal de apelación no son idénticas a las del juez de la primera instancia que dictó la sentencia recurrida, pues el respeto al principio de inmediación en la práctica de las pruebas de carácter personal impide la modificación de la sentencia absolutoria para, en virtud del recurso, condenar al acusado con base en una nueva valoración en la segunda instancia de las pruebas cuya práctica exige la inmediación judicial, esto es, de las pruebas personales, pues en caso de que así se hiciera por el tribunal de apelación, se vulneraría el derecho constitucional del acusado a un proceso con todas las garantías.

Por lo tanto, este Tribunal de apelación no puede proceder ahora a valorar nuevamente las declaraciones vertidas en el juicio oral celebrado en presencia del Juez de la primera instancia para, en su caso, fundar su convicción acerca de la ejecución de hechos penalmente típicos, lo que conlleva necesariamente a la desestimación del motivo del recurso.

TERCERO.- Las costas de esta segunda instancia se declaran de oficio al no apreciarse temeridad ni mala fe en la parte recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás disposición de general aplicación,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por doña Laura contra la sentencia de fecha 30 de junio de 2010, dictada por el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid en el Juicio de Faltas nº 975/2009, debo confirmar y confirmo íntegramente lo dispuesto en el fallo de dicha sentencia, declarando de oficio las costas de este recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

Con testimonio de la presente sentencia, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, y de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

Abogado de oficio
Intervención de abogado
Defensa técnica
Partes del proceso
Derecho a la tutela judicial efectiva
Derecho de defensa
Suspensión del juicio oral
Indefensión
Designación de abogado
Voluntad
Práctica de la prueba
Falta de lesiones
Presencia judicial
Mala fe
Temeridad

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